Mario Couttolenc Suarez

Expediente 363/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
363/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
31/07/2018

Partes del expediente

  • Mario Couttolenc Suarez
  • María Abril Bueno Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, procede notificar a la parte quejosa el siguiente acuerdo: Visto lo de cuenta, se advierte que los quejosos ***y ****, comparecieron el treinta del mes y año en curso, ante este órgano jurisdiccional a ratificar el contenido y firma estampada en los escritos presentados el dieciocho y diecinueve de julio del año en curso, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad -registros 7211 y 7243-. Por tanto, téngase a la parte quejosa desahogando la prevención formulada en auto de seis de julio de dos mil dieciocho. Ahora bien, del estudio de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes señalan como acto reclamado el siguiente: "1. La sentencia interlocutoria de fecha 24 DE MAYO DE 2018, del incidente de costas, relativo al expediente principal número 1003/2009, radicado ante el Juzgado Primero Civil de Ensenada, Baja California, en el cual el Juez Primero Civil ERRONEAMENTE resolvió lo siguiente: Resuelve: Único: Se declara improcedente el incidente de Liquidación de Gastos y Costas promovido por los CC. ****, ****y ****, los primeros dos en su carácter de codemandados y el último como abogado patrono, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución, dejándole a salvo los derechos que le pudieran corresponder para que los haga valer en la vía y forma que en derecho corresponda, una vez que la presente interlocutoria quede firme. 2. Todos los efectos y consecuencias que se deriven de los actos señalados con anterioridad. Todos y cada uno de los actos de autoridad que reclamo en la presente demanda de amparo, los atribuíamos a la autoridad señalada como responsable, bien sea que lo llevó a cabo por si misma o por conducto de sus agentes, ejecutores o inferiores jerárquicos o subalternos." De igual manera, del capítulo de antecedentes de la demanda de derechos fundamentales, se desprende lo siguiente: "1. Dentro del Juicio Ejecutivo mercantil número 1003/2009, radicado en el Juzgado Primero Civil de Ensenada, Baja California, mediante proveído de fecha 07 DE NOVIEMBRE DE 2016, se decretó la caducidad de la instancia por la inactividad del procedimiento, y como consecuencia se condenó a la parte actora al pago de gastos y costas del mismo juicio, por lo cual, en fecha 16 DE ABRIL DE 2018, el suscrito (sic) quejosos presenté el escrito inicial de un incidente de costas, mismo en el que proporcionó una planilla de pago en donde se cuantificó en forma desglosada las costas referidas, y que arrojó la cantidad de $23,906.65 (veintitrés mil novecientos seis pesos 65/100 Moneda Nacional), conforme al artículo 8 de la Ley de Aranceles de Baja California. 2. Posteriormente el A quo mediante sentencia interlocutoria, indebidamente determinó improcedente el incidente de costas, manifestando que las mismas se cuantificarán como cosa indeterminada, señalando que dicho juicio había concluido por caducidad de la instancia y no por sentencia, misma determinación que conculca nuestros Derechos Fundamentales, consagrados en los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal, mismas violaciones que hacemos valer a continuación." Ahora, conviene destacar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que en lo conducente, establece: "[.] Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano [.]" Luego, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, resulta obligatorio realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que los quejosos reclaman lo siguiente: ? La resolución interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero de lo Civil de esta ciudad, en la cual se declaró improcedente el incidente de costas relativo al juicio ejecutivo mercantil 1003/2009, de su índice. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que conduce al sobreseimiento del juicio de amparo, en términos de la fracción V del precepto 63 del ordenamiento legal citado. El referido artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Es pertinente precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo; y, el término "efecto", significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo precitado, se puede afirmar que han cesado los efectos de los actos reclamados, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo o bien, en otras palabras, cuando la revoca o deroga; de ahí, debe estimarse han cesado los efectos de los actos reclamados, cuando la autoridad de quien emana lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Así, en el caso en estudio, del contenido de los autos del incidente de costas del juicio ejecutivo mercantil 1003/2009, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, se advierte que los quejosos Mario Couttolenc Suárez y María Abril Bueno Camacho, por conducto de su autorizado legal, interpusieron recurso de apelación en contra de la resolución interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, la cual constituye el acto reclamado . Medio de impugnación que fue desechado por auto de trece de junio de dos mil dieciocho , por la misma autoridad responsable, por lo que actualmente rige dicha resolución. Se transcribe la parte conducente a dicha determinación: "[.] A sus autos un escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este H. Juzgado registrado bajo promoción número 8145, presentado por el C. Licenciado Jaime Xicotencarl Palafox Granados, en su carácter de Abogado Patrono de la Parte Actora en el presente juicio, el cual se acuerda en los siguientes términos.- A lo solicitado, téngasele intentando interponer recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veinticuatro de mato del año dos mil dieciocho, mismo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1339, 1340 y 1341 del Código de Comercio, se desecha de plano por ser notoriamente frívolo e improcedente, al no ser el recurso idóneo, lo anterior en función de la cuantía de la suerte principal. [.]" Énfasis añadido. Ahora bien, es importante destacar que el recurso de apelación interpuesto por los quejosos Mario Couttolenc Suárez y María Abril Bueno Camacho, en el juicio ejecutivo mercantil 1003/2009, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, es el recurso idóneo para combatir la resolución interlocutoria dictada por la responsable. Se explica. De los autos del juicio ejecutivo mercantil 1003/2009, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, se advierte que en fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó un acuerdo en el que se declaró la caducidad de la instancia, por lo que se está en presencia de un juicio de cuantía indeterminada. En efecto, el artículo 1085, del Código de Comercio vigente, dispone lo siguiente: "Artículo 1085. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren decretado. Cuando habiéndose intentado una acción, la misma sea declarada improcedente y exista condena en costas, la regulación de ellas se hará sobre la base de juicio de cuantía indeterminada. Lo anterior también será aplicable a las costas que se generen por la caducidad de la instancia." De la interpretación literal de tal numeral, se advierte que cuando en el juicio mercantil, se declare la caducidad de la instancia y exista condenación en costas, la regulación de las mismas, se hará sobre la forma de cuantía indeterminada. Asimismo, debe precisarse que el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, dispone que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables, por lo que, la resolución interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero de lo Civil de esta ciudad, era susceptible de ser combatida a través del medio de defensa respectivo, esto es, el recurso de apelación. Documentales de las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil 1003/2009 del índice del Juzgado Primero Civil de esta ciudad, que adjuntó a su informe justificado y que merecen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. No obsta a lo anterior, que el juicio ejecutivo mercantil 1003/2009, haya sido tramitado previamente a la adhesión del segundo párrafo del artículo 1085 del Código de Comercio , toda vez que la norma aplicable para determinar la procedencia del recurso respectivo por razón de cuantía del juicio en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la norma vigente al momento de recurrir la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 1ª./J. 95/2013 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2004849, de rubro: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO." Por tanto, si de las constancias que integran el sumario de origen, se advierte que la parte quejosa promovió recurso de apelación el once de junio de dos mil dieciocho , es claro que la norma aplicable para determinar la cuantía en el juicio ejecutivo mercantil 1003/2009, es el Código de Comercio vigente. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación, sostuvo que dicha decisión constituye una resolución que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a.), de la décima época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución interlocutoria impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada ley, se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales que se analiza.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el contenido del auto de veinte de julio de dos mil dieciocho. En tal virtud, toda vez que feneció el término otorgado para que proporcionara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha lo haya señalado; se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de seis de julio del año en curso, y se ordena notificarle por lista en los estrados de este órgano jurisdiccional el auto antes precisado, así como los acuerdos subsecuentes aun lo de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, el auto de veinte de julio de dos mil dieciocho que dice: "...Ensenada, Baja California, veinte de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto ordinario 101/2018 con número de orden 172/2018 del índice de este juzgado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", dese de baja la comunicación oficial de que se trata y acúsese el recibo de estilo vía electrónica. Por otra parte, glósense al juicio de derechos fundamentales en que se actúa, para que obren como corresponda los escritos aparentemente signados por los quejosos Mario Couttolenc Suárez y María Abril Bueno Camacho; ahora, atento al contenido de la certificación secretarial de referencia, se advierte que las firmas de los quejosos que aparecen estampadas en los escritos de cuenta, se aprecian notoriamente distintas a las firmas que aparecen al calce del escrito inicial de demanda; por tanto, previo a proveer lo que en derecho proceda sobre su contenido y en aras del principio de seguridad jurídica, con fundamento en la fracción II, del artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2º; requiérase a los quejosos para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que sean notificados del presente proveído, comparezcan ante esta presencia judicial, debidamente identificados, a fin de que ratifiquen los escritos registrados bajo folios 7211 y 7243, apercibidos que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, no se proveerá respecto a su contenido..."

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