Mario Eugenio Aquino Lopez

Expediente 395/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
395/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Mario Eugenio Aquino Lopez
  • MARIO EUGENIO AQUINO LOPEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el auto de once de abril de dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el arti´culo 2° de la ley invocada, en relacio´n con el 355 y 356 fraccio´n II del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacio´n supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto de once de abril de dos mil veintitrés, ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de depuración, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, once de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento al fallo protector, sin que hayan hecho uso de ese derecho; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si efectivamente la autoridad responsable cumplió con la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que el treinta de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ********************, contra los actos de la autoridad Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para los efectos siguientes: "Sexto. Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con el artículo 74, fracción V, y 77 fracción I, y párrafo tercero de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa para los efectos siguientes: 1. No se aplique a la quejosa, en forma presente ni futura, el contenido de los artículos 133, 134, 135, 136, 136-1, 136-2, 136-3, 136- 4, 136-5, 136-6 y 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, publicada el treinta de abril de dos mil veinte, relativos al impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera. 2. Se devuelvan a la parte quejosa las cantidades que, en su caso, hubiese erogado, con motivo de la recaudación del impuesto ambiental y por la emisión de gases a la atmósfera, así la de sus conceptos secundarios (como multas, recargos, actualizaciones), con la correspondiente actualización y, en el supuesto de que aún no le sean cobradas aquellas, se abstengan las autoridades responsables o quien intervenga en ello, de llevar a cabo dicho cobro. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 221/2007 (9ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 204, con registro digital 170708, del rubro y texto siguientes: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la tesis 2a. XXV/2008, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página setecientos veinticinco, tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 170269, de contenido y rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS. El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. En ese supuesto, la actualización deberá llevarse a cabo conforme al Código Fiscal de la Federación." El cumplimiento del presente fallo no exime a diversas autoridades que estén vinculadas por razón de sus funciones y competencia a dar cumplimiento a esta sentencia, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción V, en relación con el precepto 77, fracción I y 78 de la Ley de Amparo. Finalmente, es necesario establecer que el cumplimiento de la presente resolución no implica anular las normas inconstitucionales, por lo cual la Legislatura y el Gobernador, ambos de esta Entidad Federativa, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las disposiciones declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, como se ha determinado en este considerando, en los términos expuestos con antelación." En veintiuno de julio y tres de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo al delegado de la autoridad responsable Gobernador de Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y a la delegada de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, respectivamente interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el cual por razón de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, y mediante sesión ordinaria de veinte de enero de dos mil veintitrés, dentro del amparo en revisión administrativa ********************, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. SE DESECHA el recurso de revisión interpuesto por la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California. SEGUNDO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. TERCERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. CUARTO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la parte quejosa. QUINTO. Este asunto no tiene RELEVANCIA DOCUMENTAL, en términos del último considerando." En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional: El veinte de febrero de dos mil veintitrés, la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California, adjuntó el oficio ******************** de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dirigido al Director de Recaudación del Sistema de Administración Tributaria de Baja California, en el que le requirió girar instrucciones a quien correspondiera para efecto de que realizaran y remitieran las constancias de lo siguiente: Si la moral quejosa ********************, realizó el cumplimiento de la obligación por concepto Impuesto Ambiental por la Emisión de Gases a la Atmosfera. Remitiera a la brevedad, la información documental soporte relativa al pago de la obligación del referido impuesto Ambiental por la Emisión de Gases a la Atmosfera, de las que se dedujeran dichas operaciones. Indicara el monto de los importes totales efectivamente enterados, que con motivo del cumplimiento de pago del referido Impuesto Ambiental por la Emisión de Gases a la Atmosfera. Realizara la baja de esa obligación a cargo de la moral quejosa, en los Sistemas del Padrón de Contribuyentes, o cualquier sistema en el que se estableciera la misma, y una vez hecho lo anterior, remitiera las constancias documentales de las que se dedujera tal anotación. Luego, previa prórroga solicitada por la autoridad responsable, mediante oficio recibido el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado, actuando en representación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, informando que dentro del ámbito de su competencia, realizó las gestiones administrativas correspondientes, desincorporando de la esfera jurídica a la parte quejosa de la obligación contenida en la Ley de ingresos Estatal. Asimismo, adjuntó el oficio ******************** de nueve de marzo de dos mil veintitrés, y anexo signado por el Recaudador de Rentas del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en el que informó lo siguiente: "[.] Se informa que las morales quejosa NO cuentan con la obligación objeto del amparo, se adjuntan la documentación soporte relativas. Dado a lo anterior, NO existe documental que soporte los pagos que hay efectuado la quejosa a cargo del Impuesto Ambiental Sobre Venta de Gasolina y demás derivados del Petróleo por Afectación del Medio Ambiente. En relación a la información relativa al monto total enterado por la moral quejosa por concepto de Impuesto Ambiental Sobre Venta de Gasolina y demás derivados del Petróleo por Afectación del Medio Ambiente, me permito informarle que no realizó pago alguno. Se informa, que se realizaron las gestiones correspondientes para evitar el adherirlas a la obligación objeto de amparo a la moral quejosa, se anexa la evidencia documental." (sic) Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 19, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Por tanto, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable desincorporó de la esfera jurídica a la parte quejosa, la obligación contenida en la Ley de Ingresos Estatal. No obstante lo anterior, del oficio ******************** de nueve de marzo de dos mil veintitrés, signado por el Recaudador de Rentas del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, se obtiene que informó que la moral quejosa no cuenta con la obligación objeto del amparo y no existe documental que soporte los pagos que hay realizado a cargo del Impuesto Ambiental Sobre Venta de Gasolina y demás derivados del Petróleo por Afectación del Medio Ambiente, y para sustentar lo anterior, adjuntó desglose de las operaciones, sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna al respecto. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la constancia actuarial de cuenta, se advierte que el quejoso ********************, ratificó la demanda promovida en su favor por ********************; autoriza al promovente en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y autoriza el acceso y las notificaciones vía electrónica. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite en los términos planteados la demanda que promueve ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Incidente de suspensión. Sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión, en virtud de que en acuerdo de cinco de abril de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las diez horas con treinta minutos del once de mayo de dos mil veintitrés. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y de ser el caso, remita fotocopia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos que se le reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos aun y cuando su denominación no sea la actual, pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en este juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por la importancia deba notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, la que podrá ser consultada directamente por dicha autoridad, sus delegados o autorizados. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo anterior al precedente. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto reclamado, no ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Autorizado. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que sí cuenta con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve en representación de contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 395/2023-F. Se provee en los siguientes términos: I.- SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA INMINENTE DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO O 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Por cuanto hace a los actos reclamados por la parte promovente de amparo consistentes en cualquier otro acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que dice ser objeto el directo quejoso , con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato tales actos, en caso de que se estén ejecutando o, en su caso, no se lleven a cabo, si es que se ordenaron. Ahora, con relación a los actos consistentes en la retención del directo agraviado con fines de deportación, así como su ejecución; y, considerando que hasta el momento no se tiene certeza de cuál es su situación migratoria, a fin de velar por una protección más amplia para los impetrantes, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 1, 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a la suspensión de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: Se insiste, que al desconocerse en este momento la situación migratoria de la persona agraviada, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. No se ejecute ningún acto que traiga como consecuencia la deportación del directo agraviado y quede a disposición de este Juzgado de Distrito, sólo en lo que atañe a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para los efectos de la determinación de su situación migratoria, en el sitio en que estime la misma de acuerdo a sus facultades administrativas, y bajo su más estricta responsabilidad deberán observar en todo momento las obligaciones que le impone la Ley de Migración y evitar tratos discriminatorios o violación de derechos, para lo cual están obligadas a respetar la dignidad inherente al ser humano. En el entendido que los efectos de esta suspensión de plano no impiden a las autoridades responsables resolver lo conducente respecto de su situación migratoria. Es decir, la suspensión de plano concedida, únicamente es para el efecto de que no se ejecuten los actos de deportación del quejoso. 4. De igual manera, en caso de que el referido agraviado se encuentre en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, no deberá ser trasladados a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo. Empero, si al resolver la situación migratoria de aquel (sobre lo cual no se concede la medida suspensiva) las autoridades responsables, determinan que no procede la deportación, sino una figura diversa que califique el estatus en que se ubica el extranjero quejoso; e inclusive, a consecuencia de ello, resulte procedente ordenar su libertad, podrán realizarlo, al no abarcar la suspensión concedida tal aspecto, siempre y cuando derive de un proceso migratorio. 5. Así las cosas, si la detención del directo agraviado no tiene relación con la comisión de un delito ni con un procedimiento migratorio deberá ser puesto en libertad de inmediato, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. II. SUSPENSIÓN DE PLANO EN CASO DE QUE LA PARTE QUEJOSA ESTÁ SUJETA A UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO. Se deberá dejar al quejoso en inmediata libertad, pero sólo en el caso de que ya hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, sin que existiera constancia de que se haya emitido el acuerdo de presentación al momento de la interposición de la demanda, así como las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 del referido ordenamiento, como término máximo para ello; lo cual, es acorde con el artículo 21, párrafo cuarto, Constitucional. Tal criterio derivó de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, dentro del recurso de queja administrativa de su índice interpuesto dentro del juicio de amparo del índice de este órgano jurisdiccional y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, indicándole a las autoridades responsables que la seguridad y custodia del directo agraviado queda bajo su más estricta responsabilidad, debiendo además tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Por otra parte, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad del directo quejoso dentro de un procedimiento migratorio, debe destacarse que de una lectura integral al escrito de demanda, se observa que la parte promovente indicó que el quejoso fue privado de su libertad en el aeropuerto internacional de esta ciudad, por las autoridades que señala como responsables. Por tanto, tomando en consideración que del ocurso de demanda -de manera indiciaria- se aprecia que los directos agraviados, hasta esta data en que se resuelve sobre la suspensión de plano solicitada, se encuentran sujetos a un procedimiento administrativo ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, o uno diverso, tomando en cuenta que el juzgador puede adoptar medidas cautelares en los términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el dispositivo 1 y la Ley de Migración; por tanto, con fundamento en los artículos 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión a del acto consistente en la retención dentro de un procedimiento administrativo, para el efecto de que cese el alojamiento de que son sujetos en la Estación Migratoria de la Ciudad de Tijuana y sea puesto en libertad, en el entendido que las medidas establecidas para tal efecto en el artículo 102 de la Ley de Migración, quedan bajo su más estricta responsabilidad. Garantía. De igual manera, se conmina a las autoridades responsables migratorias para efecto de que la garantía que en su caso se fije al directo quejoso, no exceda de 00/100 moneda nacional), ello a fin de que pueda ser asequible para el promovente del amparo y no convertir el alojamiento en la regla general en demerito de la libertad del quejoso. Lo anterior sin perjuicio de que, por un lado, el impetrante pueda acreditar su insolvencia económica ante la autoridad, en cuyo caso ésta deberá resolver sobre la reducción de la garantía o bien eximirlos de presentarla; o bien, si la autoridad recaba información que revele una capacidad económica mayor del quejoso y advierte otras circunstancias que hagan objetivo el aumento del riesgo de evasión, pueda, fundando y motivando, incrementar esa suma: lo cual deberá hacer saber de inmediato a este tribunal. En caso de que tras la liberación del quejoso -por haber cumplido los requisitos señalados-, ellos o su garante moral incumplan o se sepa que incumplen alguno de tales requisitos, la presente medida cautelar quedará sin efectos, ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano jurisdiccional a revocar la libertad otorgada por la medida suspensional cuando incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas para su otorgamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.20o.A.20 A (10a.), visible en la página 3550, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tom IV, emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 2016410 que señala: 7.1 Luego, en el supuesto de que el directo quejoso se encuentre en el supuesto contemplado por el artículo 102 de la Ley de Migración, se solicita a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento al quejoso, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse al respecto, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que el quejoso al momento de su detención, se encontraba en territorio nacional. La suspensión se concede en el entendido de que el directo agraviado quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. 7.2 En el entendido de que si el quejoso cumple con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el País establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración o si en su caso en su calidad de refugiadas cuentan con algún documento que le permita provisionalmente su legal estancia en el país, una vez que la autoridad migratoria se cerciore que efectivamente el directo quejoso cumple con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, deberá ser puesto en libertad. Por tanto, hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: - Qué calidad migratoria tiene - Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentre sujeto y su fundamento legal. - Desde cuándo y cuánto tiempo lleva retenido el directo agraviado; - Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó al directo quejoso los derechos con los que cuenta desde su ingreso a la estación migratoria. Asimismo, hágasele saber a las responsables, que dentro del horario que al respecto se encuentre establecido en la normativa aplicable del procedimiento -que en su caso- se encuentre instaurado en contra del aquí quejoso, deberán permitir a quien comparezca en su carácter de autorizado de éstas, la comunicación que sea necesaria para su defensa. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado que se analiza es diverso o deriva de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la parte quejosa en la demanda de amparo, como podría ser la comisión de un delito o, proviene de autoridades diversas a las señaladas como responsables. De igual materia la medida cautelar aquí decretada no surtirá efectos si con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto en un diverso juicio de amparo existe pronunciamiento de dichos actos reclamados. Asimismo, hágasele saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando el aquí quejoso, no se encuentre sujetas a un procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informen la imposibilidad jurídica que tengan para ello, apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita atentamente se sirvan rendir su informe preferentemente a través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de presentar el comunicado respectivo a través de la vía electrónica, deberán estampar la firma electrónica a fin de que pueda tenerse por legalmente rendido, y en el caso de encontrarse imposibilitadas para firmar electrónicamente, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentran imposibilitados para firmar electrónicamente, lo que no excluye a las potestades responsables de las sanciones legales correspondientes, de ser omisas con lo anterior, en términos de la fracción III del numeral 52 bis del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al directo agraviado para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización del agraviado en la Estación Migratoria de esta ciudad. De igual manera, el actuario de la adscripción deberá hacerle saber al agraviado lo siguiente: 1. Requerirlo para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto, la notificación del presente proveído, manifieste si autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a dado que sí cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. 2. Hacerle del conocimiento del agraviado que, para el caso de no nombrar como autorizado al profesionista antes mencionado, tiene el derecho de designar en esos términos a diverso profesionista; 3. Y para el caso de que no se encuentre en posibilidad de realizar tal designación, hágasele saber que puede solicitar, se le designe a un Asesor Jurídico, dependiente del Instituto de Defensoría Pública Federal. Lo cual podrá hacer del conocimiento del Actuario de la adscripción, al momento de la notificación o por escrito en cualquier etapa del procedimiento. 4. De igual forma, para que en el acto de la notificación o bien dentro del término de tres días legalmente computados señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir todo tipo de notificaciones, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. De igual manera, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que en el caso de que se apliquen o continúe aplicándose en perjuicio de algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentra dicho agraviado. Asimismo, se encomienda al Actuario respectivo que en el caso que con motivo de la carga laboral de la autoridad responsable no pueda dar cumplimiento a lo anterior en su primera búsqueda por virtud de que el directo quejoso haya obtenido libertad, entonces se coordine con dicho personal, a efecto de que a la brevedad, el área jurídica le proporcione la información correspondiente al ingreso y salida que en su caso tengan en su base de datos respecto al buscado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Ahora bien, en relación al acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas del presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 35, 36, 37, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso y se ordena la notificación de lo que se resuelva en el presente juicio vía electrónica al usuario en el entendido de que la parte promovente queda obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío electrónico que de notificaciones haga este Órgano Jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrán por hechas las notificaciones que por dicha vía se hayan emitido, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II, del artículo 30 ya citado. En el entendido de que, las notificaciones se realizarán únicamente por dicha vía, sin perjuicio de que la parte quejosa opte expresamente por una diversa, en cuyo caso deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado para efecto de acordar lo conducente. Por lo que, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario el cual se encuentra registrado en el citado portal, únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. De igual forma se tiene al promovente del amparo proporcionando número de teléfono y correo electrónico para establecer comunicación no procesal con este órgano jurisdiccional. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. En cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Finalmente, hágase del conocimiento del promovente que de acreditarse que con anterioridad ya se otorgó la suspensión en otro juicio de amparo promovido contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se hará efectivo el apercibimiento a que alude el precepto 256 de la Ley de Amparo y en caso de acreditarse alguna declaración emitida en falsedad conforme a los hechos narrados en la demanda o que se desprenda algún diverso hecho constitutivo de delito, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos que a su representación corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/20172 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Notifíquese personalmente al directamente agraviado y vía electrónica al promovente.

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