Mario Joel Lucatero Romero
Expediente 497/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mario Joel Lucatero Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Se agrega sin mayor trámite. Agréguese el oficio de la actuaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta el comunicado y anexos proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en Uruapan; sin que haya lugar a hacer pronunciamiento al respecto, dado que el presente asunto se encuentra concluido y en acuerdo de seis de mayo de dos mi veintiuno se ordenó su archivo. No obstante, acúsese recibo a ambos tribules vía SISE interconexión.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad Covid-19, se provee lo siguiente: Agréguese el oficio del actuario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta el comunicado proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en Uruapan, al se anexa un exhorto del índice del primero en cita, quien previno en el conocimiento de la demanda; sin que haya lugar a hacer pronunciamiento al respecto, dado que el presente asunto se encuentra concluido y en acuerdo de seis de mayo de dos mi veintiuno se ordenó su archivo. No obstante, acúsese recibo a ambos tribules vía SISE interconexión.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en audiencia constitucional el doce de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio promovido por Mario Joel Lucatero Romero, sin que lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del artículo 21, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá destruirse. Por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el inciso a), fracción I, artículo 18 del aludido acuerdo, es depurable dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva al peticionario de amparo; y, destruible su duplicado, virtud a lo expuesto en el inciso a), fracción II, del diverso 20 del citado cuerpo normativo. Sin que se haga pronunciamiento sobre la devolución de documentos, de conformidad con la certificación inserta al proemio de este acuerdo, ni tampoco de garantía, toda vez que ésta no fue exhibida en el cuaderno incidental. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el párrafo primero del dispositivo 21 del indicado acuerdo general, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del juicio principal y del original del incidente de suspensión. Por lo que ve al duplicado del cuaderno suspensional éste deberá destruirse cuando culmine el plazo de seis meses de conservación, contado a partir del presente auto, en acatamiento al numeral 20, fracción II, inciso a) del mencionado acuerdo. Para el trámite de la destrucción del juicio de amparo y de los cuadernos de suspensión, deberá observarse lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal y otro tanto de dichos documentos deberán conservarse en este órgano jurisdiccional. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula del expediente principal, así como del duplicado del incidente de suspensión, los datos precisados con antelación, con la leyenda de valoración "destruible" y, por lo que respecta al expediente principal del citado incidente la leyenda "depurable". Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo VI-497/2020; y****************************************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ********************, por propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se mencionan:********************AUTORIDADES RESPONSABLES:********************Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora; y,********************Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado y elementos a su cargo.********************ACTO RECLAMADO:********************La orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. ********************SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa manifestó que se infringen en su perjuicio por los actos de autoridad las garantías comprendidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió a la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, conocer de la demanda de garantías, la que admitió a trámite por auto de ******************** registrándola bajo el número ******************** dio al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención legal que le compete; pidió el informe justificado a las autoridades responsables; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.********************Remisión de autos a este juzgado por conocimiento previo. La Juez Primero de Distritito en el Estado de Michoacán, en proveído de once de agosto de dos mil veinte, ordenó remitir a este juzgado los autos del juicio de amparo 220/2020 de su índice, en virtud de que se actualizaba la hipótesis de conocimiento previo a que se refiere el artículo 46, párrafos penúltimo y último del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, al haber conocido con anterioridad del juicio de amparo ******************** ********************Por lo que, en proveído de ******************** este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de dicho asunto, se ordenó registrarlo con el número VI-497/2020, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó notificar dicho proveído al tercero interesado ******************** agente del Ministerio Público que intervino en la solicitud de orden de aprehensión quien se encuentra adscrito a la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, quien ya había sido emplazado por el juzgado declinante en proveído de ********************.********************CUARTO. Inexistencia de Autoridad. La autoridad señalada por el quejoso como Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado y elementos a su cargo, se tuvo por inexistente tal como se advierte de la audiencia constitucional; por tanto, no procede decretar el sobreseimiento respecto de dichas autoridades y por el acto que se les atribuye, al haber quedado fuera de la contienda que nos ocupa.********************Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número, Época: Novena Época, Registro: 167784, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 1a. /J. 111/2008, cuyo rubro y texto disponen: ********************"AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente".********************Finalmente, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y,********************CONSIDERANDO:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el acuerdo 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que los actos reclamados tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial de esta potestad federal.********************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo al análisis de la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, y con base en la integridad de la demanda, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y de que éste no vea obstaculizado su acceso a la justicia, así como de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo".********************Así como la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 255, tomo XIX, abril de 2004, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es:********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto".********************En este sentido de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias relativas remitidas por el juez responsable, se advierte que el acto reclamado por esta vía constitucional, consiste en:********************La orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución.********************TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir informe justificado el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, aceptó la existencia del acto reclamado por el quejoso ********************.********************Por principio de cuentas es menester precisar que el quejoso en el presente juicio de amparo es ********************; sin embargo, al rendir su informe justificado el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, señaló que en la causa penal ********************de su registro, que se instruyó, en contra de "********************", entre otros, el ********************dictó orden de aprehensión en contra de éste, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 19 fracción I, 20 fracción I, 21, 22, 71 y 24 fracción III, en todos del Código Penal del Estado, en agravio de ********************.********************Asimismo, precisó que de los datos de prueba que se aportaron en la audiencia privada celebrada el ********************en que se emitió el referido mandamiento de captura, revelan que el nombre completo del indiciado "********************" es ********************, máxime que en la referida causa penal existió un diverso inculpado ********************quien es el progenitor de "********************", personas que estuvieron involucradas en la investigación de aquéllos hechos delictivos.********************Por lo que considera que la persona en contra de la que se emitió el mandamiento de captura el ********************-********************- es la misma que el aquí quejoso ******************** y, que ello obedece a que el órgano investigador en el momento en que solicitó al juez responsable obsequiara la referida orden de aprehensión únicamente contaba con el primer nombre de dicha persona. ********************En esa virtud, de conformidad con lo anteriormente expuesto esta potestad federal considera que "********************" y ********************, son la misma persona.****************************************Lo que se corrobora con las documentales que adjuntó el juez responsable a su informe justificado, a las que se les otorga pleno valor probatorio, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto.********************Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, cuyo rubro y texto dicen:********************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".********************Así como del disco versátil digital que remitió en apoyo a su informe de ley, el cual fue reproducido en su integridad en términos del artículo 124, párrafo primero, de la ley en aplicación.********************Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número, Época: Décima Época, Registro: 2004362, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Tesis: 1a. /J. 43/2003, que literalmente dispone: ********************"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga".****************************************CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************En el caso, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a que el quejoso ******************** reclama la orden de aprehensión dictada el ********************dentro de la causa penal ********************por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 19 fracción I, 20 fracción I, 21, 22, 71 y 24 fracción III, en todos del Código Penal del Estado, en agravio de ********************.********************Por su parte, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zamora, mediante oficio******************** de ********************manifestó que canceló la orden de aprehensión dictada en contra de, entre otros, ********************, quien como se precisó en párrafos procedentes es la misma persona que el aquí quejoso ********************, el ********************dentro de la causa penal ********************mismo que fue remitido por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, mediante su comunicado ********************recibido el ********************en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional.********************Así, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en aplicación, establece:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;********************[.]".********************La causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado anunciada, ocurre cuando se verifica cualquiera de las siguientes tres hipótesis:********************Cuando la autoridad responsable deja sin efectos el acto reclamado, si éste es de carácter positivo; o,********************Cuando la propia autoridad o una jerárquicamente superior emite un acto posterior que lo deroga, lo deja sin efectos o lo substituye procesalmente; o,********************Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo (omisiones), la autoridad actúa en el sentido que le impone la norma.********************En estos supuestos la causal de improcedencia se produce porque la autoridad deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce de su derecho humano violado y de la garantía establecida para su protección.********************En ese orden, si en el expediente del que deriva el acto reclamado, ya se canceló la orden de aprehensión que se había librado el ********************han cesado los efectos de lo reclamado en este asunto «la orden de aprehensión dictada el ********************dentro de la causa penal ********************por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 19 fracción I, 20 fracción I, 21, 22, 71 y 24 fracción III, en todos del Código Penal del Estado, en agravio de ********************», ello en atención a que con la cancelación de la mencionada orden, se subsana el acto que impugnó la parte quejosa en este asunto, es decir, se le resarció en el goce de sus derechos que consideró vulnerados, situación jurídica que impide se decida en este juicio de amparo sobre la constitucionalidad del mencionado acto, con los mismos alcances que la sentencia en la que se le otorgue la protección constitucional solicitada habría tenido, con base en lo establece el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual señala:********************"Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:********************I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación ********************[.]".********************Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 38, tomo IX, junio de 1999, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal".********************Atento lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la ley en la materia, pues los efectos de la omisión impugnada han cesado.********************Así, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo conducente es sobreseer en el juicio por el acto en estudio.******************** Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se ********************R E S U E L V E:********************ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto atribuido al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, conforme a los razonamientos y fundamentos precisados en el último considerando de esta sentencia.
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