Mario Félix García

Expediente 726/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
726/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Mario Félix García

Actuaciones

  1. Principal

    MESA Villahermosa, Tabasco, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo y en su segundo punto se NEGÓ el amparo y la protección de la justicia federal a Mario Félix García; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo1 fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. II. En los Tribunales Unitarios de Circuito: a) Juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; b) Incidentes de suspensión en amparo en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; c) Tocas civiles y administrativos en los que se haya resuelto el fondo de lo pedido; y d) Quejas procedentes, fundadas y parcialmente fundadas. III. En los Tribunales Colegiados de Circuito: a) Juicios de amparo directo, en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; b) Recursos de revisión que confirmen, modifiquen o revoquen el sentido de la resolución recurrida; y c) Recursos de queja que se declaren procedentes, fundados y parcialmente fundados. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, devuélvase al tribunal responsable la copia certificada del cuadernillo de ejecución de sentencia número CES-627/2012-S-3, en un tomo, que adjuntó como apoyo a su informe justificado, mismo que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  2. Principal

    En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once horas con cincuenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 726/2020-3, promovido por Mario Félix García. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales remitidas por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en representación de los magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior del citado Tribunal, consistentes en: Copia certificada de la resolución de cuatro de marzo de dos mil veinte, emitida en el incidente de liquidación de modificación e inclusión del incremento al salario en el cuadernillo 627/2012-S-3, de su índice y sus notificaciones. Copia certificada del cuadernillo de ejecución de sentencia derivado del expediente 627/2012-S-3, el cual debido a su voluminosidad obra por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 726/2020-3, promovido por Mario Félix García, contra actos de los magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 5, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiuno de agosto de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado, la cual fue recepcionada el veinticuatro siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado a este órgano jurisdiccional en esa propia fecha, Mario Félix García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La resolución de cuatro de marzo de dos mil veinte, pronunciada en el incidente de liquidación por modificación e inclusión del incremento al salario, promovido en el en el cuadernillo de ejecución de sentencia 627/2012-S-3. 2 La ejecución de dicha resolución. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 2 Actuaria adscrita al Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veinticinco de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 726/2020-3; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se reservó emplazar a los terceros interesados y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Mediante oficios 14015/2020, 14016/2020 y 14017/2020, de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se ordenó emplazar a los terceros interesados Presidente Constitucional; Secretaria Municipal y Director de Asuntos Jurídicos, todos del Ayuntamiento de Centla, Tabasco, los que fueron recepcionados el veintinueve de septiembre del presente año, tal como se acredita con los acuses de recibo expedido por el Servicio Postal Mexicano, en donde consta el sello de recepcionado por Presidencia Municipal de Centla, Tabasco. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante al contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La resolución de cuatro de marzo de dos mil veinte, pronunciada por los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en el incidente de liquidación por modificación e inclusión del incremento al salario, promovido en el en el cuadernillo de ejecución de sentencia 627/2012-S-3. La ejecución de dicha resolución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LA ACTUARIA ADSCRITA AL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO. La actuaria antes aludida, al rendir el informe justificado negó la existencia del acto reclamado, consistente en la ejecución jurídica y material de la resolución de cuatro de marzo de dos mil veinte, pronunciada por los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en el incidente de liquidación por modificación e inclusión del incremento al salario, promovido en el en el cuadernillo de ejecución de sentencia 627/2012-S-3; sin que la parte quejosa hubiere ofrecido medio de prueba alguno a fin de desvirtuar dicha negativa. No es obstáculo a lo anterior, la documental que obra en autos, pues con la misma no se observa la existencia del acto que se le atribuye; esto es, que dicha autoridad tenga alguna participación en su ejecución. Lo anterior, es así porque la resolución reclamada no tiene ejecución material, toda vez que se declaró improcedente el incidente de liquidación planteado por el aquí quejoso y se le dejó a salvo los derechos para que los haga valer como corresponda; por lo tanto, la actuaria responsable, únicamente notificó la citada resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 903, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia: Común, Novena Época, Registro: 187728, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubor y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Por ende, en lo tocante a los actos reclamados a la referida autoridad responsable procede sobreseer en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por Ministerio de Ley, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, admite la existencia del acto que se le reclama; lo cual se corrobora con el contenido del propio informe justificado y con las diversas constancias que adjuntó al mismo, consistentes en copia certificada de la resolución de cuatro de marzo de dos mil veinte, pronunciada por la Sala Superior de dicho Tribunal, en el cuadernillo 627/2012-S-3, relativo al incidente de liquidación por modificación e inclusión del incremento al salario y su respectiva notificación a las partes; así como como certificada del cuadernillo de cumplimiento de sentencia 627/2012-S-3, el cual obra por cuerda separada debido a su voluminosidad y a disposición de las partes para su consulta. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en el ejercicio propio de sus funciones. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con las documentales precitadas. En apoyo a lo anterior, es aplicable la Jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917812, visible en la página 231, que en su rubro y texto establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. SEXTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previamente, es pertinente sintetizar las constancias más relevantes que constituyen el acto reclamado, de las que se advierte lo siguiente: El doce de junio de dos mil diecisiete, la entonces Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, pronunció sentencia en el expediente 627/2012-S-3, relativo al juicio contencioso administrativo, promovido por Mario Félix García, en contra del presidente municipal y secretario municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Centla, tabasco, así como de Delia María Montejo de Dios y Joaquín Pérez Tosca, Directora General del Registro Civil en el Estado y Jefe del Departamento de Control de Actas de la citada Dirección (fojas 2 a la 13 del tomo de pruebas). Por auto de trece de julio de dos mil diecisiete, dicha Sala a petición del actor, se declaró ejecutoriada la sentencia, por lo que se requirió a la parte demandada para que dentro de término de cinco días hábiles diera cumplimiento al resolutivo tercero de la referida resolución (fojas 14 y 15 del tomo de pruebas). Por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, declaró parcialmente cumplido lo determinado en el punto resolutivo tercero de la sentencia definitiva. En el mismo auto, precisó que el Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Centla, Tabasco, deben cubrir el pago de emolumentos a partir del cinco de octubre de dos mil doce, fecha en que fue suspendido de sus funciones el actor, hasta el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en que se efectuó la reinstalación. Por lo que ordenó abrir por duplicado el cuadernillo de ejecución. Asimismo, dejó a salvo los derechos del actor para que hiciera valer su planilla de liquidación por las percepciones que justifique dejó de percibir en el período antes mencionado (fojas 31 a 35 del tomo de pruebas). El veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó requerir a las autoridades sentenciadas restituir al actor el goce de la garantía violada, permitiéndole el ejercicio de su cargo Oficial 03 del Registro Civil con adscripción en Villa Ignacio Allende, Centla, Tabasco, con todas las prerrogativas del mismo, inclusive el pago de emolumentos. En el mismo proveído, se tuvo al actor formulando planilla de liquidación, respecto de las percepciones y prestaciones correspondientes al año dos mil doce, misma que fue admitida a trámite y se ordenó dar vista a la parte demandada por el término de tres días (foja 104 frente y vuelta del tomo de pruebas). Mediante resolución de ocho de mayo de dos mil diecinueve, pronunciada por la Sala Superior del Tribunal de justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en el incidente relativo a la planilla de liquidación, condenó a las autoridades sentenciadas a cubrir al actor la cantidad de $863,260.81 (ochocientos sesenta y tres mil doscientos sesenta pesos ochenta y un centavos moneda nacional), por concepto de prestaciones que dejó de percibir en el período comprendido de cinco de octubre de dos mil doce al veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por lo que requirió a dichas autoridades para que en un plazo de quince días dieran cumplimiento a dicha condena (fojas 219 a 225 del tomo de pruebas). El seis de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable regularizó el procedimiento de ejecución, para el efecto de excluir a las autoridades Directora General del Registro Civil del Estado de Tabasco y Jefe de Departamento de Control de Actas, de la condena impuesta (foja 232 del tomo de pruebas). El veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, a petición del actor, se ordenó requerir a la presidenta y secretaria municipal de Centla, Tabasco, el pago de la condena impuesta en la resolución de ocho de mayo de ese mismo año. En el mismo proveído, se le hizo saber al actor, en relación a sus manifestaciones relacionadas con el desempeño de su funciones como oficial número tres del Registro Civil en Villa Ignacio Allende, Centla, Tabasco, que cualquier acto posterior a la reinstalación queda al margen de la materia del juicio y fuera del marco de la ejecución, al constituir nuevos actos en su contra (foja 297 frente y vuelta dl tomo de pruebas). El doce de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la planilla de actualización de liquidación presentada por el actor, por cuanto hace a la modificación e inclusión del incremento al salario por el período comprendido del uno de enero de dos mil dieciséis al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, por lo que se ordenó dar vista por tres días a la presidenta municipal y secretaria municipal, ambas del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco (foja 365 frente y vuelta del tomo de pruebas). El veintiocho de febrero de dos mil veinte, se tuvo a la presidenta municipal y director de asuntos jurídicos del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centla, Tabasco, en vía de cumplimiento, exhibiendo el oficio DAJ/113/2020, de siete de ese mismo mes y año, mediante el cual el último de los citados solicita a la Dirección de Programación informe si existe suficiencia presupuestaria en la partida correspondiente al pago de laudos y sentencias, para estar en aptitud de cumplir con el pago de lo adeudado al actor (foja 505 del tomo de pruebas). Por último, el cuatro de marzo de dos mil veinte, la sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, pronunció sentencia en el incidente de liquidación de modificación e inclusión del incremento al salario, derivado del cuadernillo de ejecución 627/2012-S-3, en la que se declaró improcedente dicho incidente y dejó a salvo sus derechos para que los haga valer como corresponda (fojas 510 a 514 del tomo de pruebas). La referida resolución constituye el acto reclamado. SÉPTIMO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los motivos de inconformidad por no causar ningún perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. La parte quejosa Mario Félix García refiere como conceptos de violación los que a continuación se sintetizan: Que la resolución reclamada es violatoria de los principios de seguridad jurídica, derecho de petición y debido proceso, toda vez que contrario a lo sostenido por la autoridad responsable el incidente de liquidación por modificación e inclusión del incremento al salario, no es de índole laboral y, por lo tanto, es de su competencia, ya que conocieron del juicio en lo principal, así como del incidente de liquidación, en términos del artículo 157 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en relación con los numerales 29, 384 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria. Que la resolución reclamada es contradictoria y carece de fundamentación. Que es procedente que la autoridad responsable resuelva el incidente de liquidación por modificación e inclusión del incremento del salario, en virtud de que se trata de una acción accesoria, que quedó acreditada en la resolución de ocho de mayo de dos mil diecinueve, a través del oficio DAM/0912, donde se estableció como salario quincenal en su favor en los años dos mil quince y dos mil dieciséis, la cantidad de $8,536.05 (ocho mil quinientos treinta y seis pesos cinco centavos moneda nacional), sin que hubiese existido oposición de la parte demandada, por lo que la autoridad responsable suple la deficiencia de la queja en su favor. Continua manifestando el quejoso que en su escrito de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, solicitó a la sala responsable, requiriera a las autoridades ejecutadas se le pague y se modifique la inclusión del aumento del salario a que fueron condenadas en la sentencia interlocutoria de ocho de mayo de dos mil diecinueve, la que causó ejecutoria el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, por la cantidad de $8,536.05 (ocho mil quinientos treinta y seis pesos cinco centavos moneda nacional), de manera quincenal, libre de deducciones, sin que hayan realizado pronunciamiento alguno, vulnerando con ello el derecho consagrado en el artículo 8º Constitucional. Por lo que solicita se requiera a la responsable se pronuncie al respecto. Resultan infundados los motivos de disenso vertidos por la parte quejosa, sin que necesidad de suplirlos en su deficiencia, en términos de artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. ahora, conforme lo establece el artículo 76 de la Ley de Amparo, los conceptos de violación se analizan de manera conjunta los que se relacionan entre sí, sin mantener el orden en que fueron vertidos y sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Se analiza en primer orden el concepto de violación reseñado en el punto dos, en el que aduce que la resolución recurrida adolece de fundamentación. A ese respecto, es pertinente señalar lo establecido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. . De la disposición transcrita derivan tres elementos que debe contener todo acto de autoridad que implique una molestia, para cumplir con las exigencias en él contenidas, a saber: a) la existencia de un mandamiento escrito; b) que haya sido emitido por una autoridad competente; y, c) que dicha autoridad funde y motive la cusa legal del procedimiento. En torno del elemento precisado en el inciso a), el Constituyente estableció que todo acto de autoridad debe reunir un requisito de forma que consiste en que el mandamiento u orden deba constar por escrito, a efecto de no dejar dudas sobre la voluntad de la autoridad y, a la vez otorgar certeza jurídica al gobernado sobre el proceder de ese ente público, que permite establecer en forma preliminar los alcances del mandamiento; exigencia que se cubre, además, cuando contenga firma autógrafa de la autoridad que la emite y, exista constancia que el acto se dio a conocer al gobernado, es decir, que se haya notificado al destinatario del mandamiento, con el fin de darle a conocer en forma cabal y completa el contenido de la providencia que permite la defensa y su posterior impugnación. En cuanto al elemento contenido en el inciso b), debe señalarse que la competencia de la autoridad se refiere a la aptitud o suficiencia que tiene ésta para emitir un acto que trascienda a los derechos de los gobernados, suficiencia o aptitud que debe estar previamente establecida en la norma jurídica a través de catálogos que primeramente reconozcan como autoridad al que emite el acto y, segundo, que indiquen cuáles son las atribuciones que puede desarrollar. Por tanto, una autoridad será competente cuando esté legalmente facultada para realizar una determinada función en nombre del Estado; es decir, debe haber disposiciones jurídicas precisas que le otorguen a una autoridad la posibilidad de dictar resoluciones que impliquen actos de molestia. Luego, se habrá de cumplir con el presente requisito si el acto de molestia cubre como mínimo lo siguiente: El órgano del Estado o autoridad que haga la molestia debe tener existencia legal, esto es, que debe ser una autoridad de iure y no de facto. Las facultades que se ejerzan sean expresas y suficientes para realizar el acto de molestia, pudiendo ser regladas, de arbitrio o discrecionales. Finalmente, por cuanto hace al elemento destacado en el inciso c), es de decirse que es el señalamiento preciso del precepto legal aplicable al caso, cuya cita debe ser íntegra y puntual, esto es, indicando el dispositivo legal y la ley que lo contiene, a fin de que se distinga en forma clara y contundente la normatividad aplicable, de tal forma que el gobernado pueda tener certeza jurídica en torno del acto de molestia; y, se invoquen las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que determinan la aplicación de ciertas hipótesis normativas al caso concreto. Son razonamientos que vinculan situaciones, hechos o actos al supuesto de la norma. Al respecto es aplicable la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Acorde a lo expuesto en párrafos precedentes, se tiene que los requisitos destacados en los incisos a) y b), se cumplen, en virtud de que la interlocutoria de cuatro de marzo de dos mil veinte fue emitida por escrito, como se advierte de las constancias que exhibió la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, las cuales fueron previamente valoradas, relativa al incidente de liquidación por modificación e inclusión del incremento al salario, deducido del juicio contencioso administrativo 627/2012-S-3. Asimismo, dicha resolución fue dictada de manera colegiada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, quien cuenta con las facultades previstas en el artículo 171, fracción XVI, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Asimismo, se cumple el elemento destacado en el inciso c), ya que, el Tribunal responsable, en el momento de resolver se ciñó a lo que establece el artículo 157 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, vigente, determinando que la cuestión incidental sometida a su consideración no es de su competencia, pues el incidentista reclama el ajuste al aumento al salario que percibe actualmente en activo como Oficial del Registro Civil número 03 (tres) de la Villa Ignacio Allende, Centla, Tabasco, por lo que su naturaleza es de índole laboral y no administrativa, máxime que su categoría no está dentro del apartado B, fracción XIII, del artículo 123 Constitucional. De lo que se desprende que la autoridad responsable, contrario a lo que arguye la parte quejosa, sí fundó su determinación para no entrar al estudio de la cuestión debatida en el incidente planteado, razón por la cual deviene infundado dicho motivo de disenso. Por otro lado, en cuanto a lo que manifiesta el impetrante en los conceptos de violación descritos en los puntos uno, tres y cuatro, los que hace consistir en que la resolución reclamada es violatoria de los principios de seguridad jurídica, derecho de petición y debido proceso, toda vez que contrario a lo sostenido por la autoridad responsable el incidente de liquidación por modificación e inclusión del incremento al salario, no es de índole laboral y, por lo tanto, es de su competencia, ya que conocieron del juicio en lo principal, así como del incidente de liquidación, en términos del artículo 157 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en relación con los numerales 29, 384 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria. Asimismo, refiere que el incidente planteado es una acción accesoria, que quedó acreditada en la resolución de ocho de mayo de dos mil diecinueve, a través del oficio DAM/0912, donde se estableció como salario quincenal en su favor en los años dos mil quince y dos mil dieciséis, la cantidad de $8,536.05 (ocho mil quinientos treinta y seis pesos cinco centavos moneda nacional), sin que hubiese existido oposición de la parte demandada, por lo que la autoridad responsable suple la deficiencia de la queja en favor de la parte demandada. Y que se vulnera en su perjuicio el derecho consagrado en el artículo 8º Constitucional, toda vez que la autoridad responsable no le dio respuesta a su solicitud realizada en el escrito de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Al respecto, es de decir al quejoso que no le asiste razón, toda vez que de la revisión practicada a la resolución reclamada, se observa que la autoridad responsable manifestó que el incidentista solicitó la planilla de liquidación por modificación e inclusión del incremento al salario, por el período comprendido del uno de enero de dos mil dieciséis al quince de noviembre de dos mil diecinueve, para que se calcule y requiera a la parte demandada la inclusión del salario que acreditó en el incidente de liquidación de ocho de mayo de dos mil diecinueve, a través del oficio DAM/0912, en la que se estableció como salario quincenal para los años dos mil quince y dos mil dieciséis, la cantidad de $8,536.05 (ocho mil quinientos treinta y seis pesos cinco centavos moneda nacional), en razón de que en el referido período, la autoridad municipal le ha cubierto el pago de $4,993.94 (cuatro mil novecientos noventa y tres pesos noventa y cuatro centavos moneda nacional), existiendo una diferencia de pago a su favor de $3,542.11 (tres mil quinientos cuarenta y dos pesos once centavos moneda nacional), por aumento de salario, por lo que solicita se ajuste y se calcule la diferencia que le adeudan en dicho período. A dicha reclamación la responsable determinó que por cuanto hace al mes de enero de dos mil dieciséis, fue cuantificado en la interlocutoria de ocho de mayo de dos mil diecinueve, hasta el día veintisiete, por lo que no era posible hacer un nuevo cálculo. De igual modo, precisó los alcances de la sentencia dictada en los autos del juicio contencioso administrativo, a saber: Que la autoridad responsable deja sin efectos los oficios impugnados; Restituir al actor Mario Félix García, en el goce de la garantía violada, reinstalándolo en su encargo de Oficial del Registro Civil número Tres de Villa Ignacio Allende, Centla, Tabasco; Cubrir el pago de sus emolumentos que le corresponde a partir del cinco de octubre de dos mil doce, fecha en que fue suspendido de sus funciones, hasta el día en que se efectué su reinstalación. Asimismo, refirió que los dos primeros puntos quedaron cumplidos por la parte demandada ante la Sala de origen, y al admitirse su ejecución en esa segunda instancia, se tuvo por cumplida la sentencia, quedando pendiente por cubrir las prestaciones que le adeudaban por el período del cinco de octubre de dos mil doce al veintisiete de enero de dos mil dieciséis, lo que fue calculado en interlocutoria de ocho de mayo de dos mil diecinueve y realizando los requerimientos necesarios. De lo que se infiere, contrario a lo que manifiesta el quejoso, la autoridad responsable sí tomó en consideración la petición formulada en el escrito de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, por lo tanto, no se vulnera en su perjuicio del derecho procesal consagrado en el artículo 17 Constitucional, de debido proceso; así como el derecho de petición que alude, consagrado en el numeral 8º de dicha Carta Magna. Ahora, no tiene razón el quejoso en cuanto a lo que aduce que el incidente de liquidación por modificación e inclusión del incremento al salario, no es de índole laboral y, por lo tanto, es de la competencia de la autoridad responsable, porque conocieron del juicio en lo principal e incidente de liquidación, pues tal y como lo determinó la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, la mencionada liquidación no es materia del juicio natural, debido a que se trata de actos posteriores a la sustanciación y resolución del mismo, pues no es posible introducir nuevas cuestiones que impliquen alguna alteración al procedimiento. Asimismo, como lo determinó la responsable, la diferencia del salario reclamada de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve, se trata de un período que no se reclamó en la sentencia de origen y, por lo tanto, no forma parte de la sentencia de liquidación, debido a que en la sentencia definitiva se ordenó calcular los emolumentos hasta la fecha de la reinstalación (veintisiete de enero de dos mil dieciséis). En ese tenor, contrario a lo aducido por el quejoso y como lo determinó la Sala Superior responsable, el incidente planteado no es de su competencia, la cual se encuentra regulada por el artículo 157 de la Ley de Justicia Administrativa vigente, pues se refiere a un ajuste de aumento de salario que percibe actualmente en activo como Oficial del Registro Civil número Tres de Villa Ignacio Allende, Centla, Tabasco. Por otro lado, es de decir al impetrante que si bien es cierto que la entonces Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, el doce de junio de dos mil diecisiete, pronunció la sentencia en el juicio natural y que la Sala Superior responsable el ocho de mayo de dos mil diecinueve, resolvió el incidente relativo a la planilla de liquidación por el período comprendido del cinco de octubre de dos mil doce al veintisiete de enero de dos mil dieciséis; también lo es, que tal conocimiento no hace procedente la competencia de la autoridad responsable, pues la aludida reclamación no se trata como lo manifiesta el quejoso, de una cuestión accesoria del juicio principal; en virtud que se refiere a una modificación e inclusión del incremento de salario, misma que hizo consistir en que el último salario que se tomó en cuenta en la interlocutoria antes citada es de $8,536.05 (ocho mil quinientos treinta y seis con cinco centavos moneda nacional) quincenales y los ejecutados Presidente y Secretario Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco, en el período reclamado, únicamente le cubrieron la cantidad de $4,993.94 (cuatro mil novecientos noventa y tres pesos moneda nacional), quincenales, por lo tanto, se trata de una cuestión que no fue materia de la sentencia de doce de junio de dos mil diecisiete. En esa virtud, como lo determinó la responsable, dicha reclamación es de índole laboral y no administrativa, pues se relaciona con derechos laborales previstos en el artículo 123 Constitucional y, el hecho de que no hubiese existido oposición de la parte demandada, respecto de la planilla exhibida, no significa que la autoridad deba declarar procedente la reclamación sometida a su consideración, pues tiene la obligación de analizar su procedencia. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto; por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, del ordenamiento supra invocado; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Mario Félix García, respecto del acto reclamado y autoridad responsable, precisados en el resultando primero, en los términos del considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. Se niega le amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Mario Félix García, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero, en los términos del considerando séptimo de esta resolución. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA Villahermosa, Tabasco, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista; la cuenta secretarial, se acuerda: De la certificación de cuenta se advierte que mediante oficio 006/2020-CM de ocho de noviembre del año en curso, signado por el magistrado Juan Manuel Vázquez Fernández de Lara, en su carácter de Coordinador de Magistrados de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, incluidos los pertenecientes al Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Villahermosa, y en representación también de la coordinación de jueces de distrito, dirigidos al maestro Arturo Guerrero Zazueta, Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que en atención a las condiciones meteorológicas imperantes en esta entidad federativa, los titulares de los órganos jurisdiccionales federales del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, tomaron la decisión de suspender de manera total las actividades jurisdiccionales de cada uno de los órganos a su cargo, al considerar que se actualiza en esta ciudad el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, por lo que se suspendieron los efectos del cómputo de los términos y plazos procesales en los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales en cuestión y se consideraron como inhábiles, los días del nueve al diez de noviembre de dos mil veinte. Asimismo, que la audiencia constitucional se encontraba señalada para las diez horas con veinte minutos del nueve de noviembre del presente año. En tal virtud, y a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se fija como nueva fecha y hora para su celebración las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio 002/2020-CM, los titulares de los órganos jurisdiccionales federales del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, tomaron la decisión de suspender de manera total las actividades jurisdiccionales de cada uno de los órganos a su cargo, al considerar que se actualizaba el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, por lo que se suspendieron las labores a partir del día dos de los cursantes desde las diecisiete horas hasta el seis del presente mes y año. Asimismo, se desprende que la audiencia constitucional se encontraba señalada para las diez horas con veinte minutos del cinco de octubre de dos mil veinte. Por otra parte, hago constar que mediante proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, se ordenó emplazar mediante oficios 14015/2020, 14016/2020 y 14017/2020, a los terceros interesados 1) Presidente Municipal, 2) Secretaria Municipal y 3) Director de Asuntos Jurídicos, todos del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco; sin que obren en autos los acuses de recibo correspondientes a las citadas misivas, pues de la constancia de rastreo realizada a los números de guía RM124315608MX, RM124315599MX y RM124315611MX, en la página electrónica https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguiMientoEnvio/Seguimiento.aspx; se advierte que se encuentran en tránsito hacia destino. Finalmente, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano