Mario Cabrera Bueno
Expediente 568/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 07/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Mario Cabrera Bueno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la determinación emitida el once de octubre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo que lo acompaña, remitidos por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, Encargado del Despacho; de cuyo contenido se advierte, entre otras constancias, la resolución de cinco de los corrientes, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala Penal Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, en la que declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso, contra el acuerdo emitido el quince de febrero del año en curso, en autos de la causa penal ******* del índice del Juez Primero de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, constancia que, cabe mencionar, fue solicitada por este juzgado a la referida Magistrada, mediante oficio 27371/2018, de diez de los corrientes; por tanto, en el caso, este Juzgado de Distrito estima que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el doce de septiembre pasado y turnado a este órgano al día hábil siguiente, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional y otras autoridades, de quienes reclamó la omisión de radicar y resolver el recurso de apelación interpuesto en la carpeta de ejecución ******* del índice del Juzgado Primero de Ejecución del Distrito Judicial Bravos. Por acuerdo de diecisiete del propio septiembre, se admitió la demanda de amparo bajo el consecutivo 568/2018-II, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, en el oficio que se atiende, el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, Encargado del Despacho, hace del conocimiento de este Juzgado que el cinco de los corrientes, la Magistrada de la Tercera Sala Penal Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua emitió la determinación respectiva, de la cual remite copia certificada. Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, haga que cese, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la copia certificada de la resolución en cuestión, revela que la responsable, en lo que aquí trasciende, resolvió: [.] ÚNICO.- Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión planteado en contra de la resolución pronunciada en el auto de quince de febrero de dos mil dieciocho, en la cual se determinó que la fecha en que el sentenciado compurgará la pena impuesta es el seis de junio de dos mil veintisiete. [...] A esa documental se le reconoce valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la magistrada responsable, el cinco de los corrientes emitió la resolución correspondiente; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues su actuar implica la restitución de los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio, pues al emitir la determinación que nos ocupa, cesó la omisión de radicar y resolver el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso y cuya omisión reclamó en este juicio, tal como si se le hubiera otorgado la protección constitucional solicitada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha programadas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas del quince de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con los artículos 229, 230, 231 y 241 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; once de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo que lo acompaña, remitidos por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, Encargado del Despacho; de cuyo contenido se advierte, entre otras constancias, la resolución de cinco de los corrientes, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala Penal Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, en la que declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso, contra el acuerdo emitido el quince de febrero del año en curso, en autos de la causa penal ******* del índice del Juez Primero de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, constancia que, cabe mencionar, fue solicitada por este juzgado a la referida Magistrada, mediante oficio 27371/2018, de diez de los corrientes; por tanto, en el caso, este Juzgado de Distrito estima que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el doce de septiembre pasado y turnado a este órgano al día hábil siguiente, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional y otras autoridades, de quienes reclamó la omisión de radicar y resolver el recurso de apelación interpuesto en la carpeta de ejecución ******* del índice del Juzgado Primero de Ejecución del Distrito Judicial Bravos. Por acuerdo de diecisiete del propio septiembre, se admitió la demanda de amparo bajo el consecutivo 568/2018-II, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, en el oficio que se atiende, el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, Encargado del Despacho, hace del conocimiento de este Juzgado que el cinco de los corrientes, la Magistrada de la Tercera Sala Penal Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua emitió la determinación respectiva, de la cual remite copia certificada. Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, haga que cese, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la copia certificada de la resolución en cuestión, revela que la responsable, en lo que aquí trasciende, resolvió: [.] ÚNICO.- Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión planteado en contra de la resolución pronunciada en el auto de quince de febrero de dos mil dieciocho, en la cual se determinó que la fecha en que el sentenciado compurgará la pena impuesta es el seis de junio de dos mil veintisiete. [...] A esa documental se le reconoce valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la magistrada responsable, el cinco de los corrientes emitió la resolución correspondiente; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues su actuar implica la restitución de los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio, pues al emitir la determinación que nos ocupa, cesó la omisión de radicar y resolver el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso y cuya omisión reclamó en este juicio, tal como si se le hubiera otorgado la protección constitucional solicitada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha programadas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas del quince de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con los artículos 229, 230, 231 y 241 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Penal Regional y la Magistrada de la Tercera Sala Penal Regional, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Juárez; y tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, en virtud de que la Magistrada oficiante informa que mediante proveído de cinco de octubre actual, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso; con fundamento en los artículos 62, 64 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad, a fin de que dentro del plazo de tres días computados legalmente, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que acrediten su dicho. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la cantidad de $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con los artículos 229, 230, 231 y 241 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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