Mario Félix García
Expediente 714/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Mario Félix García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diez de junio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Mario Félix García; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al Secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 714/2022-6, promovido por **********, contra los actos que reclama del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1°, 8° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el once de mayo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el trece siguiente, Mario Félix García, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS ".Se reclama de la autoridad señalada como responsables ordenadora PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO Y PLENO DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO: PRIMERO). La Dilación Procesal que se traduce en la denegación de Justicia que consiste, en la omisión, en el retraso injustificado y desmedido en no CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO EN EL EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO 494/2019 PARA QUE PROCEDA AL ARBITRAJE, EN EL SENTIDO DE QUE SE ORDENE EL EMPLAZAMIENTO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEMANDADAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO. al no respetarse los plazos y términos establecidos en los Artículos 106 y 107 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, no obstante, de que con fecha Veintinueve de Agoste del Año Dos Mil Diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de CONCILIACIÓN en la causa Laboral que hago alusión en líneas precedentes. SEGUNDO). La omisión de la Responsable ordenadora de observar los principios procesales del derecho laboral y Burocrático previsto en los Artículos 106, 107 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, 685 de la Ley Federal del Trabajo de Aplicación Supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, de tomar las medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez en el proceso Laboral; en consecuencia, la inobservancia del Dispositivo 17 de la Constitución General de la República, vulnerando la autoridad responsable ordenadora en contra del quejoso el derecho fundamental relativo a la administración de justicia pronta y expedita. En lo que atañe a la justicia pronta, esta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla. De resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los TÉRMINOS Y PLAZOS que para tal efecto señalan las leyes; ya que el Artículo 17 Constitucional se advierte que la prontitud comprende TANTO EL DESARROLLO DEL TRÁMITE O PROCEDIMIENTO COMO EL PRONUNCIAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA A TRAVES DEL CUAL SE DERIMA LA CONTROVERSIA. TRES). También señalo como acto reclamado todas las subsecuentes omisiones y dilaciones procesales en la tramitación del juicio laboral, en el expediente Número 494/2019, ya que las autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras han sido omisas en proceder al arbitraje, ordenando el emplazamiento a las Entidades Públicas demandadas, dentro de los plazos y términos legales establecidos en la ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y por lo tanto se vulneran mis Garantías Individuales contenidas en el Artículo 17 Constitucional. CUATRO). La negativa de la autoridad responsable ordenadora, de impedirme el acceso al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para tener conocimiento de la secuela procesal del juicio laboral que promoví ante ellas, relacionadas con el Expediente Laboral Número 494/2019; dichas autoridades responsables ordenadoras, argumenta que no tengo acceso al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, toda vez que existen restricciones para ingresar, por motivo de la pandemia, pero es un hecho público y notorio que el semáforo epidemiológico ya fue eliminado por las autoridades de salud, tanto a nivel Federal, como en el Estado de Tabasco y por lo tanto, los hechos públicos y notorios no necesitan pruebas." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 2 PLENO DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo bajo el número de expediente 714/2022-6, la cual se desechó parcialmente por lo que hace a los actos reclamados a la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y se admitió a trámite respecto de las diversas autoridades señaladas como responsables, a quienes se les solicitó rindieran su informe justificado; además, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción, dada la naturaleza de la cuestión planteada, no se le reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión del tribunal responsable, de emplazar a la parte demandada al juicio laboral 494/2019 de su índice. La negativa del tribunal responsable de permitirle el acceso a sus instalaciones, a fin de poder consultar el citado expediente laboral de origen. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA NEGATIVA DE PERMITIRLE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL RESPONSABLE. El Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por sí y en representación del Pleno de dicho tribunal, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama consistente en la negativa de permitirle al quejoso el acceso a sus instalaciones, a fin de poder consultar el expediente laboral 494/2019, de su índice. Sin que la parte quejosa haya aportado pruebas idóneas y fehacientes en contrario para desvirtuar dicha negativa. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rinda los mencionados informes. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por ende, se considera inexistente el referido acto reclamado a las citadas autoridades responsables señaladas en el presente asunto. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, visible a la página 1714, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio por la inexistencia del citado acto reclamado a las referidas autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DEL DIVERSO ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DEL TRIBUNAL RESPONSABLE DE EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA AL JUICIO LABORAL DE ORIGEN. El Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por sí y en representación del Pleno de dicho tribunal, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada al juicio laboral 494/2019 de su índice; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las documentales que adjuntó al mismo, entre las que destacan las constancias de emplazamiento realizadas a las demandadas, dentro del citado expediente de origen, mismas que obran en autos, a las que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Probanzas de las que se advierte que el tribunal responsable el treinta y uno de mayo y uno de junio del presente año, emplazó a las demandadas al juicio laboral de origen; siendo la omisión de ello lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio. En ese tenor, atendiendo a los datos proporcionados en la demanda de amparo, corroborados con las constancias que como justificación de su informe enviaron las autoridades responsables, podemos colegir que para los efectos de este juicio de amparo, hay certeza sobre la existencia del acto reclamado por la parte quejosa. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando las autoridades responsables derogan o revocan los actos mismos y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan; o también, cuando las autoridades sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, de las constancias remitidas por el tribunal responsable, al rendir su informe justificado, entre las que destacan las constancias de emplazamiento realizadas a las demandadas, dentro del expediente laboral 494/2019, se desprende que mediante cédulas de notificación de treinta y uno de mayo y uno de junio del año que transcurre, el Actuario de su adscripción, notificó y emplazó a juicio a las morales demandadas 1) Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco, 2) Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y 3) Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, respectivamente, dentro del citado expediente laboral de origen. Actuaciones que emanan del expediente laboral 494/2019, del índice del tribunal responsable, mismas que se les reitera pleno valor probatorio de conformidad con los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por tal motivo, válidamente se puede concluir, que en el caso particular, cesaron los efectos de los actos reclamados por el justiciable, pues resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el once de mayo de dos mil veintidós, indudablemente existían los actos reclamados a las autoridades responsables; sin embargo, a la presente data en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos de los actos reclamados han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia de los mismos. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las copias certificadas de las constancias que anexó a su informe justificado, de las que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.
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Villahermosa, Tabasco, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por Valentín Vázquez Díaz, Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, autoridad vinculada en el presente juicio, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, manifiesta que no se cuenta con el recurso económico para solventar los requerimientos de pago o exhibir título de crédito a favor de los quejosos en el presente juicio. Asimismo, para llevar todas las gestiones, reajustes y adecuaciones presupuestarias y dar cumplimiento al fallo, solicita una prórroga de noventa a ciento noventa días. Ahora bien, del estado procesal de autos se advierte que en proveído de veintiséis de enero y veinticuatro de febrero de dos veintidós, se solicitó al Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, que informaran las gestiones realizadas tendientes a solicitar ante el Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, la ampliación presupuestal necesaria para ejecutar el laudo dictado en el expediente laboral 158/2007 acumulado al 167/2007; sin que a la presente fecha se advierta que hayan hecho lo anterior. En ese contexto, no se acuerda favorable la prórroga que solicita y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IX, del artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, y sus reformas, que posibilita a los órganos jurisdiccionales a fijar los plazos que permita a las responsables a dar cumplimiento a sus mandatos, a fin de garantizar la salud pública de la colectividad, requiérase a las autoridades vinculadas siguientes: Sheila Darling Álvarez Hernández, Primer Regidor y Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Carlos Ovando Lázaro, Segundo Regidor y Síndico de Hacienda del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Gaby del Carmen Rodríguez Rodríguez, Tercer Regidor del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Carmen Remedios López, Cuarto Regidor del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Alejandrina Hernández Geronimo, Quinto Regido del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Cirilo Cruz Dionisio, Secretario del Ayuntamiento del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Mateo García Alamilla, Director de Contraloría Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Juan Antonio de la O de la O, Director de Administración del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Josefina Avalos León, Director de Programación del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco; Valentín Vázquez Díaz, Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco Adalberto Rivera Ramón, Director de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Para que dichos funcionarios en el término de CINCO DIAS, contado a partir de que surta efectos la notificación que se realice del presente acuerdo, informen las gestiones realizadas tendientes a solicitar ante el Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y Congreso del Estado, la ampliación presupuestal necesaria para ejecutar el laudo dictado en el expediente laboral 158/2007 acumulado al 167/2007 y remitan copia certificada de las constancias con las cuales acrediten haber realizado el pago a los quejosos las cantidades de: ANTONIO RAMÓN GUTIERREZ $269,275.24 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.). ANA ROSA RODRIGUEZ LUNA $358,971.96 (TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.). CIRILIO CRUZ DIONISIO $743,305.91 (SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCO PESOS 91/100 M.N.). ALEJANDRO AVALOS GARCÍA $342,763.20 (TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.). TIRSO RAMÓN FALCÓN $673,674.53 (SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N.). YANET DEL CARMEN CHACÓN VELÁZQUEZ $319,215.91 (TRECIENTOS DIECINUEVE MIL, DOSCIENTOS QUINCE PESOS 91/100 M.N.). MATEA SALVADOR HERNÁNDEZ $194, 267.55 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.). Lo anterior, no obstante que las citadas autoridades no hayan figurado como autoridades responsables en este juicio, pues de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades vinculadas al cumplimiento de una sentencia de amparo deben acatarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 57/2007, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XXV, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, CADA UNA de las autoridades antes mencionadas, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Notifíquese.
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