Mario García Castrejón.

Expediente 353/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
353/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Mario García Castrejón.

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, acusando recibo del oficio con el cual le fue devuelto el juicio de amparo 1365/2023 de su índice, promovido por ***, y comunicando que no insiste en declinar la competencia para conocer de dicho asunto. Al no existir actuaciones pendientes y encontrarse debidamente integrado el expediente físico y electrónico de este cuaderno, archívese como concluido. En términos de los preceptos 12 y 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, es susceptible de destrucción, en virtud de que se trata de una incompetencia, lo que podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes y colóquese en la carátula el sello respectivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, remitiendo el juicio de amparo 1365/2023 de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por el quejoso **** contra actos de la Jueza de Ejecución Penal del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y comunicando que se declaró legalmente incompetente para su conocimiento; regístrese bajo el número 353/2023-I y realícense las anotaciones respectivas. Ahora, con apoyo en lo dispuesto en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado no comparte las consideraciones expuestas por el oficiante y, por ende, no acepta la competencia declinada. En efecto, el quejoso reclama sustancialmente la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta al escrito presentado por el quejoso con la finalidad de solicitar copia certificada de diversas documentales relativas a la causa penal **** de la estadística del juzgado responsable. Ahora, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal incorpora el derecho fundamental de legalidad, que en una de sus vertientes dispone que en el ámbito del derecho público las autoridades únicamente pueden desplegar actos que inciden en la esfera de derechos de particulares -privativos o de molestia- en estricto apego a las atribuciones que tienen expresamente encomendadas por la norma. Dicho aspecto competencial se erige como presupuesto para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, por lo que el órgano judicial respectivo debe esclarecer su competencia al tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente. Incluso, por regla general, las actuaciones practicadas ante órgano incompetente carecen de eficacia jurídica a menos de que se trate de cuestiones que no admitan demora, que el ordenamiento disponga consecuencias distintas o aquéllas en donde la incompetencia sobreviene de la tramitación del procedimiento. Consideraciones que se apoyan en el razonamiento del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en la página 12 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, con registro digital 205463, de epígrafe: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD." Asimismo, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, localizable en la página 12 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, octubre de 2020, Tomo I, Décima Época, registro digital 2022182, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. PUEDEN ANALIZAR LA COMPETENCIA, YA SEA POR TERRITORIO O POR MATERIA, EN FUNCIÓN DE LA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE AUXILIAN Y, EN SU CASO, DECLARAR LA INCOMPETENCIA PARA RESOLVER EL ASUNTO." Además, para sostener la decisión a la que arriba este Juzgado de Distrito, es necesario hacer especial referencia a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al haber resuelto la Contradicción de Tesis 571/2012, en la que precisó: "dentro de la etapa inicial del procedimiento de amparo, esto es, con motivo de la presentación de la demanda, en donde ciertos Jueces Federales de amparo prácticamente después de su lectura, consideraron ser incompetentes para seguir en el conocimiento del juicio, aspecto que conviene no perder de vista para entender por qué se dirime la problemática del siguiente modo." Circunstancia que en el caso ocurre, pues el Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, sostuvo su decisión únicamente en el análisis del escrito inicial de la demanda de amparo. Ahora, la Primera Sala del Máximo Tribunal destacó que es necesario prestar atención a la literalidad del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal que dispone como norma general de competencia que el juicio de amparo se promoverá ante el juzgado de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecutó o trate de ejecutarse. A partir de lo anterior, interpretó que "la literalidad del precepto da noticia del propósito del Poder Reformador de la Constitución, de facilitar a las personas el acceso al juicio de amparo, al prever que podrá interponerse ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." De lo cual, en la ejecutoria mencionada se precisó que de dicha norma se sigue que para fincar la competencia "en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo", y reiteró que bajo ese contexto el creador de la norma le dio "preeminencia a la ejecución del acto." Decisión que sustentó la Primera Sala porque de esta forma la parte promovente puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, pues le brinda mayor facilidad para obtener los medios de convicción que estime pertinentes y, a su vez, el juzgado de distrito está en mejores condiciones para recabarlas con la eficacia debida. Ahora, la fracción VII del numeral 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" Dicho precepto contiene la norma general de competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto, ya que en lo que interesa establece que la acción constitucional en contra de los actos ahí descritos debe instarse ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse. Por su parte, el ordinal 37 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El aludido numeral retoma esa norma general de competencia, pues dispone que el juez competente para conocer de la demanda, es el que tiene jurisdicción en el lugar en donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Y además contiene una extensión y una excepción a tal regla; toda vez que en el párrafo segundo dispone que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda - extensión-; mientras que en el párrafo tercero, establece que, cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda excepción. Es así, que de los preceptos invocados se desprende, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para definir qué juez de distrito debe conocer del medio de control constitucional. Por ende, aunque la autoridad que dicta u ordena la resolución reclamada puede llegar a desempeñar un papel fundamental en la afectación de los derechos fundamentales del quejoso; el legislador le da preeminencia a la ejecución del acto. Circunstancia resulta lógica desde la perspectiva de que el peticionario así puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, ya que si puede instar la acción constitucional ante el juzgador que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, ello le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al juez de distrito para recabarlas con la eficacia debida. Lo anterior, permite establecer que para definir la competencia se debe identificar si el acto tiene o no ejecución y, además, considerar que para obtener la naturaleza jurídica de los actos debe interpretarse la demanda de amparo integralmente, de forma que el análisis no debe limitarse al acto reclamado señalado en la demanda, sino que debe comprender lo señalado dentro de los antecedentes, conceptos de violación, o en cualquier otra parte de la demanda. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el quejoso reclamó de la autoridad responsable la omisión de expedir de manera gratuita copias certificadas de diversas constancias que obran en la causa penal *** de la estadística del Juzgado de Ejecución Penal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Lo anterior, ya que de los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad, refirió que el Juzgado de Ejecución Penal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad ha sido omiso en darle contestación a la petición planteada por el citado quejoso. En ese sentido, de la lectura integral de la petición de amparo, se observa que el justiciable ha solicitado desde el cuatro de mayo de dos mil veintitrés las referidas constancias y la autoridad ha sido omisa en acordarle dicho escrito, ya sea de manera negativa o acorde a su pretensión. De lo que se colige, que el acto reclamado no trae aparejada una ejecución material, ya que la omisión que reclama por parte del Juzgado de Ejecución Penal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, constituye un acto negativo carente de ejecución, en tanto que se trata de un acto meramente omisivo y, por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra, corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, al actualizarse la regla competencial establecida en el tercer supuesto previsto en el numeral 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que solo los actos negativos con efectos positivos, o los de carácter estrictamente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existente; en cambio, los negativos simples o meramente declarativos no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular. En tales condiciones, no es que se reclame la omisión de otorgar copias al quejoso, ya que no se tiene noticia de que las mismas hayan sido autorizadas o negadas por parte de la autoridad responsable, sino lo que reclama el justiciable en realidad es que no se atendido su escrito de copias, y que por lo mismo, no se le han expedido. Lo que pone de relieve que se trata de un acto meramente omisivo por parte de la responsable, que no amerita una ejecución material. Incluso de estimar lo contrario, se incurriría en una petición de principio, dado que no puede sostenerse, a priori, que se tiene un derecho a la expedición de las copias solicitadas, cuando en el caso concreto se trata de definir la competencia del juez de Distrito, en el que la Ley de Amparo es clara en disponer que el único requisito que debe considerarse para tales efectos, es que los actos reclamados no traigan aparejada ejecución, como un presupuesto cierto. Por tanto, las consecuencias a futuro que podrían concretarse o no sobre la petición de copias del quejoso, no son un motivo para dilucidar el conflicto competencial que nos ocupa, en razón de que se insiste, para ello deben considerarse las circunstancias ciertas existentes de momento. Ante tales circunstancias, es evidente que no se surte a favor de este órgano de control la competencia del asunto; entonces, se estima que en el caso quien debe seguir conociendo de éste es el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila. Lo anterior hágase de su conocimiento; asimismo, se ordena devolver el juicio de amparo 1365/2023 al no aceptarse la competencia planteada; solicítese acuse de recibo. Fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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