Mario Flores Treviño y Otros.

Expediente 827/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
827/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
03/02/2021

Partes del expediente

  • Mario Flores Treviño y Otros.
  • MARIO FLORES TREVIÑ{O y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    El día de hoy queda debidamente notificada la parte quejosa por medio de lista de acuerdos del auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal.

  3. Principal

    Notificación personal

  4. Principal

    El día de hoy queda notificada la parte promovente *** y a su autorizada, por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio de amparo 827/2020, que dice: 1. Recepción. Agréguese a los autos el escrito de demanda remitida vía electrónica por Mario Flores Treviño, Cecilia Gabriela González González, Sonia Ivonne Hernández Enríquez, Lucero Álvarez Barragán, Ambrocio Martínez Córdova, Andrés Martínez Rivas, Silvia Lucero Hernández Enríquez, Miguel Gerardo Torres Ramírez, Guillermo Eleazar Solís Martínez, Anita Reyes González, Martha González Ibarra, Claudia Elena Castañeda Hernández, Rosa Leticia Calderón Palacios, Laura Yaneth Lozano Terán, Buenaventura Palacios Moreno y Josefina González Torres, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil en Turno del Distrito Judicial de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades. 1.1 Representante Común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Josefina González Torres, por así haberlo solicitado. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 827/2020, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.1 De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4.2 1 El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 2 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, de rubro y texto siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades y actos siguientes: Autoridades Responsables. Juez de Primera Instancia en Materia Civil en Turno del Distrito Judicial de Acuña, Director de Seguridad Pública Municipal, Jefe de Investigación adscrito a la Delegación Norte II, de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza y Coordinador de la Delegación Norte II, de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, todas con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Actos Reclamados. i) Los actos de ejecución derivados de las sentencias definitivas dictadas el dieciséis y veintinueve de octubre de dos mil veinte, en los juicios ordinarios civiles reivindicatorios de origen, en los cuales ostentan el carácter de demandados; ii) La omisión del Juez responsable de notificar en forma personal las citadas sentencias en los domicilios personales de cada uno de los quejosos. Se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII3 y XXIII,4 ésta última en relación con el diverso 107, fracciones IV y V,5 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. 3.1 Causal de improcedencia invocada en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, todos de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. 3 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. 4 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 5 Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ley de Amparo. Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente. Bajo ésa óptica jurídica, así como de los antecedentes descritos en la demanda de amparo, permiten establecer que el acto reclamado que ha quedado precisado, se emitió en etapa de ejecución del juicio; en ese orden de ideas, resulta claro que las diligencias encaminadas para ejecutar las sentencias emitidas dentro de los expedientes de origen, tales como el desalojo de los inmuebles que refieren, no constituyen la última resolución en ejecución de las sentencias dictadas el dieciséis y veintinueve de octubre de dos mil veinte, en los juicios civiles reivindicatorios números 80/2020, 92/2020, 94/2020, 84/2020, 82/2020, 76/2020, 83/2020, 85/2020, 89/2020, 77/2020 y 90/2020, respectivamente. En efecto, acorde con el artículo 107, fracción IV, de la citada ley reglamentaria, el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida por última resolución: i. Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii. Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; iii. Las que ordenen el archivo definitivo del expediente. En la misma demanda se podrán reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. El espíritu de dicho ordenamiento es evitar el entorpecimiento continuo de la ejecución de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos y laborales, a efecto de que no se realicen abusos del juicio de amparo, puesto que el acatamiento de las sentencias es una cuestión de orden público ya que la sociedad se encuentra interesada en su ejecución; y porque la admisión del juicio de amparo permitirá que la ejecución de una sentencia, donde las partes ya fueron oídas y vencidas, que constituye la verdad legal y es cosa juzgada, se verá obstaculizada de manera indeterminable, lo cual necesariamente implica un fraude a la ley. En congruencia con lo anterior, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Por tanto, las diligencias relativas a dar cumplimiento a las sentencias definitivas en los juicios ordinarios civiles reivindicatorios, emitidas en los expedientes antes mencionados, no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, sino que, tal determinación se trata de una decisión del Juez responsable emitida en etapa de cumplimiento a la sentencia pronunciada, que en modo alguno constituye la última resolución en la ejecución de la misma. Apoya lo antes considerado, la Jurisprudencia 32/20016. 3.2 Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. De la porción normativa invocada, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando simultáneamente concurran los siguientes supuestos: i. Que el acto reclamado sea alguna resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativa o del trabajo. ii. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; iii. Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y iiii. Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Al respecto, los artículos 226 y 227 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza7, establecen que las notificaciones serán nulas, cuando no se verifiquen en la forma prevista por el ordenamiento en cita, y podrá ser invocada por la persona a quien le perjudique la notificación. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia en comento, en virtud de que en contra de la notificación impugnada procede como medio de impugnación, el incidente de nulidad de notificaciones contemplado en numeral precisado en el párrafo que antecede, el cual no 6 Sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, que dice: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. 7 ARTÍCULO 226. Nulidad de las notificaciones. Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I. La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o a la que deje de recibir la notificación. II. La notificación surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento. III. La nulidad de la notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando se hubiere manifestado sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pues de lo contrario queda revalidada aquélla de pleno derecho. IV. El juzgador puede, en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por aquellas. ARTÍCULO 227. Trámite de la nulidad. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá conceder término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente solo tendrá efectos suspensivos cuando se trate de emplazamiento; sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de dictar sentencia, sin haberse pronunciado resolución que decida el incidente, se suspenderá el procedimiento hasta que éste sea resuelto. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará, además las actuaciones que deban considerarse nulas, por estimar que las ignoró el que promovió el incidente, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de la que se anuló. El juzgador puede sancionar con multa a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad. agotó la parte quejosa con anterioridad a la presentación del juicio de amparo. Sobre el tema, es aplicable la jurisprudencia 1ª. /J.77/2006, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación8. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis VII.2o.C.23 K9. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia antes invocadas. 4. Domicilio y autorizada para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Monterrey número exterior 2017, Colonia Buena Vista Norte, en esta ciudad. Se tiene a Elvia Karina Jasso Guzmán, únicamente como autorizada en términos del párrafo segundo, parte final, del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite de manera fehaciente que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, 8 Visible en la página 111, tomo XXV, Enero 2007, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, con registro 173621, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad. 9 Sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, página 1947, de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia. excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica, a la solicitante con el nombre de usuario "lickarinjasso2"; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 7.1 Instrucción a Secretaría de trámite. Se instruye a la Secretaría encargada de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.

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