Mario Ivan Escudero Zuvirie y Otros.
Expediente 143/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mario Ivan Escudero Zuvirie y Otros.
- Mario Ivan Escudero Zuvirie
- Presidente de la República Méxicana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Se advierte que las partes legitimas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido. Se ordena destruir el expediente principal, destruir el duplicado del incidente de suspensión, lo anterior, una vez transcurridos seis meses, contado a partir del archivo de este asunto. Sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento que por sus características amerite ser devuelto.
- Principal
Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades que se precisan en el considerando segundo de esta resolución, con base en los razonamientos expuestos en los considerandos tercero, cuarto y sexto de la misma. SEGUNDO. Elabórese versión pública en términos del considerando último del presente fallo.
- Principal
R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veinte, ante este juzgado, Mario Iván Escudero Zuvirie, Berlin Zuvirie Bartovio, Omar Hernández Santiago, Mayte Flores María, Roberto de la Cruz Cruz, Gaspar Bartolo Cruz, Atanacio Escudero Luvian, Ramiro Zuvirie Escudero, Claudio de la Cruz Martínez, Rosendo Oviedo Hernández, Felipe Escudero Aguilar, Francisca Morales Gónzalez, Juana Morales Cruz, Julio César Morales Sánchez, Valentin Escudero Aguilar, Julián Martínez Flores, Said Zuvirie Escudero, Emelia Escudero Aguilar, Miguel Francisco Hernández Hernández, Rosa Martínez de la Cruz, Benjamin Zuvirie Santos, Jovita Cruz Vite, Tereso Zuvirie García, Vanesa Flores Escudero, Dominga Guzmán, Ismael Zuvirie Aguilar, Eugenia Hernández Luvian, Dulce Berenice Fosado Malerva, Rosalino Gaudencio Zuvirie Pérez, Genaro Zuvirie Cruz, Geronimo Aviedo Hernández, Artemio de la Cruz Martínez, Felipa Martínez Bautista, María Catarina del Ángel María, Genaro Zuvirie Escudero, Beatriz José María García, Carmen Escudero Aguilar, Oscar Zuvirie Escudero, Marco Ulises Hernández Hernández, Miguel Ángel Escudero Zuvirie, José Escudero Zuvirie, Mercedes Sánchez del Ángel y Obed Escudero Zuvirie y Anselma Hernández Hernández, pertenecientes a la comunicad rural e indígena náhuatl Ejido Alaxtitla, Municipio de Chicontepec, Veracruz, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las siguiente autoridades: AUTORIDADES RESPONSABLES: N° AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DEL INFORME FOJAS PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MÉXICANA (AUTORIDAD RESPONSABLE) NIEGA 113 a 122 CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) NIEGA 64 a 68 SECRETARÍA DE SALUD GENERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) NIEGA 113 a 122 GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE) NIEGA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE) NIEGA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE) NIEGA Y ACEPTA 73 a 75 DIRECTOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) NÚMERO 61, DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VERACUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE) NIEGA SEGUNDO. El veintinueve de mayo de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, se desahogó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; por reclamarse actos que tienen eficacia jurídica dentro del área geográfica en que este Juzgado es competente por razón de territorio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se destaca que los actos reclamados en el presente sumario son: Del Presidente de la República Mexicana; Consejo de Salubridad General; Secretaría de Salud Federal; Gobernador del Estado de Veracruz; y, Secretaría de Salud en el Estado de Veracruz: La omisión de atención y seguimiento médico a casos de Covid-19, la falta de infraestructura hospitalaria, estudios epidemiológicos suficientes, suministros de medicamentos, equipo especializado como ventiladores para respiración artificial en el Hospital IMSS Bienestar Número 61 de Chicontepec, Veracruz. La omisión de instalar un crematorio para incinerar a los posibles cadáveres fallecidos a causa del Covid-19. La habilitación o reconversión del Hospital IMSS-Bienestar Numero 61, del Municipio de Chicontepec, Veracruz, como centro médico de atención a casos de COVID-19. La falta de otorgamiento de apoyos económicos o insumos básicos suficientes para los meses de aislamiento como son proporcionar la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales en efectivo para garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para la comunidad indígena Náhuatl Alaxtitla, perteneciente al Municipio de Chicontepec, Veracruz. Del Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Chicontepec, Veracruz: La omisión de objetar la determinación de las autoridades sanitarias, administrativas o ejecutivas para la reconversión del hospital IMSS Bienestar Número 61 del Municipio de Chicontepec, Veracruz. La omisión de implementar estrategias para la contención y propagación del virus Covid-19. La omisión de sanear el agua para consumo personal y domestico; así como garantizar su acceso en forma suficiente, salubre, aceptable y accesible para la comunidad indígena quejosa; durante el periodo de emergencia sanitaria; ya que carecen de recursos económicos para adquirir agua para consumo humano (garrafones de agua purificada). Del Director del Hospital IMSS Bienestar Número 61, Municipio de Chicontepec, Veracruz. La habilitación del Hospital IMSS Bienestar Número 61, del Municipio de Chicontepec, Veracruz; sin tener las condiciones óptimas para la atención y contención del coronavirus Covid-19. La omisión de prevenir el contagio en el Albergue ubicado a cincuenta metros de distancia del Hospital con antelación. La omisión de informar a la población quejosa que el Hospital a su cargo sería habilitado como hospital Covid-19. La negación de informar a los quejosos sobre los casos sospechosos y/o confirmados, ya internados en dicho hospital, y cómo se están importando los casos a ese municipio. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados precisados en los incisos a), b), c), e), f), g), i), j), k). Las autoridades responsables marcadas con los números 1, 2, 3, 4 y 5, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen, precisados en los incisos a), b), y c). Por su parte, la autoridad responsable marcada con el número 6, negó los actos que le fueron atribuidos, precisados en los incisos e), f) g). Asimismo, la autoridad responsable marcada con el número 7, negó los actos que se le atribuyeron, precisados en los incisos i), j) y k). De inicio, es dable sostener que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia de los actos reclamados, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existen las conductas que se atribuyen a las responsables. Ahora bien, no obstante que las autoridades responsables Presidente de la República Mexicana; Consejo de Salubridad General; Secretaría de Salud Federal; Gobernador del Estado de Veracruz, Secretaría de Salud en el Estado de Veracruz, Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Chicontepec, Veracruz y Director del Hospital IMSS Bienestar Número 61, Municipio de Chicontepec, Veracruz, negaron el acto que se les atribuye, al habérseles imputado un acto de naturaleza omisiva, el cual tiene efectos negativos, no basta únicamente analizar su informe en el sentido de que niegan la omisión que se les atribuye, sino debe estudiarse en dos aspectos; es decir, si se niega la omisión, implica que la autoridad sí realizó la conducta; o, por lo contrario, que su abstención a realizarla se debe a que no estaba en condiciones de actuar por no encontrarse dentro de su ámbito de facultades. Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, registro digital 2018110, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Por una parte, es cierto que lo asentado en el informe justificado por la autoridad responsable goza de presunción de veracidad; sin embargo, tratándose de omisiones, al negar dicho acto, no tiene como consecuencia revertir la carga de la prueba en el quejoso para demostrar que ésta ha incurrido en una abstención. Por lo anterior, al rendir su informe justificado respecto al acto omisivo que se le atribuye, la autoridad no solo debe expresar, sino también probar que no ha incurrido en la omisión que le atribuye la parte quejosa. Resulta ilustrativa a lo expuesto la jurisprudencia emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 60, Tercera Parte, página 27, registro digital 238592, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Ahora bien, al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables Presidente de la República Mexicana, Secretario de Salud Federal, Consejo de Salubridad General, Gobernador del Estado de Veracruz y Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, negaron los actos reclamados precisados en los incisos a), b) y c). Por su parte, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Chicontepec, Veracruz, negó los actos reclamados precisados en los incisos e), f) y g). Respectivamente, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Director del Hospital IMSS Bienestar Número 61, Municipio de Chicontepec, Veracruz, negó los actos que le fueron atribuidos por los quejosos, precisados en los incisos i), j) y k). No obstante ello, es pertinente destacar que las autoridades responsables Presidente de la República Mexicana, Secretario de Salud Federal, Consejo de Salubridad General, Gobernador del Estado de Veracruz y Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, no solo se limitaron a negar los actos precisados en los incisos a), b) y c), sino manifestaron que estos se encuentran fuera de su ámbito de facultades, dado que este le corresponde directamente al Director del Hospital IMSS Bienestar Número 61, Municipio de Chicontepec, Veracruz, de conformidad con la normativa en materia de salud aplicable. Lo anterior, se concatena con la publicación del Lineamiento de Reconversión Hospitalaria, expedido por la Secretaría de Salud, el cual se encuentra visible en la página oficial de internet de la dependencia gubernamental en cita, la cual fue creada por el gobierno federal a efecto de hacer público el seguimiento dado a la pandemia provocada por el virus denominado COVID-19. El ordenamiento citado con antelación, tiene como marco jurídico aplicable, entre diversos ordenamientos los siguientes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley General de Protección Civil. Ley General de Salud. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Ley Federal de Sanidad Animal. Ley de la Comisión de los Derechos Humanos. Ley General y de Responsabilidades Administrativas publicada 18 de julio 2016. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. Reglamento de Insumos para la Salud. Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos. Decreto por el que se crea la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Programa Nacional de Salud 2019-2024. Ahora bien, del instrumento regulador a que se hace referencia, se advierte que en el apartado denominado "Instalación de Comité COVID-19" se señala: "(.) Las autoridades responsables de los Hospitales deberán conformar un Comité COVID-19 quien será responsable de la Reconversión Hospitalaria y tendrá las siguientes funciones: 1. Conformación del Comité COVID-19 en el cual deberá integrarse personal directivo, de áreas críticas y de soporte para la atención de pacientes con enfermedad por virus SARSCoV2 (Anexo 1). 2. Determinar la capacidad instalada basal y ampliada con base en el método de cálculo referido en el capítulo correspondiente de los presentes lineamientos. 3. Diseñar un plan de continuidad de operaciones para la Reconversión Hospitalaria. 4. Dar cumplimiento a los lineamientos para la reconversión hospitalaria COVID-19. 5. Capacitación del personal de salud en los procedimientos médicos y algoritmos de respuesta, así como evaluar las competencias del profesional respecto de la atención de pacientes críticos. 6. Capacitación del personal en bioseguridad hospitalaria, uso del Equipo de Protección Personal y en las medidas de prevención y control de infecciones durante la detección, atención y traslado de casos sospechosos o confirmados por enfermedad del virus SARSCoV2. 7. Designar un área y personal específico para el tamizaje de profesionales que permita evaluar el estado de salud física, mental y emocional de los profesionales de la salud y demás trabajadores involucrados en la atención, gestión y apoyo de pacientes. El tamizaje deberá incluir evaluación de temperatura y aspectos relacionados con agotamiento (Burnout), trauma vicario o desgaste por compasión, uso y abuso de sustancias nocivas para la salud, depresión mayor y trastornos de ansiedad, riesgo suicida. (.)". Asimismo, del ordenamiento en mención se advierte que establece: "(.) Fases de Reconversión En virtud de las características de las unidades médicas y de la organización de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, se pretende que el acceso a los servicios de atención hospitalaria sea posible estableciéndose un mecanismo de regionalización y criterios de referencia de acuerdo a la capacidad instalada y ampliada de cada una de las unidades médicas del país. Las unidades hospitalarias deberán garantizar el flujo separado de pacientes con infecciones respiratorias agudas y establecimiento de cohortes de pacientes sospechosos o confirmados COVID-19. Las cohortes de atención se podrán expandir hasta en un 100% en algunas unidades, dependiendo de necesidad de atención, así como de la capacidad de reconversión hospitalaria y podrán ser aplicable también en hospitales nuevos, habilitados o provisionales. Se deberá considerar localización geográfica, capacidad resolutiva y características de infraestructura. Estos hospitales deberán asegurar su capacidad máxima de atención de pacientes críticamente enfermos considerando sus recursos técnicos de soporte (número de ventiladores, presión de compresores, tomas de oxígeno, entre otros), recursos humanos, insumos y equipamiento médico. Identificación de unidades médicas que no se considerarían para reconversión, son aquellas que por la naturaleza de los servicios que otorgan y las características de su infraestructura, no sería conveniente realizar cohortes de pacientes con sospecha de COVID-19. Estas unidades incluyen hospitales gineco-obstétricos, oncológicos, psiquiátricos, de traumatología, entre otros. Estas unidades permiten, atender otras patologías y darle continuidad a la atención médica de la población, con el fin de evitar la saturación y el éxito de la reconversión hospitalaria. Se activará la reconversión hospitalaria conforme a la carga de la enfermedad que se reporte en las diferentes unidades que cuenten con dicha capacidad y se priorizará la detección oportuna acorde a la definición de casos en primer y segundo nivel de atención, de tal forma que los pacientes críticos puedan acudir o sean transferidos a tiempo a las unidades médicas con capacidad de respuesta. La reconversión hospitalaria debe enfocarse en la preparación para la recepción y atención de pacientes con síntomas respiratorios, así como evitar magnificar la propagación de la enfermedad entre los pacientes que aún requieren de atención médica hospitalaria por otras condiciones. Por lo que, el Comité COVID-19 deberá planificar con antelación las actividades, a efecto de lograr la reconversión de manera inmediata o escalonada. (.)" Por otra parte, del Anexo 1, en que se establece el Comité COVID-19, se advierte lo siguiente: "(.) El Comité COVID tendrá funciones por nivel de responsabilidad y procedimientos: a) Intervenciones de Enfermería: Identificar el perfil de competencias del personal de Enfermería, así como el análisis de riesgos ante la exposición. Establecer la dotación necesaria y la organización del personal de Enfermería para la atención de pacientes. Determinar el medio de comunicación con el personal para dar seguimiento al desempeño del cuidado de Enfermería Instrumentar mecanismos que permitan la vigilancia continua del apego a los procedimientos de protección personal y procesos de cuidado de paciente Reportar continuamente en el pleno del comité las necesidades de equipamiento, recursos humanos, insumos y limpieza y desinfección de las áreas para los procedimientos de Enfermería. b) Atención a pacientes COVID-19: Supervisar el apego de las medidas de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud por todo el personal involucrado en la atención de pacientes COVID-19. Seguir los protocolos de actuación médica para la atención de pacientes COVID-19. Vigilar el cumplimiento del uso y manejo del Equipo de Protección Personal (EPP). Comunicación efectiva entre los profesionales de salud responsables de la atención de pacientes COVID-19. (.) d) Traslado de cadáver en pacientes con la enfermedad del virus SARS-CoV2: Coordinar la logística del traslado intrahospitalario del cadáver desde el área de fallecimiento hasta el lugar de almacenaje provisional y su traslado extrahospitalario siguiendo lineamiento de manejo de cadáveres. Capacitar al personal involucrado en el traslado de cadáveres de pacientes con enfermedad del virus SARS-CoV2 respecto de las medidas de bioseguridad que se deberán tomar para el traslado de cadáveres dentro del hospital y hasta su destino final. Gestionará los recursos para el embalaje de los cadáveres entre los que destacan bolsas para guardar los cadáveres, ropa protectora, equipo de limpieza y desinfección. Coordinarse con el equipo de trabajo social y psicología para dar orientación y apoyo a los familiares y a la comunidad información precisa relacionada con la identificación de cadáveres. Elaborar un directorio local y jurisdiccional de agencia funerarias. (.)". Conforme a lo expuesto, resulta evidente que las omisiones que reclama la parte quejosa de las autoridades responsables Presidente de la República Mexicana, Secretario de Salud Federal, Consejo de Salubridad General, Gobernador del Estado de Veracruz y Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, precisadas en los incisos a), b) y c), son atribuciones que corresponden directamente al Hospital IMSS Bienestar Número 61, Municipio de Chicontepec, Veracruz, a través de su "Comité COVID-19", de conformidad con el Lineamiento de Reconversión Hospitalaria, expedido por la Secretaría de Salud. En diverso análisis, corresponde atender a la negativa que manifestó la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Chicontepec, Veracruz, respecto de los actos precisados en los incisos e), f) y g). En este orden respecto del inciso e), es claro que como lo señaló la autoridad responsable, no se encontró dentro de sus facultades el objetar la determinación para la reconversión hospitalaria del Hospital IMSS Bienestar Número 61, del Municipio de Chicontepec, Veracruz, puesto que acorde a los lineamientos expedidos por la Secretaría de Salud, tal atribución correspondía en forma directa al propio Hospital IMSS Bienestar Número 61, a través de su "Comité COVID-19". Respecto al inciso f), se tiene que la autoridad responsable refirió haber implementado diversas acciones como lo fueron el perifoneo en las principales colonias del Municipio de Chicontepec, Veracruz, la entrega de trípticos informativos a la población, el acordonamiento de espacios públicos con cinta barricada y malla ciclónica, la reducción del comercio no esencial, dotación de gel antibacterial a los habitantes y comerciantes, así como cubrebocas, sanitización a transportes públicos y particulares, colocación de lona con medidas preventivas de contario al virus SARS-COV2 en las principales avenidas del Municipio, oficios informativos, así como diversas medidas estratégicas implementadas, lo cual acreditó con la exhibición de diversas documentales e impresiones fotográficas, lo que no fue controvertido por los impetrantes de amparo. Por lo que ve al acto señalado en el inciso g), la autoridad negó el acto que se le atribuye, sin embargo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como del Reglamento Interior de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, se advierte que tal atribución le compete directamente a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, a través de su Oficina Operadora en el Municipio de Chicontepec, Veracruz, quien no fue llamada con el carácter de autoridad responsable a este juicio de amparo. En lo tocante a la autoridad responsable Director del Hospital IMSS Bienestar Número 61, Municipio de Chicontepec, Veracruz, de su informe justificado se obtiene que negó los actos que le fueron atribuidos precisados en los incisos i), j) y k). Por cuanto hace al acto precisado en el inciso i), del instrumento normativo Lineamiento de Reconversión Hospitalaria, expedido por la Secretaría de Salud, se advierten las obligaciones estrictas impuestas en materia de salubridad a los centros hospitalarios que realizan la reconversión a Hospitales de atención a enfermos de COVID-19, sin que aunado a que dicha acción le corresponde al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Chicontepec, Veracruz, quien demostró encontrarse realizando diversas acciones preventivas a efecto de evitar el contagio provocado por el virus denominado COVID-19. Respecto al acto señalado en el inciso j), la autoridad responsable refirió negar el acto que se le atribuye, toda vez que contrario a lo expuesto por la parte quejosa, expresó que se encuentra dando cumplimiento a los lineamientos en materia de transparencia; sin embargo, de Lineamiento de Reconversión Hospitalaria, expedido por la Secretaría de Salud, así como de la normativa aplicable, no se advierte que se encuentre una obligación para el centro médico en informar a la población respecto a la reconversión del centro hospitalario a uno de atención a pacientes con COVID-19. Finalmente, respecto al acto señalado en el inciso k), la autoridad negó el acto, manifestando que se encuentra continuamente dotando de información a la población, mediante plataformas digitales tales como CVOED, COVIMSS, SINOLAVE, censo hospitalario, la cual es notificada a nivel estatal y nacional, quedando a cargo de la Secretaría de Salud la emisión de los reportes de los casos presentados en la pandemia, sin que los justiciables hayan aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2°.J/20, que es del siguiente rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Por lo anterior, respecto de los actos señalados en los incisos a), b), c), e), f), g), i), j) y k), reclamado a las autoridades precisadas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del considerando segundo, procede sobreseer el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado precisado en el inciso d). Respecto al acto reclamado en el inciso d), consistente en la falta de otorgamiento de apoyos económicos o insumos básicos suficientes para los meses de aislamiento como son proporcionar la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales en efectivo para garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para la comunidad indígena Náhuatl Alaxtitla, perteneciente al Municipio de Chicontepec, Veracruz, de las autoridades responsables Presidente de la República Mexicana; Consejo de Salubridad General; Secretaría de Salud Federal, Gobernador del Estado de Veracruz y Secretaría de Salud en el Estado de Veracruz, se obtiene que las autoridades responsables fueron omisas en rendir informe respecto al acto a que se hace mención. Sin embargo, no obstante tal omisión, no ha lugar a tener por cierto el acto que se les atribuye. Esto porque al analizar el acto reclamado, no se debe atender únicamente a la manifestación de la parte quejosa o a lo vertido en el informe justificado por las autoridades responsables, sino también a las normas, para dilucidar si efectivamente se encuentra contemplada dentro del ordenamiento jurídico la obligación de la autoridad para actuar en determinado sentido. En este sentido, el acto atribuido a las autoridades responsables resulta inexistente, toda vez que si bien el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla el derecho fundamental que tienen los gobernados a recibir del Estado una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cierto es que frente a dicha obligación gubernamental no existe una diversa disposición jurídica que establezca que deba cumplirse a través del otorgamiento de una cantidad a manera de remuneración en favor de la parte quejosa. De tal manera que se obtiene que el Estado cumple con su obligación a través del desarrollo de sistemas de apoyo y asistencia social, así como expidiendo la normativa que regula la calidad de la alimentación que reciben los gobernados; sin embargo, esto no implica que se deba otorgar una cantidad en específico a los promoventes de amparo, motivo por el que resulta inexistente la omisión que le atribuyen los accionantes del presente juicio constitucional a las autoridades responsables. Ilustra lo anterior, la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VII, junio de 1998, Materias Común y Administrativa, página 53, registro digital 196080, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." Por lo anterior, respecto del acto señalado en el inciso d), reclamado a las autoridades precisadas en los numerales 1, 2, 3, 4, y 5, del considerando segundo, procede sobreseer el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Resulta cierto el acto reclamado en el inciso h), reclamado a la autoridad responsable Director del Hospital IMSS Bienestar Número 61, Municipio de Chicontepec, Veracruz consistente en la habilitación del Hospital IMSS Bienestar Número 61, del Municipio de Chicontepec, Veracruz; sin tener las condiciones óptimas para la atención y contención del coronavirus Covid-19. Esto debido a que aun cuando negó el acto que se le atribuye en el inciso h), tal negativa se encuentra desvirtuada porque no demostró con documental alguna que dicho centro médico cuente con las condiciones necesarias previstas en el Lineamiento de Reconversión Hospitalaria, expedido por la Secretaría de Salud, para operar como un centro médico de atención a enfermos de COVID-19. En atención a lo anterior, resulta procedente tener por cierto el acto reclamado precisado en el inciso h), atribuido al Director del Hospital IMSS Bienestar Número 61, Municipio de Chicontepec, Veracruz. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto precisado en el inciso h). Previamente al escrutinio constitucional de los actos reclamados, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferencial, debe examinarse lo relativo a la procedencia del amparo, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". La improcedencia del juicio constitucional, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo tal que cuando se actualiza representa un obstáculo para realizar un estudio de fondo. En el caso en estudio, respecto del acto reclamado consistente en la habilitación del Hospital IMSS Bienestar Número 61, del Municipio de Chicontepec, Veracruz; sin tener las condiciones óptimas para la atención y contención del coronavirus Covid-19 , de manera oficiosa, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no afecta el interés jurídico de los promoventes. Para demostrar la actualización de la referida causal de improcedencia, conviene hacer referencia al contenido de los preceptos normativos en mención, los cuales son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." En ese sentido, el artículo 5, fracción I, de la referida Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los numerales relacionados se deduce que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama. En ese sentido, resulta conveniente destacar que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, o en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Esta concepción constitucional fue plasmada en la fracción I, del artículo 5° de la Ley de Amparo, transcrito, que dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Precisado lo anterior, se debe determinar lo que se entiende por interés jurídico e interés legítimo para los efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, al respecto, ha sostenido que puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. De lo anterior se advierte que existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. En suma, son dos los supuestos que integran el interés jurídico; el primero de ellos, la existencia y titularidad de un derecho y el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta autoritaria deviene del perjuicio que ésta ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Esa prerrogativa protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Por otra parte, el interés legítimo ha sido concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto al de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la prosecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o perjuicio inmediato. El Alto Tribunal expuso que el interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos y concluyó que la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al precisar el alcance jurídico del concepto de interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, señaló que este tipo de interés no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Este criterio dio origen a la tesis 2ª. XVIII/2013 (10ª), consultable en la página 1736 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, cuyo rubro es: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Lo anterior implica que la acción será procedente cuando el promovente: a) Sea titular de un interés jurídico, incluyendo en esta hipótesis cuando alegue ser parte en un procedimiento administrativo; b) Sea titular de un interés legítimo, según ha quedado caracterizado. En el caso, con las documentales exhibidas por el quejoso, consistentes en: Copia simple de acta de Asamble General Extraordinaria del Ejido de Alaxtitla, Municipio de Chicontepec, Veracruz, de trece de febrero de dos mil dieciocho. Copia simple de credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, en favor de Rosalino Gaudencio Zuvirie Pérez. Copia simple de credencial expedida por el Ayuntamiento Municipal de Chicontepec, Veracruz, en favor de Genaro Zuvirie Cruz. Copia simple de constancia de mayoría expedida por el Presidente Municipal del Municipio de Chicontepec, Veracruz, expedida en favor de Genaro Zuvirie Cruz e Ismael Zuvirie Aguilar. Copia simple de credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, en favor de Gerónimo Oviedo Hernández. Fotografías de publicaciones de páginas de internet. Copia simple de credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, en favor de Obed Escudero Zuvirie. Copia simple de credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, en favor de Anselma Hernández Hernández. Copia simple de cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública en favor de Anselma Hernández Hernández. Copias simples de cartillas nacionales de salud, expedidas en favor de Genaro Zuvirie Cruz, Carmela Escudero Aguilar, Anselma Hernández Hernández, Ramiro Zuvirie Escudero, Marco Ulises Hernández Hernández, Citlaly Marina Hernández Hernández, Rutilio Raymundo Ramírez Hernández, Marjorie Gresia Zuvirie Hernández, Alejandra Berenice Escudero Fosado y Madeleine Argelia Escudero Fosado. De los documentos enlistados, únicamente se advierte de manera indiciaria, más no fehaciente, que los quejosos tienen su residencia en el Municipio de Chicontepec, Veracruz. Sin embargo, de ninguno de los documentos citados con antelación se advierte que los aquí quejosos se encuentren asegurados o afiliados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que les genere el derecho a ser atendidos en el Hospital IMSS Bienestar Número 61, Municipio de Chicontepec, Veracruz y, por tanto, se presume que no se tiene el derecho que se estima vulnerado, respecto a que dicho centro médico opere sin contar con las condiciones óptimas para la atención y contención del coronavirus Covid-19. De todo lo anterior, puede concluirse que la parte promovente del juicio de amparo debe ser titular del derecho que alega fue violado (interés jurídico); de ahí que en el juicio de amparo se requiere, por una parte, de la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a un gobernado. En otras palabras, no se tendrá por actualizado el interés jurídico si no existe un derecho protegido por el ordenamiento legal que respalde a una persona para promover el juicio de amparo. Por tanto, resulta claro que la quejosa no acreditó el interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, pues como se indicó, no aportó prueba suficiente para acreditar que es beneficiaria y por tanto derechohabiente del servicio médico que se brinda en el Hospital IMSS Bienestar Número 61, Municipio de Chicontepec, Veracruz, por lo que en aplicación del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo procede sobreseer el juicio. Lo anterior, porque el interés para efectos del juicio de amparo no debe ser una simple presunción sino debe estar acreditado de manera fehaciente que la persona que acude a la acción constitucional sea titular del derecho que aduce fue vulnerado en su perjuicio, en virtud de que las causas de improcedencia fueron establecidas por el legislador tratando de evitar el abuso en la promoción del juicio de amparo y la carga excesiva de labor en los órganos jurisdiccionales de control constitucional. En razón de lo expuesto, dicho acto por sí solo, no menoscaba sus derechos, pues no afecta su esfera jurídica, de ahí que los promoventes no resientan perturbación alguna susceptible de afectar sus derechos al no haber demostrado ser titulares del derecho a recibir atención médica en el Hospital IMSS Bienestar Número 61, Municipio de Chicontepec, Veracruz, motivo por el que el acto reclamado no surte efecto alguno en su esfera jurídica. Ante este panorama, es inconcusa la actualización de la causal de improcedencia analizada prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio, al ubicarse en la hipótesis que establece la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. . SÉPTIMO. Versión pública de la sentencia. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11 fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118 todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Mario Iván Escudero Zuvirie, Berlin Zuvirie Bartovio, Omar Hernández Santiago, Mayte Flores María, Roberto de la Cruz Cruz, Gaspar Bartolo Cruz, Atanacio Escudero Luvian, Ramiro Zuvirie Escudero, Claudio de la Cruz Martínez, Rosendo Oviedo Hernández, Felipe Escudero Aguilar, Francisca Morales Gónzalez, Juana Morales Cruz, Julio César Morales Sánchez, Valentin Escudero Aguilar, Julián Martínez Flores, Said Zuvirie Escudero, Emelia Escudero Aguilar, Miguel Francisco Hernández Hernández, Rosa Martínez de la Cruz, Benjamin Zuvirie Santos, Jovita Cruz Vite, Tereso Zuvirie García, Vanesa Flores Escudero, Dominga Guzmán, Ismael Zuvirie Aguilar, Eugenia Hernández Luvian, Dulce Berenice Fosado Malerva, Rosalino Gaudencio Zuvirie Pérez, Genaro Zuvirie Cruz, Geronimo Aviedo Hernández, Artemio de la Cruz Martínez, Felipa Martínez Bautista, María Catarina del Ángel María, Genaro Zuvirie Escudero, Beatriz José María García, Carmen Escudero Aguilar, Oscar Zuvirie Escudero, Marco Ulises Hernández Hernández, Miguel Ángel Escudero Zuvirie, José Escudero Zuvirie, Mercedes Sánchez del Ángel y Obed Escudero Zuvirie, respecto de los actos y autoridades que se precisan en el considerando segundo de esta resolución, con base en los razonamientos expuestos en los considerandos tercero, cuarto y sexto de la misma. SEGUNDO. Elabórese versión pública en términos del considerando último del presente fallo.
- Principal
Se agrega a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Apoderado y Representante Legal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del Director del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar en el Municipio de Chicontepec, Veracruz, en el sentido de que no es cierto el acto que de ella se reclama. Con lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Finalmente, no ha lugar a tener por admitidas las pruebas a que hace referencia, toda vez que las mismas no fueron adjuntas al oficio de cuenta.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,343 expedientes
- Mario Alberto Morales Medina247/2022
- Mario Antonio Azuara Segura46/2014
- Mario Carlos Zenil Lemus553/2023
- Mario del Angel del Angel95/2023
- Mario Guadalupe Román Olivares158/2023
- Mario Hernández Betancourt y Otros.393/2021
- Mario Julio Salvador y Otros.58/2020
- Mario Julio Salvador303/2021
- Mario Julio Salvador86/2019
- Mario Julio Salvador y Otros.143/2019
- Mario Malibran Lacorte603/2019
- Mario Marciano Antonio232/2023