Mario Figueroa Mundo

Expediente 66/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
66/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Mario Figueroa Mundo

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto este expediente y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído del siete de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda. Por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la normativa de la materia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, y toda vez que la determinación de que se trata no requiere ejecución material, archívese el expediente como concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y colóquese en la carátula la tarjeta informativa respectiva. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, en virtud de que de la certificación inicial se advierte que la parte quejosa no los exhibió. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de ***, contra un acto de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 66/2023-I. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6°, 7° y la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la interpretación sistémica de las referidas normas generales, se colige que para ejercitar la acción de amparo es necesario que se actualice el principio de parte agraviada, esto es, que las personas ejerzan la acción constitucional para combatir el acto de autoridad que violente sus derechos fundamentales, debiendo existir un agravio personal y directo en contra de la persona amparista, lo que se traduce en la existencia de un menoscabo u ofensa que recae y se concreta en una persona física o moral determinada. Excepcionalmente, se otorga a las personas morales públicas la posibilidad de acudir al juicio de amparo siempre y cuando el acto que reclamen genere afectación a su patrimonio, respecto a vínculos de coordinación jurídica que sostengan con las personas, siendo así que sus potestades de imperio configuran de forma automática y por disposición legal, una asimetría a los ejes rectores del juicio de amparo, concretamente, al principio de agravio personal y directo, brindándoles aptitud de promover el juicio de amparo. De lo anterior, se colige que las personas morales oficiales en el ámbito de su actuación, no como autoridad, sino como sujetos de derecho privado, como gobernados y como sujetos pasivos de un acto de autoridad, tienen la capacidad procesal activa para instar la acción constitucional de amparo frente a un acto que afecte su patrimonio. En el caso, los quejosos promovieron este juicio en su carácter de ***, esto es, como personas morales públicas, siendo así que no se acredita que el acto cuya inconstitucionalidad reclaman les irrogue un agravio personal y directo en su faceta de autoridades, puesto que por sí mismo no genera daños o perjuicios sobre el patrimonio del mandato que tienen encomendado, es decir, no constituye un menoscabo patrimonial a la representación Estatal que asiste a los peticionarios en su carácter de autoridades, único supuesto en el que de conformidad con el artículo 7° de la Ley de Amparo, las personas morales públicas se encuentran legitimadas activamente para interponer el juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, octubre de 2017, Tomo II, página 1022, de rubro: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN". También, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, Novena Época, diciembre de 2009, consultable en la página 1334, de epígrafe: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO SI NO LO HACEN EN DEFENSA DE SUS INTERESES PATRIMONIALES, SINO COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN COMO ENTES DOTADOS DE PODER PÚBLICO". En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Ahora, toda vez que las autoridades señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado fuera del lugar de residencia de este juzgado, se ordena la práctica de las notificaciones por medio de lista, de conformidad con el numeral 27, fracción III, inciso a), de la normativa de la materia. Se tiene por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que, en caso de facultarlas en términos amplios, deberán contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Se tiene por autorizado al usuario que proporciona para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que de la certificación inicial se visualiza que cuenta con el registro correspondiente; se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las anotaciones conducentes. Asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona para el caso de que este órgano de control estime necesario entablar comunicación por ese medio. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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