Mario García Cárdenas
Expediente 913/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 30 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 30/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mario García Cárdenas
- Mario García Cárdenas y Otros.
- José Luis Guasch Mdáhuar y Otros.
- Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civilies, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil diecinueve. Se agrega únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, mediante el cual acusa recibo del oficio 1246/2019, con el que se le devolvieron las copias certificadas del expediente 601/2017, de su índice, que acompañó al informe con justificación que rindió en estos autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Vistos, los autos del presente juicio de amparo 913/2018-I, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria de amparo; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoriada dictada en el presente expediente, se concedió el amparo instado a la parte quejosa Mario García Cárdenas, respecto de los actos reclamados al Juez Tercero Mercantil, Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial, todos del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida. Segundo. Por oficios 3911, INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/1388/2018 y sin número remitidos por la Juez Tercero Mercantil, Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial y Registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, en ausencia de la Directora de dicho Registro, todos del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, informaron sobre el cumplimiento dado a la citada ejecutoria de amparo. Mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con los referidos oficios y anexos adjuntos a dos de ellos para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a sus intereses conviniera; y C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestaciones respecto de las vistas que se les dieron en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la ejecutoria de que se trata, se concedió el amparo a favor de la parte quejosa Mario García Cárdenas, para el efecto de: ".El Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado deberá dejar insubsistente el embargo trabado por el Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Primer Departamento Judicial del Estado, sobre el tablaje catastral cuarenta y un mil trescientos ochenta y siete, del ejido Sierra Papacal, municipio de Mérida, Yucatán, y ordenar la cancelación de la inscripción y anotación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado. Deberá comunicar lo anterior a la autoridad registral, en el entendido que no debe limitarse al libramiento de un oficio, sino que quedará vinculado a vigilar su oportuna notificación al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, consultable en la foja novecientos noventa y tres, del Tomo XI, enero de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMBARGO, CANCELACIÓN DE. ÚNICAMENTE PUEDE ORDENARLA EL JUEZ QUE ORDENÓ SU INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). La interpretación armónica de los artículos 2177 y 2189 del Código Civil del Estado de Yucatán, en cuanto permiten, el primero, cancelar la inscripción de una anotación en el Registro Público de la Propiedad, previa la tramitación del procedimiento administrativo que corresponde, y el segundo, cancelar dichas inscripciones por consentimiento de las partes o bien, por mandato judicial, conducen a este tribunal a concluir que cuando los solicitantes de la cancelación de una inscripción son las propias partes que celebraron el acto jurídico de que se trate, bien puede el director del Registro Público de la Propiedad, previa la tramitación del procedimiento respectivo ordenar su cancelación, porque en ese caso no existe controversia alguna y sí una voluntad plenamente manifestada; empero, ello no sucede en el caso de que la inscripción de un embargo se efectúe por mandato de un Juez y quien solicite la cancelación sea un tercero ajeno a la relación contractual, porque es evidente que en ese supuesto debe respetarse y acatarse la orden del Juez por constituir un mandato judicial. De ahí que ante ese evento, la intervención del director del Registro Público de la Propiedad debe circunscribirse a la tramitación del procedimiento de cancelación, sin emitir ninguna decisión al respecto, ya que ésta se tomará, en su caso, por el Juez que ordenó la inscripción, una vez que sea informado del estado del procedimiento llevado al efecto." Hecho lo anterior, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado procederá a cancelar materialmente las anotaciones correspondientes. El Actuario adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, quedará vinculada al cumplimiento del juez responsable.". Del examen de los oficios 3911, INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/1388/2018 y sin número y de las documentales anexas a los mismos remitidos por la Juez Tercero Mercantil, Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial y Registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, en ausencia de la Directora de dicho Registro, todos del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, los cuales merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, la juez responsable dejó insubsistente el embargo trabado por el Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Primer Departamento Judicial del Estado, sobre el tablaje catastral cuarenta y un mil trescientos ochenta y siete, del ejido Sierra Papacal, municipio de Mérida, Yucatán y ordenó la cancelación de la inscripción y anotación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado y comunicó a la autoridad registral lo antes actuado. Por su parte, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado, canceló el embargo trabado sobre el citado bien y las anotaciones correspondientes. De lo anterior, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia en vigor, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento. Hágase saber a la parte quejosa que cuenta con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifieste ante este Juzgado Federal su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
I. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Vistos, los autos del presente juicio de amparo 913/2018-I, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria de amparo; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoriada dictada en el presente expediente, se concedió el amparo instado a la parte quejosa Mario García Cárdenas, respecto de los actos reclamados al Juez Tercero Mercantil, Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial, todos del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida. Segundo. Por oficios 3911, INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/1388/2018 y sin número remitidos por la Juez Tercero Mercantil, Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial y Registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, en ausencia de la Directora de dicho Registro, todos del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, informaron sobre el cumplimiento dado a la citada ejecutoria de amparo. Mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con los referidos oficios y anexos adjuntos a dos de ellos para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a sus intereses conviniera; y C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestaciones respecto de las vistas que se les dieron en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la ejecutoria de que se trata, se concedió el amparo a favor de la parte quejosa Mario García Cárdenas, para el efecto de: ".El Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado deberá dejar insubsistente el embargo trabado por el Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Primer Departamento Judicial del Estado, sobre el tablaje catastral cuarenta y un mil trescientos ochenta y siete, del ejido Sierra Papacal, municipio de Mérida, Yucatán, y ordenar la cancelación de la inscripción y anotación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado. Deberá comunicar lo anterior a la autoridad registral, en el entendido que no debe limitarse al libramiento de un oficio, sino que quedará vinculado a vigilar su oportuna notificación al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, consultable en la foja novecientos noventa y tres, del Tomo XI, enero de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMBARGO, CANCELACIÓN DE. ÚNICAMENTE PUEDE ORDENARLA EL JUEZ QUE ORDENÓ SU INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). La interpretación armónica de los artículos 2177 y 2189 del Código Civil del Estado de Yucatán, en cuanto permiten, el primero, cancelar la inscripción de una anotación en el Registro Público de la Propiedad, previa la tramitación del procedimiento administrativo que corresponde, y el segundo, cancelar dichas inscripciones por consentimiento de las partes o bien, por mandato judicial, conducen a este tribunal a concluir que cuando los solicitantes de la cancelación de una inscripción son las propias partes que celebraron el acto jurídico de que se trate, bien puede el director del Registro Público de la Propiedad, previa la tramitación del procedimiento respectivo ordenar su cancelación, porque en ese caso no existe controversia alguna y sí una voluntad plenamente manifestada; empero, ello no sucede en el caso de que la inscripción de un embargo se efectúe por mandato de un Juez y quien solicite la cancelación sea un tercero ajeno a la relación contractual, porque es evidente que en ese supuesto debe respetarse y acatarse la orden del Juez por constituir un mandato judicial. De ahí que ante ese evento, la intervención del director del Registro Público de la Propiedad debe circunscribirse a la tramitación del procedimiento de cancelación, sin emitir ninguna decisión al respecto, ya que ésta se tomará, en su caso, por el Juez que ordenó la inscripción, una vez que sea informado del estado del procedimiento llevado al efecto." Hecho lo anterior, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado procederá a cancelar materialmente las anotaciones correspondientes. El Actuario adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, quedará vinculada al cumplimiento del juez responsable.". Del examen de los oficios 3911, INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/1388/2018 y sin número y de las documentales anexas a los mismos remitidos por la Juez Tercero Mercantil, Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial y Registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, en ausencia de la Directora de dicho Registro, todos del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, los cuales merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, la juez responsable dejó insubsistente el embargo trabado por el Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Primer Departamento Judicial del Estado, sobre el tablaje catastral cuarenta y un mil trescientos ochenta y siete, del ejido Sierra Papacal, municipio de Mérida, Yucatán y ordenó la cancelación de la inscripción y anotación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado y comunicó a la autoridad registral lo antes actuado. Por su parte, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado, canceló el embargo trabado sobre el citado bien y las anotaciones correspondientes. De lo anterior, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia en vigor, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento. Hágase saber a la parte quejosa que cuenta con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifieste ante este Juzgado Federal su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se tienen por recibidos los oficios INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/1388/2018 y SIN NÚMERO signados por la Registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en ausencia de la Directora de dicho Registro y por el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Estado, con los que informan el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada dictada por este Juzgado Federal en este asunto, los cuales se ordenan glosar al presente expediente y con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo en vigor, póngase los oficios de cuenta y sus anexos, así como el diverso oficio 3911 y anexos remitido por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, el cual se reservó acordar mediante proveído de tres de los cursantes, a la vista de las partes por el plazo de tres días para el uso de sus derechos y transcurrido dicho plazo, desahogada la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional resolverá lo que en derecho corresponda en términos del citado numeral 196, párrafo segundo. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio CJ/DC/OC/1171/2018 signado por el Consejero Jurídico, en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, con el que cumple con el requerimiento que este Juzgado Federal le formuló en proveído de veintisiete de noviembre acabado de transcurrir, informando que solicitó a la Directora del Registro Público de Yucatán, para que de forma inmediata cumpla con la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a este expediente únicamente para que obre como corresponda, toda vez que como se observa en este acuerdo dicha Directora ya dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
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