Mario Humberto Cervantes Rodríguez

Expediente 957/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
957/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2019

Partes del expediente

  • Mario Humberto Cervantes Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio número 6770, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el tres de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la queja número 102/2019; acúsese recibo; comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "...ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja."; en consecuencia, glósese el testimonio autorizado, háganse las anotaciones correspondientes, glósese el cuaderno de antecedentes y tomando en consideración que el mismo está integrado por copias de las principales constancias del juicio en que se actúa, de lo que se sigue que resulta innecesario que éstas se agreguen al presente expediente; por tanto, glósese únicamente al presente asunto, las constancias practicadas dentro de dicho cuaderno de antecedentes y no así las copias simples con las que se formó. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, vistos los autos del presente juicio de amparo, y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de depuración al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; por lo tanto, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dígase al promovente de que se trata que quedan a su disposición las copias de la demanda de garantías que exhibió, en la secretaría del juzgado, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, comparezca con identificación fehaciente a recogerlas, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido se procederá a su destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio número 6081/2019, suscrito por la Secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 14463/2019, por el que este juzgado rindió informe justificado y remitió el original del juicio de amparo 957/2019-II, en virtud del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, en contra del proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó su demanda de amparo; además, informa que se admitió dicho medio de impugnación, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito signado por María Guadalupe Morales Orozco, representante legal de Mario Humberto Cervantes Rodríguez, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado por este órgano jurisdiccional el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo en vigor, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, el original del escrito de cuenta, así como el informe materia de la queja, acompañándose el expediente original toda vez que el juicio se encuentra totalmente concluido. Notifíquese.

  4. Principal

    ...Agréguese la demanda de amparo presentada por María Guadalupe Morales Orozco en representación de ...., contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Zamora; se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 957/2019-II. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con la XXIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." En ese contexto, cabe destacar que el acto reclamado se hizo consistir en: ".La RESOLUCIÓN del incidente de nulidad de Notificación de fecha 20 veinte de Agosto del presente año, en la cual el Tribunal de Enjuiciamiento no obstante manifestar que le asiste la razón a esta defensa, NO se pronuncia respecto de dicho incidente y por lo tanto el quejoso NO PODRÁ ser oído por un tribunal de alzada, vulnerándose el derecho a la doble instancia, debido proceso y el de igualdad entre las partes, pues se le vulnera el derecho que la constitución y los tratados internacionales otorgan APELAR, al habérsele realizado ILEGAL NOTIFICACIÓN de la sentencia condenatoria y por lo tanto con esto se le niega el derecho a acceder a una revisión o doble instancia al NO ADMITIRSE el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de mi defendido...." Luego, del capítulo de hechos o abstenciones constitutivos del acto reclamado, se advierte que con fecha veintidós de junio del presente año el Tribunal de Enjuiciamiento de la región Zamora, dictó sentencia definitiva condenatoria contra Mario Humberto Cervantes Rodríguez, por el delito de violación, la cual se le notificó mediante correo electrónico a su defensora particular el veintiocho de mayo de la presente anualidad; sin embargo, la parte promovente aduce que el correo electrónico al cual se le notificó se encontraba mal escrito; por lo que, señalan que no fueron debidamente notificados, dado que fue hasta el treinta de mayo de dos mil diecinueve, que refieren se les envío la correspondiente notificación al correo electrónico correcto. Asimismo, narra la parte promovente que interpuso apelación en contra de la sentencia definitiva de mérito; no obstante, por auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, el tribunal de alzada no admitió dicho recurso en virtud de no estar en tiempo. Por tanto, al no ser admitido el recurso de apelación narra la parte solicitante de la protección de la justifica federal que al estimar que si se encontraban en tiempo para interponer dicho medio de impugnación, puesto que, afirman que la sentencia definitiva no se les notificó en el correo que habían proporcionado en autos del proceso de origen. De ahí que, optaron por promover el incidente de nulidad contra la notificación hecha por el Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Zamora, respecto de la sentencia definitiva de mérito, el cual mediante resolución interlocutoria de veinte de agosto de dos mil diecinueve, el tribunal de alzada determinó en esencia, que no obstante le asista la razón a la aquí parte promovente, dicho Tribunal de Enjuiciamiento no se encuentra en facultades para resolver el incidente de nulidad que el aquí impetrante planteó, ya que carece de facultades y competencia para analizar el fondo de una nulidad que en su momento impactara en una resolución que puso fin a la instancia, como lo es el auto que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto, pues la admisión de este tratándose del recurso de apelación, es competencia del tribunal de Alzada. Atento a lo hasta aquí expuesto, resulta claro que la resolución interlocutoria que en esta vía Constitucional se reclama, es consecuencia de la determinación dictada en el auto de cuatro de julio del año en curso, por el cual la Magistrada Presidente de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad declaró inadmisible el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva que condenó a Mario Humberto Cervantes Rodríguez por el delito de violación. Por tanto, la parte solicitante de la protección de la justicia federal estuvo en posibilidad de inconformarse del aludido auto por el que el tribunal de segunda instancia no admitió a tramite el multicitado recurso de apelación y no lo hizo, siendo ésta la determinación que le causa perjuicio, en atención a que desde entonces se le negó inconformarse contra la resolución que lo condena. En efecto, al no impugnar la decisión de cuatro de julio de la presente anualidad, dictado en el toca penal XI-31/2019 del índice de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por el que no se admitió el recurso de apelación; en tales condiciones, el acto ahora reclamado debe entenderse como consentido. En consecuencia, resulta evidente que si la parte impetrante del amparo, estaba en desacuerdo con lo determinado en el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, debió haberlo impugnado a través del recurso correspondiente, o bien interponer el juicio de amparo directo, lo cual no hizo. De ahí que, se concluya que la resolución interlocutoria de veinte de agosto de dos mil diecinueve, emitida en la causa penal del que la parte impetrante se duele, es una consecuencia directa y legal de aquél auto que el promovente del amparo consintió al no haberse inconformado con él, a través de la vía correspondiente. Apoya lo anterior la jurisprudencia 17, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo VI, 1995 Parte SCJN del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación Quinta Época, con número de registro 393973 que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Asimismo, resulta aplicable en lo conducente la tesis número XIX.1o.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 486, Tomo IV, Octubre de 1996 , del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 201072, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. RESOLUCIONES DICTADAS EN EL RECURSO DE REVOCACION HECHO VALER CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DECLARA DESIERTA LA APELACION. NO PROCEDE EL AMPARO. Es improcedente el amparo contra la resolución dictada en el recurso de revocación interpuesto en la alzada contra la sentencia que dejó firme la de primer grado al declarar desierta la apelación; en virtud de que esta resolución no puede ser catalogada como un simple proveído de trámite sino que es una verdadera sentencia que pone fin a la instancia y deja firme la de primer grado, por lo que al no proceder en su contra recurso alguno, el apelante está obligado a impugnarla en amparo directo, de tal manera que si no lo hace e intenta un recurso improcedente y contra la resolución que resuelve éste, el amparo directo, es inconcuso que tal acto deriva de otro consentido y por ello es a todas luces improcedente el juicio de garantías." Así como, la tesis III.1o.A.11 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, página 582, Tomo III, Novena Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 202345, con el texto siguiente que textualmente dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en calle Cuautla, número 297, zona Centro, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Verónica Ruiz Villaseñor, quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12, de la Ley de Amparo, ello en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número 09277820, que acredita a la referida autorizada como licenciada en derecho, no así a José Alfonso García Muñiz, Miguel Ángel Montenegro Oregel y Leonardo R. Quevedo Domínguez, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza penal. Ahora, por lo que respecta a su solicitud de que se le hagan notificaciones de manera electrónica a través del correo electrónico lu_mo-33@hotmail.com, dígasele a la parte promovente, que la Ley de Amparo, así como algún Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, contemplan realizar notificaciones por correo electrónico; por tanto, en términos del artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, no ha lugar acordar de conformidad lo peticionado; no obstante lo anterior, se deja a salvo su derecho, de solicitar se le realicen las notificaciones de manera electrónica a través del portal de servicio en línea del Poder Judicial de la Federación. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis número I.1o.A.23 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2008986, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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