Mario Eduardo Alexis Lumbreras Hernández
Expediente 863/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 12/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Mario Eduardo Alexis Lumbreras Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de quince de diciembre de dos mil quince (fojas 86 a 90), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición el recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del proveído de referencia. (. . .) En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte quejosa y su autorizado por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de quince de diciembre de dos mil quince, dictado dentro del juicio de amparo 863/2015, por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: Delegada de la Procuraduría General de Justicia, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza; Agente del Ministerio Público en la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, Mesa Dos. Sin necesidad de hacer especial pronunciamiento al respecto, toda vez que en quince de diciembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio.
- Principal
Agréguese a los autos del presente juico de amparo para que obre como corresponda, el oficio número 2923/2015, signado por la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y anexo que acompaña; mediante el cual remite copia certificada del auto que resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Mario Eduardo Alexis Lumbreras Hernández, dentro del proceso penal número 221/2015, que se instruyó en su contra por el delito de abigeato, y del proveído que decretó la extinción de la acción penal por perdón del ofendido. Pues bien, del oficio 2923/2015, y anexo de cuenta, se desprende que la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, el dos de diciembre del presente año, decretó la extinción de la acción penal a través de medios alternos de justicia restaurativa (perdón), en consecuencia el sobreseimiento de la causa penal instruida en contra de Mario Eduardo Alexis Lumbreras Hernández. Constancia a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por estar emitida por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, aunado a que se trata de documental que obra en los autos de un expediente que se tramita por y ante una autoridad jurisdiccional. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Ante la información proporcionada por la citada Jueza, resulta conveniente destacar que en el presente asunto, los actos reclamados señalados por el quejoso, es: la ilegal orden de detención y posterior privación ilegal de la libertad. Por otra parte, de lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, conduce al sobreseimiento en el juicio de amparo fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que el treinta de noviembre del año en curso (foja 27), la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, informó que el veinticuatro de noviembre de de dos mil quince, el aquí quejoso Mario Eduardo Alexis Lumbreras Hernández, fue detenido por elementos de la Policía Estatal Investigadora, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, quedando a su disposición, dando inicio a la averiguación previa penal 735/2015, y una vez concluida dicha indagatoria, emitió vista de ejercicio de la acción penal en contra de Mario Eduardo Alexis Lumbreras Hernández, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abigeato, remitiendo, en la misma fecha, la referida averiguación previa al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Ahora bien, de las constancias allegadas por la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se advierte que por auto de dos de diciembre del año en curso, se resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Mario Eduardo Alexis Lumbreras Hernández, dentro de la causa penal 221/2015, que instruyó en su contra por el delito de abigeato, previsto y sancionado por el artículo 418, primer párrafo, primer supuesto del Código Penal del Estado, en el que dictó en el resolutivo segundo, auto de formal prisión en contra de Mario Eduardo Alexis Lumbreras Hernández. Posteriormente, como ya se dijo, en la misma fecha dictó un auto en donde el ofendido Santos Cárdenas Aguilar, otorgó perdón al aquí quejoso Eduardo Alexis Lumbreras Hernández, por tanto, decretó la extinción de la acción penal a través de medios alternos de justicia restaurativa, y en consecuencia el sobreseimiento de la causa penal instruida en su contra; ordenando se comunicara ese auto al Encargado de la Estación 01 de la Policía Operativa del Estado, con domicilio en Agujita, Coahuila de Zaragoza, para que de manera inmediata pusiera en libertad a Mario Eduardo Alexis Lumbreras Hernández. Con lo anterior, se actualiza de manera indudable una de las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente: (. . .) En efecto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a manera de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de garantías contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo, la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera motu proprio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. (. . .) La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. (. . .) Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XXI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el presente asunto, se reitera que el quejoso Mario Eduardo Alexis Lumbreras Hernández, reclamó la orden de detención girada en su contra y la privación ilegal de la libertad. Así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que se encuentra probado en autos que en dos de diciembre año en curso, la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, decretó la extinción de la acción penal, a través de medios alternos de justicia restaurativa (perdón) en consecuencia el sobreseimiento de la causa instruida en contra del aquí quejoso Mario Eduardo Alexis Lumbreras Hernández. Lo anterior implica la desaparición total de los actos reclamados, restituyendo con ello, en el pleno goce de sus derechos fundamentales, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia antes analizada. (. . .) En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del once de enero de dos mil dieciséis (foja 17).
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