Mario Fabela Tovar
Expediente 638/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 638/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Mario Fabela Tovar
- Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de octubre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el licenciado Jorge Ignacio Olivares Romero, autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2°; hágase la devolución de los documentos que señala en su ocurso de cuenta, previa copia certificada que se deje en autos, para debida constancia y toma de razón e identificación que de su entrega se deje en autos. Respecto de la citación que solicita para recabar las documentales indicadas en el párrafo que antecede, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicita, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Mario Fabela Tovar, en contra de la sentencia de tres de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el presente juicio de amparo; asimismo, informa que quedó registrado como amparo en revisión 348/2019 de su índice estadístico. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS, EL PROVEÍDO DE 18 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO En atención al contenido del escrito de cuenta, firmado por el quejoso Mario Fabela Tovar, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hacen valer contra la sentencia de tres de octubre del año en curso, dictada en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguense al expediente copia del escrito de mérito y las restantes distribúyanse entre las partes. Hecho lo anterior, una vez integrado con las notificaciones respectivas, dentro del término de tres días remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el original y copia de dicho documento, así como el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa, para la substanciación del medio de impugnación en alusión. Con las constancias que resulten necesarias, en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las diez horas con veinticinco minutos del tres de octubre de dos mil diecinueve, se procede a llevar a cabo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 638/2019-VII*R, promovido por Mario Fabela Tovar, por propio derecho. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Fernando Javier Miranda Marín, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, la declaró abierta sin contar con la asistencia de las partes, no obstante que se les notificó oportunamente de esta audiencia. A continuación, el secretario relaciona las siguientes constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: Escrito de demanda de amparo, auto aclaratorio de seis de septiembre del año en curso, comunicación con la que se dio cumplimiento a lo anterior, auto en que se admitió a trámite aquélla, constancia de notificación a los terceros interesados Silrendel, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y Zendere Holding I, P.I. de Capital Variable, así como a la autoridad responsable, informe justificado de ésta y proveído en que se determinó lo conducente. Asimismo, el secretario da cuenta con un escrito signado por el quejoso, recibido en la oficialía de partes de este juzgado hoy, inscrito en el libro de correspondencia con el número 12055, mediante el cual formula alegatos. Acto seguido, el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias de autos para ser considerada al momento de emitir la sentencia correspondiente y por recibido el escrito de cuenta, sin perjuicio de relacionarlo en el momento procesal oportuno. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales aportadas por el quejoso con su escrito recibido en este juzgado el once de septiembre de dos mil diecinueve, consistentes en: a) Escritura Pública 27,256 (veintisiete mil doscientos cincuenta y seis), de seis de junio de dos mil siete, del volumen 1130 de la Notaría Pública Número 28 en ejercicio para este Distrito Judicial Bravos, que ampara un contrato de apertura de crédito simple con intereses y garantía hipotecaria y contrato de compraventa, celebrado en esta ciudad, entre Librada Yolanda Castillo Rascón de Dorado, en lo personal y como apoderada de Alejandro Dorado Reyes, como vendedores y Mario Fabela Tovar y Dora Paula Vázquez Arreaga como compradores del inmueble que por esta vía se defiende; y, b) Certificación de residencia, vía oficio CR-21/2018, de trece de febrero de dos mil dieciocho, expedido por la Secretaría del Ayuntamiento de Praxedis G. Guerrero del Estado de Chihuahua, quien certifica el lugar de residencia del actor -casa ubicada en la Calle Ángela Peralta; así como las exhibidas por la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con su respectivo informe justificado -con las que se ordenó formar tomo de pruebas por separado a efecto de facilitar el mejor manejo del expediente. A lo que el juez acuerda: Se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las pruebas relacionadas en el párrafo que antecede, en términos del artículo 119, segundo párrafo, de la ley en la materia, sin perjuicio de que se tomen en consideración al momento de dictarse la sentencia respectiva. Al no haber otra prueba por desahogar se cierra este período. Abierta la etapa de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por el quejoso en su escrito de cuenta y hace constar que las demás partes no los expusieron. A lo anterior, el juez acuerda: Se tienen por hechas las manifestaciones que vierten la parte agraviada en el escrito de cuenta, sin perjuicio de tomarse en consideración al momento de emitir el fallo correspondiente y por precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos, con lo cual se declara cerrada esta fase. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se procede al dictado de la sentencia correspondiente. Visto, para resolver en definitiva el juicio de amparo 638/2019-VII, promovido por Mario Fabela Tovar, por derecho propio, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en la oficina de correspondencia común a los juzgados de distrito de esta localidad, recibido el mismo día en la oficialía de partes de este juzgado, el aludido quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad mencionada en el párrafo que antecede y por los actos que a continuación se precisan: "NORMA, ACTO U OMISIÓN RECLAMADO: - - - El auto de fecha 2 de septiembre del 2019, dictado en el Juicio Ordinario Mercantil radicado bajo el número de expediente 409/2010, ante dicha autoridad responsable Juzgado Primero de lo Civil, en el que ordena poner en posesión del bien embargado a ZENDERE HOLDING I, P.I. de C.V., quien no es la Adjudicataria". SEGUNDO. Este órgano jurisdiccional, al que por razón de turno, correspondió conocer de la demanda, la previno por auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve; luego, una vez aclarada se admitió a trámite por acuerdo de diez de ese mes y año, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se ordenó emplazar a los terceros interesados Silrendel, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, así como a Zendere Holding I, Promotora de Inversión de Capital Variable y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se verificó al tenor del acta que antecede misma que concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para conocer y resolver del presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 adicionado por los diversos 3/2015 y 12/2016, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de un juicio de amparo indirecto, promovido contra actos de una autoridad judicial residente en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que en esencia los actos reclamados se hacen consistir en: a).- El auto de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario mercantil 409/2010, en el que se ordena poner en posesión el bien inmueble ubicado en calle Ángela Peralta, número 9, colonia Centro, en la ciudad de Praxedis G. Guerrero, Chihuahua, al adjudicatario Zendere Holding I, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. La autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, aceptó dentro del ámbito de sus atribuciones, la existencia del acto que se le atribuye, enviando en apoyo a dicho informe, copia certificada de actuaciones que integran el expediente del juicio ordinario mercantil en 409/2010; documentales públicas a las que se da valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por consiguiente, se tiene probado el acto reclamado al juez civil indicado. Es aplicable la jurisprudencia 749, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Primera parte, Sexta Sección, Procedimiento de amparo indirecto, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Es aplicable la jurisprudencia 940 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y tesis, página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de las constancias que integran el sumario, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción IV, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". Del precepto transcrito 107, fracción IV de la Ley de Amparo, se advierte, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, en contra de la última resolución, la cual es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, haciéndose valer en todo caso, las violaciones cometidas durante el procedimiento, salvo que el acto de ejecución afecte de manera directa los derechos sustantivos, pues en este caso se surte una excepción a la regla general. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución. Para justificar la afirmación anticipada, es importante establecer que el quejoso acude a combatir el auto de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario mercantil 409/2010, por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad fronteriza, en el que se ordenó poner en posesión el bien inmueble ubicado en calle Ángela Peralta, número 9, colonia Centro, en la ciudad de Praxedis G. Guerrero, Chihuahua, al adjudicatario Zendere Holding I, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, y en la que, a criterio del promovente, el juzgador de origen incurrió en diversas inconsistencia, tal como reconocer a la aquí moral tercera interesada -Zendere Holding I- el carácter de adjudicataria, sin tener la legitimación activa o el carácter de parte en el juicio natural. Asimismo, del análisis de las constancias que como prueba exhibió la responsable, misma que fueron valoradas en el punto considerativo anterior, se desprende que es ante el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad fronteriza, donde se tramita el juicio ordinario mercantil 409/2010, de donde derivan los actos combatidos, procedimiento que se encuentra en etapa de ejecución, y en el que, entre otras cosas, el dos de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó, como se dijo, poner en posesión el bien inmueble multicitado a la aquí moral tercera interesada, lo que a la fecha no ha acontecido. Ahora bien, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción IV, interpretado contrario sensu, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución. En el caso concreto, a criterio del juzgador, de ninguna manera constituye la última resolución de ese procedimiento, ya que se trata de una actuación llevada a cabo dentro de la etapa de ejecución de sentencia que puede incluso reclamarse como una violación cometida durante ese procedimiento, pues esas violaciones deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio de amparo que se interponga contra la última resolución dictada en la fase de ejecución. Lo cual significa que las violaciones sufridas en la fase ejecutiva, pueden ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución en dicha etapa, con lo que se evita el abuso del juicio de amparo biinstancial; pues de lo contrario, pese a la existencia de una sentencia, el procedimiento natural aun siendo de orden público, se vería obstaculizado, contraviniendo entonces al interés de la sociedad en la prosecución y culminación de los procedimientos judiciales. Por lo que, si el referido procedimiento culmina con la determinación que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, cuando se ordena el archivo definitivo del expediente, resulta inconcuso que todas aquellas violaciones que se cometan en el procedimiento de ejecución, podrán combatirse en el juicio de amparo indirecto, hasta que culmine, lo anterior en congruencia con las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, específicamente conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Recapitulando, el acto que se reclama consiste en el proveído de dos de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en un juicio ordinario mercantil, no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución, ni tampoco se afecta de manera directa un derecho sustantivo del agraviado, por lo que, en todo caso es una cuestión que tiende al cumplimiento de la sentencia. De donde se colige que, si el acto reclamado no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución de la sentencia dentro del juicio antes señalado, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia mencionada. Resulta aplicable al respecto, por las razones que la integran, la tesis XIX.1o.P.T.3 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, materia común, página 2982, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, se impone sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior hace imposible el estudio de los conceptos de violación expresados por la quejosa tal y como lo establece la jurisprudencia 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, página 335, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento". En la inteligencia que no se hará algún pronunciamiento respecto a los alegatos formulados por el licenciado Jorge Ignacio Olivares Romero, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, pues conforme a lo dispuesto en los artículos 108, 115 y 117, de la ley de la materia, el juez sólo está obligado a examinar la justificación de los conceptos de violación contenidos en la demanda, en relación con los fundamentos del acto reclamado, los aducidos en el informe justificado y las pruebas aportadas; aunado a ello, los artículos 74 y 124 del ordenamiento invocado no exige el análisis de los mismos, ya que dichos razonamientos han sido definidos por el Máximo Tribunal del País como simples opiniones o conclusiones lógicas que hacen las partes sobre los fundamentos de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación. Como apoyo se cita la tesis de jurisprudencia número 39, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31 del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante Decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, porque aun de resultar fundada, el sentido de esta determinación en nada variaría, máxime cuando se estima que la estudiada es la que debe prevalecer, y porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Finalmente, debe aclararse que algunos de los criterios enunciados y que sirvieron de sustento en las diferentes fases de esta resolución, si bien fueron emitidos con base en la legislación de amparo abrogada, ello no impide que puedan aplicarse en este asunto tramitado con base en la legislación vigente, en tanto, el artículo sexto transitorio dispone que pueden ser utilizados siempre y cuando no se opongan a las disposiciones actuales, lo que desde luego no sucede en la especie. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 63, fracción IV, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo 638/2019-VII, promovido por Mario Fabela Tovar, respecto del acto que reclamó del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución, con lo que concluye la presente audiencia.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,163 expedientes
- Mario Cruz Cruz721/2018
- Mario David Martínez Martínez531/2017
- Mario Eleazar Valles Zapata276/2018
- Mario Eleazar Valles Zapata935/2016
- Mario Enrique Alba Aguilar1238/2022
- Mario Fabela Tovar y Otros.719/2023
- Mario Fabela Tovar683/2019
- Mario Favela Tovar y Otros.53/2021
- Mario Favela Tovar105/2021
- Mario Favela Tovar67/2021
- Mario Felipe Hernández Armendariz121/2015
- Mario Fernando Pérez Donato232/2021