Mario Eduardo García Méndez
Expediente 204/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 12/06/2017
Partes del expediente
- Mario Eduardo García Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad de México, a doce de junio de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el quince de diciembre de dos mil diecisiete. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 204/2017, promovido por Mario Eduardo García Méndez, contra los actos reclamados del Juzgado Séptimo Penal de esta ciudad y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, la parte quejosa en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. En esa fecha, se registró la demanda con el orden 204/2017 y una vez desahogada la prevención ordenada en proveído de veintidós de marzo siguiente, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las responsables su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrita al órgano jurisdiccional responsable; se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dada la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que los actos reclamados son: La orden de traslado y su ejecución, que atribuyó de las autoridades responsables subsecretario de Sistema Penitenciario y director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte; ambos de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad; y La autorización del juez Séptimo Penal de esta ciudad, después de haber sido ejecutado dicho acto. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, lo que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo a sus comunicados; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza de tales actos, es innecesario analizar el fondo del asunto, al advertirse que en la especie se actualizan las causales de improcedencia previstas en el numeral 61, fracción XIV, y XXI, de la ley reglamentaria, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior, resulta necesario realizar una breve reseña de los antecedentes del caso, consistentes en: - Mediante oficio SG/SSP/0161/2017 de trece de enero de dos mil diecisiete, el subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en atención al diverso RPVN/SJ/0319/17, suscrito por el subdirector Jurídico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad, autorizó el traslado del quejoso y otros, del citado centro preventivo al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II de esta ciudad, por Seguridad Institucional y Seguridad Individual, situación que fue previamente valorada por el Consejo Técnico Interdisciplinario de dicho centro de reclusión, en la Primera Sesión Extraordinaria de dos mil diecisiete; autoridad que fundó y motivó su resolución en los siguientes términos: ".con fundamento en los artículos 18° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9° fracción XII, 64° fracción XI, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para la Ciudad de México, 1°, 2°, 7° fracción VI, 15° fracción I y 88° fracciones IV y V y 90° de la Ley de los Centros de Reclusión para la Ciudad de México, 50° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se autoriza el traslado por SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDIVIDUAL de los internos que se indican del Reclusorio Preventivo Varonil Norte al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II. MARIO EDUARDO GARCIA MÉNDEZ .ATENTAMENTE EL SUBSECRETARIO.". - Por oficio SG/SSP/0180/2017 de trece de enero del año en curso, el subsecretario indicado informó al juez responsable que se realizó el traslado del quejoso del Reclusorio Preventivo Varonil Norte al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II, por seguridad institucional y seguridad individual, solicitándole se pronunciara definitivamente respecto del mismo. - Mediante proveído de treinta siguiente, dicho juzgador emitió un pronunciamiento en que apoyó tal traslado, auto que fue debidamente notificado al amparista en esa fecha, lo que del mismo modo se comunicó a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, mediante oficio recibido el siete de febrero pasado. Ahora bien, respecto del acto reclamado señalado en el inciso b), la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción XIV, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Por su parte, los numerales 17 y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se concluye que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos que prevé la ley y, que el plazo general para la promoción del juicio es de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos conforme a la ley que rija el acto la notificación respectiva, al en que se haya tenido conocimiento del mismo, o al en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto, término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en dicho numeral. Al respecto, es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL". Por tanto, si de constancias se advierte que el acto reclamado consistente en "la autorización del juez Séptimo de esta ciudad, después de haber sido ejecutado dicho acto", no es uno de los señalados por excepción en el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, no es un acto emitido fuera de procedimiento, ya que al existir pronunciamiento de una autoridad judicial, como se advierte del contenido del proveído de treinta de enero de dos mil diecisiete, en que el juez responsable autorizó el traslado en definitiva del peticionario de amparo, es claro que dicho acto fue dictado dentro de procedimiento, al margen que dicho procedimiento se haya realizado incorrectamente, como se advierte de la relatoría de hechos que precede en líneas anteriores, así como de los vicios que este contenga. Expuesto lo anterior, si el quejoso fue notificado de dicho proveído el mismo día de su emisión -treinta de enero de dos mil diecisiete-, como se advierte de la foja 94 del expediente en que se actúa, mientras que la demanda de amparo que dio origen a este controvertido, se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, el ocho de marzo de dos mil diecisiete, es evidente que resulta extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo, lo que motiva la causal de improcedencia advertida y, por ello, no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal acto; máxime que la naturaleza del mismo impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el aludido numeral 17 de la ley de la materia, como anteriormente se dijo. Ello es así, pues la ley del acto que rige en el caso concreto, es el Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, que señala en su dispositivo 57 lo siguiente: "Artículo 57. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos, ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción o (sic) proceso o libertad". De ahí que el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo para solicitar la protección constitucional respecto de la resolución combatida, inició el treinta y uno de enero y feneció el veintiuno de febrero del año en curso; por lo que es inconcuso que la acción constitucional se ejerció fuera del aludido plazo de quince días que prevé el numeral en consulta, ya que la demanda se presentó el ocho de marzo de este año. Es aplicable por identidad jurídica el criterio aislado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la página 990 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, en razón de que el artículo 71 que se menciona en dicha tesis es de igual contenido al numeral 57 del código adjetivo de la materia, titulada: "NOTIFICACIONES EN EL PROCESO PENAL FEDERAL. SURTEN EFECTOS EN EL MOMENTO MISMO EN QUE SE PRACTICAN". De modo que si el quejoso no ejerció en el plazo legal la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado. Lo anterior se determina así, pues como se advierte del numeral 17, fracción IV, la excepción en cuanto al plazo de presentación de la demanda relativo a "en cualquier tiempo", fue limitado por el legislador a que los ataques a la libertad personal se realicen "fuera de procedimiento", supuesto que no se actualiza en la especie, dada la naturaleza jurídica del acto impugnado, es decir, el proveído de treinta de enero pasado, en que el juez responsable autorizó el traslado del peticionario de amparo, dictado en los autos de la causa penal 39/2012, por lo que se concluye que rige la regla genérica de la temporalidad inherente a la promoción del amparo, esto es, la de quince días, en razón de que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que prevé el aludido numeral 17 de la ley de la materia. Consecuentemente, se sobresee en el juicio de amparo, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de dicho ordenamiento, respecto del acto y autoridad referida. Por otro lado, en relación con el acto reclamado señalado con el inciso a), se advierte que en la especie sobrevino la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Dicho precepto legal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Hipótesis que puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro; y 2. Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. En el caso en estudio se actualiza el primer supuesto, pues se cancelan jurídicamente los efectos de la determinación controvertida, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad; esto es, cuando la afectación al gobernado derive invariablemente de la nueva resolución, de modo que aquéllas no puedan entenderse sin éste y, por tanto, los efectos en concreto pierdan toda vinculación con el acto en principio controvertido. El primer supuesto es característico de los actos jurisdiccionales, por la dinámica en la que se emiten, pues los procedimientos judiciales se conforman por una serie de actos concatenados de tal manera que la existencia de uno constituye la base de otro subsecuente con el que se encuentra íntimamente vinculado y, así, cada acto que se sustenta en otro precedente, lo sustituye de inmediato en los efectos que produce. Lo que en el caso acontece, pues como se advierte de las constancias existentes en autos y de los antecedentes señalados, el traslado del quejoso del Reclusorio Preventivo Varonil Norte al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II, ambos de esta ciudad, por Seguridad Institucional y Seguridad Individual, que el subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México autorizó mediante oficio SG/SSP/0161/2017 de trece de enero de dos mil diecisiete, en atención al diverso RPVN/SJ/0319/17, suscrito por el subdirector Jurídico del Reclusorio señalado, quedó sustituido procesalmente al emitirse el proveído de treinta de enero pasado, en los autos de la causa penal 39/2012, en que el juez responsable autorizó el traslado en definitiva del peticionario de amparo; por lo que se concluye que en el caso se actualiza el primero de los supuestos para que opere la cesación de efectos de la determinación controvertida, esto es, la sustitución procesal del acto originalmente reclamado por uno diverso y, por ese motivo, no es posible realizar el estudio de las posibles violaciones que se habrían cometido en el primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, primordialmente porque la afectación a la esfera jurídica del peticionario del amparo ya no se determina por el acto originalmente reclamado, sino por el nuevo acto que sin dejar insubsistente aquél, esto es, sin anularlo o revocarlo, rige la situación actual del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 22 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en la página 1579 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, intitulada: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS". De esta manera, la cesación de efectos que se analiza se demostró plenamente, porque no está condicionada a cualquier otra circunstancia que pudiera afectarla, de modo que lo procedente en el caso es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo por cuanto hace al acto de ejecución reclamado del director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad, en razón de que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de ejecución si no se combate por vicios propios. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 516, de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 339, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo VI, 1917-1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61, fracciones XIV y XXI, 62, 63, fracción V, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Por los motivos expuestos en el considerando tercero esta sentencia, se sobresee en el presente juicio promovido por Mario Eduardo García Méndez, contra los actos reclamados consistentes en: a) La orden de traslado y su ejecución, que atribuyó de las autoridades responsables subsecretario de Sistema Penitenciario y director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte; ambos de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad; y b) La autorización del juez Séptimo Penal de esta ciudad, después de haber sido ejecutado dicho acto.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Agréguense en autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Séptimo Penal de esta ciudad, mediante el cual remite "en alcance" al informe justificado copia certificada del auto de treinta de enero del año en curso; en consecuencia, con tal documental dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por tanto la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse, el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, a las once horas. Sirve de apoyo a la anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
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