Mario Felipe Petrona
Expediente 1370/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1370/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mario Felipe Petrona
Actuaciones
- Principal
MESA IV A Vistos los autos, de los que se advierte que el veintiocho de septiembre de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, y tomando en consideración que en sesión de dieciocho de mayo de este año, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, determinó en el punto de acuerdo C. CAR. 116/2015-V, que el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, apoyará a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en la resolución de juicios de amparo; en consecuencia, remítase este expediente al citado juzgado auxiliar por conducto de su Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, para los efectos del dictado de la sentencia correspondiente. Por tanto, en términos del punto quinto del Acuerdo General 27/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que crea el Centro Auxiliar de la Cuarta Región, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, y notifíquese a las partes esta determinación. Por último, con las constancias relativas, fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
MESA IV B Téngase por recibida la copia certificada del oficio número 219/2015, signado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, residente en Xalapa Veracruz, por el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, al que se encuentra agregada la sentencia emitida por el Titular del citado órgano jurisdiccional el once de septiembre de dos mil quince, que se le remitieron en cumplimiento al Acuerdo C. CAR. 116/2015-V, en el que se estableció que el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, apoyaría a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en la resolución de juicios de amparo. Acúsese recibo. Toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren a partir del envío del expediente. Ahora, de las constancias de autos se advierte que se encuentra glosada la sentencia emitida por el Titular del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, residente en Xalapa, Veracruz, por la que se negó protección de la justicia federal a Simón Pedro Castellanos Gallardo; consecuentemente, notifíquese dicha resolución a las partes quejosa y tercero interesada, autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Notifíquese personalmente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 76, 77, 78 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Simón Pedro Castellanos Gallardo, contra los actos reclamados a la Juez Primero Civil, con residencia en La Villa de Etla, Oaxaca y actuario de su adscripción, en términos del considerando TERCERO del presente fallo. Notifíquese a las partes por conducto del Juzgado de origen y, en consecuencia remítase este juicio de amparo, al Juzgado auxiliado. CÚMPLASE.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA MESA II A Visto el escrito de demanda de amparo presentado por Mario Felipe Petrona, por propio derecho y como representante común de José Felipe Petrona, Osiel Felipe Petrona y Atanacia Gaspar Juan; contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintidós, con residencia en Tuxtepec, Oaxaca, por violación a sus garantías individuales. Fórmese expediente y regístrese su ingreso bajo el número 1370/2015 en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que Mario Felipe Petrona, por propio derecho y como representante común de José Felipe Petrona, Osiel Felipe Petrona y Atanacia Gaspar Juan, reclama, esencialmente, del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintidós, con residencia en Tuxtepec, Oaxaca, la sentencia interlocutoria de catorce de agosto del dos mil quince, emitida en el expediente 1062/2013. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado se aprecia lo siguiente: 1.- Ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintidós, con residencia en Tuxtepec, Oaxaca, se tramita el expediente 1062/2013 de su índice, relativo a la demanda presentada por Lucía Petrona Pedro, contra el Ejido del núcleo agrario de "TEMBLADERAS DEL CASTILLO", Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, a los aquí quejosos, así como al Registro Agrario Nacional del Estado de Oaxaca y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien les demanda las prestaciones al ejido "TEMBLADERAS DEL CASTILLO" Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, se declare la nulidad absoluta del acta de investigación de campo practicadas en unida de dotación de veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y nueve en lo relativo al reconocimiento de Mario Felipe Petrona, como campesino en posesión y usufructo de tierras ejidales (.), asunto que a la fecha no se ha dictado la sentencia respectiva. 2.- Así se desprende que los aquí quejosos opusieron la excepción de preclusión del derecho, así que el Tribunal Unitario Agrario suspendió la audiencia para proceder al análisis de las mismas con fundamento en los artículos 185 fracción III y 192 de la ley agraria. 3.- Luego, mediante resolución de catorce de agosto de dos mil quince, notificado el veintiséis de agosto de este año (sic), la responsable declaró improcedente la excepción opuesta por los ahora quejosos la preclusión de derecho [ acto reclamado]. Ahora bien, contra el acto antes precisado, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, en relación con la fracción VIII, del primer ordenamiento citado: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Del contenido de los dos últimos artículos transcritos, interpretados en sentido contrario, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación y que tienen la característica de actos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria de catorce de agosto del dos mil quince, y que fue notificada el veintiséis de agosto también del presente año. Ahora, con base en las reglas previamente establecidas, este juzgador estima que en la especie, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la determinación de la autoridad responsable; declaró improcedente la excepción opuesta por ahora quejosos consistente en la excepción de preclusión de derecho. En efecto, el acto reclamado constituye un acto procesal, por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque dicho acuerdo reclamado no incide en derechos sustantivos de la parte quejosa. Bajo ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo la ley de la materia, establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea procedente, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado. Como se ve el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, en tanto que sólo resolvió la interlocutoria interpuesta en el juicio agrario 1062/2013, con motivo de la excepción de preclusión de derecho, como su defensa dentro del juicio mencionado, por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga resolución favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso. Es el caso referir que el artículo 107 constitucional establece el amparo directo contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno, en virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa a la parte quejosa, se precisa esto en virtud de que aun en el caso de que la resolución que se llegara a dictar en el expediente de origen fuera adverso a los intereses de la parte quejosa, ésta tiene oportunidad de hacer valer la violación de la que ahora se duele en el juicio de amparo directo, de conformidad además, con los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo. Por tanto, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, en relación con la VIII, del primer ordenamiento citado, toda vez que el acto aquí reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la quejosa; motivo por el que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo, y por autorizados únicamente para esos efectos a las personas que señala por así solicitarlo expresamente los quejosos. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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