Mario Joel Lucatero Romero

Expediente 1201/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1201/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Mario Joel Lucatero Romero
  • Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de destrucción. 3. Incidente de suspensión. Mediante resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, por una parte se negó la suspensión definitiva y, por otra, se concedió dicha medida suspensiva. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.2. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 4. Devolución de constancias. En virtud de que al informe justificado respectivo la autoridad responsable adjuntó el toca de apelación XI-5/2021, así como dos discos compactos y ya que resulta innecesaria su retención, se ordena la devolución de ello a su lugar de origen, en el entendido de que como certeza de su recepción se tendrá el acuse que para tal efecto se obtenga.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con un minuto del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, en el juicio de amparo 1201/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. La Secretaria relaciona, como principales constancias, la demanda de amparo, informe justificado de la autoridad responsable y emplazamientos a los terceros interesados; asimismo hace constar que la parte quejosa no amplió la demanda respecto de la resolución de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez de Control responsable, en el plazo que se le concedió en auto de veinticuatro de enero de este año; y al respecto el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, además, como se le apercibió en el referido proveído, se ordena continuar el presente asunto en la forma inicialmente planteada, ello, al no haber sido su deseo formular la ampliación de demanda. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta que obran las documentales que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, con lo cual se cierra esta fase de la audiencia. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria da cuenta con los formulados por el tercero interesado Yamibel Moreno Martínez, a lo que el Juez acuerda: se tiene por asentada la constancia en referencia. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA: Visto, para resolver, el juicio de amparo 1201/2021 promovido por , por alegada violación de los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Magistrada de la Octava Sala Penal del Supero Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: De la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: La sentencia de once de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal 5/2021, de su índice, en que revocó el auto de cancelación de orden de aprehensión y ordenó la reposición de la audiencia a partir del momento en que se pronunció sobre dicha cancelación, a efecto de que el Juez de la causa se pronunciara de manera completa y congruente, cumpliendo con el deber de fundamentación y motivación, hecho lo cual, resolviera lo que en derecho correspondiera, en la causa penal 652/2019, instruida contra el quejoso, por el delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, cometido en agravio de Edgar Francisco Cárdenas López. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. La Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, al rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo que se tiene por cierto. Lo que se corrobora con el disco en formato versátil digital (DVD), que contiene el registro de audio y video de la audiencia de cancelación de orden de aprehensión de la causa penal de origen, así como las constancias del toca penal 5/2021, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior porque la información contenida en el disco versátil digital, tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Como lo aduce el tercero interesado, en su escrito de alegatos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo,. De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En efecto, por acto de imposible reparación debe entenderse aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Respecto de este tópico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado jurisprudencia en la que al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, el Alto Tribunal concluyó que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Ahora bien, en torno a si procede o no amparo indirecto contra la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena reponer el procedimiento, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia P./J. 17/91, localizable en la página 25, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y un, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.". Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso que para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación. Ello, en virtud de que si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga nueva resolución favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Con sustento en dichas premisas, este juzgado de Distrito advierte que la resolución reclamada de once de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca 5/2021, en la que se revocó el auto de cancelación de orden de aprehensión y ordenó la reposición de la audiencia a partir del momento en que se pronunció sobre dicha cancelación, a efecto de que, el Juez de la causa se pronunciara de manera completa y congruente, cumpliendo con el deber de fundamentación y motivación, hecho lo cual, resolviera lo que en derecho correspondiera, en la causa penal 652/2019, no es una determinación que produzca una afectación de derechos sustantivos en contra del demandante el acción de amparo, ya que las consecuencias de la reposición de dicha audiencia no implica, en sí misma, que se genere alguna afectación a los derechos sustantivos del promovente, sino únicamente a que se observen las cuestiones destacadas en la resolución reclamada, hecho lo cual el pronunciamiento del juez de la causa podría ser en el mismo sentido o en uno diverso; y, por tanto, el actuar no es de imposible reparación, por tratarse de una cuestión procesal. En efecto, el acto aquí reclamado únicamente tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, porque siendo los efectos de este tipo de violaciones meramente formales, serían reparables si el quejoso hubiera obtenido una determinación acorde a sus intereses, o bien, impugnado la nueva decisión, que en su caso, podría ser la que afectara sus derechos sustantivos En ese sentido, al no encontrarse afectación a los derechos sustantivos de la quejosa con motivo del acto reclamado, se considera actualizada la causal de improcedencia en estudio, por tanto, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, lo que impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Lo anterior, sin que se soslaye que en cumplimiento a la resolución impugnada, el juez responsable repuso la audiencia de solicitud de cancelación de orden de aprehensión dentro de la causa penal de origen, en la que siguiendo los lineamientos de la resolución combatida, se pronunció nuevamente sobre lo solicitado, determinando que no procedía la referida cancelación y debía subsistir la orden de captura dictada; ello, toda vez que la nueva determinación no forma parte de la litis constitucional, al haberse otorgado al quejoso la oportunidad de formular ampliación de demanda en su contra, sin que éste lo hubiera hecho dentro del término legal concedido. Por lo que este órgano de control constitucional se encuentra impedido para pronunciarse sobre un acto de autoridad que no fue impugnado. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por , contra el acto reclamado en este juicio de amparo, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Vistos los autos, se aprecia que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de veinticuatro de enero del presente año, para que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de los actos siguientes: Orden de aprehensión de treinta de noviembre de dos mil diecinueve. Resolución de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Ambas dictadas por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, en la causa penal 652/2019. 2. Se difiere audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las doce horas con un minuto del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, para su verificativo.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se ordenó el archivo en el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa, ordenándose valorar por separado el incidente de suspensión, sin que ello se hubiese realizado. 1.1. Valoración del incidente. Por tanto, con apoyo en el punto Vigésimo Primero, fracción III, del abrogado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, vigente en la fecha en que se ordenó el archivo, se hace constar que el original del incidente de suspensión es DEPURABLE, luego de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo (lo cual fue realizado en el expediente principal); toda vez que se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa. Y el duplicado es DESTRUIBLE, luego de seis meses a partir de la fecha de archivo, la cual fue acordada en el cuaderno principal; acorde al punto Vigésimo, fracción III, del mismo acuerdo citado.

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