Mario Fernando Pérez Donato
Expediente 478/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Mario Fernando Pérez Donato
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de treinta de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. Por ende, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo y no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo.
- Principal
Se notifica por medio de lista al quejoso el acuerdo de treinta de junio de dos mil veintiuno, por estar ordenado en autos y que dice: Visto el escrito de demanda de cuenta, promovida por Mario Fernando Pérez Donato, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones del Sistema Tradicional y de la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Cautelares, ambos del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 478/2021-VI y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la admisión de la demanda de cuenta, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, numeral que a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Precepto transcrito del que se advierte que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causa de improcedencia; además que sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia que se refiere el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, los dos últimos interpretados en sentido contrario, toda vez que no existe un acto u omisión de autoridad que violo los derechos del promovente. Para mejor apreciación se transcriben dichos preceptos legales. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" De los anteriores preceptos legales, medularmente se desprende lo siguiente: a) El juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que resulten de las normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos de quien lo promueva. b) Únicamente puede promoverse por quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que la ley (entendida ésta en sentido amplio) o en general, cualquier otro acto de autoridad le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. De manera que uno de los presupuestos esenciales para acudir al juicio de amparo es el principio de instancia de parte agraviada, que se encuentra vinculado al principio del agravio personal directo, según los cuales es necesario que sólo el gobernado que se considere afectado por un acto de autoridad acuda a instar o iniciar el juicio de amparo. Ahora bien, el acto reclamado por el quejoso consiste en la negativa de las responsables de conceder su traslado del Centro Federal de Readaptación Social Dieciocho "CPS-Coahuila", en el que refiere estar recluido actualmente, al diverso Centro de Reinserción Social Estatal Tres, con sede en esta ciudad. Una vez precisado el acto reclamado, es importante mencionar que en la estadística de este órgano jurisdiccional existe el diverso juicio de amparo 232/2021-VI, promovido por el mismo quejoso, con identidad de autoridades responsables y acto reclamado, lo que constituye un hecho notorio para este juzgador en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia publicada en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, Enero de 1997, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN". Ahora bien, del estado procesal que guarda el citado juicio de amparo se advierte que mediante proveído de ocho de abril del presente año, se requirió al quejoso a efecto de que aclarara la demanda que dio origen a dicho expediente, en el sentido de que precisara si las autoridades señaladas como responsables fueron omisas en pronunciarse respecto al traslado solicitado, o bien, para que señalara de manera específica la determinación que contiene la negativa a dicha solicitud, por lo que se giró el exhorto 50/2021 con el fin de notificar dicho acuerdo al quejoso. Comunicación oficial que toco conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, la cual fue devuelta sin diligenciar, toda vez que de acuerdo a lo asentado por la actuaria judicial adscrita al órgano jurisdiccional exhortado, al constituirse en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciocho "CPS-Coahuila", fue informada por una empleada del departamento jurídico de dicho centro penitenciario que Mario Fernando Pérez Donato, no se encuentra interno en ese centro penitenciario, tal y como se advierte de la constancia actuarial siguiente: Con motivo de lo anterior, se requirió al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciocho "CPS-Coahuila" para que informará el lugar al cuál fue trasladado el quejoso en cita, con el fin de estar en posibilidad de notificarle del juicio 232/2021-VI, por lo que el siete de junio del año en curso la licenciada Vania Gómez Márquez, secretaria de este juzgado federal, entablo comunicación vía telefónica con la licenciada Elida Olazarán Sánchez, abogada dictaminadora adscrita al centro de reclusión en comento, a efecto de saber el paradero de Mario Fernando Pérez Donato, a lo que dicha profesionista le manifestó que una vez realizada una minuciosa búsqueda en la base de datos con que cuenta ese centro de reclusión, no se encontró registró alguno de que dicho quejoso haya estado recluido ese centro penitenciario o que haya egresado del mismo, situación que fue confirmada por la Directora General del citado centro penitenciario a través del oficio siguiente: De lo antes expuesto se advierte que, contrario a lo manifestado por el impetrante de garantías, éste nunca ha estado recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Dieciocho "CPS-Coahuila", del que refiere se le ha negado el traslado al diverso Centro de Reinserción Social Tres, en esta ciudad, al menos hasta la fecha en que realizó su escrito de demanda -uno de mayo de dos mil veintiuno-. Por lo que resulta evidente que no hay un agravio personal y directo contra el quejoso, puesto que, como se dijo, nunca ha estado recluido en el centro penitenciario que refiere, por lo que es indudable que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia en estudio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por actualizarse la causa de improcedencia que se refiere el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, los dos últimos interpretados en sentido contrario. Ahora bien, toda vez que no se tiene conocimiento del lugar en que pueda ser notificado el quejoso, ya que no se encuentra recluido en el centro penitenciario que refiere; por tanto, se ordena notificar el presente proveído y los subsecuentes, aún los de carácter personal, por lista que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito; lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29, en relación con el numeral 27 fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se pronuncien; así como toda información relacionada con los expedientes que deben ingresar en el sistema respectivo; asimismo, se hace saber a los Actuarios que deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que los Secretarios tendrán que cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso coincidan en su totalidad. Notifíquese por lista al quejoso.
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