Mario Echeverria Iglesias
Expediente 965/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 965/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mario Echeverria Iglesias
Actuaciones
- Principal
MESA VI A Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho auto, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente. Mediante oficio que se gire, devuélvase al presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, el original del juicio laboral 370/2014 (D-72/2011), de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado, y que obra por separado como cuaderno de pruebas en un tomo (foja 95).
- Principal
MESA VI A Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito de aquí quejoso Mario Echeverría Iglesias, por el que en atención al requerimiento formulado en proveído de cuatro de agosto pasado (foja 27 y 28), manifiesta que se actualiza causal de improcedencia en este juico por lo que solicita se sobresea en este juicio de amparo en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado; y para justificar lo anterior, remite copia autorizada de la audiencia desahogada el tres de septiembre de dos mil catorce en el juicio laboral de origen. Por tanto, con apoyo en el precepto 119 de la ley de la materia, se admite como prueba del quejoso la documental descrita; misma que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza. Ahora, de las actuaciones que integran el presente asunto, de las diversas del juicio laboral 370/2014 (D-72/2011), del índice de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, y de la documental detallada en el primer párrafo, se advierte que efectivamente en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, la cual establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda se aprecia que, en esencia, el aquí quejoso MARIO ECHEVERRÍA IGLESIAS, reclama en esta vía constitucional la omisión de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias adscrita a la anterior, de desahogar en los términos legales la prueba pericial caligráfica, grafoscópica y grafométrica ofrecida en autos, pues desde el dos de septiembre de dos mil trece, se tuvo a ésta última informando que designó como perito tercero en discordia a Jesús Gonzaga, sin que a la fecha dicho experto haya emitido el dictamen que le corresponde. Al rendir informe justificado la Junta responsable aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado, en virtud que refirió que si bien es cierto no se ha desahogado en sus plazos la emisión del dictamen pericial a cargo del profesional Jesús Gonzaga, se han realizado diversas gestiones para lograrlo. Ahora, de las constancias remitidas por las responsables en apoyo a su informe de ley, las que de conformidad con los artículos 197 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, tienen pleno valor probatorio, se refleja que el perito Jesús Gonzaga fue sustituido por la profesional María Isabel López Olmos (tercera en discordia), quien previa aceptación del cargo conferido a las nueve horas del tres de septiembre de do mil catorce, fecha y hora señaladas para el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía, grafoscopía y grafometría, exhibió dictamen pericial, mismo que en el acto ratificó en cuanto a su contenido y firma que lo calza; por ello, la Junta responsable tuvo a la perito tercera en discordia emitiendo su estudio experticial y al considerar que no quedaba prueba pendiente por desahogar, concedió a las partes un término de tres días para que formularan sus alegatos por escrito, apercibiéndolas que de no hacerlo en tal plazo se declararía cerrada la instrucción y se turnarían los autos a proyecto de laudo. Lo anterior permite establecer que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo, han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda origen de este expediente (dieciocho de julio de dos mil catorce), las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; habida cuenta que el tres de septiembre de dos mil catorce (fojas 397 y 398 del cuaderno de pruebas relativo a este juicio de amparo), se llevó a cabo el desahogo de la prueba pericial de caligrafía, grafoscopía y grafometría, y al no haber pruebas pendientes que desahogar la junta responsable concedió a las partes un término de tres días para que formularan alegatos por escrito. En consecuencia, como el acto reclamado cesó en sus efectos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, conforme a lo previsto en el diverso numeral 63, fracción V, de la mencionada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 59/99, que aparece en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." No pasa inadvertido para el suscrito que en el presente juicio de amparo, no consta que se haya realizado el emplazamiento a los terceros interesados Raymundo Guzmán Guzmán, por sí y como representante del propietario o responsable de la Fuente de Trabajo denominada U.C.I.R.I. (Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo de R.I), así como en su carácter de responsable de la relación laboral de la citada persona moral; Roberto Martínez Sánchez, Adelaido García Jiménez y Gilberto Alfaro Palacios, en la presente instancia constitucional; dado que es evidente que el sentido de la presente resolución que sobreseyó en el juicio, de ninguna manera les puede deparar perjuicio alguno. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 338, Tomo VI, febrero de 1993, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO. FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN NO LE IRROGA PERJUICIO. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91 fracción IV de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no sea legalmente emplazado al juicio, debe ordenarse la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello es improcedente cuando se advierta de manera notoria que con la sentencia que se pronuncie no se le irroga ningún perjuicio." Los criterios jurisprudenciales citados resultan aplicables de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio (foja 187). Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI A Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que está señalada para el día de hoy la audiencia constitucional (foja 150 vuelta); sin embargo, aún se encuentra pendiente el emplazamiento de los terceros interesados Raymundo Guzmán Guzmán, por sí y como representante del propietario o responsable de la Fuente de Trabajo denominada U.C.I.R.I. (Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo de R.I), así como en su carácter de responsable de la relación laboral de la citada persona moral; Roberto Martínez Sánchez, Adelaido García Jiménez y Gilberto Alfaro Palacios, ordenado nuevamente en proveído de trece del actual, mediante despacho girado al juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca (fojas 178 y 179); en tal virtud, a fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.
- Principal
MESA VI A Agréguese a los autos el oficio 15/2014 signado por la Juez Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca, por el que devuelve sin diligenciar el despacho número 960/2014 que se le giró para que en auxilio de las labores de este juzgado, emplazara a esta instancia constitucional a los terceros interesados Raymundo Guzmán Guzmán, por sí y como representante del propietario o responsable de la Fuente de Trabajo denominada U.C.I.R.I. (Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo de R.I), así como en su carácter de responsable de la relación laboral de la citada persona moral; Roberto Martínez Sánchez, Adelaido García Jiménez y Gilberto Alfaro Palacios. Dese de baja en el libro de gobierno. Ahora, de la razón asentada el quince de diciembre de dos mil catorce, por el ejecutor adscrito al juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca, se advierte que no le fue posible emplazar a esta instancia constitucional a los citados terceros interesados, toda vez que al constituirse en el domicilio ubicado en la calle Procesión número cincuenta y cinco, Primera Sección, Guevea de Humbolt, Oaxaca, no localizó a los terceros interesados de que se trata, ya que refiere que en la puerta del inmueble existe un aviso de que las personas salieron a la ciudad de Oaxaca, y la oficina se encuentra cerrada por unos días. Ahora bien, toda vez que de la diligencia practicada por el ejecutor adscrito al juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca, se advierte que únicamente se constituyó en el domicilio ubicado en la calle Procesión número cincuenta y cinco, Primera Sección, Guevea de Humbolt, Oaxaca, siendo que los terceros interesados de que se trata, deberán ser notificados en diversos domicilios, como se le indicó en auto de diez de noviembre de dos mil catorce (fojas 135 y 136); en tales condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, de la Ley de Amparo, gírese nuevamente despacho al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, con entrega de una copia simple de la demanda de amparo, y copia certificada de este auto, así como del diverso de cuatro de agosto de dos mil catorce (fojas 27 a 28), emplace a juicio en su carácter de terceros interesados a 1) Raymundo Guzmán Guzmán, por sí y como representante del propietario o responsable de la Fuente de Trabajo denominada U.C.I.R.I. (Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo de R.I), así como en su carácter de responsable de la relación laboral de la citada persona moral, con domicilio en la calle Procesión número cincuenta y cinco, Primera Sección, Guevea de Humbolt, Oaxaca, código postal 70725; 2) Roberto Martínez Sánchez, con domicilio en la calle sin nombre, sin número de la población de Lachiviza, Santa María Guienagati, Oaxaca, código postal 70735; 3) Adelaido García Jiménez, con domicilio en la calle Cuauthemoc sin número, Guadalupe, Guevea de Humbolt, Oaxaca, código postal 70725, y 4) Gilberto Alfaro Palacios, con domicilio en la calle Vicente Guerrero sin número, Segunda Sección, Santa María Guienagati, Oaxaca, código postal 70735, como aparece de las credenciales para votar de los citados terceros interesados (fojas 126 a 129 del cuaderno de pruebas). Debiendo requerirlos para que en el acto de la notificación o en el plazo de tres días, siguientes a su legal conocimiento, señalen domicilio en la zona conurbada de esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, y de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se les harán por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este tribunal, en términos del artículo 27, fracción II, de la ley de la materia. Se requiere al juez auxiliador para que realizado lo anterior, a la brevedad devuelva la comunicación que se le gira, apercibido que de no hacerlo o manifestar el impedimento que le asista para ello, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma. Notifíquese, personalmente a los terceros interesados.
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