Mario Ernesto Hernández Aguilar

Expediente 1942/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 38 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1942/2015
Año
2015
Actuaciones
38
Última actuación
19/09/2016

Partes del expediente

  • Mario Ernesto Hernández Aguilar
  • Juez de Primera Instancia Y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    En diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Teresa Rosado de Loza, CERTIFICO: que el término concedido a la parte quejosa en auto de treinta y uno de agosto del año en curso, transcurrió del ocho al doce del presente mes y año; sin que haya desahogado la vista ordenada; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y considerando que, conforme a la certificación de cuenta, la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto al cumplimiento de la sentencia informado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo Posteriormente, mediante proveído de doce de julio del presente año, causó ejecutoria la resolución de mérito, requiriendo a las autoridades responsables Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, así como al Comandante de la Policía Ministerial del Estado, ambos de Miguel Auza, Zacatecas y al Director General de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días acataran el fallo protector e informaran sobre su cumplimiento. Luego, mediante oficio recibido en este juzgado el catorce de julio del año en curso, el Director General de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, manifestó que los elementos a su cargo se abstendrían de ejecutar la orden de aprehensión, girada por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, en la causa penal 13/2015; posteriormente, en auto de quince del mismo mes y año, se reservó dar vista a la parte quejosa, hasta en tanto la totalidad de las autoridades dieran cumplimiento a la sentencia protectora. En acuerdo de uno de agosto del año en curso, se requirió nuevamente a las responsables Juez de Primera Instancia y de lo Familiar y Comandante de la Policía Ministerial del Estado, ambos de Miguel Auza, Zacatecas, para que acataran al fallo protector. En auto de dos de agosto de dos mil dieciséis se tuvo por recibido el oficio por el que el encargado del despacho de lo urgente del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Azua, Zacatecas, allegó copia certificada de la orden de aprehensión correspondiente al proceso penal 13/2015, dictada en sustitución de la emitida el veintidós de abril de dos mil quince; sin embargo, hasta el treinta de agosto del actual, se recibió en este Órgano Jurisdiccional el oficio mediante el cual la autoridad referida informó que había dejado insubsistente la citada. Atento a esto, mediante proveído de treinta y uno de agosto del presente año, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación con el cumplimiento informado por las responsables, sin que a la fecha en que se actúa haya hecho manifestación alguna al respecto. Por otra parte, en la sentencia dictada en el presente juicio se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para que se dejara insubsistente la orden de aprehensión librada el veintidós de abril de dos mil quince y, con plenitud de jurisdicción, se emitiera otra en la que se precisaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del ilícito en los apartados relativos al cuerpo del delito y, eventualmente, a la probable responsabilidad de Mario Ernesto Hernández Aguilar. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto a la vista ordenada en auto de treinta y uno de agosto del año en curso, este juzgado de distrito procede a calificar el cumplimiento del fallo protector conforme a las constancias que obran en autos. Así, se tiene que las autoridades ejecutoras acataron el fallo protector puesto que mediante el oficio que obra a foja 173 de autos el Director General de la Policía Ministerial informó que las autoridades a su cargo se abstendrían de ejecutar la orden de aprehensión referida; asimismo, a foja 230 de autos obra el oficio que el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Azua, Zacatecas, dirigió al Procurador General de Justicia del Estado para solicitarle que dejara sin efecto la orden de aprehensión referida, comunicado que se envió con copia para el Comandante de la Policía Ministerial con destacamento en el Distrito Judicial de Miguel Azua, Zacatecas. Finalmente, por lo que ve a la resolución de veintidós de abril de dos mil quince, ésta fue sustituida por la dictada el veinticinco de julio del año en curso, en la cual la responsable, Juez de Primera Instancia y de lo Civil de Miguel Azua, Zacatecas, en el considerando tercero precisó los elementos del delito, y en el cuarto se pronunció sobre la probable responsabilidad del imputado y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron los hechos. Por tanto, este juzgado de Distrito considera que la sentencia dictada en el presente sumario ha sido CUMPLIDA sin exceso o defecto. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto, como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el estado de autos y considerando que, conforme a la certificación de cuenta, la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto al cumplimiento de la sentencia informado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo Posteriormente, mediante proveído de doce de julio del presente año, causó ejecutoria la resolución de mérito, requiriendo a las autoridades responsables Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, así como al Comandante de la Policía Ministerial del Estado, ambos de Miguel Auza, Zacatecas y al Director General de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días acataran el fallo protector e informaran sobre su cumplimiento. Luego, mediante oficio recibido en este juzgado el catorce de julio del año en curso, el Director General de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, manifestó que los elementos a su cargo se abstendrían de ejecutar la orden de aprehensión, girada por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, en la causa penal 13/2015; posteriormente, en auto de quince del mismo mes y año, se reservó dar vista a la parte quejosa, hasta en tanto la totalidad de las autoridades dieran cumplimiento a la sentencia protectora. En acuerdo de uno de agosto del año en curso, se requirió nuevamente a las responsables Juez de Primera Instancia y de lo Familiar y Comandante de la Policía Ministerial del Estado, ambos de Miguel Auza, Zacatecas, para que acataran al fallo protector. En auto de dos de agosto de dos mil dieciséis se tuvo por recibido el oficio por el que el encargado del despacho de lo urgente del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Azua, Zacatecas, allegó copia certificada de la orden de aprehensión correspondiente al proceso penal 13/2015, dictada en sustitución de la emitida el veintidós de abril de dos mil quince; sin embargo, hasta el treinta de agosto del actual, se recibió en este Órgano Jurisdiccional el oficio mediante el cual la autoridad referida informó que había dejado insubsistente la citada. Atento a esto, mediante proveído de treinta y uno de agosto del presente año, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación con el cumplimiento informado por las responsables, sin que a la fecha en que se actúa haya hecho manifestación alguna al respecto. Por otra parte, en la sentencia dictada en el presente juicio se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para que se dejara insubsistente la orden de aprehensión librada el veintidós de abril de dos mil quince y, con plenitud de jurisdicción, se emitiera otra en la que se precisaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del ilícito en los apartados relativos al cuerpo del delito y, eventualmente, a la probable responsabilidad de Mario Ernesto Hernández Aguilar. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto a la vista ordenada en auto de treinta y uno de agosto del año en curso, este juzgado de distrito procede a calificar el cumplimiento del fallo protector conforme a las constancias que obran en autos. Así, se tiene que las autoridades ejecutoras acataron el fallo protector puesto que mediante el oficio que obra a foja 173 de autos el Director General de la Policía Ministerial informó que las autoridades a su cargo se abstendrían de ejecutar la orden de aprehensión referida; asimismo, a foja 230 de autos obra el oficio que el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Azua, Zacatecas, dirigió al Procurador General de Justicia del Estado para solicitarle que dejara sin efecto la orden de aprehensión referida, comunicado que se envió con copia para el Comandante de la Policía Ministerial con destacamento en el Distrito Judicial de Miguel Azua, Zacatecas. Finalmente, por lo que ve a la resolución de veintidós de abril de dos mil quince, ésta fue sustituida por la dictada el veinticinco de julio del año en curso, en la cual la responsable, Juez de Primera Instancia y de lo Civil de Miguel Azua, Zacatecas, en el considerando tercero precisó los elementos del delito, y en el cuarto se pronunció sobre la probable responsabilidad del imputado y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron los hechos. Por tanto, este juzgado de Distrito considera que la sentencia dictada en el presente sumario ha sido CUMPLIDA sin exceso o defecto. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto, como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes."

  3. Principal

    En treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Luz Adriana Puga Magaña, doy cuenta a la secretaria encargada del despacho con el oficio y anexos registrado con el número 15115.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Auza, Zacatecas, por el que en cumplimiento de la sentencia dictada dentro del presente sumario adjunta copia del auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, donde se dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintidós de abril de dos mil quince; con lo anterior, DESE VISTA a las partes, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento que en su caso haya otorgado la autoridad responsable al fallo constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria que autoriza. Doy fe. Cecy*

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE 31 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Auza, Zacatecas, por el que en cumplimiento de la sentencia dictada dentro del presente sumario adjunta copia del auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, donde se dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintidós de abril de dos mil quince; con lo anterior, DESE VISTA a las partes, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento que en su caso haya otorgado la autoridad responsable al fallo constitucional."

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