Mario del Angel del Angel

Expediente 95/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
95/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Mario del Angel del Angel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el juicio de amparo principal en proveído de esta misma fecha, enseguida se provee: En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales: Destruir el cuaderno del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el del artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, al haberse negado la suspensión definitiva, por lo que de conformidad con el instrumento en cita, carece de relevancia documental; lo anterior, deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha. Como?lo dispone el artículo 34 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la ?carátula de cada uno de los expedientes?mencionados. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 20, párrafo segundo, del citado acuerdo general, que por sus características amerite ser devuelto.

  2. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren los acuses de recibo de los oficios 9275/2023, 9276/2023 y 9277/2023, con los que les fue notificada la sentencia dictada en el presente juicio a las autoridades responsables, pues la parte a quien le podría afectar la sentencia sería al quejoso, quien no interpuso recurso de revisión en su contra. Sustenta lo anterior por identidad de razones la jurisprudencia número 2a./J. 6/2017 (10a.), que dice: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. Asimismo, la tesis sin número emitida por la mencionada Segunda Sala de la Máxima Tribuna del País, de título y contenido siguientes: REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO. Si resulta improcedente la acción de un quejoso en cuanto a los actos de las autoridades responsables, asimismo resultará improcedente, por consecuencia, el recurso de revisión interpuesto por las propias autoridades de acuerdo con lo que previene el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que las autoridades responsables sólo pueden interponer el mencionado recurso en contra de las sentencias que afectan directamente al acto que de cada una de ellas se hubiese reclamado, y sobreseido el juicio respecto de los actos de las autoridades recurrentes, es indudable que el fallo del juez de Distrito, así reformado, no las afecta. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó fuera de audiencia. Asimismo, como lo dispone el párrafo primero del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 34 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se formó por separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno incidental. Otras consideraciones. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 20, párrafo segundo, del citado acuerdo general, que por sus características amerite ser devuelto.

  3. Incidental

    Agréguese a los autos la pieza postal que contiene el oficio 4991/2023... fue devuelta... remítase el citado oficio al correo electrónico...

  4. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones el documento de cuenta, a través del cual la autoridad responsable oficiante rinde su informe justificado Ahora bien, del informe justificado se advierte que se encuentra radicado el proceso penal ******************** que se instruye en contra del aquí quejoso Mario del Ángel del Ángel, por estimar que existe la probabilidad que haya cometido o participado en la comisión de un hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada con el número dos; asimismo, que se señaló el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, para la audiencia inicial y su continuación el uno de marzo del año en curso, en la cual al resolver su situación jurídica y se dictó auto de vinculación a proceso en contra de dicho quejoso. En ese sentido, esta juzgadora le reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública -incluido el disco compacto en formato DVD-. Es aplicable la jurisprudencia 226, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En tal virtud, de conformidad con los artículos 61 fracción XVII, 62 y 63 fracción V de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, analizar de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, con registro 394770, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, es dable precisar que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por Mario del Ángel del Ángel, se hace consistir en: Orden de comparecencia y su ejecución. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza una causal de improcedencia en el juicio, a saber, LA contenida en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Del precepto transcrito anteriormente, se advierte que el cambio de situación jurídica se surte en procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio, con motivo de las diferentes etapas en las que se dividen; es decir, la causal de improcedencia en estudio se refiere a la irreparabilidad jurídica, por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez, goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de garantías pudiera ser ilegal, por lo que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. En relación con dicha causa de improcedencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se actualiza cuando en el juicio de amparo se reclama un acto de autoridad de naturaleza procesal, emitido dentro de un procedimiento judicial o uno administrativo seguido en forma de juicio, respecto del cual no es posible decidir sobre su constitucionalidad sin afectar el estado de cosas provocado por un acto nuevo y posterior, también procesal, que sustituye como rector de la situación jurídica del quejoso, al inicialmente reclamado. Al respecto, se invoca la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Asimismo, al resolver la contradicción de tesis 203/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, indicó, que revela que no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente el derivado de los diferentes estadios en los que se divide el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; es decir, esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez, goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de amparo pudiera ser ilegal, de modo tal, que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. En ese tenor, sostuvo, para que se actualice la referida causal de improcedencia, se requiere indefectiblemente que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso al momento de promover el juicio de amparo y que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado que definía su situación jurídica, sin afectar la situación jurídica que al momento de resolverse en definitiva en juicio de amparo define su estatus jurídico, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, al actualizarse una irreparabilidad jurídica. Así, precisó, que un elemento medular para tener por actualizada a la referida improcedencia, es que las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo hayan quedado consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Por tanto, concluyó que la consumación irreparable de las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo se presenta cuando el acto reclamado se ejecuta en su totalidad, sin que sea posible volver las cosas a su estado original, en virtud de que no subsiste ningún efecto jurídico; de ahí que el cambio de situación jurídica requiere de la plena extinción de las consecuencias del acto reclamado. Ahora bien, del análisis integral de las constancias que integran el presente asunto, se acredita, en lo que interesa, que el directo quejoso reclama la orden de comparecencia de que fue objeto el día treinta y uno de noviembre dos mil veintidós, girada en su contra por la Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede Ozuluama, Veracruz, en el proceso penal 50/2012, de su índice, con la finalidad de presentarlo a la audiencia inicial en la que se le formularía imputación, por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de la salud mental de la víctima 02/2017. Asimismo, se aprecia que la ejecución de esa orden de comparecencia fue realizada por elementos de la Policía Investigadora y Ministerial del Estado de Veracruz, con sede en Naranjos Amatlán, el nueve de febrero de dos mil veintitrés a las ocho horas con treinta minutos, presentándolo ante la autoridad jurisdiccional a las diez horas con treinta minutos siguientes; sin embargo, el Juez de Control y Enjuiciamiento, dejó sin efectos la audiencia programada para las once horas con treinta minutos de ese mismo día y la difiere para las once horas con treinta minutos del veintitrés de febrero siguiente. Que, llegada la fecha, esto es, el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, comenzó la celebración de la audiencia inicial relativa al indicado proceso penal, en la que, se le da lectura a sus derechos constitucionales, le formuló imputación, se le otorgó su derecho a declarar, el cual se abstuvo de ejercitar, se tuvo a la fiscalía realizando la solicitud de vinculación a proceso y dado que dicho imputado solicitó la ampliación de término constitucional, se fijó nueva fecha para la continuación de esa audiencia, a saber, las diez horas del uno de marzo de dos mil veintitrés. Así, en la fecha y hora señalas, se continuó con la celebración de la audiencia inicial, en la que se vinculó a proceso al ahora quejoso y se establece el plazo para el cierre de la investigación complementaria. De lo anteriormente destacado, resulta evidente que los actos atribuidos a las autoridades responsables quedaron consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales de la causa penal de origen, lo que imposibilita el examen constitucional de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación derivada del auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso, sobreviniendo de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, debido a que con el auto de vinculación a proceso, emitido en contra del quejoso, se sustituyó la situación en la que se encontraba este último con motivo de los actos que reclamó en el presente controvertido, a saber, la orden de detención librada en su contra por el juez responsable en la causa penal ********************; ello es así, ya que con el dictado de dicho auto de término constitucional, el directo quejoso adquiere la condición de imputado [procesado y actualmente privado de su libertad] y deja de tener la de detenido, que ostentaba al promover el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J.17/2008 (9a.), de rubro siguiente: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Asimismo, por las razones que la informan, se cita la jurisprudencia 1a./J. 32/2020 (10a.), de contenido: DETENCIÓN, CONTROL DE SU LEGALIDAD. NO PROCEDE EJERCERLO RESPECTO DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN (ARTÍCULO 308 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de los amparos en revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si el control de legalidad de la detención previsto en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para los casos de flagrancia o urgencia, se debe realizar tratándose de órdenes de aprehensión. Criterio jurídico: Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el criterio que debe prevalecer, es que este control únicamente procede cuando la privación de la libertad personal del imputado tiene como antecedentes casos de flagrancia o urgencia, sin que pueda hacerse extensivo a las órdenes de aprehensión. Esto no significa que sea inviable alegar vicios cometidos en la ejecución de una orden de aprehensión, o bien, que el Juez de Control esté impedido para analizar oficiosamente violaciones a los derechos humanos ocurridas en el cumplimiento de dichas órdenes. Justificación: Ello, porque en los supuestos de flagrancia o urgencia, la privación de la libertad personal del imputado no ha sido sometida a un control judicial previo, como sí ocurre tratándose de órdenes de aprehensión, las cuales en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben librarse por la autoridad judicial competente. La razón se estructura atendiendo a que el bien jurídico tutelado por la Constitución Federal en ese supuesto, es la libertad personal de los inculpados, por lo que la finalidad de la audiencia es proteger esa prerrogativa, en los supuestos en que no existe un mandamiento judicial, tomando en cuenta que la privación de la libertad es ordenada por el Ministerio Público (en caso urgente) o ejecutada por cualquier persona (flagrancia), por lo que la consecuencia en caso de que se determinara su ilegalidad sería la libertad con reservas de ley. Mientras que en el caso de las órdenes de aprehensión, la privación de la libertad ya se encuentra justificada legalmente. Sin embargo, no escapa a la consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en la ejecución de una orden de aprehensión pudieran surgir cuestiones que la autoridad judicial deba analizar, incluso de oficio; por ejemplo, cuando se alega que aquélla se materializó contra diversa persona (verbigracia, un homónimo), o bien, con posibles violaciones a derechos humanos. En este último supuesto, el Juez deberá actuar en términos de la normatividad aplicable, sin que la decisión respectiva forme parte del control de la legalidad de la detención a que se refiere el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, como se dijo, solamente resulta procedente tratándose de las detenciones en flagrancia o caso urgente. Así las cosas, se tiene que, en el caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por lo que, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos a las autoridades responsables denominadas Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos con la Familia, Mujer, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia y Comandante o Encargado de la Policía Ministerial Investigadora, ambas de Ozuluama, Veracruz, al no reclamarse por vicios propios. Es aplicable -en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo- la jurisprudencia 88 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra reza:[..]

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