Mario Goicohea Romero

Expediente 386/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
386/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
11/10/2017

Partes del expediente

  • Mario Goicohea Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad de México, a once de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 386/2017, dos anexos y remite testimonio de la resolución dictada en el toca R.P. 162/2017-I; háganse las anotaciones en el libro de gobierno; intégrese el cuaderno de antecedentes e infórmese a las partes que el órgano revisor resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 386/2017 promovido por MARIO GOICOCHEA ROMERO, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria, por los motivos expuestos en el último considerando de la misma". En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del párrafo segundo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Con sustento en el punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General de referencia, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Por otra parte, dado que no es necesaria la retención de los anexos enviados por la juez responsable en apoyo a su informe de ley, devuélvanse a su lugar de origen, sin que se solicite el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Finalmente, para facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del que se advierte que se acusa recibo del diverso 36797 de veintiuno de junio del año en curso, e informa a este órgano de control constitucional que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el autorizado del inconforme, quedando registrado con el orden R.P. 162/2017-I.

  3. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito de cuenta signado por el autorizado del quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en esas condiciones, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito de agravios y en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que se encuentre integrado el expediente, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, el original del impreso de interposición del medio de impugnación mencionado, del diverso de agravios y los presentes autos, para la sustanciación de dicho recurso. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 386/2017, promovido por Mario Goicochea Romero, contra actos de la juez Quincuagésimo Séptimo Penal de esta ciudad, y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, turnado a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. II. El inconforme narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El dos de mayo siguiente se admitió la demanda bajo el orden 386/2017; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se aprecia y se precisa que los actos reclamados son, el acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal 323/2005, relativo al incidente no especificado promovido por el quejoso, en que solicitó se adecuara la fecha en que habría de tenerse por purgada la pena de prisión impuesta, así como su ejecución. Actos que fueron atribuidos a la juez Quincuagésimo Séptimo Penal (ordenadora) y director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (ejecutora), ambos de esta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir informe justificado (fojas 17 y 19), que se corrobora con la documental que remitió la juez responsable en apoyo a dicha comunicación; documental que tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante, en el caso resulta innecesario el estudio y transcripción de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en virtud que se actualiza una causal de improcedencia, la cual es de orden preferente a aquéllos y se invoca de oficio conforme al numeral 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país, bajo el orden 158, publicada en la página 262 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, de rubro: "IMPROCEDENCIA". De igual manera, tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de Justicia, con el orden 228, consultable en la página 186, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". Es así que este juzgado advierte se actualiza la causal de improcedencia que refiere el dispositivo 61, fracción XIII, de la ley reglamentaria, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento". De dicho precepto legal se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, entendiéndose por ello el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual, por parte del quejoso. Ahora bien, conviene precisar que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea consentido expresamente, o 2. Por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El primer supuesto se refiere al caso en que el quejoso de manera expresa anuncia estar conforme con el acto de autoridad que reclama en el juicio de amparo, de manera que no existe posibilidad de interpretación para el juzgador, en tanto que en el segundo supuesto, la autoridad de amparo debe verificar si alguna otra actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. Bajo esta última previsión está comprendido el supuesto de improcedencia referido al acto derivado de otro consentido, que para su configuración requiere dos supuestos, a saber, la existencia de un acto anterior consentido que, por tanto, debe causar afectación al interés jurídico del quejoso para ser susceptible de impugnarse en la vía constitucional, y la existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Es orientadora al respecto, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, mayo de 1995, cuyo rubro dice: "ACTO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO. NO TIENE TAL CARACTER EL DECRETO POR EL QUE SE PRECISAN LOS DECRETOS Y ACUERDOS EN MATERIA DE ESTIMULOS FISCALES Y SUBSIDIOS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CUANDO NO SE IMPUGNA TAMBIEN EN EL JUICIO DE AMPARO EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA TAL EJERCICIO". Ahora, del presente sumario se aprecia que el justiciable reclama el acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal 323/2005, relativo al incidente no especificado en que solicitó se adecuara la fecha en que habría de tenerse por purgada la pena de prisión impuesta; sin embargo, tal determinación no es la primera en que la responsable se ha pronunciado sobre dicho aspecto, como se constata de los antecedentes que a continuación se relatan. Así, en principio destaca la resolución de veintitrés de marzo de dos mil siete emitida en el toca penal 17/2007 por la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad (fojas 1 a 173, anexo 2), en que confirmó la diversa de veintisiete de noviembre de dos mil seis, dictada en la causa penal de origen, por la que se impuso al quejoso pena de prisión de diecisiete años nueve meses por su plena responsabilidad en la comisión de los delitos de robo agravado en agravio de David Betech Dichi y robo agravado (diversos tres) en perjuicio de Felipe Canton Elias Calles. Inconforme, el peticionario promovió juicio de amparo directo en que se le concedió la protección constitucional, por lo que en cumplimiento se emitió la diversa ejecutoria de dieciocho de septiembre de dos mil siete, dejando firme aquel aspecto de la punición (fojas 238 a 363, anexo 1). El dieciséis de octubre de dos mil doce (fojas 174 a 183, anexo 2), el entonces juez Quincuagésimo Séptimo Penal de esta ciudad, al resolver el incidente no especificado promovido por el quejoso en que solicitó la "compurgación simultánea de las penas", determinó que si la fecha de detención del peticionario se llevó a cabo el once de diciembre de dos mil cinco y la resolución que determinó en definitiva su situación jurídica fue de veintitrés de marzo de dos mil siete, con abono de dicho lapso que comprende el de prisión preventiva, el tiempo restante por purgar era de quince años un mes dieciséis días. Contra esta última resolución, el solicitante de amparo interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la referida Sala penal, quien mediante resolución de veintidós de enero de dos mil trece, emitida en el toca penal 1861/2012, estableció que si bien aquella decisión fue incorrecta, lo cierto es que al no inconformarse la representación social adscrita al juzgado de que se trata, lo procedente era confirmar en sus términos la resolución impugnada (fojas 185 a 200, anexo 2). Luego, a través de interlocutoria de doce de enero de dos mil diecisiete (fojas 201 a 204, anexo 2), al allegarse de los comunicados del subdirector Jurídico del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad y del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en los que se informó que el peticionario había sido sentenciado en la causa penal 30/2016, por la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, cuya pena de prisión se purgó del once de diciembre de dos mil cinco al veintiséis de octubre de dos mil nueve, la juez responsable determinó que la diversa pena privativa de libertad por ella impuesta debía cumplirse a partir del veintisiete de octubre de dos mil nueve al doce de diciembre de dos mil veinticuatro, ya con el descuento de prisión preventiva correspondiente. Posteriormente, por escrito presentado el treinta de marzo del año en curso (fojas 364 a 368, anexo 1), el inconforme solicitó se adecuara la fecha en que debía tenerse por purgada la pena de prisión, siendo esta, a su juicio, el veintisiete de enero de dos mil veintiuno; sin embargo, mediante acuerdo de seis de abril siguiente (fojas 373 a 375, anexo 1) que constituye el acto reclamado en este juicio, la juez responsable declaró improcedente su solicitud, pues refirió que su pretensión había sido materia de estudio en la referida resolución de doce de enero de dos mil diecisiete, en que fue establecida la data en que habría de tenerse por purgada la pena de prisión impuesta, desde luego, descontando la temporalidad en que estuvo sujeto a prisión preventiva. De los antecedentes reseñados se advierte que la autoridad responsable ya se había pronunciado en relación con el aspecto planteado, precisando la fecha a partir de la cual se iniciaría el cómputo respectivo de la pena privativa de libertad y aquella en que habría de tenerse por cumplida. En esas condiciones, es incuestionable la existencia de un acto anterior al reclamado, esto es, la resolución de doce de enero del año en curso por la que se atendió idéntica pretensión a la que ahora hace valer el quejoso, misma que no impugnó a través del juicio de amparo, por lo que, indefectiblemente constituye un acto consentido; de ahí que se tenga acreditado el primero de los requisitos precisados, respecto de la causal de improcedencia analizada. De igual forma ha quedado evidenciada la existencia de un acto posterior -seis de abril del año que transcurre- que fue consecuencia directa y necesaria de aquél. Se afirma lo anterior, porque con independencia de que cada una de las resoluciones destacadas hubiese recaído a una promoción distinta (documento), resulta incuestionable que los aspectos destacados en el párrafo que precede -consecuencia directa y necesaria de aquél- están demostrados precisamente, con base en que la pretensión del amparista ya fue materia de estudio, y ello se acentúa aún más, porque la responsable sometió su decisión a las consideraciones expuestas en aquella determinación, la cual, se insiste, no fue impugnada en la vía constitucional. Por tanto, válidamente se puede concluir que se consintió la resolución que precede a la reclamada, sin que exista algún indicativo de inconformidad contra la misma por la vía constitucional, lo que denota el consentimiento tácito de aquella determinación, y por ende, si el acto reclamado es consecuencia directa y necesaria de aquél, constituye un acto derivado de otro consentido. Resultó orientador el criterio emitido por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la página 408 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, abril de 1992, cuyo rubro dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTRO CONSENTIDO". Sin que en el caso las consideraciones hasta aquí expuestas impliquen que se esté realizando un pronunciamiento directo en relación con el fondo del asunto, sino únicamente se ha ponderado la cuestión como indicativo de la situación jurídica que el demandante del amparo pretendió desconocer, por una parte, ante la propia autoridad responsable, y por otra, ante esta autoridad con la promoción del presente juicio. Apoya lo anterior, por las razones que la integran, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 115 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, febrero de 1999, cuyo rubro establece: "AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN". Bajo las anteriores consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo con fundamento en la fracción V, del numeral 63 del citado ordenamiento legal, respecto del acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal 323/2005, relativo al incidente no especificado promovido por el quejoso, en que solicitó se adecuara la fecha en que habría de tenerse por purgada la pena de prisión impuesta, así como su ejecución, que fueron atribuidos, respectivamente, a la juez Quincuagésimo Séptimo Penal y director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos de esta ciudad. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61, fracción XIII, 62, 63, fracción V, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el tercer considerando de este fallo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mario Goicochea Romero, contra el acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal 323/2005, relativo al incidente no especificado promovido por el quejoso, en que solicitó se adecuara la fecha en que habría de tenerse por purgada la pena de prisión impuesta, así como su ejecución, que fueron atribuidos a la juez Quincuagésimo Séptimo Penal y director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos de esta ciudad.

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