Mario Enrique Abrego Rodríguez

Expediente 678/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
678/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Rigoberto Patiño Sánchez
  • Mario Enrique Abrego Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 678/2023, promovido por********************, Defensores particulares de ********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, ********************, por conducto de sus Defensores particulares, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: La medida cautelar de prisión preventiva justificada decretada en audiencia de once de mayo de dos mil veintitrés dentro de la causa judicial ********************. Acto que considera violatorio de los derechos contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 20, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 1 a 8). SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. En proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó radicar el juicio de amparo 678/2023 y se admitió a trámite la demanda; se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento (fojas 10 a 13, 17 y 18). Además, se ordenó el emplazamiento de ********************, en representación del infante de identidad reservada con iniciales ********************, a quien le reviste el carácter de víctima en el proceso penal de donde emana el acto reclamado, diligencia que se llevó a cabo el uno de junio de dos mil veintitrés, en los términos que obran en autos (fojas 192 a 194). De igual forma, mediante escrito acordado el uno de junio de dos mil veintitrés, el antes nombrado se apersonó al presente juicio de amparo (foja 27). Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza penal y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Legitimación para promover el juicio de amparo. ********************está legitimado para promover el presente juicio de control constitucional, en representación de ********************, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, segundo párrafo, y 14, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que al efecto disponen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. "Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita. "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el Defensor manifieste bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente." Ello es así, toda vez que de lo expuesto en la demanda de amparo, se advierte que el promovente se ostentó como Defensor particular de ********************, lo cual se encuentra demostrado, pues de la causa penal de donde emana el acto reclamado, se advierte que el imputado - aquí quejoso - designó con tal carácter a ********************, quien intervino en la audiencia de revisión de medida cautelar celebrada en la causa judicial ******************** (fojas 46 y 137, así como el registro digital de dicha audiencia). TERCERO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que el quejoso reclama: La medida cautelar de prisión preventiva justificada decretada en audiencia de once de mayo de dos mil veintitrés dentro de la causa judicial ******************** y su ejecución. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala y Titular del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, que se hacen consistir en la resolución de once de mayo de dos mil veintitrés en el que se decretó prisión preventiva justificada a ******************** y su ejecución. Ello es así, en virtud de que, al rendir sus informes justificados, los cuales obran a fojas 22 a 25, 72 y 73, las autoridades responsables aceptaron el acto atribuido y, por ende, se tiene plenamente probada su existencia. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las copias autentificadas de las constancias escritas de la causa judicial ******************** y con el registro de audio y video de la audiencia donde se dictó el acto reclamado y que remitió la autoridad judicial responsable, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Al respecto, se cita como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2004362 Instancia: Primera Sala Décima Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 43/2013 Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza de los actos reclamados y previamente al estudio del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Considerando que esta autoridad judicial no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia y tampoco las partes las hicieron valer, se procede al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. SEXTO.- Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, es oportuno relatar los antecedentes de la resolución que se combate en esta vía constitucional, los cuales se desprenden de la causa judicial remitida por la autoridad responsable: 1.- En sentencia dictada el tres de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por ******************** contra los actos que reclamó al Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, consistentes en el auto de vinculación a proceso dictado al antes nombrado y la resolución de ocho de agosto de dos mil veintidós en la que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro de la causa judicial ********************, este órgano jurisdiccional concedió al quejoso la protección constitucional para los siguientes efectos: ".el juez debe declarar improcedente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y para el caso que el agente del Ministerio Público solicite la imposición de una medida cautelar diversa a la prisión preventiva de carácter oficioso, deberá abrir debate para que con base en los argumentos planteados por las partes resuelva con libertad de jurisdicción lo que estime pertinente; todo lo cual deberá realizar en audiencia." En dicha resolución se requirió al Juez responsable el inmediato cumplimiento a la sentencia de amparo (fojas 77 a 116). 2.- En acuerdo de diez de mayo de dos mil veintitrés, el Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer señaló las quince horas con treinta minutos del día once siguiente para llevar a cabo la audiencia relativa a cumplimentar la sentencia de amparo (fojas 117 y 118). 3.- El once de mayo de dos mil veintitrés se celebró la audiencia de revisión de medida cautelar, en la cual el Juez responsable revocó la prisión preventiva oficiosa decretada inicialmente a ******************** (minuto 6:29 del registro de audio y video). De igual forma, concedió el uso de la palabra al Agente del Ministerio Público, quien pidió la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo cual la fiscalía expuso sus argumentos y se abrió el debate respectivo, en el cual los Asesores Jurídicos realizaron manifestaciones para que el juzgador procediera en los términos solicitados; asimismo, el Defensor particular del imputado se opuso a lo anterior y solicitó se le impusiera diversa medida cautelar al investigado (a partir del minuto 8:05 del registro de audio y video). 4.- Una vez concluidas las exposiciones de las partes, el juzgador de origen declaró cerrado el debate y determinó imponer a ******************** la medida cautelar de prisión preventiva justificada (a partir del minuto 51:53 del registro de audio y video). Esta resolución es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SÉPTIMO. Estudio del asunto. Son infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso, sin que se advierta deficiencia a suplir de oficio o que alguna de las normas aplicadas en el caso resulte violatoria de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en sus conceptos de violación, el quejoso argumenta en síntesis: Que al decretarse la prisión preventiva justificada, el Juez responsable debió fundarla en elementos probatorios suficientes, sin conjeturas o suposiciones. Considera que no existen elementos probatorios que acrediten que obstaculizará la realización del proceso. Afirma que si bien el Ministerio Público y los Asesores Jurídicos de la víctima sostuvieron que se debía proteger el interés superior del menor, lo cierto es que no se acredita con prueba alguna que exista necesidad de la prisión preventiva justificada. Estima que la prisión preventiva debe tener carácter excepcional y, en el caso, sostiene que el Juez responsable validó la exposición del fiscal y Asesores Jurídicos de la víctima sin ajustarse al principio pro persona. Como se adelantó, los conceptos de violación planteados son ineficaces, en la medida que la suscrita juzgadora advierte que la autoridad responsable emitió la resolución reclamada con apego a derecho. Por principio, cabe señalar que el Agente del Ministerio Público que intervino en el proceso de origen y los Asesores Jurídicos de la víctima, solicitaron la imposición de la medida de prisión preventiva justificada con base a las siguientes argumentaciones, mismas que obran en el registro de audio y video de la audiencia donde se emitió el acto reclamado: Que al imputado ********************, además de instruírsele el proceso ******************** (de donde emana el acto reclamado), se le sigue la diversa causa penal ********************del Juzgado Sexto del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer por el delito de abuso sexual que se encuentra en etapa de juicio oral, con lo cual consideran se acredita el supuesto contenido en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para decretar la prisión preventiva. Sostuvieron que la libertad del imputado implica un grave riesgo para la víctima por ser menor de edad, pues de acuerdo al dictamen de criminología, el imputado es proclive a cometer delitos. La fiscalía y los Asesores Jurídicos argumentaron que se debe garantizar la presencia del imputado, desarrollo de la investigación, así como la protección a la víctima y testigos. Argumentaron que el imputado no tiene arraigo en el lugar del juicio, por lo cual no es procedente ponerlo en libertad. A lo anterior, la defensa del imputado argumentó: Que el diverso proceso ********************seguido contra el aquí quejoso ******************** es por el mismo delito de abuso sexual. Sostuvo que el dictamen en criminología se practicó sin estar presente algún defensor del acusado. Afirmó que su defendido sí tiene arraigo en el lugar del juicio, tan es así que adquirió una vivienda con crédito del INFONAVIT. Finalmente, en una última intervención el Agente del Ministerio Público señaló que la defensa no justificó el argumento relativo a que el imputado está siendo procesado por el mismo ilícito, en tanto que la Asesoría Jurídica de la víctima refirió que el diverso proceso que se sigue a ******************** es por diferentes hechos, aunque en ambos expedientes se clasifican jurídicamente como abuso sexual. Al momento de resolver, el Juez responsable inició haciendo una síntesis de los argumentos vertidos por las partes y a continuación estableció que la medida cautelar de prisión preventiva justificada debe ser proporcional a la persona que se va a imponer y al asunto de que se trata. Posteriormente, el juzgador de origen invocó lo establecido por los artículos 167 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen: "Artículo 167. Causas de procedencia "El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. "En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. "Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado "Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: "I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga." Conforme a lo anterior, en la resolución reclamada se dijo que si bien la defensa argumentó que el imputado ******************** había adquirido una casa, el Juez responsable consideró que el abogado no mencionó en dónde se encontraba dicho inmueble, aunado a que no se cuenta con dato de la residencia habitual del investigado, máxime que por su trabajo (elemento de la Guardia Nacional) ha estado en diversas entidades federativas. También el Juez estimó que no existen elementos para determinar su asiento familiar y que en el caso se advertía que se libró una orden de aprehensión que tardó en cumplimentarse, lo que le llevó a concluir que el imputado tiene posibilidades de permanecer oculto o abandonar el lugar. Atento a todo ello, el juez penal desestimó lo vertido por la defensa y concluyó que existe un riesgo de sustracción de ********************. Las anteriores consideraciones son acertadas, en la medida que contienen argumentos jurídicos eficaces para estimar de legal la determinación de imponer la prisión preventiva justificada al aquí quejoso. Se llega a tal conclusión, pues el ya transcrito numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la prisión preventiva deberá decretarse cuando no existan otras medidas que garanticen la presencia al juicio. A su vez, el numeral 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para resolver si existe peligro de la sustracción del imputado, esto es, si se encuentra o no garantizada la comparecencia del imputado al proceso, el juez debe tomar en cuenta el arraigo en el lugar donde está siendo procesado, lo cual se determina por los siguientes aspectos: Domicilio. Residencia habitual. Asiento de la familia Facilidad para mantenerse oculto. En la especie, la fiscalía y los Asesores Jurídicos de la víctima expusieron que existe peligro de la sustracción de ******************** al proceso, en razón de que no cuenta con arraigo en esta entidad federativa, aunado a que ha estado en varias entidades federativas de la República con motivo de que fue miembro de la Guardia Nacional. Ante ello, la Defensa sólo se limitó a decir que el imputado sí cuenta con arraigo, pues adquirió un domicilio con un crédito ante el INFONAVIT; sin embargo, como bien lo sostuvo el Juez responsable, no se aportó el lugar o ubicación de dicho inmueble. Además, el juzgador de origen valoró que existe ausencia de elementos probatorios para establecer su arraigo familiar, dado que no existe indicativo al respecto y mucho menos que el lugar de su residencia habitual. También en la resolución reclamada se ponderó que el imputado tiene posibilidad de ocultarse, pues como lo hizo valer la fiscalía, transcurrió un tiempo considerable en cumplimentarse la orden de aprehensión girada en su contra. Como se ve y contrario a lo argumentado por el quejoso en sus conceptos de violación, en la especie sí existen elementos probatorios que acreditan la obstaculización del proceso por no encontrarse garantizada su presencia. En ese tenor, no asiste la razón al impetrante cuando aduce que el juez responsable resolvió con base a conjeturas o suposiciones, pues como ya se ha visto, la autoridad de origen valoró lo expuesto por las partes en el debate celebrado el once de mayo de dos mil veintitrés y conforme a ello resolvió, es decir, con la información proporcionada por los intervinientes, la cual se estima apta para concluir como lo hizo. Por tanto, es correcto lo determinado en la determinación combatida, pues en ella se contienen argumentos jurídicos sólidos y suficientes para sostener la legalidad de la medida cautelar impuesta. En diverso aspecto, es inatendible lo argumentado en los conceptos de violación en los que se dice que no existe riesgo para la sociedad o para la víctima, pues como se ha visto, la resolución reclamada no se sustentó en tales aspectos para decretar la prisión preventiva justificada, debiendo insistirse en que lo argumentado por el juzgador natural para decretarla, es más que suficiente para estimarla legal. En el diverso concepto de violación, en el que el quejoso dice que la prisión preventiva es de carácter excepcional, debe señalarse que en el caso no se demostró la idoneidad de otra medida que fuera adecuada para garantizar su presencia al proceso, por lo cual fue acertado el sentido en que se dictó la resolución reclamada. Finalmente, también debe desestimarse lo referido por el quejoso cuando dice que se debió aplicar a su favor el principio pro persona, pues a consideración de la suscrita juzgadora no se advierte la necesidad de aplicar tal método de interpretación, dado que en el caso no se aprecia que una o más normas aplicables al tema que nos ocupa puedan tener más de un significado que lleve a una interpretación que le otorgue mayor protección al ahora quejoso. En las relatadas circunstancias, al ser infundados los conceptos de violación expresados por el promovente del amparo y no advertir deficiencia en la queja que amerite ser suplida, se niega a ********************, la protección constitucional solicitada. La negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, dado que no se reclamaron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de las resoluciones dictadas por la autoridad jurisdiccional ordenadora. OCTAVO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. NOVENO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención, pueden obtenerlas del expediente electrónico, si cuentan con usuario, y tienen ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, conforme a lo razonado en el considerando séptimo de esta resolución. SEGUNDO. Captúrese esta resolución, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese por lista al quejoso; personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables y a la que le reviste el carácter de tercera interesada. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 678/2023, promovido por********************, Defensores particulares de ********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, ********************, por conducto de sus Defensores particulares, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: La medida cautelar de prisión preventiva justificada decretada en audiencia de once de mayo de dos mil veintitrés dentro de la causa judicial ********************. Acto que considera violatorio de los derechos contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 20, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 1 a 8). SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. En proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó radicar el juicio de amparo 678/2023 y se admitió a trámite la demanda; se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento (fojas 10 a 13, 17 y 18). Además, se ordenó el emplazamiento de ********************, en representación del infante de identidad reservada con iniciales ********************, a quien le reviste el carácter de víctima en el proceso penal de donde emana el acto reclamado, diligencia que se llevó a cabo el uno de junio de dos mil veintitrés, en los términos que obran en autos (fojas 192 a 194). De igual forma, mediante escrito acordado el uno de junio de dos mil veintitrés, el antes nombrado se apersonó al presente juicio de amparo (foja 27). Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza penal y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Legitimación para promover el juicio de amparo. ********************está legitimado para promover el presente juicio de control constitucional, en representación de ********************, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, segundo párrafo, y 14, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que al efecto disponen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. "Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita. "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el Defensor manifieste bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente." Ello es así, toda vez que de lo expuesto en la demanda de amparo, se advierte que el promovente se ostentó como Defensor particular de ********************, lo cual se encuentra demostrado, pues de la causa penal de donde emana el acto reclamado, se advierte que el imputado - aquí quejoso - designó con tal carácter a ********************, quien intervino en la audiencia de revisión de medida cautelar celebrada en la causa judicial ******************** (fojas 46 y 137, así como el registro digital de dicha audiencia). TERCERO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que el quejoso reclama: La medida cautelar de prisión preventiva justificada decretada en audiencia de once de mayo de dos mil veintitrés dentro de la causa judicial ******************** y su ejecución. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala y Titular del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, que se hacen consistir en la resolución de once de mayo de dos mil veintitrés en el que se decretó prisión preventiva justificada a ******************** y su ejecución. Ello es así, en virtud de que, al rendir sus informes justificados, los cuales obran a fojas 22 a 25, 72 y 73, las autoridades responsables aceptaron el acto atribuido y, por ende, se tiene plenamente probada su existencia. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las copias autentificadas de las constancias escritas de la causa judicial ******************** y con el registro de audio y video de la audiencia donde se dictó el acto reclamado y que remitió la autoridad judicial responsable, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Al respecto, se cita como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2004362 Instancia: Primera Sala Décima Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 43/2013 Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza de los actos reclamados y previamente al estudio del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Considerando que esta autoridad judicial no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia y tampoco las partes las hicieron valer, se procede al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. SEXTO.- Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, es oportuno relatar los antecedentes de la resolución que se combate en esta vía constitucional, los cuales se desprenden de la causa judicial remitida por la autoridad responsable: 1.- En sentencia dictada el tres de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por ******************** contra los actos que reclamó al Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, consistentes en el auto de vinculación a proceso dictado al antes nombrado y la resolución de ocho de agosto de dos mil veintidós en la que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro de la causa judicial ********************, este órgano jurisdiccional concedió al quejoso la protección constitucional para los siguientes efectos: ".el juez debe declarar improcedente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y para el caso que el agente del Ministerio Público solicite la imposición de una medida cautelar diversa a la prisión preventiva de carácter oficioso, deberá abrir debate para que con base en los argumentos planteados por las partes resuelva con libertad de jurisdicción lo que estime pertinente; todo lo cual deberá realizar en audiencia." En dicha resolución se requirió al Juez responsable el inmediato cumplimiento a la sentencia de amparo (fojas 77 a 116). 2.- En acuerdo de diez de mayo de dos mil veintitrés, el Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer señaló las quince horas con treinta minutos del día once siguiente para llevar a cabo la audiencia relativa a cumplimentar la sentencia de amparo (fojas 117 y 118). 3.- El once de mayo de dos mil veintitrés se celebró la audiencia de revisión de medida cautelar, en la cual el Juez responsable revocó la prisión preventiva oficiosa decretada inicialmente a ******************** (minuto 6:29 del registro de audio y video). De igual forma, concedió el uso de la palabra al Agente del Ministerio Público, quien pidió la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo cual la fiscalía expuso sus argumentos y se abrió el debate respectivo, en el cual los Asesores Jurídicos realizaron manifestaciones para que el juzgador procediera en los términos solicitados; asimismo, el Defensor particular del imputado se opuso a lo anterior y solicitó se le impusiera diversa medida cautelar al investigado (a partir del minuto 8:05 del registro de audio y video). 4.- Una vez concluidas las exposiciones de las partes, el juzgador de origen declaró cerrado el debate y determinó imponer a ******************** la medida cautelar de prisión preventiva justificada (a partir del minuto 51:53 del registro de audio y video). Esta resolución es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SÉPTIMO. Estudio del asunto. Son infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso, sin que se advierta deficiencia a suplir de oficio o que alguna de las normas aplicadas en el caso resulte violatoria de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en sus conceptos de violación, el quejoso argumenta en síntesis: Que al decretarse la prisión preventiva justificada, el Juez responsable debió fundarla en elementos probatorios suficientes, sin conjeturas o suposiciones. Considera que no existen elementos probatorios que acrediten que obstaculizará la realización del proceso. Afirma que si bien el Ministerio Público y los Asesores Jurídicos de la víctima sostuvieron que se debía proteger el interés superior del menor, lo cierto es que no se acredita con prueba alguna que exista necesidad de la prisión preventiva justificada. Estima que la prisión preventiva debe tener carácter excepcional y, en el caso, sostiene que el Juez responsable validó la exposición del fiscal y Asesores Jurídicos de la víctima sin ajustarse al principio pro persona. Como se adelantó, los conceptos de violación planteados son ineficaces, en la medida que la suscrita juzgadora advierte que la autoridad responsable emitió la resolución reclamada con apego a derecho. Por principio, cabe señalar que el Agente del Ministerio Público que intervino en el proceso de origen y los Asesores Jurídicos de la víctima, solicitaron la imposición de la medida de prisión preventiva justificada con base a las siguientes argumentaciones, mismas que obran en el registro de audio y video de la audiencia donde se emitió el acto reclamado: Que al imputado ********************, además de instruírsele el proceso ******************** (de donde emana el acto reclamado), se le sigue la diversa causa penal ********************del Juzgado Sexto del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer por el delito de abuso sexual que se encuentra en etapa de juicio oral, con lo cual consideran se acredita el supuesto contenido en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para decretar la prisión preventiva. Sostuvieron que la libertad del imputado implica un grave riesgo para la víctima por ser menor de edad, pues de acuerdo al dictamen de criminología, el imputado es proclive a cometer delitos. La fiscalía y los Asesores Jurídicos argumentaron que se debe garantizar la presencia del imputado, desarrollo de la investigación, así como la protección a la víctima y testigos. Argumentaron que el imputado no tiene arraigo en el lugar del juicio, por lo cual no es procedente ponerlo en libertad. A lo anterior, la defensa del imputado argumentó: Que el diverso proceso ********************seguido contra el aquí quejoso ******************** es por el mismo delito de abuso sexual. Sostuvo que el dictamen en criminología se practicó sin estar presente algún defensor del acusado. Afirmó que su defendido sí tiene arraigo en el lugar del juicio, tan es así que adquirió una vivienda con crédito del INFONAVIT. Finalmente, en una última intervención el Agente del Ministerio Público señaló que la defensa no justificó el argumento relativo a que el imputado está siendo procesado por el mismo ilícito, en tanto que la Asesoría Jurídica de la víctima refirió que el diverso proceso que se sigue a ******************** es por diferentes hechos, aunque en ambos expedientes se clasifican jurídicamente como abuso sexual. Al momento de resolver, el Juez responsable inició haciendo una síntesis de los argumentos vertidos por las partes y a continuación estableció que la medida cautelar de prisión preventiva justificada debe ser proporcional a la persona que se va a imponer y al asunto de que se trata. Posteriormente, el juzgador de origen invocó lo establecido por los artículos 167 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen: "Artículo 167. Causas de procedencia "El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. "En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. "Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado "Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: "I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga." Conforme a lo anterior, en la resolución reclamada se dijo que si bien la defensa argumentó que el imputado ******************** había adquirido una casa, el Juez responsable consideró que el abogado no mencionó en dónde se encontraba dicho inmueble, aunado a que no se cuenta con dato de la residencia habitual del investigado, máxime que por su trabajo (elemento de la Guardia Nacional) ha estado en diversas entidades federativas. También el Juez estimó que no existen elementos para determinar su asiento familiar y que en el caso se advertía que se libró una orden de aprehensión que tardó en cumplimentarse, lo que le llevó a concluir que el imputado tiene posibilidades de permanecer oculto o abandonar el lugar. Atento a todo ello, el juez penal desestimó lo vertido por la defensa y concluyó que existe un riesgo de sustracción de ********************. Las anteriores consideraciones son acertadas, en la medida que contienen argumentos jurídicos eficaces para estimar de legal la determinación de imponer la prisión preventiva justificada al aquí quejoso. Se llega a tal conclusión, pues el ya transcrito numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la prisión preventiva deberá decretarse cuando no existan otras medidas que garanticen la presencia al juicio. A su vez, el numeral 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para resolver si existe peligro de la sustracción del imputado, esto es, si se encuentra o no garantizada la comparecencia del imputado al proceso, el juez debe tomar en cuenta el arraigo en el lugar donde está siendo procesado, lo cual se determina por los siguientes aspectos: Domicilio. Residencia habitual. Asiento de la familia Facilidad para mantenerse oculto. En la especie, la fiscalía y los Asesores Jurídicos de la víctima expusieron que existe peligro de la sustracción de ******************** al proceso, en razón de que no cuenta con arraigo en esta entidad federativa, aunado a que ha estado en varias entidades federativas de la República con motivo de que fue miembro de la Guardia Nacional. Ante ello, la Defensa sólo se limitó a decir que el imputado sí cuenta con arraigo, pues adquirió un domicilio con un crédito ante el INFONAVIT; sin embargo, como bien lo sostuvo el Juez responsable, no se aportó el lugar o ubicación de dicho inmueble. Además, el juzgador de origen valoró que existe ausencia de elementos probatorios para establecer su arraigo familiar, dado que no existe indicativo al respecto y mucho menos que el lugar de su residencia habitual. También en la resolución reclamada se ponderó que el imputado tiene posibilidad de ocultarse, pues como lo hizo valer la fiscalía, transcurrió un tiempo considerable en cumplimentarse la orden de aprehensión girada en su contra. Como se ve y contrario a lo argumentado por el quejoso en sus conceptos de violación, en la especie sí existen elementos probatorios que acreditan la obstaculización del proceso por no encontrarse garantizada su presencia. En ese tenor, no asiste la razón al impetrante cuando aduce que el juez responsable resolvió con base a conjeturas o suposiciones, pues como ya se ha visto, la autoridad de origen valoró lo expuesto por las partes en el debate celebrado el once de mayo de dos mil veintitrés y conforme a ello resolvió, es decir, con la información proporcionada por los intervinientes, la cual se estima apta para concluir como lo hizo. Por tanto, es correcto lo determinado en la determinación combatida, pues en ella se contienen argumentos jurídicos sólidos y suficientes para sostener la legalidad de la medida cautelar impuesta. En diverso aspecto, es inatendible lo argumentado en los conceptos de violación en los que se dice que no existe riesgo para la sociedad o para la víctima, pues como se ha visto, la resolución reclamada no se sustentó en tales aspectos para decretar la prisión preventiva justificada, debiendo insistirse en que lo argumentado por el juzgador natural para decretarla, es más que suficiente para estimarla legal. En el diverso concepto de violación, en el que el quejoso dice que la prisión preventiva es de carácter excepcional, debe señalarse que en el caso no se demostró la idoneidad de otra medida que fuera adecuada para garantizar su presencia al proceso, por lo cual fue acertado el sentido en que se dictó la resolución reclamada. Finalmente, también debe desestimarse lo referido por el quejoso cuando dice que se debió aplicar a su favor el principio pro persona, pues a consideración de la suscrita juzgadora no se advierte la necesidad de aplicar tal método de interpretación, dado que en el caso no se aprecia que una o más normas aplicables al tema que nos ocupa puedan tener más de un significado que lleve a una interpretación que le otorgue mayor protección al ahora quejoso. En las relatadas circunstancias, al ser infundados los conceptos de violación expresados por el promovente del amparo y no advertir deficiencia en la queja que amerite ser suplida, se niega a ********************, la protección constitucional solicitada. La negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, dado que no se reclamaron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de las resoluciones dictadas por la autoridad jurisdiccional ordenadora. OCTAVO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. NOVENO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención, pueden obtenerlas del expediente electrónico, si cuentan con usuario, y tienen ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, conforme a lo razonado en el considerando séptimo de esta resolución. SEGUNDO. Captúrese esta resolución, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese por lista al quejoso; personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables y a la que le reviste el carácter de tercera interesada. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.***

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que transcurre el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, acordado en proveído de nueve de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, para dar margen a ello, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a nueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado; del informe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Además, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que acompaña a su informe justificado, consistente en copia auténtica de la Causa Judicial 350/2022, así como un disco versátil digital, que contiene el registro de audio y vídeo de la audiencia de revisión de medida cautelar, con el índice cronológico de su desarrollo, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Se ordena guardar por separado el disco versátil digital, para una mejor cuidado y conservación del mismo. Notifíquese.

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