Mario Franco Erenas
Expediente 139/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 139/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/04/2022
Partes del expediente
- Mario Franco Erenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo veintiuno, inciso b), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos de los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva, solicitadas por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo décimo octavo del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, e desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación, el presente proveído y demás que se consideren necesarios. Asimismo, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
a las nueve horas del seis de abril de dos mil veintidós, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictados en los autos del juicio de amparo 139/2022 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable Juez Décimo Primero de Primera Instancia Civil Especializada en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, remite las constancias requeridas en auto de veintidós de marzo del año en curso. En consecuencia, téngase a la responsable dando cumplimiento al requerimiento formulado y se ordena agregar a los autos como prueba documental las constancias que anexa, lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Décimo Primero de Primera Instancia Civil Especializada en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, tomando en consideración que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que Mario Franco Erenas, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos de la Juez Décimo Primero de Primera Instancia Civil Especializada en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, consistente en la "[.] La falta de emplazamiento dentro del expediente 186/2020 del índice del Juzgado Decimoprimero Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y en vía de consecuencia, todo lo actuado dentro de dicho expediente"; pues como ya se precisó, del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en veintiocho de marzo de dos mil veintidós, declaró firme el proveído que decretó la caducidad de la instancia en el juicio natural; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de febrero de dos mil veintidós). No pasa inadvertido que de la constancia que remitió la autoridad oficiante consistente en la foja número 6, se advierte que en la cuenta dada por la Secretaria de acuerdos de su adscripción en proveído de veintiocho de marzo del año en curso dentro del expediente 186/2020-2, por error se asentó que "las partes no interpusieron recurso legal alguno en contra del auto dictado el día veintiséis de enero de dos mil veintidós dentro del término concedido para el efecto" por lo que se declaró que el mismo ha quedado firme; sin embargo, cierto es también que en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós se requirió a la autoridad responsable para que una vez que quedara firme el auto de siete de marzo de dos mil veintidós, remitiera las constancias en copia certificada que así lo acreditaran, circunstancia que en el oficio de cuenta la Juez responsable hizo del conocimiento al referir: "se anexa al presente, copia certificada del auto de siete de marzo de dos mil veintidós que decreta la caducidad, el razonamiento actuarial y constancia del actuario de la adscripción, así como el auto de fecha veintiocho de marzo del año dos mil veintidós que declara firme el proveído a la caducidad de la instancia [.]" De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la autoridad responsable, no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en el que declaró firme el proveído que decretó la caducidad de la instancia en el juicio natural del que emanan los actos reclamados, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena correr traslado al quejoso con copia de los anexos remitidos por la autoridad oficiante, con los que se dio cuenta en el presente asunto. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Notifíquese personalmente a las partes (córrase traslado a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta).
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable Juez Décimo Primero de Primera Instancia Civil Especializada en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, remite las constancias requeridas en auto de veintidós de marzo del año en curso. En consecuencia, téngase a la responsable dando cumplimiento al requerimiento formulado y se ordena agregar a los autos como prueba documental las constancias que anexa, lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Décimo Primero de Primera Instancia Civil Especializada en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, tomando en consideración que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que Mario Franco Erenas, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos de la Juez Décimo Primero de Primera Instancia Civil Especializada en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, consistente en la "[.] La falta de emplazamiento dentro del expediente 186/2020 del índice del Juzgado Decimoprimero Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y en vía de consecuencia, todo lo actuado dentro de dicho expediente"; pues como ya se precisó, del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en veintiocho de marzo de dos mil veintidós, declaró firme el proveído que decretó la caducidad de la instancia en el juicio natural; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de febrero de dos mil veintidós). No pasa inadvertido que de la constancia que remitió la autoridad oficiante consistente en la foja número 6, se advierte que en la cuenta dada por la Secretaria de acuerdos de su adscripción en proveído de veintiocho de marzo del año en curso dentro del expediente 186/2020-2, por error se asentó que "las partes no interpusieron recurso legal alguno en contra del auto dictado el día veintiséis de enero de dos mil veintidós dentro del término concedido para el efecto" por lo que se declaró que el mismo ha quedado firme; sin embargo, cierto es también que en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós se requirió a la autoridad responsable para que una vez que quedara firme el auto de siete de marzo de dos mil veintidós, remitiera las constancias en copia certificada que así lo acreditaran, circunstancia que en el oficio de cuenta la Juez responsable hizo del conocimiento al referir: "se anexa al presente, copia certificada del auto de siete de marzo de dos mil veintidós que decreta la caducidad, el razonamiento actuarial y constancia del actuario de la adscripción, así como el auto de fecha veintiocho de marzo del año dos mil veintidós que declara firme el proveído a la caducidad de la instancia [.]" De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la autoridad responsable, no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en el que declaró firme el proveído que decretó la caducidad de la instancia en el juicio natural del que emanan los actos reclamados, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena correr traslado al quejoso con copia de los anexos remitidos por la autoridad oficiante, con los que se dio cuenta en el presente asunto. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Notifíquese personalmente a las partes (córrase traslado a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta).
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar los oficios de cuenta, mediante los cuales las autoridades responsables Juez Decimo Primero de lo Civil Especializado en Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California y Actuario de su adscripción, rinden sus informes justificados; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido. Admisión de pruebas. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las documentales que anexa la responsable, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Ahora bien, de la certificación secretarial que antecede, se advierte que del informe justificado rendido por la citada autoridad responsable, se obtiene que dentro del expediente 186/2020 de su índice, promovido por José Julio Villaseñor González en contra de Mario Franco Erenas, como obligado principal y María del Carmen Corona López, como obligada solidaria, por auto de siete de marzo de dos mil veintidós, decretó la caducidad de la instancia, sin que a la fecha dicho acuerdo haya quedado firme. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable, para que, una vez que quede firme el auto de siete de marzo de dos mil veintidós, dentro del término de tres días hábiles, remita las constancias en copia certificada que así lo acrediten; lo anterior para los efectos legales conducentes. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se impondrá a la omisa una multa por la cantidad equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, de conformidad con lo establecido por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo; medida que se estima prudente fijar a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Se autoriza a la autoridad responsable para que remita su informe vía correo electrónico institucional a la dirección 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx; el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Notifíquese.
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