Mario Fabela Tovar y Otros.

Expediente 719/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
719/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Mario Fabela Tovar y Otros.
  • Mario Fabela Tovar

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por el Secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta localidad fronteriza, con el que remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, al resolver en el recurso de queja civil 162/2023, interpuesto por ********************, por su propio derecho en contra del proveído de veintiséis de julio del año en curso, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, de cuyos puntos resolutivos se desprende lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja a que este toca refiere" En atención a lo anterior, hágase las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y gírese el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente de desahogar ni actuación alguna por cumplimentar; aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material; por tanto y con fundamento en los preceptos 196 y 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Asimismo, se hace la precisión de que este expediente es destruible una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12 y a) y 20 fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como en los diversos establecidos en el capítulo ocho, apartado 8.1.2, número 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal toda vez que se desechó la demanda de amparo; con la precisión que no tiene relevancia documental. Sin dejar de mencionar que el Manual vigente referido en el párrafo anterior, resulta aplicable en lo conducente, tal como lo dispone el artículo noveno transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite el auto de ocho de agosto del año en curso, dictado en la queja 162/2023, de cuyo contenido se advierte que se admitió el recurso aludido, interpuesto por la parte quejosa, contra el acuerdo de veintiséis de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, téngasele acusando de recibo el oficio con el que se rindió el informe de ley y se remitió el original del recurso hecho valer y de expresión de agravios. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 26 DE JULIO DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO: Acuerdo: Por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** y ********************, contra actos del Juez Primero Civil de lo Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese el expediente respectivo y regístrese bajo el juicio de amparo 719/2023-VIII. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; así se aprecia de su contenido, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo transcrito en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causa de improcedencia; además, que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Así como la tesis pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 2235, del Libro 29, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en abril de 2016, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DIRECTRICES A CONSIDERAR PARA DESECHARLA DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA. Dicho precepto precisa que el juzgador de amparo podrá desechar de plano la demanda de amparo, sólo si advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Así, para que pueda actuar en ese sentido, el motivo de improcedencia debe ser tan notorio, manifiesto e indudable, que no quepa duda acerca de su actualización, al grado que sea inderrotable, sin discusión. En cambio, si sobre la actualización de la causa de improcedencia existe cierta duda y/o se requieren datos, constancias y/o del acreditamiento de hechos o circunstancias en torno a los cuales -al momento de la admisión de la demanda- no se tiene la suficiente certeza; por ende, el motivo de inviabilidad puede ser discutible, no se colman los requisitos exigidos en el referido artículo 113, en cuyo caso debe admitirse la demanda". Por tanto, es de indicarse que de la demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa precisa como acto reclamado el siguiente: "El auto que niega dar por terminado el juicio de origen, de fecha seis de julio de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************, radicado ante la Autoridad Responsable Juzgado Primero de lo Civil de lo Tradicional del Distrito Judicial Bravos". Para mejor comprensión del sentido de este proveído, es menester mencionar que de los antecedentes que el amparista indica en su demanda de amparo, destaca que dentro del juicio ordinario mercantil ********************, promovido por Banco Santander, Sociedad Anónima, contra los quejosos, se dictó sentencia el veintiocho de junio de dos mil once, condenando al demandado al pago de la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 m.n.). Asimismo, en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, el veinte de octubre de dos mil once, se embargó un bien inmueble para garantizar el pago de lo condenado. Posteriormente, el veintiocho de noviembre de dos mil doce, se adjudicó el bien embargado en favor del actor, motivo por el cual el diez de diciembre de dos mil doce, se ordenó al notario público la escrituración a nombre del banco actor, enviándose el mismo para tal efecto, recibiéndose sin protocolizar el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. El catorce de julio de dos mil dieciséis, el banco actor dejó de ser partes ya que celebró un contrato de cesión de derechos litigiosos en favor ********************. En cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, por no ser la adjudicataria del bien, se niega a Sildenrel, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la solicitud de elaboración de escritura a su favor. Contra esa determinación, la citada moral, presentó recurso de apelación, resuelto por la Segunda Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el toca 96/2019, confirmando el citado auto de cuatro de diciembre. También, el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se niega al apoderado ********************, la facultad para actuar en el juicio de origen. En virtud de lo anterior, el veintiocho de junio del año en curso, los aquí quejosos, solicitaron al juez responsable que se diera por terminado el juicio por falta de capacidad de la multicitada persona moral; petición que fue negada en proveído de seis del mes y año en curso, sustentándolo en que la determinación de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, no tiene esa consecuencia jurídica, aunado a que el asunto está en proceso de remate y adjudicación (resolución que constituye el acto reclamado). En ese sentido, al causar ejecutoria la sentencia emitida en el juicio ordinario mercantil ********************, y requerir su cumplimiento, la etapa procesal del juicio de origen avanza a ejecución de sentencia, por lo que, para dar acatamiento a la ejecutoria dictada por el Juez Primero Civil de lo Tradicional del Distrito Judicial Bravos, como mencionaron los quejosos, se les embargó un bien de su propiedad, mismo que fue adjudicado al actor, posteriormente éste, otorgó en cesión de los derechos litigiosos en favor ********************, sin embargo se ha negado la escrituración a su nombre, atendiendo a que el bien raíz no le fue adjudicado, de ahí la solicitud para la conclusión del juicio; petición que como se señaló, fue negada atendiendo a que el asunto aún está en proceso de remate y adjudicación, es decir, en ejecución de sentencia. De lo anteriormente precisado, se deduce que en el juicio de origen del que deriva el acto reclamado, la parte agraviada es parte formal y material, tan es así que tiene el carácter de parte demandada, por lo que no hay incertidumbre de que ese proceso se encuentra en ejecución de sentencia, es decir, se combate un acto que no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, en virtud que ese último acto debe ser entendido como aquel que tiene por cumplida la sentencia, o bien, declara la imposibilidad jurídica o material para acatarla o determina el archivo del juicio, momento en el que serán analizables las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución y sus consecuencias. En ese tenor, se estima que respecto del acto reclamado se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" En el primer numeral transcrito precisa que el juicio de amparo es improcedente cuando de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia, se derive una causal que así lo prevea. Al respecto, en la segunda disposición invocada se prevé que el amparo que se promueva en contra de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia resulta improcedente cuando no se trata de la última resolución dictada en esa fase, en donde se podrán reclamar todas las demás violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Además, se puede advertir que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en la fase de ejecución, establece un distingo entre: 1) Los actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y, 2) Los actos de ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquéllos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por lo tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, verbigracia las determinaciones pronunciadas en los incidentes de liquidación de prestaciones, o la expedición de medidas de apremio para vencer la contumacia del obligado. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo -definida como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo- e inclusive, la que ordena el archivo definitivo del expediente, por ser en ésta en la que se materializará el agravio respectivo. Sobre esa tesitura, es posible sustentar que la instancia constitucional promovida en contra de actos emitidos durante el procedimiento de ejecución de sentencia, resulta improcedente si aún no ha sido pronunciada la determinación que constituya la última resolución de esa fase o bien, si la cuestión impugnada no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Así, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además de que deba recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, al lesionar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Luego, resulta patente que no es procedente la presente instancia constitucional frente a dicho acto de autoridad, porque aunado al hecho de que no constituye la última resolución en la fase de ejecución como lo señala el artículo 107, fracción IV párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que exige para la impugnación de los actos dictados en ejecución de una sentencia, como presupuesto de procedencia, que se reclame la última resolución, esto es, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Aún más, de lo dispuesto en el precepto en estudio, se deduce que para que proceda el juicio de amparo se deben dar los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y, c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. La distinción entre lo que constituye una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia" y la diversa "en ejecución de la misma", consiste en que la primera debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, y la que, por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la resolución emitida en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo, se trata de una actuación en la etapa de ejecución de sentencia, lo que hace por ahora improcedente esta instancia constitucional. De ahí que, el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, habida cuenta que ésta no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento ni la que ordena el archivo definitivo del expediente. En ese contexto, el juicio de amparo resulta improcedente en contra del proveído de seis del mes y año en curso dictado en el juicio ********************, del índice del Juzgado Primero Civil de lo Tradicional del Distrito Judicial Bravos, relativo a la negativa de dar por concluido el citado asunto dado que aún está en etapa de remate y adjudicación del bien inmueble embargado, por lo que, las violaciones que pudieran acontecer en ese procedimiento de ejecución, deberán combatirse cuando se reclame la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordene el archivo definitivo del expediente. Tiene aplicación, la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por tanto, se insiste que el acto reclamado se trata de un proveído dictado en la fase procesal de ejecución, por lo que, únicamente es susceptible de ser reclamado como violación, cuando se reclame la última resolución dictada en el periodo de ejecución, que será la que determine cumplida la sentencia, declare la imposibilidad para hacerlo, u ordene el archivo del expediente; de ahí, que debe tenerse por actualizada la causa de improcedencia que se estudia. Aunado a que, no queda duda para este juzgador que el juicio de origen ********************, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, atendiendo a que en este juzgado, se radicaron los juicios de amparo ********************, promovidos por ********************, así como los diversos ********************, instados por el diverso quejoso ********************, cuyos actos reclamados son derivados del citado asunto, contra la misma autoridad, esto es, el Juez Primero Civil de lo Tradicional del Distrito Judicial Bravos, lo que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, constituye un hecho notorio para resolver en la forma apuntada. Por ello, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ******************** y ********************. En términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle ********************, en esta ciudad y como autorizada para tal efecto a ********************, por así solicitarlo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** y ********************, contra actos del Juez Primero Civil de lo Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese el expediente respectivo y regístrese bajo el juicio de amparo 719/2023-VIII. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; así se aprecia de su contenido, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo transcrito en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causa de improcedencia; además, que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Así como la tesis pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 2235, del Libro 29, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en abril de 2016, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DIRECTRICES A CONSIDERAR PARA DESECHARLA DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA. Dicho precepto precisa que el juzgador de amparo podrá desechar de plano la demanda de amparo, sólo si advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Así, para que pueda actuar en ese sentido, el motivo de improcedencia debe ser tan notorio, manifiesto e indudable, que no quepa duda acerca de su actualización, al grado que sea inderrotable, sin discusión. En cambio, si sobre la actualización de la causa de improcedencia existe cierta duda y/o se requieren datos, constancias y/o del acreditamiento de hechos o circunstancias en torno a los cuales -al momento de la admisión de la demanda- no se tiene la suficiente certeza; por ende, el motivo de inviabilidad puede ser discutible, no se colman los requisitos exigidos en el referido artículo 113, en cuyo caso debe admitirse la demanda". Por tanto, es de indicarse que de la demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa precisa como acto reclamado el siguiente: "El auto que niega dar por terminado el juicio de origen, de fecha seis de julio de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************, radicado ante la Autoridad Responsable Juzgado Primero de lo Civil de lo Tradicional del Distrito Judicial Bravos". Para mejor comprensión del sentido de este proveído, es menester mencionar que de los antecedentes que el amparista indica en su demanda de amparo, destaca que dentro del juicio ordinario mercantil ********************, promovido por Banco Santander, Sociedad Anónima, contra los quejosos, se dictó sentencia el veintiocho de junio de dos mil once, condenando al demandado al pago de la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 m.n.). Asimismo, en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, el veinte de octubre de dos mil once, se embargó un bien inmueble para garantizar el pago de lo condenado. Posteriormente, el veintiocho de noviembre de dos mil doce, se adjudicó el bien embargado en favor del actor, motivo por el cual el diez de diciembre de dos mil doce, se ordenó al notario público la escrituración a nombre del banco actor, enviándose el mismo para tal efecto, recibiéndose sin protocolizar el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. El catorce de julio de dos mil dieciséis, el banco actor dejó de ser partes ya que celebró un contrato de cesión de derechos litigiosos en favor ********************. En cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, por no ser la adjudicataria del bien, se niega a Sildenrel, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la solicitud de elaboración de escritura a su favor. Contra esa determinación, la citada moral, presentó recurso de apelación, resuelto por la Segunda Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el toca 96/2019, confirmando el citado auto de cuatro de diciembre. También, el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se niega al apoderado ********************, la facultad para actuar en el juicio de origen. En virtud de lo anterior, el veintiocho de junio del año en curso, los aquí quejosos, solicitaron al juez responsable que se diera por terminado el juicio por falta de capacidad de la multicitada persona moral; petición que fue negada en proveído de seis del mes y año en curso, sustentándolo en que la determinación de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, no tiene esa consecuencia jurídica, aunado a que el asunto está en proceso de remate y adjudicación (resolución que constituye el acto reclamado). En ese sentido, al causar ejecutoria la sentencia emitida en el juicio ordinario mercantil ********************, y requerir su cumplimiento, la etapa procesal del juicio de origen avanza a ejecución de sentencia, por lo que, para dar acatamiento a la ejecutoria dictada por el Juez Primero Civil de lo Tradicional del Distrito Judicial Bravos, como mencionaron los quejosos, se les embargó un bien de su propiedad, mismo que fue adjudicado al actor, posteriormente éste, otorgó en cesión de los derechos litigiosos en favor ********************, sin embargo se ha negado la escrituración a su nombre, atendiendo a que el bien raíz no le fue adjudicado, de ahí la solicitud para la conclusión del juicio; petición que como se señaló, fue negada atendiendo a que el asunto aún está en proceso de remate y adjudicación, es decir, en ejecución de sentencia. De lo anteriormente precisado, se deduce que en el juicio de origen del que deriva el acto reclamado, la parte agraviada es parte formal y material, tan es así que tiene el carácter de parte demandada, por lo que no hay incertidumbre de que ese proceso se encuentra en ejecución de sentencia, es decir, se combate un acto que no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, en virtud que ese último acto debe ser entendido como aquel que tiene por cumplida la sentencia, o bien, declara la imposibilidad jurídica o material para acatarla o determina el archivo del juicio, momento en el que serán analizables las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución y sus consecuencias. En ese tenor, se estima que respecto del acto reclamado se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" En el primer numeral transcrito precisa que el juicio de amparo es improcedente cuando de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia, se derive una causal que así lo prevea. Al respecto, en la segunda disposición invocada se prevé que el amparo que se promueva en contra de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia resulta improcedente cuando no se trata de la última resolución dictada en esa fase, en donde se podrán reclamar todas las demás violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Además, se puede advertir que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en la fase de ejecución, establece un distingo entre: 1) Los actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y, 2) Los actos de ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquéllos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por lo tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, verbigracia las determinaciones pronunciadas en los incidentes de liquidación de prestaciones, o la expedición de medidas de apremio para vencer la contumacia del obligado. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo -definida como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo- e inclusive, la que ordena el archivo definitivo del expediente, por ser en ésta en la que se materializará el agravio respectivo. Sobre esa tesitura, es posible sustentar que la instancia constitucional promovida en contra de actos emitidos durante el procedimiento de ejecución de sentencia, resulta improcedente si aún no ha sido pronunciada la determinación que constituya la última resolución de esa fase o bien, si la cuestión impugnada no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Así, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además de que deba recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, al lesionar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Luego, resulta patente que no es procedente la presente instancia constitucional frente a dicho acto de autoridad, porque aunado al hecho de que no constituye la última resolución en la fase de ejecución como lo señala el artículo 107, fracción IV párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que exige para la impugnación de los actos dictados en ejecución de una sentencia, como presupuesto de procedencia, que se reclame la última resolución, esto es, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Aún más, de lo dispuesto en el precepto en estudio, se deduce que para que proceda el juicio de amparo se deben dar los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y, c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. La distinción entre lo que constituye una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia" y la diversa "en ejecución de la misma", consiste en que la primera debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, y la que, por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la resolución emitida en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo, se trata de una actuación en la etapa de ejecución de sentencia, lo que hace por ahora improcedente esta instancia constitucional. De ahí que, el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, habida cuenta que ésta no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento ni la que ordena el archivo definitivo del expediente. En ese contexto, el juicio de amparo resulta improcedente en contra del proveído de seis del mes y año en curso dictado en el juicio ********************, del índice del Juzgado Primero Civil de lo Tradicional del Distrito Judicial Bravos, relativo a la negativa de dar por concluido el citado asunto dado que aún está en etapa de remate y adjudicación del bien inmueble embargado, por lo que, las violaciones que pudieran acontecer en ese procedimiento de ejecución, deberán combatirse cuando se reclame la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordene el archivo definitivo del expediente. Tiene aplicación, la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por tanto, se insiste que el acto reclamado se trata de un proveído dictado en la fase procesal de ejecución, por lo que, únicamente es susceptible de ser reclamado como violación, cuando se reclame la última resolución dictada en el periodo de ejecución, que será la que determine cumplida la sentencia, declare la imposibilidad para hacerlo, u ordene el archivo del expediente; de ahí, que debe tenerse por actualizada la causa de improcedencia que se estudia. Aunado a que, no queda duda para este juzgador que el juicio de origen ********************, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, atendiendo a que en este juzgado, se radicaron los juicios de amparo ********************, promovidos por ********************, así como los diversos ********************, instados por el diverso quejoso ********************, cuyos actos reclamados son derivados del citado asunto, contra la misma autoridad, esto es, el Juez Primero Civil de lo Tradicional del Distrito Judicial Bravos, lo que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, constituye un hecho notorio para resolver en la forma apuntada. Por ello, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ******************** y ********************. En términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle ********************, en esta ciudad y como autorizada para tal efecto a ********************, por así solicitarlo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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