Mario Cesar Gaona Garcia
Expediente 180/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 180/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mario Cesar Gaona Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como de la constancia secretarial se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Con esta fecha se notifica mediante lista a la promovente el proveido emitido el veintidos de febrero de dos mil veintitrés el cual señala" ... Agreguese a los presentes autos el oficio mediante el cual la autoridad en cita en cumplimiento al requerimiento formulado en autos informa que el quejoso directo - - ingreso en el centro Ce Vida con su consentimiento total asimismo informa que el diecisiete de febrero de dos mil veintitres a las dieciséis horas fue dado de alta de su tratamiento y toda vez que el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés se desecho la demanda de amparo que dio origen al presente juicio en consecuencia con su contenido dese vista a la parte promovente. Ahora vista la razón levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado en la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso - - el auto de diecisiete de los actuales virtud a que al constituirse en el Centro de Rehabilitacion Ce Vida fue informado por el encargado de dicho centro que el quejoso directo antes mencionado fue dado de alta en esa misma data y toda vez que según constancia secretarial la parte promoverte señalo domicilio para oir y recibir notificaciones en el presente juicio consecuentemente hagase dicha notificacion personalmente a la parte promovente en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda Finalmente tengasele por informando a la Agente del Ministerio Publico Adscrita a este Organo Jurisdiccional que remitio al Fiscal General de Justicia en el Estado de Michoacan un legajo de copias simples de las constancias que integran el presente juicio a efecto de que proceda con la investigacion correspondiente Notifiquese y personalmente a la parte promovente ..." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio mediante el cual la autoridad en cita en cumplimiento al requerimiento formulado en autos informa que el quejoso directo ********************ingresó en el centro "Ce Vida" con su consentimiento total, asimismo informa que el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés a las dieciséis horas fue dado de alta de su tratamiento y toda vez que el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; en consecuencia, con su contenido dese vista a la parte promovente. Ahora, vista la razón levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, en la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso ********************el auto de diecisiete de los actuales, virtud a que al constituirse en el Centro de Rehabilitación "Ce Vida" fue informado por el encargado de dicho centro que el quejoso directo antes mencionado fue dado de alta en esa misma data y toda vez que según constancia secretarial la parte promoverte señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio; consecuentemente, hágase dicha notificación personalmente a la parte promovente en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda. Finalmente, téngasele por informando a la Agente del Ministerio Público Adscrita a este Órgano Jurisdiccional que remitió al Fiscal General de Justicia en el Estado de Michoacán un legajo de copias simples de las constancias que integran el presente juicio, a efecto de que proceda con la investigación correspondiente. Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la notificación personal realizada en esta misma data al quejoso directo ********************, mediante la cual da cumplimiento con la prevención que se le hizo en proveído de dieciséis de febrero del presente año y manifiesta "Que esta contra su voluntad ya que indica que él puede decidir por sí mismo sin tener nada más que agregar". En la especie la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: "La privación de libertad" Este órgano jurisdiccional estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, fracción II, ambos de la Ley en Cita, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral transcrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Como se anticipó, de una nueva reflexión, el suscrito advierte que en contra de los actos que se reclaman se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, para los efectos del juicio de amparo, que autoridades responsables eran todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho que estén en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de garantías, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Lo anterior se encuentra en los razonamientos que integran la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice del 2000, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en la jurisprudencia, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Ahora bien, del análisis del texto del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo vigente, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo previamente aludido que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional la que, con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establecen en la tesis jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que las actuaciones del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. De lo anterior se puede concluir que se obtiene lo siguiente: a) Que no todos los hechos que el particular estime contrarios a sus intereses son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y, b) Que no todos aquellos actos que el órgano del Estado realice, tendrán la naturaleza de un acto de autoridad, sino solo aquellos que involucran actuación o abstención frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación. Bajo ese contexto, debe decirse que, en la especie, el acto que la parte quejosa pretende reclamar de la Centro de Rehabilitación "Ce Vida", no reviste la naturaleza de un acto de autoridad que haga procedente el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón la tesis aislada número XV.5º. 3 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en la página número 1500, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo.". Por tanto, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha sido delimitado, precisamente, en razón de la naturaleza de la relación entre gobernante y gobernado, en el que se manifiestan los derechos públicos que la Carta Magna establece como limitantes a la actuación legal del Estado en el ejercicio de su poder público, coincidiendo, por tanto, el concepto de autoridad referido con el de los sujetos pasivos de la relación jurídica que los derechos fundamentales implican, pues es la autoridad en los términos que han quedado definidos, la obligada en una relación de supra a subordinación a respetar tales derechos. En ese tenor, no obstante que la parte quejosa alegue en el presente asunto una privación ilegal de la libertad atribuida al citado centro de rehabilitación, este último no es autoridad responsable para los efectos de este juicio de amparo, debido a que el acto que aduce deriva como ya se dijo de un acto entre particulares, el cual no es de supra a subordinación, dado que nacen de un vínculo entre particulares. Ahora bien, conviene preciar que por regla general el auto que inicialmente se dicta en el juicio de amparo, no es el idóneo para determinar la calidad autoridad responsable; sin embargo, en ciertos casos pueden darse las condiciones para concluir en el auto de inicio que los entes señalados como responsables no detentan el carácter de autoridad para los efectos del juicio de derechos fundamentales; de ahí que este análisis debe emprenderse "caso por caso" según lo permitan sus particularidades y atendiendo al contenido integral de la demanda de amparo. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por ********************, por los motivos que precisados quedaron en líneas que anteceden. Sin perjuicio de lo anterior, y tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena dar vista a la fiscal de la adscripción a fin de que ordene a quien corresponda la apertura de la carpeta de investigación, a efecto de que determine lo que en derecho proceda, esto es, realice las investigaciones pertinentes, atento a que de lo manifestado por el quejoso directo podría derivar la existencia de un hecho probablemente constitutivo de delito. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2014917, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Pagina 5, Décima Época, registro 2014917, de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Notifíquese personalmente al quejoso directo y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
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