Mario Fernando Pérez Donato

Expediente 888/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
888/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
07/03/2018

Partes del expediente

  • Mario Fernando Pérez Donato
  • Mario Fernando Pérez Donato y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la quejosa manifestara si existía alguna inconformidad contra la resolución de uno de febrero de dos mil dieciocho, en la que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en los artículos 201 y 202 de la ley de la materia, se tiene por consentida dicha resolución. Toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión y, con apoyo en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente lo mismo que el cuaderno original del incidente de suspensión, son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en la fracción IV y III, del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues no obstante que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa y en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, al prudente arbitrio del suscrito se considera que no tienen relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de que sean conservadas la demanda de amparo y sentencia respectiva, así como las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar derivada del presente asunto. Con apoyo en lo establecido en la fracción III del punto Vigésimo del acuerdo general conjunto invocado, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, una vez que transcurran seis meses posteriores al dictado de este acuerdo. Asiéntense los anteriores datos en las carátulas respectivas de los expedientes mencionados y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    De la certificación que antecede, se advierte que transcurrió en exceso el plazo concedido a los quejosos, para que, si a sus intereses convenía, se pronunciara en torno al cumplimiento dado al fallo protector, sin que a la fecha lo haya hecho así, no obstante estar debidamente notificado. En consecuencia, con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional está en aptitud de determinar si en el presente caso ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en el juicio en que se actúa. De acuerdo con la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo serán restituir a los quejosos en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En resolución dictada el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo, para que las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 77 fracción II de la Ley de la materia, para los efectos que se precisan a continuación. Dentro del ámbito de sus atribuciones, proveerán que de inmediato se le brinde atención médica a los quejosos Mario Fernando Pérez Donato y Fabián Camacho Gonzáles, esto es, sean valorados por un facultativo, quien determinara el tratamiento médico adecuado que requieren atento a su particular condición de salud, para lo cual deberán proporcionar los medicamentos, tratamientos o instrumentos que les sean prescritos. Asimismo, en caso de ser necesario, deberán de ser canalizados con los especialistas que determinen los médicos que realicen su valoración, y que de ser posible por lo que hace a Fabián Camacho Gonzáles, programen la cita generada para la visita con el especialista que corresponda lo más pronto posible; y para ambos quejosos, es decir para el mencionado y Mario Fernando Pérez Donato, con un dermatólogo. En caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guardan reclusión los quejosos, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, las autoridades responsables deberán realizar bajo su estricta responsabilidad, las gestiones pertinentes para que sean atendidos en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde puedan recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a sus padecimientos. Lo anterior, a fin de que los amparistas tengan una mejor calidad de vida y sin perjuicio de que conforme a una nueva valoración médica, se determine que a la fecha en que esto se resuelve, la aplicación de esos tratamientos conlleve a una afectación a su actual estado de salud, dada la temporalidad transcurrida entre la presentación de la demanda y la emisión del presente fallo. Dicha sentencia causó ejecutoria el seis de diciembre último, fecha en que se requirió a la autoridad responsable. Luego, el quince del mes y año en cita, se dio vista a la quejosa con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a través de los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS9/DG/014108/2017 y SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS9/SM/579/2017, firmados por el Director General y Encargado del Área de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número nueve "Norte", con sede en esta ciudad, en los cuales en cumplimiento al fallo protector, informaron que el nueve de diciembre del año próximo pasado, realizaron la valoración médica a los quejoso Mario Fernando Pérez Donato y Fabián Camacho González y les proporcionaron los medicamentos necesarios para sus respectivos padecimientos, para lo cual remiten copias de las constancias correspondientes; sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna al respecto. En esas condiciones, al haber cumplido la autoridad con los lineamientos establecidos en la sentencia ejecutoriada, en términos del precitado artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no existir exceso o defecto se declara cumplida la ejecutoria de amparo, asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa y tercero perjudicado que en contra de la presente resolución procede el recurso de inconformidad y que dispone de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente.

  3. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió para las partes el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la cual se amparó y protegió en el juicio; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la misma causa ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo y tercero transitorio de la Ley de Amparo, se requiere el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables Director General y Titular del Área de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Nueve Norte, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al de la notificación que de este acuerdo se le haga, informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, atendiendo a los lineamientos establecidos, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que así lo acredite. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para el trámite de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente, atendiendo lo establecido en el Acuerdo General Número 12/2009, de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las Atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al Ejercer la Competencia Delegada para Conocer de los Incidentes de Inejecución de Sentencia y de Repetición del Acto Reclamado. Con independencia de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Director General de Centros Federales de Readaptación Social, residente en la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Nueve Norte, y a ésta última autoridad, en carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Titular del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Nueve Norte, ambos con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que reciban la notificación de este acuerdo, sin demora alguna, haga uso de los medios legales que tenga a su alcance y ordene a sus inferiores a que den cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo, realizando los apercibimientos de ley que procedan y remita las constancias con que así lo acrediten. Para tal efecto, con el oficio correspondiente remítase al superior jerárquico de la autoridad responsable copia certificada de la sentencia dictada en autos. Tiene aplicación en lo que interesa, la tesis P. CLXXV/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, visible en la página 5, del tenor siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer". En la inteligencia que de no demostrar que dieran la orden para que su inferior cumpla con la ejecutoria de amparo, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que también se le apercibe de que, en caso de no demostrar ante este juzgado que conminó eficazmente a su inferior a cumplir el fallo protector, se hará igualmente acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistente en su separación del cargo y consignación ante la autoridad competente, pues al incurrir en omisión o desacato a un mandato judicial entorpece la pronta impartición de la Justicia Federal. Notifíquese, personalmente a los quejosos.

  4. Principal

    RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Mario Fernando Pérez Donato y Fabián Camacho Gonzáles, respecto a los actos reclamados del Director General y del Titular del Área de servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en esta ciudad, para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.

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