Mario Galván Escobedo
Expediente 327/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 34 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 327/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 18/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Mario Galván Escobedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo transcurrió del quince al diecisiete de enero de la presente anualidad. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos originales. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo; se analizará si la sentencia está cumplida. Mediante ejecutoria de uno de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 107 a 115), este juzgado concedió el amparo solicitado por el quejoso Mario Galván Escobedo, para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas: a) Dejara insubsistente el auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, emitido en el incidente de requerimiento de heredero derivado del juicio sucesorio intestamentario 446/2013, a bienes de J. Guadalupe de los Santos Rodríguez; b) Emitiera otro auto en el que, con libertad de jurisdicción, proveyera lo conducente respecto del escrito presentado por la parte incidentista el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, sobre la base de que no podían imponérsele obligaciones al quejoso en relación con el contrato de arrendamiento base de la demanda incidental, sin que se respetara su garantía de audiencia en términos del artículo 14 constitucional; c). En caso de que determinara que el quejoso debería continuar siendo parte formal en el incidente natural deberá proveerse sobre la subsistencia de las actuaciones posteriores en las que debía ejercer su derecho de defensa (foja 115). Lo anterior, en esencia, porque, el acto reclamado resulta violatorio del derecho fundamental citado, como se expuso, al vincularse al quejoso al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento involucrado, lo que generó efectos privativos en su esfera jurídica, relativos a un detrimento en su patrimonio y condicionarse la posesión que detenta del inmueble objeto de tal acto jurídico al cumplimiento de aquéllas. De tal suerte que se determinó, el acto reclamado no podía ser emitido de manera unilateral por la autoridad responsable, es decir, sin otorgar audiencia previa al quejoso respecto de la pretensión que incide en su esfera jurídica; lo que no aconteció en el caso, dado que, como se expuso, se desvinculó al amparista como parte formal en el incidente natural y únicamente se le requirió el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento en comento (pago y formalización). De lo anterior destaca que los efectos de la ejecutoria en comento se concretan en la obligación de emitir una nueva determinación en la que se tomara en cuenta la garantía de audiencia del quejoso Mario Galván Escobedo y, sobre esa base, en caso de que se determinara que continuaba siendo parte formal se proveyera sobre la subsistencia de las actuaciones posteriores en las que debía ejercer su derecho de defensa. En cumplimiento de la ejecutoria anterior, la autoridad responsable emitió el auto de seis de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual dejó sin efecto el auto reclamado de veinticuatro de febrero de la anualidad en comento (foja 191 y 192) y, en su lugar, dictó una nueva determinación, en la que tuvo a Mayra Cristina de los Santos Ortiz (actora incidental), evacuando la vista que se le dio con el escrito de contestación de la demanda incidental producida por el quejoso; y declaró subsistentes el auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis (por medio del cual se admitió el incidente de requerimiento de pago de rentas natural y se ordenó correr traslado al coheredero y al quejoso) y el de veintitrés de enero de dos mil diecisiete (por el que se tuvo contestada la vista otorgada al quejoso). En alcance de lo anterior, en auto de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, la responsable dejó sin efectos todas y cada una de las actuaciones practicadas con posterioridad al auto que constituye el acto reclamado de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete (foja 217). Por lo anterior, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete y tácitamente determinó que el quejoso debía continuar siendo parte formal en el incidente natural (pues en el acto reclamado se había determinado dejar insubsistente las actuaciones en las que se reconoció tal carácter al amparista; mientras que en la nueva determinación consideró eficaces esos proveídos), por lo que dejó sin efecto todas y cada una de las actuaciones practicadas con posterioridad al acto reclamado. Luego, por lo expuesto se desprende que se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA TERCERO INTERESADA Y PÁRTE QUEJOSA, EL AUTO DE 18 DE ENERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL Articulo 27, fracción I Y II, D ELA LEY DE AMPARO. RESPECTIVAMENTE DE LA LEY DE AMPARO. "El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo transcurrió del quince al diecisiete de enero de la presente anualidad. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos originales. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo; se analizará si la sentencia está cumplida. Mediante ejecutoria de uno de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 107 a 115), este juzgado concedió el amparo solicitado por el quejoso Mario Galván Escobedo, para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas: a) Dejara insubsistente el auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, emitido en el incidente de requerimiento de heredero derivado del juicio sucesorio intestamentario 446/2013, a bienes de J. Guadalupe de los Santos Rodríguez; b) Emitiera otro auto en el que, con libertad de jurisdicción, proveyera lo conducente respecto del escrito presentado por la parte incidentista el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, sobre la base de que no podían imponérsele obligaciones al quejoso en relación con el contrato de arrendamiento base de la demanda incidental, sin que se respetara su garantía de audiencia en términos del artículo 14 constitucional; c). En caso de que determinara que el quejoso debería continuar siendo parte formal en el incidente natural deberá proveerse sobre la subsistencia de las actuaciones posteriores en las que debía ejercer su derecho de defensa (foja 115). Lo anterior, en esencia, porque, el acto reclamado resulta violatorio del derecho fundamental citado, como se expuso, al vincularse al quejoso al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento involucrado, lo que generó efectos privativos en su esfera jurídica, relativos a un detrimento en su patrimonio y condicionarse la posesión que detenta del inmueble objeto de tal acto jurídico al cumplimiento de aquéllas. De tal suerte que se determinó, el acto reclamado no podía ser emitido de manera unilateral por la autoridad responsable, es decir, sin otorgar audiencia previa al quejoso respecto de la pretensión que incide en su esfera jurídica; lo que no aconteció en el caso, dado que, como se expuso, se desvinculó al amparista como parte formal en el incidente natural y únicamente se le requirió el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento en comento (pago y formalización). De lo anterior destaca que los efectos de la ejecutoria en comento se concretan en la obligación de emitir una nueva determinación en la que se tomara en cuenta la garantía de audiencia del quejoso Mario Galván Escobedo y, sobre esa base, en caso de que se determinara que continuaba siendo parte formal se proveyera sobre la subsistencia de las actuaciones posteriores en las que debía ejercer su derecho de defensa. En cumplimiento de la ejecutoria anterior, la autoridad responsable emitió el auto de seis de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual dejó sin efecto el auto reclamado de veinticuatro de febrero de la anualidad en comento (foja 191 y 192) y, en su lugar, dictó una nueva determinación, en la que tuvo a Mayra Cristina de los Santos Ortiz (actora incidental), evacuando la vista que se le dio con el escrito de contestación de la demanda incidental producida por el quejoso; y declaró subsistentes el auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis (por medio del cual se admitió el incidente de requerimiento de pago de rentas natural y se ordenó correr traslado al coheredero y al quejoso) y el de veintitrés de enero de dos mil diecisiete (por el que se tuvo contestada la vista otorgada al quejoso). En alcance de lo anterior, en auto de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, la responsable dejó sin efectos todas y cada una de las actuaciones practicadas con posterioridad al auto que constituye el acto reclamado de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete (foja 217). Por lo anterior, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete y tácitamente determinó que el quejoso debía continuar siendo parte formal en el incidente natural (pues en el acto reclamado se había determinado dejar insubsistente las actuaciones en las que se reconoció tal carácter al amparista; mientras que en la nueva determinación consideró eficaces esos proveídos), por lo que dejó sin efecto todas y cada una de las actuaciones practicadas con posterioridad al acto reclamado. Luego, por lo expuesto se desprende que se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*
- Principal
El diez de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta al juez con el oficio registrado bajo el número 326, con anexo.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, por medio del cual remite copia certificada de auto de veinte de diciembre de dos mil diecisiete emitido en cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes quejosa y a la tercero interesada para que, dentro del término de tres días, manifiesten lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*
- Principal
El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ya obra el acuse de recibo del oficio 26834/2017 dirigido a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, comunicación mediante la cual se le notificó el proveído de veintidós de septiembre del año en curso, por el que se requirió el cumplimiento de la ejecutora de amparo; en consecuencia, requiérase a la autoridad responsable citada, para que dentro de término de tres días, informe sobre el referido acatamiento, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el 258 de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización vigente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, al ser el tercer requerimiento en este sentido. Se le informa que a través del correo electrónico institucional 1jdo23cto@correo.cjf.gob.mx podrá remitir lo que se le exige. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*
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