Mario Enrique Abrego Rodríguez

Expediente 630/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
630/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • Mario Enrique Abrego Rodríguez
  • Rigoberto Patiño Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento contra la sentencia de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años posteriores a la emisión de este proveído. Por tanto, una vez que transcurra el referido plazo de tres años, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Por otra parte, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva en el incidente relativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, dicho cuaderno es conservable, por lo que una vez que transcurra el plazo de tres años, este Juzgado de Distrito solicitará su trasferencia; mientras tanto, consérvese por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional y agréguesele copia certificada de este proveído. Toda vez que a foja 44 de autos del expediente principal y a foja 49 del incidente de suspensión obran dos discos en formato DVD remitidos por la Jueza Presidenta en turno del Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, devuélvanse los mismos dicha autoridad, para los efectos legales procedentes, resultar innecesaria su conservación en este órgano jurisdiccional. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento contra la sentencia de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años posteriores a la emisión de este proveído. Por tanto, una vez que transcurra el referido plazo de tres años, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Por otra parte, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva en el incidente relativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, dicho cuaderno es conservable, por lo que una vez que transcurra el plazo de tres años, este Juzgado de Distrito solicitará su trasferencia; mientras tanto, consérvese por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional y agréguesele copia certificada de este proveído. Toda vez que a foja 44 de autos del expediente principal y a foja 49 del incidente de suspensión obran dos discos en formato DVD remitidos por la Jueza Presidenta en turno del Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, devuélvanse los mismos dicha autoridad, para los efectos legales procedentes, resultar innecesaria su conservación en este órgano jurisdiccional. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 630/2023-VII, promovido por Mario Enrique Abrego Rodríguez, por conducto de sus defensores particulares Javier Motte Jiménez y Pablo Javier Motte Zúñiga, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Artemisa Venus Fernández Ángel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, la Secretaria certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por Mario Enrique Abrego Rodríguez, por conducto de sus defensores particulares Javier Motte Jiménez y Pablo Javier Motte Zúñiga, auto admisorio de doce de mayo de dos mil veintitrés, informes justificados rendidos por la autoridad responsable y oficio 320/2023, del Tribunal de Enjuiciamiento responsable, por el que informa que Javier Motte Jiménez cuenta con el carácter de defensor particular del quejoso, dentro de la causa penal de donde emana el acto reclamado, toda vez que aceptó el cargo conferido el nueve de mayo pasado, en la audiencia de revisión de medida cautelar (foja 22); asimismo que Pablo Javier Motte Zúñiga, no ha comparecido a aceptar el cargo de defensor. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que los terceros interesados 1Rigoberto Patiño Sánchez, 2Agente del Ministro Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar, Región Sur, de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala y 3Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómense en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, ténganse por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los terceros interesados; asimismo, se tiene por rendido el informe del Tribunal responsable. Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria hace constar que las autoridades responsables, Jueza Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer remitió copia certificada del índice cronológico de la causa judicial 242/2020, de fecha nueve de mayo de dos mil veintitrés, así como también un DVD de la misma audiencia y del Titular del Centro de Reinserción Social copia certificada del resultado de la audiencia de la causa ya mencionada; Asimismo, por auto de siete de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la responsable manifestando que el veinticuatro de mayo pasado, desahogó la audiencia de revisión de medida cautelar, en la que se ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa y en su lugar se impuso la prisión preventiva justificada, en cumplimiento a la suspensión definitiva concedida al ahora quejoso, en el incidente de suspensión deducido del presente juicio de amparo; por lo cual con apoyo el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de manera supletoria a la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a las partes, con el diverso auto de cinco de junio pasado dictado en el citado incidente de suspensión, en el que se ordenó agregar el oficio de la Jueza Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento conformado para conocer de la causa judicial 242/2020 del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante el cual en cumplimiento a la suspensión definitiva de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés y remitió la audiencia de revisión de la medida cautelar de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la referida causa penal, así como la versión escrita de la citada audiencia, en la que consta que revocó la medida cautelar relativa a la prisión preventiva oficiosa y en su lugar se decretó la prisión preventiva justificada al quejoso Mario Enrique Abrego Rodríguez. Asimismo el Titular del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, al rendir su informe justificado adjuntó copia certificada del oficio 1772, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veinte, por medio del cual el Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, informó que con esa fecha se impuso prisión preventiva oficiosa al ahora quejoso Mario Enrique Abrego Rodríguez, por hechos probablemente constitutivos del delito que la ley señala como abuso sexual, cometido en victimización del menor de identidad reservada, identificado con las iniciales M.P.P. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 630/2023, promovido por Mario Enrique Abrego Rodríguez, por conducto de su defensor particular Javier Motte Jiménez, contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el once de mayo del año en curso, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y recibido en la misma fecha, Mario Enrique Abrego Rodríguez, por conducto de sus defensores particulares Javier Motte Jiménez y Pablo Javier Motte Zúñiga, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. EJECUTORA: Director del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO. La resolución de nueve de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual se determina negar el cese de la prisión preventiva oficiosa, decretada en contra de Mario Enrique Abrego Rodríguez, dentro de la causa penal 242/2020, que se le instruye por el delito de abuso sexual, cometido en victimización del menor de identidad reservada con las iniciales M.P.P., así como su ejecución. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de doce de mayo del año en curso, se radicó el presente asunto y se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió los informes justificados a las autoridades responsables; se ordenó emplazar a los terceros interesados se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza penal; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del Acto Reclamado. A fin de establecer de manera clara y precisa el acto reclamado y de conformidad con la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación intitulada [.] DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD [.], resulta procedente interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, fijando clara y precisamente el acto reclamado. Por lo que, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de fecha nueve de mayo de dos mil veintitrés, por la que se determinó negar el cese de la prisión preventiva oficiosa, decretada en contra de Mario Enrique Abrego Rodríguez, dentro de la causa penal número 242/2020, que se le instruye por el delito de abuso sexual, cometido en victimización del menor de identidad reservada con las iniciales M.P.P., en el Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, así como su ejecución. TERCERO. Legitimación para promover el juicio de amparo. Javier Motte Jiménez, está legitimado para promover el presente juicio de control constitucional, en representación de Mario Enrique Abrego Rodríguez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, segundo párrafo, y 14, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que al efecto disponen: [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita [.]. [.] Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el Defensor manifieste bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente [.]. Ello es así, toda vez que, de lo expuesto en la demanda de amparo, se advierte Javier Motte Jiménez se ostentó como Defensor Particular y en tal carácter de Mario Enrique Abrego Rodríguez, lo cual efectivamente se encuentra demostrado, pues la autoridad responsable, en su oficio 320/2023, manifestó que dicho profesionista cuenta con tal carácter dentro de la causa penal de donde emana el acto reclamado, toda vez que aceptó el cargo conferido el nueve de mayo pasado, en la audiencia de revisión de medida cautelar (foja 22); asimismo informó que Pablo Javier Motte Zúñiga, no ha comparecido a aceptar el cargo de defensor. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Jueza Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y el Titular del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, al rendir sus respectivos informes justificados admitieron la existencia del acto reclamado, los cuales obran a fojas 39 y 33, respectivamente; por lo cual se tiene plenamente probada su existencia. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: [...] Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto [.]. Lo anterior se corrobora con las copias autentificadas de las constancias escritas de la causa penal 242/2020 y el registro de audio y video de la audiencia llevada a cabo por el Tribunal de Enjuiciamiento, el nueve de mayo de dos mil veintitrés, relativa al nombramiento de asesor jurídico y revisión de medida cautelar, que como apoyo a su informe justificado anexó la autoridad judicial responsable, esto en un disco versátil digital, donde obra el acto reclamado por el quejoso, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, se cita como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: [...] Registro digital: 2004362 Instancia: Primera Sala Décima Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 43/2013 Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga [.]. QUINTO. Causal de improcedencia del juicio. Previo al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, es pertinente examinar las causas de improcedencia o de sobreseimiento que se hagan valer por las partes y las que se adviertan de oficio por este Juzgado Federal, dado que la improcedencia del amparo es una cuestión de orden público y, una institución por virtud de la cual el órgano de amparo se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal, la que se analiza de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Al respecto, quien aquí resuelve considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: [.] Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente:. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]. De la interpretación de la referida porción normativa, se advierte que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: Por revocación, y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, de manera tal que los efectos de este, se destruyan total e incondicionalmente; y, por ende, la cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó es decir, como si el acto no hubiere invadido la jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis: [.] Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 165870 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.3o.C.92 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1491 Tipo: Aislada CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente [.]. Bajo los parámetros establecidos, se estima actualizada la causal de improcedencia invocada. Para evidenciar lo anterior, es oportuno hacer una relación de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las que se aprecia: 1. El veintiséis de septiembre de dos mil veinte, el Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, le impuso prisión preventiva oficiosa al ahora quejoso Mario Enrique Abrego Rodríguez, por hechos probablemente constitutivos del delito que la ley señala como abuso sexual, cometido en victimización del menor de identidad reservada, identificado con las iniciales M.P.P. 2. El nueve de mayo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar solicitada por el aquí quejoso Mario Enrique Abrego Martínez, en la que su defensa solicitó se revisara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al citado quejoso el veintiséis de septiembre de dos mil veinte, en virtud que habían transcurrido dos años desde la fecha en que se le impusiera la misma; sin embargo, el Tribunal de Enjuiciamiento responsable, consideró que resultaba procedente la revisión de la medida cautelar impuesta consistente en la prisión preventiva oficiosa, no obstante lo anterior, consideró que no habían variado las condiciones de la misma por lo que determinó que no era procedente decretar el cese de la prisión preventiva oficiosa, quedando vigente en los términos establecidos en la resolución que le fue impuesta la medida cautelar (como se advierte del disco versátil digital que acompañó la responsable a su informe justificado, así como la copia certificada del índice cronológico de la citada audiencia que obra a fojas 41 a 43). ESTA DETERMINACIÓN CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. 3. Por auto de siete de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la responsable manifestando que el veinticuatro de mayo pasado, desahogó la audiencia de revisión de medida cautelar, en la que se ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa y en su lugar se impuso la prisión preventiva justificada, en cumplimiento a la suspensión definitiva concedida al ahora quejoso, en el incidente de suspensión deducido del presente juicio de amparo; por lo cual con apoyo el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de manera supletoria a la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a las partes, con el diverso auto de cinco de junio pasado dictado en el incidente de suspensión deducido del juicio de amparo en que se actúa, en el que se ordenó agregar el oficio de la Jueza Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento conformado para conocer de la causa judicial 242/2020 del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante el cual en cumplimiento a la suspensión definitiva de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés y remitió la audiencia de revisión de la medida cautelar de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la referida causa penal, así como la versión escrita de la citada audiencia, en la que consta que revocó la medida cautelar relativa a la prisión preventiva oficiosa y en su lugar se decretó la prisión preventiva justificada al quejoso Mario Enrique Abrego Rodríguez. De lo anterior, se advierte que, se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, en virtud de que al haberse modificado la prisión preventiva oficiosa por la prisión preventiva justificada, es evidente que dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa fue sustituida por la diversa de prisión preventiva justificada, por lo cual, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, esto es, la nueva resolución sustituyó procesalmente el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXI, Ley de Amparo, respecto del acto que reclama la inconforme; por tanto, es procedente SOBRESEER en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Determinación que se hace extensiva respecto de los actos atribuidos al Director del centro de Reinserción social de Apizaco, Tlaxcala, toda vez que no se reclama por vicios propios. Conforme al sentido de este fallo, es improcedente entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa e innecesario valorar el fondo de la demanda de amparo, de acuerdo a lo que sostiene la tesis de jurisprudencia 1028, que aparece en la página 708, del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: [.] SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente [.]. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, puede obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Mario Enrique Abrego Rodríguez, por conducto de su defensor particular Javier Motte Jiménez, contra actos de las autoridades responsables indicados en el resultando primero, por las consideraciones precisadas en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante Artemisa Venus Fernández Ángel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio, de la Jueza Presidenta en turno del Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; al que adjunta copia certificada del índice cronológico de la audiencia de nombramiento de asesor jurídico y revisión de medida cautelar de fecha nueve de mayo del dos mil veintitrés, dentro de la causa judicial número 242/2020 consistente en dos fojas, así como copia de la audiencia en formato DVD; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado. Con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. En relación a que la responsable manifiesta, que con fecha veinticuatro de mayo pasado, desahogó la audiencia de revisión de medida cautelar, en la que se ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa y en su lugar se impuso la prisión preventiva justificada, en cumplimiento a la suspensión definitiva concedida al ahora quejoso, en el incidente de suspensión deducido del presente juicio de amparo; de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de manera supletoria a la Ley de Amparo, se ordena dar vista al quejoso, con el proveído de cinco de junio pasado dictado en el citado incidente de suspensión, en el que se ordenó agregar el oficio de la Jueza Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento conformado para conocer de la causa judicial 242/2020 del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante el cual en cumplimiento a la suspensión definitiva de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, remite la audiencia de revisión de la medida cautelar de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la Causa Judicial 242/2020; así como la versión escrita de la citada audiencia, en la que consta que revocó la medida cautelar relativa a la prisión preventiva oficiosa y en su lugar se decretó la prisión preventiva justificada al quejoso Mario Enrique Abrego Rodríguez. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte la documental pública consistente en dos fojas y un DVD, que contiene la audiencia de nueve de mayo de dos mil veintitrés, de nombramiento de asesor jurídico y revisión de medida cautelar, dentro de la Causa Judicial 242/2020, e índice cronológico de la citada audiencia, sin perjuicio de hacer relación de la misma al celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, visto el estado de los autos y la certificación que antecede, de la que se aprecia la audiencia constitucional está programada para esta fecha, sin embargo, toda vez que en el presente acuerdo se ordena dar vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable oficiante y anexos que acompaña; en mérito de lo anterior, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, y no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijas las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.

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