Mario Eduardo Tort Reyes
Expediente 342/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 31/10/2019
Partes del expediente
- Mario Eduardo Tort Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se notifica por lista el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, a la parte tercero interesada Santander Vivienda, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reguladora, Grupo Financiero Santander México, que en lo conducente dice lo siguiente: "..Ensenada, Baja California, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; sin que hubiesen hecho manifestación al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Mario Eduardo Tort Reyes, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, en los términos y para los efectos siguientes: "- Por conducto del personal a su cargo, facultado para tales efectos, notifique al aquí quejoso Mario Eduardo Tort Reyes, el auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio oral mercantil ***." Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad. En acatamiento a ello, mediante oficio recibido en este juzgado el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de la notificación realizada el veintidós de octubre del presente año, al aquí quejoso Mario Eduardo Tort Reyes, por conducto de su autorizado, del auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio oral mercantil **. A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. Por ende, mediante auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, al fallo protector, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que lo haya realizado, como se advierte de la certificación de cuenta. En las relatadas condiciones, este juzgador federal determina que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, dio cumplimiento al fallo protector, en virtud que demostró con la copia certificada respectiva, que el veintidós de octubre del presente año, notificó al aquí quejoso Mario Eduardo Tort Reyes, por conducto de su autorizado, el auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio oral mercantil **. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Finalmente, al encontrarse totalmente concluido el presente juicio de amparo, devuélvase al Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, un anexo consistente en copia certificada relativa al expediente **, de su índice, que obra por cuerda separada en un tomo de prueba, que remitió la precitada autoridad responsable en apoyo a su informe justificado.
- Principal
Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se notifica por lista el proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, a la parte tercero interesada Santander Vivienda, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reguladora, Grupo Financiero Santander México, que en lo conducente dice lo siguiente: "Ensenada, Baja California, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Visto; agréguese para que obre como corresponda los oficios signados por el juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, y anexa constancias en copia certificada a fin de acreditar lo anterior; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes por el plazo de tres días hábiles para que manifiesten lo que en derecho convenga, transcurrido dicho plazo con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación al cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable..." Asimismo, se deja su disposición en la secretaría de este juzgado, copia de la notificación de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, realizada por el secretario actuario del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil de Ensenada, al autorizado de la parte quejosa de los autos de dieciocho de octubre y veintiocho de junio, ambos del diecinueve, dictado en el expediente 757/2018, de su índice.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, en relación a los actos atribuidos a la autoridad responsable juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad; por tanto, con fundamento en los artículos 2º, 86, 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Marcelino Zepeda Berrelleza, en su carácter de juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, debiendo remitir copia certificada de las constancias relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, conforme lo establece el artículo 258 de la indicada Ley de Amparo. Asimismo, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable del cumplimiento del fallo protector, que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo
- Principal
RESUELVE ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Mario Eduardo Tort Reyes, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad: - Por conducto del personal a su cargo, facultado para tales efectos, notifique al aquí quejoso Mario Eduardo Tort Reyes, el auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio oral mercantil 757/2018.
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