Mario García Cardenas

Expediente 110/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
110/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
13/05/2019

Partes del expediente

  • Mario García Cardenas
  • Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán
  • Mario García Cardenas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de quince de abril de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación, ni trascurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, a la autoridad responsable cuya residencia se encuentra fuera de jurisdicción de este Juzgado Federal, para que cause ejecutoria el proveído dictado en autos, dado que no se le vulnera derecho alguno atendiendo al sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la Directora de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos de dicho Registro, promoviendo por el Director General de Registro y Control Documental del propio Órgano, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a estos autos para que obre como corresponda. Ahora bien, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda y de su aclaración se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables lo siguiente: De la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán: la omisión de enviar a la Dirección General de Registro y Control Documental del dicho órgano, con residencia en Ciudad de México, el escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, que le fue otorgado el número de folio 4702, con el que interpuso recurso de revisión en contra de la calificación registral denegatoria de trece de marzo de dos mil diecisiete, la cual recayera al trámite de adopción de dominio pleno de la parcela número 486 Z2 P1 del Ejido de Kanasín, Yucatán. De la Dirección General de Registro y Control Documental de dicho Registro, con residencia en Ciudad de México: la omisión de resolver el recurso de revisión interpuesto el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en contra de la calificación registral denegatoria de trece de marzo de dos mil diecisiete, la cual recayera al trámite de adopción de dominio pleno de la parcela número 486 Z2 P1 del Ejido de Kanasín, Yucatán. Sin embargo, de las constancias certificadas que el Jefe de Área de Registro adscrito a la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán y la Directora de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, promoviendo por el Director General de Registro y Control Documental del propio Órgano, remitieron con su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante oficio RAN/YUC/SR/7370/2018 de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho (foja 31), la primera de las citadas autoridades responsables remitió el escrito del quejoso presentado en la oficialía de partes de la Delegación Estatal en Yucatán, el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en el que promovió recurso de revisión en contra de la calificación registral denegatoria dictada por la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con residencia en Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil diecisiete; la cual recayera al trámite de adopción de dominio pleno de la parcela número 486 Z2 P1 del Ejido de Kanasín, Yucatán; en tanto que la segunda autoridad responsable, con residencia en Ciudad de México, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, resolvió el recurso de revisión (fojas 50 a 64). Lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veintiocho de enero de dos mil diecinueve; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que en virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO ... Mérida, Yucatán, quince de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la Directora de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos de dicho Registro, promoviendo por el Director General de Registro y Control Documental del propio Órgano, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a estos autos para que obre como corresponda. Ahora bien, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda y de su aclaración se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables lo siguiente: De la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán: la omisión de enviar a la Dirección General de Registro y Control Documental del dicho órgano, con residencia en Ciudad de México, el escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, que le fue otorgado el número de folio 4702, con el que interpuso recurso de revisión en contra de la calificación registral denegatoria de trece de marzo de dos mil diecisiete, la cual recayera al trámite de adopción de dominio pleno de la parcela número 486 Z2 P1 del Ejido de Kanasín, Yucatán. De la Dirección General de Registro y Control Documental de dicho Registro, con residencia en Ciudad de México: la omisión de resolver el recurso de revisión interpuesto el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en contra de la calificación registral denegatoria de trece de marzo de dos mil diecisiete, la cual recayera al trámite de adopción de dominio pleno de la parcela número 486 Z2 P1 del Ejido de Kanasín, Yucatán. Sin embargo, de las constancias certificadas que el Jefe de Área de Registro adscrito a la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán y la Directora de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, promoviendo por el Director General de Registro y Control Documental del propio Órgano, remitieron con su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante oficio RAN/YUC/SR/7370/2018 de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho (foja 31), la primera de las citadas autoridades responsables remitió el escrito del quejoso presentado en la oficialía de partes de la Delegación Estatal en Yucatán, el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en el que promovió recurso de revisión en contra de la calificación registral denegatoria dictada por la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con residencia en Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil diecisiete; la cual recayera al trámite de adopción de dominio pleno de la parcela número 486 Z2 P1 del Ejido de Kanasín, Yucatán; en tanto que la segunda autoridad responsable, con residencia en Ciudad de México, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, resolvió el recurso de revisión (fojas 50 a 64). Lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veintiocho de enero de dos mil diecinueve; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que en virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y toda vez que de autos consta que el informe justificado rendido por el Jefe de Área de Registro adscrito a la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, fue puesto a la vista de las partes por acuerdo de doce de marzo de dos mil diecinueve, notificado al día hábil siguiente, por lo que se encuentra transcurriendo el término señalado en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de permitir que las partes tengan oportunidad de conocer con la debida anticipación el contenido de dicho informe, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las once horas con diez minutos del veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

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