Mario Hernandez Calderon
Expediente 502/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mario Hernandez Calderon
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Como de la constancia secretarial se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como de la constancia secretarial se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, once de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el apoderado de la parte quejosa mediante el cual solicita la devolución de los documentos originales y certificados exhibidos en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, devuélvansele los documentos a que alude, previo acuse de recibo y copia certificada que se deje en autos, por lo que será menester que genere una cita QR, a fin de que sea agendada la hora y fecha para que recoja dichos documentos, de conformidad con el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte...Visto el escrito signado por el apoderado jurídico del quejoso-,?por sí y en cuanto?Presidente del Comisariado -,?mediante el cual cumple?con la prevención formulada en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso?y del cual, en lo aquí interesa, señala bajo protesta de decir verdad que: el -que se registra a favor del citado ejido fue enlistado como "-" y que internamente se le conoce como "-"; asimismo refiere que el aquí quejoso - lo utiliza para siembra, lo resguarda y protege desde hace varios años por lo que tiene la posesión y el usufructo con la anuencia de toda la comunidad; además señala que los demás integrantes del ejido y vecinos cercanos utilizan el pozo de agua que ahí se encuentra para el riego del cultivo de sus parcelas y como abrevadero para los animales. Se le tiene por cumplida la prevención y se procede a proveer respecto de la demanda de amparo, en los términos siguientes: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y los ocursos aclaratorios, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, del análisis integral de la demanda, así como de los escritos de cumplimiento de prevención se desprende que sustancialmente el quejoso pretende reclamar las afectaciones que resiente, en virtud de diversos actos, la parcela identificada como lote número 1, de la manzana número 3, de la zona 1, del ejido en mención, respecto de la cual el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que dicha área fue enlistada como parcela con destino específico, misma que es conocida como pozo de agua, información que se corrobora con las documentales allegadas por el propio quejoso y que obran a fojas (90, 98 y 113) del presente expediente. Al respecto se tiene que las parcelas con destino específico son reguladas por los artículos 70, 71 y 72 de la Ley Agraria, que son de contenido siguiente: Artículo 70.- En cada ejido la asamblea podrá resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido. El reglamento interno del ejido normará el uso de la parcela escolar. Artículo 71.- La asamblea podrá reservar igualmente una superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que será destinada al establecimiento de la unidad agrícola industrial de la mujer, la cual deberá ser aprovechada por las mujeres mayores de dieciséis años del núcleo de población. En esta unidad se podrán integrar instalaciones destinadas específicamente al servicio y protección de la mujer campesina, su objeto será la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización o cualquier otra actividad que promueva el desarrollo económico y social de las mujeres dentro del núcleo agrario. Artículo 72.- En cada ejido y comunidad podrá destinarse una parcela para constituir la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, donde se realizarán actividades sociales, económicas, culturales, de salud y de capacitación, tendientes a procurar que los hijos de ejidatarios, comuneros y avecindados mayores de catorce y menores de veintinueve años logren una inserción sana, plena y productiva en el desarrollo del campo. Esta unidad será administrada por un comité cuyos miembros serán designados exclusivamente por los integrantes de la misma. La puesta en marcha y los costos de operación de la unidad serán cubiertos por sus integrantes, quienes podrán recurrir a los programas de financiamiento y asesoría de la Federación, estados, Distrito Federal y municipios. Las parcelas con destino específico son parte de las tierras destinadas al asentamiento humano e integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal, misma que conforman el área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, de conformidad con los artículos 63 y 64 de la Ley Agraria. Además, dichas parcelas con destino específico podrán ser designadas por la asamblea general para ser utilizadas para el establecimiento de la parcela escolar, de la unidad agrícola industrial de la mujer y para la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud de lo que se deduce que estas áreas no son asignadas a un ejidatario en específico sino que constituyen áreas comunes cuya finalidad es que sean usadas por los miembros de la comunidad ejidal para el desarrollo de la vida comunitaria, como lo es efectuar actividades productivas de enseñanza, de comercialización y de cualquier otra actividad que fomente el desarrollo social y económico de sus miembros. En relación con lo anterior, el quejoso refiere que tiene la porción de tierra identificada como lote número 1, de la manzana número 3, de la zona 1, bajo su posesión y usufructo, pues con la anuencia de toda la comunidad efectúa actividades de siembra sobre la misma; empero, ello no conlleva que formalmente la tenga asignada puesto que el propio quejoso reconoce en la demanda y en los diversos escritos aclaratorios que tal área esta titulada a favor del ejido. Por lo tanto, si bien, el quejoso ejerce de facto derechos de uso y usufructo, no detenta el dominio pleno conforme al artículo 82 de la Ley Agraria, el cual dispone que cuando la asamblea ejidal allá delimitado y asignado a los ejidatarios las parcelas, estos últimos asumen el dominio pleno de éstas y, como consecuencia, se les expide el título de propiedad respectivo. Ahora bien, de conformidad con los artículos 14, 32, 33, 43, 44, 56, 62, 76, 81, 82 y 83 de la Ley Agraria corresponde al comisariado ejidal como órgano encargado de la representación del ejido, constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos que tengan por efecto privar de la propiedad, posesión o disfrute de tierras ejidales, tanto de uso común como parceladas, ello con independencia de que el ejidatario en particular despliegue la defensa respecto de las tierras que han dejado de ser parte de las tierras ejidales y sobre las que ejerza un dominio pleno. En el caso concreto -?de Morelia,?Michoacán, pretende solicitar la protección constitucional respecto de actos que dice afectan un área del ejido en mención y que bajo protesta de decir verdad señala constituye una parcela con destino específico respecto de la cual, si bien tiene de facto en posesión y usufructo, lo cierto es que tal lote no se encuentra asignado ni detenta sobre de él el dominio pleno; por lo tanto, la defensa del área identificada como lote número 1, de la manzana número 3, de la zona 1, corresponde al propio ejido por conducto del comisariado ejidal, en virtud de que dicha área no ha dejado de ser parte de las tierras ejidales porque no ha sido asignada a un ejidatario a quien corresponda su dominio pleno, como lo reconoce el propio quejoso. Lo anterior, tiene fundamento en los artículos 5, 6 y 10 de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. (...) "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)." "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. (.)" De los artículos citados, se advierte quiénes son parte en el juicio de amparo, cuál es la personalidad con la que se puede instar dicho medio extraordinario de defensa y de qué manera se acredita dicha representación. Por su parte, los artículos 12, 21, 22, 32, 33, 35 y 99 de la Ley Agraria, establecen las formas de representación del ejido y de la comunidad, los cuales establecen: "Artículo 12.- Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales." "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia." "Artículo 22.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios." "Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: (.)" "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 35.- El consejo de vigilancia estará constituido por un Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 99.- Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: I. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra; II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley; y IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal." Como se ve, de acuerdo con los numerales citados, la representación legal de los núcleos ejidales corresponde al Comisariado Ejidal, el cual se encuentra constituido en forma colegiada por un Presidente, Secretario y Tesorero; además, los miembros del comisariado son electos por la Asamblea General que es el órgano máximo de la comunidad. Como se explicó con antelación, la defensa del área ejidal que se dice afectada por los actos que se pretenden reclamar en esta vía constitucional corresponde a los miembros del -; por lo tanto, era menester que la demanda de cuenta fuera promovida por el comisariado en cuanto órgano colegiado, esto es, por su presidente, secretario y tesorero y no únicamente por -, en su carácter de presidente y por sí mismo, como integrante de dicho ejido. Por lo tanto, dado que la Ley de Amparo, en su artículo 10 establece que la personalidad se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, en el caso concreto la Ley Agraria, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por -,?por sí y en cuanto?presidente del -, al carecer de legitimación para activar la vía constitucional a favor y en representación del citado núcleo ejidal, pues el área cuya defensa pretende no es de su dominio pleno como ejidatario sino que dicho dominio corresponde al núcleo ejidal de referencia, el cual debe ser representado por el Comisariado Ejidal. Sostiene lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia visible en la página 13, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Primera Parte, Materia(s) Administrativa, Séptima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AGRARIO. DERECHOS COLECTIVOS DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN, AFECTACIÓN DE. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. El Tribunal Pleno hace suyo el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 27 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1975, Tercera Parte, que dice: si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquéllos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población, con fundamento en los artículos 4o. y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 43, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 8o. bis, fracción II, de la Ley de Amparo, reconoce la representación sustituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación sustituta prevista legalmente." Además, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 20/2008, con número de registro 170373, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008 materia Administrativa, visible a foja 499 que a la letra dice: COMISARIADO EJIDAL. TIENE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO UN DECRETO EXPROPIATORIO DE TIERRAS EJIDALES AUNQUE SE REFIERA A DERECHOS PARCELARIOS, Y SI NO LO HACE, PUEDE ACUDIR EL EJIDATARIO EN REPRESENTACIÓN SUSTITUTA DE AQUÉL. Conforme a los artículos 14, 32, 33, 43, 44, 56, 62, 76, 81, 82 y 83 de la Ley Agraria, el comisariado ejidal es el órgano legitimado para promover juicio de amparo indirecto contra un decreto expropiatorio y su ejecución sobre las tierras ejidales, tanto de uso común como parceladas. Por otra parte, corresponde a los ejidatarios en particular la defensa de las tierras que han dejado de ser parte de las tierras ejidales y sobre las que ejercen el dominio pleno. Ahora bien, cuando las tierras afectadas por un decreto expropiatorio y su ejecución continúan siendo ejidales en su modalidad de parcelas, sobre las que el ejidatario solamente ejerce derechos de uso y usufructo, pero no el dominio pleno conforme al citado artículo 82, corresponde al comisariado ejidal su defensa y, por tanto, cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo, con independencia de que la indemnización, en su caso, la recibirán los ejidatarios atendiendo a sus derechos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Agraria. Sin embargo, si el comisariado ejidal no acude a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, el ejidatario en lo individual puede promover el juicio de garantías en términos del artículo 213, fracción II, de la Ley de Amparo, en representación sustituta de aquél. Puntualizado lo anterior, es dable deducir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, 6 y 10, de la Ley de Amparo, los cuales son de estudio preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de las causas en ello contenidas, deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Sin que pase desapercibido para este juzgador que la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, establecía en su Libro Segundo titulado "Del Amparo en Materia Agraria", específicamente en su artículo 213, fracción II, lo siguiente: Artículo 213. Tienen representación legal para interponer el juicio de amparo en nombre de un núcleo de población: [.] II. Los miembros del comisariado o del Consejo de Vigilancia o cualquier ejidatario o comunero perteneciente al núcleo de población perjudicado, si después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha interpuesto la demanda de amparo. Del precepto transcrito con antelación se advierte la figura jurídica de la representación sustituta misma que se actualizaba ante la omisión de los representantes comunales en promover el amparo, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado. Sin embargo, el referido Libro Segundo de la Ley de Amparo no fuer reiterado en la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y, en este último ordenamiento, quedó comprendido todo lo relativo a la capacidad y personería en el Capítulo II, del Título Primero (Reglas Generales), estableciendo en lo que aquí concierne, en sus artículos 5, fracción I, 6, primer párrafo y 10, de la Ley de Amparo en vigor citados anteriormente, de los que se desprende que el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por el directamente quejoso (siendo éste quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo), por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley (hipótesis esta última que se refiere a los casos en que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, acorde con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo). Como se ve, la Ley de Amparo vigente, no contempla la figura de la representación sustituta de un núcleo agrario, sino que ésta se encontraba prevista en la anterior Ley de Amparo, lo que lleva a establecer que -,?por sí y en cuanto?presidente del -, por sí mismo, no se encuentra legitimado para promover la presente demanda de amparo. Apoya lo anterior, la tesis aislada (V Región) 1o.9 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región1, que se comparte, con número de registro: 2019801, cuyo texto y rubro son los siguientes: "REPRESENTACIÓN SUSTITUTA EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA. CARECE DE LEGITIMACIÓN QUIEN PROMUEVE EL JUICIO CONSTITUCIONAL EN LA VÍA INDIRECTA CON BASE EN ESA FIGURA JURÍDICA, AL NO ESTAR PREVISTA EN LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La representación sustituta en materia agraria, prevista en el artículo 213, fracción II, de la Ley de Amparo, abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, legitimaba a cualquier ejidatario y/o comunero perteneciente a un núcleo de población agrario, para promover el juicio constitucional en defensa de éste, en caso de que el comisariado ejidal o de bienes comunales no lo hiciere dentro del plazo de quince días. Por otra parte, el legislador ordinario, en ejercicio de su libertad de configuración, suprimió esa forma de representación en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 del mes y año indicados. Por tanto, ante su inexistencia, en los asuntos regidos conforme a la legislación actual, los ejidatarios y/o comuneros de un núcleo agrario carecen de legitimación para promover el juicio de amparo indirecto con base en esa figura jurídica. ?Finalmente, se comisiona al Actuario judicial adscrito, para realizar la?notificación?del presente?proveído?de manera personal a la parte quejosa, en el entendido de que el Actuario adscrito deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Dicha encomienda podrá efectuarse de?manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción?lV?del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Visto el escrito signado por el apoderado jurídico del quejoso-,?por sí y en cuanto?Presidente del Comisariado -,?mediante el cual cumple?con la prevención formulada en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso?y del cual, en lo aquí interesa, señala bajo protesta de decir verdad que: el -que se registra a favor del citado ejido fue enlistado como "-" y que internamente se le conoce como "-"; asimismo refiere que el aquí quejoso - lo utiliza para siembra, lo resguarda y protege desde hace varios años por lo que tiene la posesión y el usufructo con la anuencia de toda la comunidad; además señala que los demás integrantes del ejido y vecinos cercanos utilizan el pozo de agua que ahí se encuentra para el riego del cultivo de sus parcelas y como abrevadero para los animales. Se le tiene por cumplida la prevención y se procede a proveer respecto de la demanda de amparo, en los términos siguientes: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y los ocursos aclaratorios, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, del análisis integral de la demanda, así como de los escritos de cumplimiento de prevención se desprende que sustancialmente el quejoso pretende reclamar las afectaciones que resiente, en virtud de diversos actos, la parcela identificada como lote número 1, de la manzana número 3, de la zona 1, del ejido en mención, respecto de la cual el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que dicha área fue enlistada como parcela con destino específico, misma que es conocida como pozo de agua, información que se corrobora con las documentales allegadas por el propio quejoso y que obran a fojas (90, 98 y 113) del presente expediente. Al respecto se tiene que las parcelas con destino específico son reguladas por los artículos 70, 71 y 72 de la Ley Agraria, que son de contenido siguiente: Artículo 70.- En cada ejido la asamblea podrá resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido. El reglamento interno del ejido normará el uso de la parcela escolar. Artículo 71.- La asamblea podrá reservar igualmente una superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que será destinada al establecimiento de la unidad agrícola industrial de la mujer, la cual deberá ser aprovechada por las mujeres mayores de dieciséis años del núcleo de población. En esta unidad se podrán integrar instalaciones destinadas específicamente al servicio y protección de la mujer campesina, su objeto será la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización o cualquier otra actividad que promueva el desarrollo económico y social de las mujeres dentro del núcleo agrario. Artículo 72.- En cada ejido y comunidad podrá destinarse una parcela para constituir la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, donde se realizarán actividades sociales, económicas, culturales, de salud y de capacitación, tendientes a procurar que los hijos de ejidatarios, comuneros y avecindados mayores de catorce y menores de veintinueve años logren una inserción sana, plena y productiva en el desarrollo del campo. Esta unidad será administrada por un comité cuyos miembros serán designados exclusivamente por los integrantes de la misma. La puesta en marcha y los costos de operación de la unidad serán cubiertos por sus integrantes, quienes podrán recurrir a los programas de financiamiento y asesoría de la Federación, estados, Distrito Federal y municipios. Las parcelas con destino específico son parte de las tierras destinadas al asentamiento humano e integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal, misma que conforman el área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, de conformidad con los artículos 63 y 64 de la Ley Agraria. Además, dichas parcelas con destino específico podrán ser designadas por la asamblea general para ser utilizadas para el establecimiento de la parcela escolar, de la unidad agrícola industrial de la mujer y para la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud de lo que se deduce que estas áreas no son asignadas a un ejidatario en específico sino que constituyen áreas comunes cuya finalidad es que sean usadas por los miembros de la comunidad ejidal para el desarrollo de la vida comunitaria, como lo es efectuar actividades productivas de enseñanza, de comercialización y de cualquier otra actividad que fomente el desarrollo social y económico de sus miembros. En relación con lo anterior, el quejoso refiere que tiene la porción de tierra identificada como lote número 1, de la manzana número 3, de la zona 1, bajo su posesión y usufructo, pues con la anuencia de toda la comunidad efectúa actividades de siembra sobre la misma; empero, ello no conlleva que formalmente la tenga asignada puesto que el propio quejoso reconoce en la demanda y en los diversos escritos aclaratorios que tal área esta titulada a favor del ejido. Por lo tanto, si bien, el quejoso ejerce de facto derechos de uso y usufructo, no detenta el dominio pleno conforme al artículo 82 de la Ley Agraria, el cual dispone que cuando la asamblea ejidal allá delimitado y asignado a los ejidatarios las parcelas, estos últimos asumen el dominio pleno de éstas y, como consecuencia, se les expide el título de propiedad respectivo. Ahora bien, de conformidad con los artículos 14, 32, 33, 43, 44, 56, 62, 76, 81, 82 y 83 de la Ley Agraria corresponde al comisariado ejidal como órgano encargado de la representación del ejido, constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos que tengan por efecto privar de la propiedad, posesión o disfrute de tierras ejidales, tanto de uso común como parceladas, ello con independencia de que el ejidatario en particular despliegue la defensa respecto de las tierras que han dejado de ser parte de las tierras ejidales y sobre las que ejerza un dominio pleno. En el caso concreto -?de Morelia,?Michoacán, pretende solicitar la protección constitucional respecto de actos que dice afectan un área del ejido en mención y que bajo protesta de decir verdad señala constituye una parcela con destino específico respecto de la cual, si bien tiene de facto en posesión y usufructo, lo cierto es que tal lote no se encuentra asignado ni detenta sobre de él el dominio pleno; por lo tanto, la defensa del área identificada como lote número 1, de la manzana número 3, de la zona 1, corresponde al propio ejido por conducto del comisariado ejidal, en virtud de que dicha área no ha dejado de ser parte de las tierras ejidales porque no ha sido asignada a un ejidatario a quien corresponda su dominio pleno, como lo reconoce el propio quejoso. Lo anterior, tiene fundamento en los artículos 5, 6 y 10 de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. (...) "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)." "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. (.)" De los artículos citados, se advierte quiénes son parte en el juicio de amparo, cuál es la personalidad con la que se puede instar dicho medio extraordinario de defensa y de qué manera se acredita dicha representación. Por su parte, los artículos 12, 21, 22, 32, 33, 35 y 99 de la Ley Agraria, establecen las formas de representación del ejido y de la comunidad, los cuales establecen: "Artículo 12.- Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales." "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia." "Artículo 22.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios." "Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: (.)" "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 35.- El consejo de vigilancia estará constituido por un Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 99.- Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: I. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra; II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley; y IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal." Como se ve, de acuerdo con los numerales citados, la representación legal de los núcleos ejidales corresponde al Comisariado Ejidal, el cual se encuentra constituido en forma colegiada por un Presidente, Secretario y Tesorero; además, los miembros del comisariado son electos por la Asamblea General que es el órgano máximo de la comunidad. Como se explicó con antelación, la defensa del área ejidal que se dice afectada por los actos que se pretenden reclamar en esta vía constitucional corresponde a los miembros del -; por lo tanto, era menester que la demanda de cuenta fuera promovida por el comisariado en cuanto órgano colegiado, esto es, por su presidente, secretario y tesorero y no únicamente por -, en su carácter de presidente y por sí mismo, como integrante de dicho ejido. Por lo tanto, dado que la Ley de Amparo, en su artículo 10 establece que la personalidad se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, en el caso concreto la Ley Agraria, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por -,?por sí y en cuanto?presidente del -, al carecer de legitimación para activar la vía constitucional a favor y en representación del citado núcleo ejidal, pues el área cuya defensa pretende no es de su dominio pleno como ejidatario sino que dicho dominio corresponde al núcleo ejidal de referencia, el cual debe ser representado por el Comisariado Ejidal. Sostiene lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia visible en la página 13, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Primera Parte, Materia(s) Administrativa, Séptima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AGRARIO. DERECHOS COLECTIVOS DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN, AFECTACIÓN DE. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. El Tribunal Pleno hace suyo el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 27 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1975, Tercera Parte, que dice: si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquéllos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población, con fundamento en los artículos 4o. y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 43, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 8o. bis, fracción II, de la Ley de Amparo, reconoce la representación sustituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación sustituta prevista legalmente." Además, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 20/2008, con número de registro 170373, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008 materia Administrativa, visible a foja 499 que a la letra dice: COMISARIADO EJIDAL. TIENE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO UN DECRETO EXPROPIATORIO DE TIERRAS EJIDALES AUNQUE SE REFIERA A DERECHOS PARCELARIOS, Y SI NO LO HACE, PUEDE ACUDIR EL EJIDATARIO EN REPRESENTACIÓN SUSTITUTA DE AQUÉL. Conforme a los artículos 14, 32, 33, 43, 44, 56, 62, 76, 81, 82 y 83 de la Ley Agraria, el comisariado ejidal es el órgano legitimado para promover juicio de amparo indirecto contra un decreto expropiatorio y su ejecución sobre las tierras ejidales, tanto de uso común como parceladas. Por otra parte, corresponde a los ejidatarios en particular la defensa de las tierras que han dejado de ser parte de las tierras ejidales y sobre las que ejercen el dominio pleno. Ahora bien, cuando las tierras afectadas por un decreto expropiatorio y su ejecución continúan siendo ejidales en su modalidad de parcelas, sobre las que el ejidatario solamente ejerce derechos de uso y usufructo, pero no el dominio pleno conforme al citado artículo 82, corresponde al comisariado ejidal su defensa y, por tanto, cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo, con independencia de que la indemnización, en su caso, la recibirán los ejidatarios atendiendo a sus derechos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Agraria. Sin embargo, si el comisariado ejidal no acude a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, el ejidatario en lo individual puede promover el juicio de garantías en términos del artículo 213, fracción II, de la Ley de Amparo, en representación sustituta de aquél. Puntualizado lo anterior, es dable deducir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, 6 y 10, de la Ley de Amparo, los cuales son de estudio preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de las causas en ello contenidas, deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Sin que pase desapercibido para este juzgador que la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, establecía en su Libro Segundo titulado "Del Amparo en Materia Agraria", específicamente en su artículo 213, fracción II, lo siguiente: Artículo 213. Tienen representación legal para interponer el juicio de amparo en nombre de un núcleo de población: [.] II. Los miembros del comisariado o del Consejo de Vigilancia o cualquier ejidatario o comunero perteneciente al núcleo de población perjudicado, si después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha interpuesto la demanda de amparo. Del precepto transcrito con antelación se advierte la figura jurídica de la representación sustituta misma que se actualizaba ante la omisión de los representantes comunales en promover el amparo, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado. Sin embargo, el referido Libro Segundo de la Ley de Amparo no fuer reiterado en la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y, en este último ordenamiento, quedó comprendido todo lo relativo a la capacidad y personería en el Capítulo II, del Título Primero (Reglas Generales), estableciendo en lo que aquí concierne, en sus artículos 5, fracción I, 6, primer párrafo y 10, de la Ley de Amparo en vigor citados anteriormente, de los que se desprende que el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por el directamente quejoso (siendo éste quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo), por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley (hipótesis esta última que se refiere a los casos en que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, acorde con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo). Como se ve, la Ley de Amparo vigente, no contempla la figura de la representación sustituta de un núcleo agrario, sino que ésta se encontraba prevista en la anterior Ley de Amparo, lo que lleva a establecer que -,?por sí y en cuanto?presidente del -, por sí mismo, no se encuentra legitimado para promover la presente demanda de amparo. Apoya lo anterior, la tesis aislada (V Región) 1o.9 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región1, que se comparte, con número de registro: 2019801, cuyo texto y rubro son los siguientes: "REPRESENTACIÓN SUSTITUTA EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA. CARECE DE LEGITIMACIÓN QUIEN PROMUEVE EL JUICIO CONSTITUCIONAL EN LA VÍA INDIRECTA CON BASE EN ESA FIGURA JURÍDICA, AL NO ESTAR PREVISTA EN LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La representación sustituta en materia agraria, prevista en el artículo 213, fracción II, de la Ley de Amparo, abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, legitimaba a cualquier ejidatario y/o comunero perteneciente a un núcleo de población agrario, para promover el juicio constitucional en defensa de éste, en caso de que el comisariado ejidal o de bienes comunales no lo hiciere dentro del plazo de quince días. Por otra parte, el legislador ordinario, en ejercicio de su libertad de configuración, suprimió esa forma de representación en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 del mes y año indicados. Por tanto, ante su inexistencia, en los asuntos regidos conforme a la legislación actual, los ejidatarios y/o comuneros de un núcleo agrario carecen de legitimación para promover el juicio de amparo indirecto con base en esa figura jurídica. ?Finalmente, se comisiona al Actuario judicial adscrito, para realizar la?notificación?del presente?proveído?de manera personal a la parte quejosa, en el entendido de que el Actuario adscrito deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Dicha encomienda podrá efectuarse de?manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción?lV?del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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