Mario Eduardo Ibarra Luna

Expediente 382/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
382/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • Mario Eduardo Ibarra Luna
  • Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del citado Acuerdo General. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal es conservable y será transferido una vez que se cumpla el plazo de tres años, conforme lo establece el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente incidental es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 20, fracciones I y III, del referido Acuerdo General, al haberse negado la suspensión provisional y la definitiva. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente incidental, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Atento a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica; por oficio a las demás partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 382/2023-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cuatro de abril de dos mil veintitrés, turnado a este juzgado el día hábil posterior, diez de abril de dos mil veintitrés, *******, promovió demanda de amparo en contra de la Jueza Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y por los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, ambos con sede en esta ciudad. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda de amparo. En auto de once de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede. Cuarto. Vista para ampliación y su desahogo. En auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo, en los términos ahí indicados. En consecuencia, en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, al desahogar la parte quejosa la vista otorgada, se tuvo por ampliada su demanda de amparo en los términos propuestos, se instó informe justificado a las responsables y se dio vista a las demás partes con su contenido. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: I. De la Jueza Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos: todas y cada una de las actuaciones practicadas en el juicio ejecutivo mercantil *******, substanciado en su contra, a partir de su emplazamiento a juicio; de forma destacada, la sentencia ahí emitida. II. De los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, el emplazamiento practicado al juicio de origen. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, ambos con sede en esta ciudad, pues así lo señalaron al rendir sus informes con justificación. Lo que se corrobora con las constancias que integran el juicio de origen, remitidas en copia certificada por la primera autoridad referida; de modo que, se tienen por ciertos. Tales documentales, cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles2 , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Hipótesis de improcedencia invocadas. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo3 . La parte tercera interesada, refirió que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII de la Ley de Amparo; pues aduce, en esencia, primero, a) que existe falta de certeza e incongruencia respecto de los antecedentes de los actos reclamados, ya que, en su parecer, el llamamiento al juicio natural practicado al aquí quejoso, resultó legal y b) segundo, el principio de definitividad que la parte quejosa, en su consideración, no agotó. En primer lugar, es preciso invocar el contenido de las porciones normativas que refiere la parte en cita: Artículo 63. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Como se aprecia, la fracción XVIII de tal numeral consagra el principio de definitividad del juicio de amparo, conforme al cual este medio extraordinario de defensa sólo procederá, cuando previo a su promoción -contra resoluciones de tribunales judiciales, como en el caso- se hayan agotado los recursos establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, en virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. Mientras que el segundo, no refiere a una causa de improcedencia en sí mismo, sino como se advierte de la simple lectura de su contenido, se debe relacionar con diverso numeral de la propia ley de la materia, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o inclusive, con criterios publicados en el Semanario Judicial de la Federación, para, en conjunto, establecer diversa hipótesis de improcedencia, distinta, por supuesto, de las ya contenidas en el propio catálogo que contempla el artículo 63 de la Ley de Amparo, de sus fracciones I a XXII. Además, la parte en el juicio de amparo que aduzca la actualización de una hipótesis de improcedencia, no sólo está obligada a citar la porción normativa en la que ésta se encuentra normada -que, por supuesto, debe ser la porción normativa correctasino que además, debe esbozar razonamientos suficientes para encuadrarla al caso en concreto, de manera que su actualización se ponga de manifiesto. Ahora bien, la primera porción normativa invocada, es decir, la contemplada en la fracción XVIII del referido numeral, sí fue razonada acertadamente por la parte tercera interesada, pues expone que, en su parecer, la aquí quejosa no tiene el carácter de tercera extraña respecto del juicio natural y que, por ende, debió agotar el principio de definitividad que prevé la legislación ordinaria. Sin embargo, esa porción normativa, para materializarse, no es preciso relacionarla con la diversa XXIII, pues la primera engloba, por sí misma y se reitera, sin necesidad de vincularla con diversa, la hipótesis de improcedencia relativa a la definitividad; además, como también ya se dijo, la diversa porción en comento, no contiene por sí misma una hipótesis de improcedencia, sino que, dado su contenido, es preciso enlazarla con un artículo diferente o algún criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación, para poder configurar, en conjunto, una hipótesis de improcedencia. En consecuencia, el tercero interesado sólo invocó correctamente el artículo 63, fracción XVIII, pues ese numeral hace referencia a la improcedencia del juicio de amparo cuando no se agote el principio de definitividad; misma que es acorde a los argumentos que expone al respecto. Empero, la diversa relativa al artículo 63, fracción XXIII, se le repite, no configura hipótesis de improcedencia alguna, ya que no la vinculó con diversa porción normativa. Además, los argumentos que vierte en cuanto a que, en su consideración, la diligencia de emplazamiento al demandado, aquí quejoso, devino correcta, se consideran meramente como alegatos, debido a que no los vinculó con artículo, correcto, alguno. Hacer manifestaciones sin exponer la hipótesis de improcedencia que se aduce, se materializa, no constituyen un argumento lógico jurídico mediante el cual se explique por qué razón se actualiza la causa que aduce. En efecto, aducir la actualización de una causa de improcedencia, efectuando alegaciones aisladas, desvinculadas de porción normativa alguna, no resuelve problemas en particular, sino que, se insiste, ineludiblemente, requiere su enlace con norma alguna, para saber si las circunstancias fácticas legisladas en ésta, encuadran en las prescripciones que alega; pero, de no referir, de forma correcta, el numeral que contiene la hipótesis de improcedencia aducido, la exposición aislada de la idea se aprecia como una mera enunciación de una causa de improcedencia, sin significado jurídico alguno. Así, la mera alegación de diversos argumentos sin encuadrarlos acertadamente en hipótesis de improcedencia, no obliga a los tribunales que conozcan del juicio de amparo a escrutar a cuál numeral o criterio, pretendió referirse la parte que los externa y el juzgador no puede avocarse al análisis oficioso de causas que no se adviertan de manera palpable. En esa medida, si en el presente asunto, el tercero interesado, se concretó a efectuar alegaciones, sin invocar numeral acertado alguno con el cual vincularlas, es evidente que no sustentó su dicho, a pesar de que era su carga, hacerlo adecuadamente. Luego, al no haberse hecho así, este órgano considera que la parte tercera interesada no cumplió con su mínima carga procesal que permita analizar la causa de improcedencia que alegó y, ante ello, este Juzgado Federal no se encuentra obligado a analizarla. Sustenta las anteriores consideraciones -por identidad jurídica y de razones- la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIV, de octubre de 2006, página 365, del siguiente tenor: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aún sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. De modo que, enseguida, este Juzgado Constitucional, exclusivamente, se pronunciará en cuanto a la fracción XVIII del artículo 63, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad del juicio de amparo; mismo que ya fue citado previamente. Como ya se dijo, tal numeral consagra el principio de definitividad del juicio de amparo, conforme al cual éste sólo procederá, cuando previo a su promoción -contra resoluciones de tribunales judiciales, como en el caso- se hayan agotado los recursos establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados. Empero, engloba una serie de excepciones a tal principio, entre las que se encuentra, para las personas terceras extrañas al procedimiento; que es precisamente con la calidad con la que acudió el aquí quejoso a combatir los actos de que se duele. De modo que, analizar la actualización de dicha causal de improcedencia, implica necesariamente estudiar el fondo del asunto; por lo que debe desestimarse. En efecto, el quejoso se ostenta tercero extraño por equiparación al juicio natural del que derivan los actos reclamados, pues argumenta que no fue llamado a juicio correctamente. De manera que, a efecto de determinar si es efectivamente o no, tercero extraño por equiparación, es necesario analizar, de fondo, la diligencia de emplazamiento practicada; estudio del cual puede derivar o no, una excepción tanto en relación al inicio del término para promover el juicio de amparo, si los actos que aquí reclamó deben estimarse consentidos de acuerdo a las dos hipótesis arriba destacadas, como en relación a la obligación de agotar el principio de definitividad. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil dos, materia común, Novena Época y número de registro 187973, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Quinto. Procedencia e innecesaria transcripción de conceptos de violación. Es pertinente precisar que, aunque la sentencia dictada en el juicio de origen, no alcanzó a quedar firme previo a la promoción de este asunto, como más adelante se verá, al relatarse los antecedentes más importantes de lo aquí reclamado; este presente medio extraordinario de defensa sí es procedente, como se puede advertir de la jurisprudencia por contradicción de criterios (antes, por contradicción de tesis)P./J. 1/2012 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de dos mil doce, Tomo 1, página 5, del contenido siguiente: EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal. Por ende, ya que las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan diversas causas de improcedencia diversas, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Sexto. Examen constitucional del acto reclamado. Como ya fue destacado, el aquí quejoso reclama de la Jueza Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, todas y cada una de las actuaciones practicadas en el juicio ejecutivo mercantil *******, substanciado en su contra, a partir de su emplazamiento a juicio; y de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, el emplazamiento practicado al juicio de origen; lo anterior, como ya se ha destacado, aduciendo contar con la calidad de tercero extraño por equiparación. Sentado lo anterior, se estima necesario invocar el contenido del numeral 107, fracciones III y VII, de la Constitución General de la República, que textualmente señala: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.) Por su parte, en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, textualmente se establece lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.) Conforme al texto constitucional y al legal transcritos, la persona extraña a juicio es aquella distinta de las partes que discuten los derechos en una controversia primaria, en la cual, aquél no es parte ni ha sido llamado ni oído en el juicio; es decir, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte procesal". Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que se da cuando el sujeto que, formando parte de la controversia -por ser el demandado- no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Por tanto, se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el tercero extraño en sentido estricto (que es el primero referido supra líneas; es decir, el que no es parte procesal en el asunto) y tercero extraño equiparado (que es el segundo, ya señalado, que sí tiene el carácter de demandado en el asunto de origen, pero no fue legalmente emplazado al mismo). Así, en caso de que un quejoso se ostente como persona extraña a juicio, de conformidad con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juzgador constitucional debe atender al supuesto en que se ubique, es decir, si tiene la calidad en estricto sentido o equiparada. Hecho lo anterior, de considerarse que efectivamente el quejoso sea persona extraña a la controversia y que sus derechos se vieron vulnerados, a fin de cumplir con el mandato del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la solución constitucional consistirá en concederle el amparo, para que sean restituidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos afectados, al no ser partícipe de esa relación procesal; pero no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural, pues la única intención es extraer de éste, sus derechos. Por otra parte, en el caso de que el quejoso sí sea persona extraña -por equiparación- el efecto de una sentencia protectora se traducirá en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores. Lo anterior, encuentra sustento en lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 7/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, titulada: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE". Asimismo, en la jurisprudencia VII. 2o.C.J/21, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de dos mil cinco, página 1305, con número de registro 177771, del rubro: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO". Ahora bien, se estima oportuno efectuar una reseña de los antecedentes más destacados de lo aquí reclamado: 1. Que mediante escrito presentado en el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el seis de mayo de dos mil veintidós, ******* y ******* en su carácter de endosatarios en procuración de *******, demandaron en la vía ejecutiva mercantil, al aquí quejoso, *******. 2. Que dicha demanda fue turnada al Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta localidad, quien la admitió a trámite en auto de nueve de mayo de dos mil veintidós y la identificó como el expediente *******; en dicho proveído, entre otras cosas, ordenó emplazar al demandado, requerirle el pago reclamado y embargarlo, de ser el caso. 3. Que el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, el trece de julio de dos mil veintidós, refirió haber emplazado al aquí quejoso, por conducto de diversa persona, de nombre *******, en la constancia respectiva, debido a que aquél no atendió a la cita de espera que le dejó el día anterior, con esa persona. Además, se hizo constar que la parte aquí tercera interesada se reservó señalar bienes para embargo. 4. Que en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se declaró la rebeldía del aquí quejoso, en el juicio de origen. 5. Que el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en la cual, esencialmente, se declaró procedente la vía intentada; se condenó al aquí quejoso al pago de ******* ($*******) como suerte principal y al pago de intereses por 0.8 por ciento, mensual, a partir del vencimiento del pagaré relativo; se absolvió al aquí quejoso del pago de gastos y costas. Tal determinación, constituye la última dictada en el juicio de origen. 6. Sin que el aquí peticionario del amparo, en momento alguno, acudiera al juicio natural. Las constancias remitidas por el aludido juzgador responsable, como ya se acotó, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas por el Secretario adscrito al juzgado responsable, funcionario público, en ejercicio de sus funciones. Sentado lo anterior, procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, así como en el relativo a la ampliación de la demanda, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia4 , del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los conceptos de violación vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". Primer concepto de violación En su primer motivo de disenso, dice el quejoso: - Que el actuario responsable no se cercioró de cómo supo que el inmueble donde dijo estar constituido correspondía a su domicilio. - Que la persona con quien se entendió la diligencia, no fue cuestionada sobre si ahí vivía o no; ni hubo cuestionamiento con vecinos ni a persona alguna que firmara el acta de espera. - Que no asentó una descripción detallada de los documentos que en apariencia entregó. - Que al momento en que en apariencia se practicó dicha diligencia, él vivía en diverso domicilio que se encuentra rentando, para lo cual exhibió dos contratos privados de compraventa. - Que con lo anterior, el Oficial Notificador responsable vulneró en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales. Es infundado tal concepto de violación. Ahora bien, es de destacarse el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuyo texto, es el siguiente: Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) Los preceptos constitucionales transcritos, en su orden, contienen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. El numeral 14 refiere, en lo conducente, como principio de legalidad, que la autoridad tiene como obligación, la de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95 emitida por el Pleno del Más Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, página 133, del contenido: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. En ese orden de ideas, al expedir cualquier mandamiento que pudiere afectar la esfera jurídica del particular, éste debe adecuarse a tales disposiciones legales, que como se menciona, regulan sus procedimientos y decisiones. Por cuanto hace al artículo 16 constitucional, éste regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados, en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley. Además, tal numeral precisa que es menester de toda autoridad al emitir sus determinaciones, hacerlo de manera adecuadamente fundada y motivada, además, obvio es, de lograr un nexo lógico de ajuste entre tales elementos. Ahora bien, en se tiene que el juicio natural, ejecutivo mercantil, es regulado por el Libro Quinto, Título Tercero, del Código de Comercio, específicamente por sus artículos 1392, primer párrafo, 1393, 1394, párrafos primero y segundo y 1396, que disponen lo siguiente: Art. 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. (.) Art. 1,393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio. Art. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. (.) Art. 1,396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca la parte demandada ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello. De tales preceptos, se desprenden las siguientes reglas para diligenciar el auto de exequendo o el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en un juicio ejecutivo mercantil (no oral): 1) Una vez presentada la demanda, el Juez natural proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo, se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y cosas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. 2) Si el notificador, a la primera búsqueda, no encuentra al demandado, pero cerciorado de que se encuentra en su domicilio, le dejará citatorio, fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores. 3) Si el demandado no aguarda a la cita, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. 4) Luego, una vez que el notificador se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada, después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o atender la diligencia, el notificador dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos, sin girar oficios para la localización del domicilio. 5) Ahora bien, la diligencia de embargo, se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el inciso 3); de no hacerse el pago, se requerirá que se señalen bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiendo a la persona con quien se entienda la diligencia, que de no hacerlo, el derecho a señalar bienes pasará al actor; hecho lo anterior, se emplazará al demandado. 6) A efecto de emplazarlo, en todos los casos, se le entregará lo siguiente: - Cédula en la que se contenga la orden de embargo decretada en su contra (en este caso, auto de cuatro de junio de dos mil dieciocho), - Copia de la diligencia practicada - Copia de la demanda, de los documentos base de la acción y de los que ordena el artículo 10615 , con los cuales se le correrá traslado a) el poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro; b) el documento que acredite el carácter con que el litigante se presente en juicio, cuando se presente en representación legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona; c) el documento en que, en el caso, el actor funde su acción; d) todos los documentos que, en el caso, el actor tenga en su poder y deban servir como pruebas de su parte; e) el Registro Federal de Contribuyentes, la Clave Única de Registro de Población tratándose de personas físicas, ambos cuando exista obligación para encontrarse inscritos en ambos registros y la identificación del actor, de ser persona física). 7) Hecho el embargo, se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia, para que, dentro del término de ocho días, computado legalmente, comparezca ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello. Indicado lo anterior, se tiene que el doce de julio de dos mil veintidós, el Oficial Notificador responsable, dejó cita de espera en el inmueble donde dijo estar constituido, en los siguientes términos: En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las diez horas con cero minutos del día doce del mes de julio del año dos mil veintidós, la suscrita Oficial Notificador Y Ministro Ejecutor adscrita a la unidad de Notificación y Ejecución Distrito Judicial Bravos, Licenciado ******* hago constar que me constituyo en el domicilio señalado en autos, en busca de ******* sito en ******* en esta ciudad y cerciorado de que es el domicilio correcto en virtud de que así me lo indica la nomenclatura oficial de la calle y su numeración, y no encontrando presente a la persona que busco, pero cerciorada de que es el domicilio correcto que se indica en autos, soy atendida por ******* quien se identifica con INE clave ******* y me manifiesta que es hermano de la persona buscada, quien vive en este domicilio, pero que de momento no se encuentra. Acto seguido, y en virtud de la manifestación anterior, procedo a dejarle cita de espera a ******* para las Diez horas con Cero minutos del día trece de julio del presente año. Manifestando quien me atiende que recibe la citación y promete enterar de la misma a la persona por la cual pregunto. Solicitándole que firme para constancia, manifiesta que no es su deseo firmar por no tener problemas con su hermano, con lo anterior, termino la diligencia, levantando la presente constancia para los efectos legales a que haya lugar. DOY FE. (Una firma ilegible al calce). De la aludida transcripción, se desprende que el Oficial Notificador responsable, señaló que se constituyó en el inmueble ubicado en ******* de esta ciudad, señalado en los autos del juicio de origen como el domicilio particular del demandado, aquí quejoso. Además, tal inmueble, es precisamente el que aparece en el pagaré que suscitó el juicio de origen, como domicilio del aquí quejoso. Enseguida, acotó que una vez cerciorado de encontrarse espacialmente en la ubicación de referencia, al hallar presente dentro del inmueble en cuestión a la persona que le manifestó ser *******, éste refirió ser hermano del aquí quejoso y se identificó ante tal fedatario, con la credencial para votar con clave de elector *******, expedida por el Instituto Nacional Electoral -que es la misma con la que se identificó en la audiencia constitucional que antecede, al desahogarse la prueba testimonial ofrecida a su cargo por la parte tercera interesada-. Asimismo, en el acta en cita el Oficial Notificador responsable asentó que la persona que buscaba, es decir, el aquí quejoso, *******, vivía en ese domicilio, pero que de momento no se encontraba. De modo que, adverso a lo señalado por el quejoso, el Oficial Notificador responsable sí asentó cómo se cercioró que en ese lugar podía localizarlo, por ser su domicilio; lo que hizo innecesario que indagara por otros medios -como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos fuera el domicilio del demandado - pues es ilógica la necesidad de investigar con los vecinos del lugar, si la persona con quien entendió la diligencia, *******, hermano del propio quejoso, le externó que ahí lo podía localizar, pero que de momento no se encontraba. Enseguida, procedió a dejarle cita de espera para las diez horas con cero minutos del trece de julio de dos mil veintidós; el Oficial notificador responsable asentó que la persona con quien entendió la diligencia, le prometió entregarla al demandado, aquí quejoso. Después, le solicitó que firmara el acta relativa, para constancia, pero se negó, aduciendo que no quería tener problemas con su hermano. Como se aprecia, la clave de elector de la credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, exhibida ante el fedatario en comento y que asentó en la diligencia en cita, es la misma que el testigo, *******, presentó en este asunto para el desahogo de la prueba testimonial verificada dentro de la audiencia constitucional emitida en este asunto. Además, el hecho de que en dicha prueba, el testigo en cita, hermano del aquí quejoso, haya aludido que éste no vivía en el inmueble en cita, al momento en que en apariencia se verificó la diligencia, en nada demerita la fe pública con que cuenta el Oficial Notificador; o que en apariencia éste, le dijo que no importaba que no viviera en ese lugar y que ahí le dejaba con él la notificación. Es así, en términos del artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio del juzgado, quien, para apreciarla, tendrá en goce de absoluta imparcialidad, tal como se desprende de la fracción IV de dicho numeral6 . En el caso, no se considera que el testigo en este asunto, *******, tenga imparcialidad, debido a que el aquí quejoso, es su hermano; y al guardar ese vínculo sanguíneo en primer grado, se estima que afecta su credibilidad como testigo, por presumirse que no podría declarar con completa imparcialidad a lo que se le interrogó, ante el apego y afecto que guarda a su hermano, de quien, probablemente, busque no afectar sus intereses; lo que, invariablemente detrimenta la objetividad con que pudiera conducirse. De modo que, este Juzgado Federal, ante la libertad de que goza para valorar la prueba en cita, no le concede valor alguno, en cuanto a ese punto; por ende, como se dijo, es insuficiente para derribar la fe pública que posee el Oficial Notificador en cuestión. Luego, la diligencia de trece de julio de dos mil veintitrés, se desarrolló en los siguientes términos: En Ciudad Juárez, Chihuahua, Distrito Judicial Bravos, siendo Diez horas con cero minutos del día Trece del mes de julio del año dos mil veintidós, el (la) suscrito (a) Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito Judicial Bravos Licenciado (a) ******* acompañado de *******, nos constituimos en el domicilio señalado en autos en busca de ******* sitio en ******* en esta ciudad y cerciorando de que es el domicilio correcto en la numeración y nomenclatura existente en el exterior y no encontrado presente a la persona que busco a pesar de la cita que se le dejo para esta hora, día, mes, y año atendiéndome ******* quien sí se identifica con INE clave ******* y me manifiesta ser hermano de la persona que busco Acto continuo procedo a notificarle de forma íntegra y mediante INSTRUCTIVO el (los) auto (s) de fecha (s) nueve de mayo de dos mil veintidós y diez de junio de dos mil veintidós. Emitido por el (la) C. Juez del Juzgado Décimo de lo Civil por Audiencias, dentro del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, Expediente número *******. Promovido en su contra por Lic. ******* y otros endosatarios en procuración de *******. Acto Seguido, requiero al (la) demandado (a) por conducto de quien este momento me atiende para que, a nombre de la parte demandada, haga el pago inmediato a la parte actora de la cantidad de $******* (*******). Como suerte principal, más los accesorios legales, que se reclaman en el juicio, o en su defecto, señale bienes propiedad del demandado suficientes a garantizar las prestaciones que al demandado se le reclaman, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, lo hará conforme a derecho la parte actora quien me acompaña en la presente diligencia, manifestándome quien me atiende en este acto: que no realiza en pago y no señala bienes para embargarlo. Acto seguido y en uso de la palabra de la parte actora que me acompaña manifiesta que por el momento no señala bienes para su embargo reservándose el derecho para señalar bienes propiedad de la parte demandada suficientes a garantizar el pago del adeudo reclamado, lo que hará posteriormente En seguida con las copias simples de la demanda y sus anexos, consistentes en catorce fojas útiles debidamente selladas y cotejadas por la Secretaría del Juzgado, la Cédula de Embargo e Instructivo, le corro traslado y le emplazo o juicio, haciéndole, saber que dicho Tribunal le concede a la parte DEMANDADA un término de OCHO DÍAS, a fin que de contestación a la demanda interpuesta en su contra. Así como para que, dentro del mismo término, realice el pago de las prestaciones reclamadas, para que se oponga a la ejecución, si tuviera excepciones que hacer valer. Manifestando que oye y queda enterado (a), recibiendo de conformidad las copias que se le entregan, las cuales hará llegar al (la) demandado (a), requiriendo a quien me atiende que firme para la constancia, manifestando que sí firma por ser su deseo. Con lo anterior termino la presente, firmando quienes intervinieron y quisieron hacerlo para los efectos legales a que haya dado lugar. Entregando copia simple de la presente diligencia a quien me atiende. DOY FE. Otro si digo, hago entrega de las copias de traslado y sus anexos, consistentes en escrito inicial en tres fojas, pagaré original con copia, cédulas profesionales en copia, cédula de identificación fiscal en copia, CURP, cédula de registro Estatal en copia, cédula de embargo y copia al carbón de la presente constancia. Doy fe. (Tres firmas ilegibles). De lo anterior se desprende que el Fedatario en cuestión notificó al aquí quejoso, por conducto de su hermano, de nombre *******, el acuerdo de admisión en el juicio natural, informándole que fue emitido por la Jueza Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el expediente ******* de su índice, así como el diverso auto de diez de junio de dos mil veintidós; enseguida, asentó que entregó copia: a) de tres fojas, relativas al escrito de demanda, b) del pagaré exhibido en el juicio de origen, c) de dos cédulas profesionales, d) de una cédula de identificación fiscal, e) de una clave única de registro de población (CURP), f) del auto de admisión, g) del auto de diez de junio de dos mil veintidós, f) de la cédula de embargo, así como g) copia al carbón de la diligencia en ese momento levantada. Constancias que dan el total de catorce fojas útiles que entregó el Oficial Notificador en cuestión, tal como asentó en la diligencia recién transcrita. De lo que se deduce que, adverso a lo señalado por el quejoso, el Fedatario en comento sí asentó de forma detallada los documentos que entregó en la diligencia de trece de julio de dos mil veintidós. Finalmente, firmaron el acta al calce los tres intervinientes: 1) la persona con quien se entendió la diligencia, 2) la diversa persona que compareció, de nombre *******, que es autorizado en el juicio de origen de la parte actora, aquí parte tercera interesada y 3) la del Oficial Notificador responsable de referencia. Cabe recordar que la clave de elector asentada por el aludido Oficial Notificador en la diligencia en estudio, en las dos partes que la componen (de doce y trece de julio de dos mil veintidós), coincide plenamente con la que aparece en la credencial de elector del testigo, *******, expedida por el Instituto Nacional Electoral, exhibida por éste al comparecer a la audiencia constitucional que antecede; lo que corrobora el hecho de que sí se entendió la diligencia de que se trata con tal persona. Esa razón merece pleno valor de convicción dada la fe pública de que se haya investido el funcionario que la practicó, dado que el quejoso no aportó prueba eficaz alguna en este juicio de amparo biinstancial, que destruyera el contenido de la misma; pues la facultad conferida al servidor público en comento, en el ejercicio de sus funciones, se traduce en que los hechos de los que da cuenta se consideran verídicos, salvo prueba -eficaz y contundente- en contrario; esto es, para ello es necesario que existan pruebas fehacientes y contundentes, que lleven al juzgador a ese convencimiento, las cuales no fueron ofertadas en la especie. En efecto, el aquí quejoso únicamente exhibió como pruebas: a) Documental con firmas autógrafas correspondiente al documento privado constante del contrato de arrendamiento, celebrado aparentemente el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por una parte, como arrendador el aquí quejoso y como arrendataria la persona de nombre *******, respecto del bien inmueble localizado en calle *******, de esta ciudad. b) Documental con firmas autógrafas correspondiente al documento privado constante del contrato de arrendamiento, celebrado aparentemente el veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, por una parte, como arrendador el aquí quejoso y como arrendataria la persona de nombre *******, respecto del bien inmueble localizado en *******, de esta ciudad. c) Certificado de ingresos original *******, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, respecto del bien inmueble ubicado en *******, de esta ciudad, con cuenta *******, a nombre de la persona de nombre *******, por pago de impuesto predial, del cuarto al sexto bimestre de dos mil veintiuno. d) Certificado de ingresos original *******, de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, respecto del bien inmueble ubicado en *******, de esta ciudad, con cuenta *******, a nombre de la persona de nombre *******, por pago de impuesto predial, del primer al tercer bimestre de dos mil siete. e) Instrumental de actuaciones. f) Presuncional, legal y humana. Pues bien, dichas pruebas no son suficientes -y las de los incisos a) al d), tampoco son idóneas- para menoscabar la fe pública del Oficial Notificador responsable. En efecto, respecto a las identificadas con los incisos a) y b), dichas documentales carecen de fecha cierta. De modo que, ello es insuficiente para menoscabar la fe pública del fedatario en cita, pues no existe certeza de que verdaderamente se hayan realizado tales actos jurídicos, ante la carencia de ese elemento. Respeto de la certeza de la fecha de un documento privado, la entonces Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis de jurisprudencia que dice: DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes. (Sexta Época, registro 818042, Semanario Judicial de la Federación, volumen LXVI, materia civil, página 63.) A partir de este criterio el Alto Tribunal ha sustentado en distintas tesis y jurisprudencias que un documento privado, se considera de fecha cierta, en los siguientes casos: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad y de Comercio; II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; y, II. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Sin que el quejoso, a lo largo de la tramitación de este asunto, haya acreditado fehacientemente la materialización de alguno de dichos supuestos, a través de los cuales un documento privado puede adquirir fecha cierta. De tal suerte que, lo que pretendía acreditar el directo quejoso con dichas documentales, es decir, que en apariencia no vivía en el lugar donde se practicó su llamamiento al juicio de origen, por conducto de su hermano, no fue demostrado, debido a que como ya se puso de manifiesto, esta Juzgadora Constitucional no puede cerciorarse del contenido de dichas constancias, al ser carentes de fecha cierta. Luego, respecto de los certificados de ingresos de referencia, identificados bajo los incisos c) y d), no tienen impacto alguno para menoscabar la fe de que goza la autoridad en cita, pues son relativos al pago que realizó persona diversa de las partes en este asunto, respecto de un bien inmueble que no guarda relación alguna con el mismo. Por su parte, la presuncional legal y humana es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; mientras que la instrumental de actuaciones se constituye con las constancias que obran en el juicio; probanzas que de cualquier forma el juzgado debe tomar en consideración al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo. En otras palabras, aunque el quejoso no las hubiera ofertado, esta Juzgadora Federal se encuentra obligada a analizarlas. Sin embargo, de tales probanzas no se desprende dato alguno que resulte basto para menoscabar la fe pública de la autoridad responsable en comento. De tal modo que, como fue anunciado, ninguna de dichas pruebas, en lo individual ni adminiculadas, son suficientes para perjudicar la fe pública de que goza el Oficial Notificador responsable, cualidad que se desprende que imprimió al emplazamiento practicado al aquí quejoso al juicio de origen, precisamente ante la imposibilidad de éste de desvirtuarla, a pesar de que tenía la carga de justificar su dicho con probanzas idóneas y suficientes. Lo anterior, pone de manifiesto que, tal como lo aseveró el Oficial Notificador responsable, en uso de su fe pública, emplazó al juicio de origen al aquí peticionario del amparo, *******, por conducto de la persona de nombre *******, que resultó ser hermano de aquél, tal como lo éste último, tanto en las diligencias de emplazamiento, de doce y trece de julio de dos mil veintidós, como en el desahogo de la prueba testimonial verificada en este asunto. Manifestación que constituye una confesión de su parte, en términos de los artículos 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. En torno a la fe pública del Oficial Notificador responsable, aludida en los párrafos previos, por identidad jurídica y de razones, se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo II, segunda parte, materia civil, página 55, del contenido siguiente: ACTUARIO, FE PÚBLICA DEL, NO PUEDE DESVIRTUARSE SINO CON PRUEBAS FEHACIENTES Y CONTUNDENTES. Si bien es cierto que la fe pública de que está investido un actuario judicial no convalida las marcadas alteraciones y contradicciones en que incurra, también lo es que no puede aceptarse que esa fe quede desvirtuada con pruebas que no demuestren en forma fehaciente y contundente las respectivas alteraciones o contradicciones en que haya podido incurrir ese funcionario, por lo que si se toma en cuenta lo antes asentado, resulta incuestionable que no puede estimarse que un simple informe del centro de trabajo del arrendatario y su respectiva tarjeta de control de asistencia, sean suficientes para desvirtuar la fe pública con que cuenta el actuario que llevó a efecto la notificación para manifestarle a la demandada la voluntad del arrendador de dar por terminado el contrato respectivo. Así como la jurisprudencia IV.2o. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 205152, tomo: I, mayo de 1995, materia común, página 265, del contenido siguiente: NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario. Así como la diversa tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, registro 230868, tomo I, segunda parte, materia civil, página: 57, del texto siguiente: ACTUARIO, LA FE PÚBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDÓNEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia. Pues bien, como se dijo, dichas pruebas lo logaron menoscabar la fe pública del Oficial Notificador responsable. Es así, el quejoso no aportó medios de convicción idóneos ni suficientes para desvirtuar la fe pública del Oficial Notificador responsable que realizó dicha diligencia, ni probó que el lugar en el que se practicó ésta no corresponde a su domicilio, pues tal persona, tenía la carga de justificar con probanzas idóneas y suficientes, cuál era su verdadero domicilio; lo que, como ya se dijo, no efectuó. Además, del desarrollo de la diligencia de emplazamiento practicada al aquí quejoso, se advierte que el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor responsable 1) sí asentó que notificó personalmente el proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, a través del cual, la Jueza responsable admitió a trámite el juicio de origen y el diverso de diez de junio de dos mil veintidós, donde autorizó en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, al profesional en Derecho de nombre *******, que fue quien acudió precisamente a acompañar al Oficial Notificador responsable a la diligencia de trece de julio de dos mil veintidós. Asimismo, que entregó copia de traslado correspondientes 2) a la demanda y 3) a sus anexos, constantes de catorce fojas, así como copia de la cédula de embargo y copia al carbón de la diligencia de trece de julio de dos mil veintidós, número de fojas que coinciden plenamente con las descritas por tal funcionario, según se desprende de la copia certificada que remitió del juicio *******, la Jueza Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. De lo que, es válido inferir que el Oficial Notificador responsable sí entregó las documentales a que refieren los numerales previamente citados. De manera que, por todo lo señalado en este apartado, es atinente concluir que el Oficial Notificador responsable, contrario a lo aludido por el quejoso, no vulneró sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, pues actuó de conformidad a las disposiciones legales del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en acatamiento a sus pautas, de manera adecuadamente fundada y motivada. Además, lo efectuó en su calidad de funcionario público con esas atribuciones y en ejercicio de ellas, de conformidad con el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, que dispone: ARTÍCULO 181. Son atribuciones y deberes de los Notificadores los que determinen las leyes y reglamentos aplicables. Cuando obren específicamente en funciones de Ministros Ejecutores, tendrán las siguientes: I. Ejecutar las determinaciones de los funcionarios del Poder Judicial, limitándose estrictamente a los términos del mandamiento respectivo; II. Practicar los inventarios, intervenciones, requerimientos, embargos, secuestros y demás diligencias que les encomienden las autoridades del Supremo Tribunal de Justicia o los Jueces, levantando las actas correspondientes y haciendo constar en ellas todos los incidentes de la diligencia y las razones que en contra de la misma expongan los interesados; y III. Pedir el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario para cumplir las determinaciones judiciales ya mencionadas. Con lo que, evidentemente, se acató lo dispuesto en los numerales 14 y 16 Constitucionales. Asimismo, este juzgado Constitucional considera que el Oficial Notificador responsable acató lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 39/2020 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 204, materia Civil, Décima Época, con registro digital 2022118, del contenido siguiente: EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado. Se asevera lo previo, pues como ya se acotó, el Oficial Notificador responsable responsable sí asentó que notificó personalmente al aquí quejoso 1) el acuerdo de admisión en el juicio natural, así como el diverso auto de diez de junio de dos mil veintidós. Además, que entregó copia de traslado correspondientes 2) a la demanda y 3) a sus anexos, constantes de catorce fojas; número de fojas que coinciden precisamente con las que componen las constancias que refirió el Fedatario que fueron entregadas. Además, al haber quedado debidamente enterado del juicio natural, por conducto de su hermano, y tener pleno conocimiento del mismo, como fue acotado previamente, si estimaba que tal diligencia no fue correcta o si consideró que fue ilegal, pudo interponer, en su caso, incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, contemplado en la codificación del Estado respetiva. Por último, como ya se argumentó previamente, el quejoso no acreditó fehacientemente, como dijo que haría, que no se encontraba en el momento y lugar, en donde se practicó el emplazamiento, pues las documentales privadas con las que pretendió hacerlo, carecen de fecha cierta y esta Juzgadora Federal no puede cerciorarse de su contenido; de modo que, se tiene ello como una mera aseveración, sin sustento alguno. Por lo que, como se adelantó, es infundado en su totalidad dicho motivo de disenso. Segundo concepto de violación En su siguiente motivo de disenso, refiere el quejoso que el Oficial Notificador responsable no anotó por qué determinó la hora que fijó para la cita de espera, a pesar de que era su deber hacerlo; por lo que, en su parecer, se materializa la tesis PC.III.C. J/31 C (10a.). No le asiste la razón y su concepto de violación es infundado. Para acreditarlo, es necesario recordar que conforme al numeral 1393 del Código de Comercio, cuando no se encuentre al demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con quien se encuentre en el domicilio. Como puede advertirse de su contenido -que ya fue previamente citado- el legislador ordinario no precisó que era necesario, al dejar citatorio, que se asentaran las razones por las cuales se fijaba determinado periodo para la cita; que, como ya se dijo, puede variar entre las veinticuatro y setenta y dos horas ulteriores, sino que únicamente acotó, que indefectiblemente, el citatorio debía dejarse para fecha posterior, dentro de tales periodos. Por ende, adverso al sentir de la parte quejosa, no era un requisito indubitable el que el Oficial Notificador asentara por qué estimó la cita de espera para las veinticuatro horas posteriores; sino que, únicamente lo era, en cuanto al punto en análisis, que se ciñera a que el periodo que fijara, estuviera entre los que señala el numeral en cuestión. Después, el criterio que estima aplicable, se encuentra contenido en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, junio de dos mil diecisiete, Tomo III, página 1797, del siguiente contenido: EMPLAZAMIENTO. EN EL ACTA DE ENTREGA DEL CITATORIO CORRESPONDIENTE, EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE ASENTAR LAS RAZONES POR LAS QUE FIJÓ DETERMINADA HORA PARA QUE EL DEMANDADO LO ESPERE. De los artículos 112, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en su texto publicado en el Periódico Oficial local el 30 de diciembre de 2003, y 1393 del Código de Comercio, que son análogos a la disposición de la ley procesal civil de Michoacán analizada en la jurisprudencia 1a./J. 186/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se colige que, conforme a lo determinado en dicha jurisprudencia, los funcionarios judiciales que actúan con las facultades establecidas en los referidos numerales, están obligados a señalar en el acta de entrega del citatorio correspondiente, las razones por las que fijan determinada hora para que el demandado espere, a efecto de emplazarlo; con independencia de que el plazo fijado sea el menor, el mayor o el intermedio que contemplan los preceptos legales en cuestión, ya que lo trascendente para verificar el respeto al derecho de audiencia del demandado, consignado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que la fijación de tal plazo atienda a las reglas del sentido común, de la lógica y de la experiencia, así como a las circunstancias que le hayan sido manifestadas al diligenciario en la primera búsqueda o, incluso, al contexto del lugar o población, a fin de que, en lo posible, se garantice que el interesado tenga real conocimiento del citatorio; debiéndose asentar, además, en el acta correspondiente, las razones por las que el notificador determinó la hora fijada en el citatorio, por tratarse de un acto de autoridad que debe estar debidamente fundado y motivado. Como se aprecia de la intelección del criterio recién citado, el Pleno del Tercer Circuito analizó el artículo 112, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, no el diverso aplicable al caso, del Código de Comercio, ya indicado, ya que en tal tesis se cita éste último, pero para compararlo con el contenido del diverso. Además, como incluso concluye el Pleno en cuestión y como aparece expresamente en la tesis de referencia, "(...) con independencia de que el plazo fijado sea el menor, el mayor o el intermedio que contemplan los preceptos legales en cuestión, ya que lo trascendente para verificar el respeto al derecho de audiencia del demandado, consignado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (.). Pauta que, como ya se analizó, sí cumplió el Oficial Notificador responsable. Por lo anterior, como se anunció, el motivo de disenso estudiado, deviene infundado. Tercer concepto de violación En su siguiente motivo de disenso, la parte quejosa alude a que se materializan en la especie la tesis (a) IV.1o.C. J/2 y (b) IV.1o.C.25 C. Además, que se vulneró en su perjuicio la jurisprudencia P./J. 47/95. No asiste la razón al quejoso, como se demostrará enseguida. Primero, la publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 1621, es del contenido: EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN AL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIOR A SUS REFORMAS DEL 24 DE MAYO DE 1996). El Código de Comercio en su título segundo denominado "De los juicios ordinarios", antes de sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996, no establecía la forma en que debía practicarse el emplazamiento en los juicios ordinarios. Ante esa laguna, en términos del artículo 1054 de la propia legislación, debe acudirse a la supletoriedad del artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, reformado por Decreto Número 477, publicado en el Periódico Oficial del Estado, de 21 de julio de 1997; siempre que el juicio se haya instaurado bajo la vigencia del invocado numeral 69, que a propósito del emplazamiento, entre otros requisitos, dispone: "... Si no se encontrare presente la persona interesada y después de que el notificador se cerciore, por el informe de dos vecinos, de que la persona de que se trata, vive ciertamente en el lugar designado, de todo lo que tomará razón pormenorizada en los autos, suscribiendo el acta los vecinos, si quisieren y supieren hacerlo; la notificación se llevará a efecto por medio de un instructivo ...". Ahora bien, si en la diligencia de emplazamiento se omite razonar el cercioramiento del domicilio del demandado en los términos apuntados, es incuestionable que no se colma el requisito señalado y por ende, resulta ilegal; sin que éste pueda convalidarse por existir un previo cercioramiento en la cita de espera, porque en los juicios ordinarios, a diferencia de los ejecutivos, en forma alguna se justifica la cita de espera, por lo que la legalidad del emplazamiento debe analizarse con abstracción del contenido de la diligencia relativa a la cita de espera. El criterio en mención, no es aplicable a la especie, por la sencilla razón de que el juicio de origen es un ejecutivo mercantil, mientras el que refiere aquél, es respecto de ordinario mercantil; asuntos cuyas pautas -inclusive las de llamamiento a juicio- son diversas, de acuerdo a sus naturalezas y características distintas. Luego, la segunda tesis, aislada, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, julio de dos mil cuatro, página 1719, es del siguiente contenido: EMBARGO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL CERCIORAMIENTO NECESARIO PARA DEJAR LA CITA DE ESPERA Y EFECTUARLO, QUE PREVIO AL EMPLAZAMIENTO CONTEMPLA EL ARTÍCULO 1393 DEL CÓDIGO RESPECTIVO, SE RIGE POR LA LEY PROCESAL CIVIL LOCAL. El Código de Comercio regula, en su artículo 1393, la práctica inicial del embargo -posterior a lo cual, acorde con lo dispuesto en el artículo siguiente, se realizará el emplazamiento-, estableciendo para efectuar aquella traba, en relación con la diligencia que realice el notificador, que no encontrándose el deudor a la primera búsqueda pero cerciorado de ser el domicilio de aquél se dejará citatorio fijando hora hábil dentro del lapso que se especifica en el propio precepto y, que de no aguardar, se practicará la diligencia de embargo. Empero, el precepto citado no señala cómo debe efectuarse el cercioramiento de que se trata, imponiéndose, entonces, por ese motivo la aplicación supletoria del texto actual del artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, que al contemplar aquel tópico, en lo conducente, señala "... después de que el notificador se cerciore, por el informe de dos vecinos, de que la persona de que se trata, vive ciertamente en el lugar designado, de todo lo que tomará razón pormenorizada en los autos, suscribiendo el acta los vecinos, si quisieren y supieren hacerlo ...", de manera que si no se realizó el cercioramiento mencionado en los términos que indica el precepto últimamente referido, dicha diligencia, que en sí misma fue la base para el emplazamiento a juicio que posteriormente se llevó a cabo, produce la ilegalidad de ambas actuaciones. Conforme a dicha tesis, previo a proceder al embargo en un juicio ejecutivo mercantil, es necesario el cercioramiento por parte del actuario, de que efectivamente en ese lugar se puede localizar al demandado. Como ya se dijo, el Oficial Notificador responsable efectuó el debido cercioramiento en torno al punto; y además, no se embargó bien alguno, haberse reservado su derecho la parte actora a efectuarlo. En virtud de lo anterior, no se surte en la especie el criterio en comento. Además, no es desapercibido que dicho criterio remite al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, que no es aplicable en esta entidad federativa; además, es un criterio aislado y que fue emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de modo que esta Juzgadora no se encuentra obligada a su aplicación; máxime que, se insiste, no se surte en este caso la hipótesis que contiene. Finalmente, la parte quejosa aduce que se vulneró en su perjuicio la jurisprudencia P./J. 47/95, previamente citada por este Juzgado Federal en esta sentencia; del rubro "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". Porque, tal como se precisó, la diligencia de emplazamiento sí cumplió con las formalidades a que debía sujetarse, como se evidenció con la totalidad de razonamientos ya esgrimidos. Conclusión Así, al resultar infundados los conceptos de violación del quejoso, sin advertir queja que suplir, ante la carencia de la calidad de tercero extraño que adujo tener, motivo por el cual, lo procedente es negar a *******, el amparo y protección de la Justicia Federal. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia, respecto a las autoridades y actos señalados en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese; 1) mediante oficio a las autoridades responsables 2) así como por lista electrónica a las demás partes, al haberse emitido este fallo en la propia fecha de la celebración de la audiencia constitucional. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos, se advierte que el diez de mayo de la presente anualidad, se tuvo por admitida la prueba testimonial a cargo de *******, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, así mismo que, el dieciocho de mayo de la presente anualidad, se difirió la audiencia constitucional y se programaron las doce horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés para su desahogo. Citación a testigo Ahora bien, respecto al desahogo de la testimonial de referencia a cargo de *******, cítesele en el lugar que señaló el oferente de la prueba y hágase de su conocimiento que se deberá presentar a las doce horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés, a las instalaciones de este juzgado, debidamente identificado, para la celebración de la audiencia constitucional, donde se desahogará dicha prueba; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le impondrá una multa de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al testigo de referencia. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA AL TESTIGO DEL ACUERDO DE FECHA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos, se advierte que el diez de mayo de la presente anualidad, se tuvo por admitida la prueba testimonial a cargo de *******, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, así mismo que, el dieciocho de mayo de la presente anualidad, se difirió la audiencia constitucional y se programaron las doce horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés para su desahogo. Citación a testigo Ahora bien, respecto al desahogo de la testimonial de referencia a cargo de *******, cítesele en el lugar que señaló el oferente de la prueba y hágase de su conocimiento que se deberá presentar a las doce horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés, a las instalaciones de este juzgado, debidamente identificado, para la celebración de la audiencia constitucional, donde se desahogará dicha prueba; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le impondrá una multa de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al testigo de referencia. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano