Mario Hernán Quiróz Aguirre
Expediente 1244/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1244/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mario Hernán Quiróz Aguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de amparo el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud a que por auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Asimismo, hágase saber a la parte quejosa, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que haya presentado, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintidós de diciembre del año en curso, se tuvo al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado y remitiendo copia certificada de las principales constancias del juicio laboral ******* de su índice, en las que obra el acuerdo dictado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que admitió a trámite la demanda que promovió el aquí quejoso *********, en contra de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, señaló las doce horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de conciliación, y ordenó notificar y emplazar a la parte demandada. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ******* ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:*****************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;."**************Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:** "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de once de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por *********ostentándose apoderado jurídico del quejoso *****, la cual quedó registrada con el número 1244/2022-IV, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, consistentes en:***********".ACTO RECLAMADO. La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de señalar día y hora de labores para el desahogue la audiencia de conciliación y audiencia de pruebas, alegatos y resolución, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, lo cual viola el derecho humano que tiene el quejoso a un proceso sin dilaciones y a obtener administración de la justicia pronta, completa e imparcial, en los plazos y términos que fija la ley, derecho humano que se encuentra contenido en el artículo 17 Constitucional."* Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó al oficio TCA/PRES/AMP/4540/2022, consistentes en el auto emitido el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral ****, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. ********Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:*****"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".***Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de señalar hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación y audiencia de pruebas, alegatos y resolución, también lo es, que en auto de dieciséis de diciembre del año en curso, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, emitió el acuerdo señalo hora y fecha para la audiencia de conciliación, materia del presente juicio, dentro del multicitado juicio laboral, según se advierte de las constancias respectivas y, con relación a la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, indicó que una vez que se verifique la relativa a la conciliación, será acordado lo conducente.****Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues sería ocioso analizar la constitucionalidad de los actos, dado que al haberse subsanado las citadas omisiones, no dejan huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa que acredite ser reparada, por tanto, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal.*Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes:*****"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo".********Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaeta, que textualmente dice:***"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. * Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintidós de diciembre del año en curso, se tuvo al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado y remitiendo copia certificada de las principales constancias del juicio laboral ******* de su índice, en las que obra el acuerdo dictado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que admitió a trámite la demanda que promovió el aquí quejoso *********, en contra de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, señaló las doce horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de conciliación, y ordenó notificar y emplazar a la parte demandada. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ******* ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:*****************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;."**************Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:** "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de once de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por *********ostentándose apoderado jurídico del quejoso *****, la cual quedó registrada con el número 1244/2022-IV, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, consistentes en:***********".ACTO RECLAMADO. La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de señalar día y hora de labores para el desahogue la audiencia de conciliación y audiencia de pruebas, alegatos y resolución, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, lo cual viola el derecho humano que tiene el quejoso a un proceso sin dilaciones y a obtener administración de la justicia pronta, completa e imparcial, en los plazos y términos que fija la ley, derecho humano que se encuentra contenido en el artículo 17 Constitucional."* Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó al oficio TCA/PRES/AMP/4540/2022, consistentes en el auto emitido el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral ****, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. ********Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:*****"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".***Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de señalar hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación y audiencia de pruebas, alegatos y resolución, también lo es, que en auto de dieciséis de diciembre del año en curso, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, emitió el acuerdo señalo hora y fecha para la audiencia de conciliación, materia del presente juicio, dentro del multicitado juicio laboral, según se advierte de las constancias respectivas y, con relación a la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, indicó que una vez que se verifique la relativa a la conciliación, será acordado lo conducente.****Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues sería ocioso analizar la constitucionalidad de los actos, dado que al haberse subsanado las citadas omisiones, no dejan huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa que acredite ser reparada, por tanto, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal.*Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes:*****"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo".********Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaeta, que textualmente dice:***"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. * Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/4540/2022, signado por la Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que fue solicitado, con el que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga. Asimismo, téngasele anexando al oficio de cuenta, copia certificada de las principales constancias del juicio laboral 522/2020 de su índice, con lo cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que remite la responsable, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, tomando en consideración lo acordado previamente y para estar en condiciones de que transcurra el término de ocho días necesarios que señala el numeral 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes, principalmente el quejoso, se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable citada en el primer párrafo del presente auto. En consecuencia, para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. En apoyo de lo anterior, es de invocar la jurisprudencia 698 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 781, Tomo II. Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011 que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese.
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