Mario Contreras Saldaña
Expediente 505/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 29/11/2018
Partes del expediente
- Mario Contreras Saldaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de quince días que establece el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. En otro aspecto, la parte quejosa exhibió documentos como prueba en este juicio, se dejan a su disposición por el término de noventa días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, en el entendido que de no recogerlos en la temporalidad indicada, se destruirán al momento en que se depure este expediente, tal como lo establece la fracción II, del punto vigésimo primero del acuerdo general en cita. En otro orden, tomando en consideración que el asunto se encuentra concluido, es innecesaria la retención del anexo que envió el juez responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de quince días que establece el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. En otro aspecto, la parte quejosa exhibió documentos como prueba en este juicio, se dejan a su disposición por el término de noventa días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, en el entendido que de no recogerlos en la temporalidad indicada, se destruirán al momento en que se depure este expediente, tal como lo establece la fracción II, del punto vigésimo primero del acuerdo general en cita. En otro orden, tomando en consideración que el asunto se encuentra concluido, es innecesaria la retención del anexo que envió el juez responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubieren hecho. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. En ese sentido, por sentencia dictada el trece de septiembre del año en curso (fojas 55 a 60), por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo a Mario Contreras Saldaña, contra la orden de reaprehensión dictada por el juez Trigésimo Tercero Penal de esta ciudad, para el efecto de que realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente la determinación por la que se ordenó la reaprehensión del amparista; y b) En su lugar, emitiera una nueva en que con plena libertad de jurisdicción, determinara, previo a resolver si es procedente emitir la orden de reaprehensión del quejoso, si ha operado o no "la prescripción de la potestad para ejecutar la pena". Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado del jefe General de la Policía de Investigación y procurador General de Justicia, ambos de esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Determinación que causó ejecutoria el cinco de octubre pasado (foja 69), por lo que se requirió a las autoridades responsables, para que cumplieran la sentencia protectora. Por comunicados y anexos recibidos en este juzgado el diez y once del mes en cita (fojas 73 a 82), las autoridades responsables, refirieron dar cumplimiento al fallo protector. Con base en lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que lo hubieren hecho. Ahora, de las referidas constancias se advierte lo siguiente: Mediante resolución de ocho del mes que transcurre, el juez responsable dejó insubsistente la orden de reaprehensión de treinta de septiembre de dos mil quince, dictada contra el quejoso, y emitió una nueva, en que de manera fundada y motivada, precisó que no ha prescrito la potestad para ejecutar la pena de prisión impuesta, asimismo, con base en el numeral 87, fracción I, del Código Penal para esta ciudad, revocó al justiciable el sustitutivo de la pena de prisión por tratamiento en libertad, y como consecuencia, ordenó su reaprehensión. Asimismo, el jefe General de la Policía de Investigación y procurador General de Justicia, ambos de esta ciudad, informaron lo relativo al cumplimiento que se les requirió. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional tiene cumplida la ejecutoria que se analiza. Por tanto, es indudable que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, acorde con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la ley de la materia, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.
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