Mario Hernández Bouchain

Expediente 1122/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 25 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1122/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
29/05/2019

Partes del expediente

  • Mario Hernández Bouchain

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el tres de diciembre de dos mil diecinueve. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Por otro lado, se deja a disposición de la parte quejosa por el plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, las documentales que adjuntó a su escrito de demanda, en el entendido que el horario establecido para la entrega es de diez a trece horas, con el apercibimiento que de no recogerlo en la temporalidad indicada, continuarán glosados al expediente y se procederá a destruirlos junto a este expediente. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo enviado en apoyo al informe justificado rendido por la autoridad ministerial responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, pues es suficiente que en el comunicado relativo se estampe el sello que avale su recepción.

  2. Principal

    Ciudad de México, a catorce de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el autorizado del quejoso; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia simple que solicita, previa toma de razón que por su recibo conste en autos, en el entendido que el horario establecido para la entrega es de diez a doce horas.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1122/2018, promovido por Mario Hernández Buchain, contra el acto reclamado de la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El promovente de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se transgredieron sus derechos fundamentales, previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El día de su recepción, se registró el asunto con el orden 1122/2018 y se previno al quejoso; después de que desahogó el requerimiento relativo, mediante proveído de veintiuno de enero pasado, se admitió a trámite la demanda; se requirió a las autoridades señaladas como responsables rindieran su respectivo informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se difirió en diversas ocasiones. IV. En proveído de veintiséis de febrero de este año, se tuvo por ampliada la demanda respecto de una autoridad que no había sido señalada como responsable, a la que se le requirió su informe de ley. V. Por último, se realizó la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias del expediente, se precisa que el acto reclamado es el siguiente: - El acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/UI-2C/D/1718/11-2018, en que se decretó la "preservación" del inmueble marcado con el número 128 de la calle Saltillo, colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, específicamente respecto de la accesoria "B". Que se atribuyó a la: a) Procuradora. b) Fiscal; y c) Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación Uno Sin Detenido. Los dos anteriores de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, todos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. TERCERO. No es cierto el acto reclamado de las autoridades señaladas como responsables precisadas en los incisos a) y b), pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado, sin que el amparista haya aportado prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En ese sentido, debido a la inexistencia de los actos reclamados, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Por otro lado, es cierto el acto reclamado de la autoridad ministerial indicada con el inciso c), pues así lo admitió en su informe de ley, lo que se corrobora con la copia autenticada de la carpeta de investigación que remitió, entre las que se encuentra el acuerdo controvertido; documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado, es innecesario analizar el fondo del asunto, ya que es fundada la causal de improcedencia que hizo valer la autoridad ministerial que aceptó el acto reclamado, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el acuerdo reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia. Así se considera porque de la interpretación sistemática de ambos dispositivos, se obtiene que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), localizable en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 'teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo', con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, es necesario abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad o, por el contrario, para que desaparezca o se evite, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Al respecto, es orientadora la jurisprudencia que bajo el número 852 aparece publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". En ese contexto, como se dijo, el acuerdo reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso, porque este último no acreditó ser titular de algún derecho real o posesorio respecto de la accesoria que indicó en el inmueble en que se decretó tal "preservación", ya que no exhibió documento idóneo con que justificara tal circunstancia. No se soslaya que el amparista exhibió, entre otros documentos, el contrato de arrendamiento, de uno de junio de mil novecientos noventa y cinco, relativo a dicha accesoria, así como diversos recibos de pago telefónico inherentes a la misma; sin embargo, no acreditan que en el momento de la emisión del acto que reclama disfrutara de la posesión de la accesoria mencionada, pues el contrato tenía vigencia de un año y los recibos indicados, así como las demás documentales que exhibió, por sí, no demuestran el derecho posesorio que afirmó tenía, dado que el más reciente fue expedido en junio de dos mil tres; de igual manera, el correo electrónico que exhibió en este juzgado el tres de enero del año en curso, tampoco es idóneo para acreditar su interés jurídico, pues constituye un documento privado que no fue ratificado por quien lo emitió. Esto último tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto tribunal de justicia del país, consultable en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, cuyo título es: "DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)". Lo anterior pone de manifiesto que el quejoso no tiene reconocido algún derecho respecto del inmueble referido, por ende, no cuenta con interés jurídico para instar esta vía constitucional. En ese sentido, al quedar evidenciada la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, fracción V, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mario Hernández Buchain contra el acto reclamado consistente en: - El acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/UI-2C/D/1718/11-2018, en que se decretó la "preservación" del inmueble marcado con el número 128 de la calle Saltillo, colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, específicamente respecto de la accesoria "B". Que se atribuyó a la: a) Procuradora. b) Fiscal; y c) Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación Uno Sin Detenido. Los dos anteriores de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, todos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

  4. Principal

    Ciudad de México, a doce de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que está transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse el diez de mayo de dos mil diecinueve, a las diez horas con veinte minutos.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

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