Mario Edgar Oliver Mejía
Expediente 165/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Mario Edgar Oliver Mejía
Actuaciones
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de marzo de dos mil veintidós. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del dieciocho de febrero de este año, en el que se desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. citatorio. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la quejosa el proveído del dieciocho de febrero de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Juez Décimo Tercero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 165/2022-II. Ahora, el quejoso reclama la resolución del diecisiete de enero de dos mil veintidós, emitida en el expediente 918/2021, mediante la cual el juez de origen resolvió inoperante el recurso de revocación interpuesto contra el auto del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que declaró confeso al aquí quejoso, por los motivos ahí expuestos, quedando firme este último. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V y 172, fracción V, de la Ley de Amparo. De dichos preceptos se obtiene que el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos que tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una ejecución irreparable, es decir, aquellos que sus consecuencias no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etc.) y que tutela la Constitución General de la República, por medio de los derechos humanos, por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial, dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Lo anterior se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales, evitando que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En ese sentido, el acto que por esta vía se combate constituye una violación procesal, la cual únicamente hasta el dictado de la sentencia, se podrá apreciar si trascendió y afectó al quejoso; e incluso, podrá estar en la posibilidad de reclamarlo hasta el amparo directo que en su caso y oportunidad se llegue a promover en contra de la sentencia que haya resuelto en definitiva el señalado juicio de origen, en caso de que dicha sentencia sea adversa a sus intereses, al así estar establecido en los diversos preceptos 171, primer párrafo y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número IX.1o. J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Materia Común, Novena Época, página 1303, con el siguiente rubro: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Igualmente cobra aplicación la jurisprudencia número Igualmente cobra aplicación la jurisprudencia número VI.2o.C. J/209, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV Octubre de 2001, Materia Civil, Novena Época, página 1060, cuyo título es: "VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO." Por tanto, se desecha la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa, el indicado en la demanda que se acuerda, en virtud de que se encuentra dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional. Ténganse por autorizadas a los profesionistas y personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que si es en amplios términos los primeros deberán contar con el registro correspondiente de su cédula profesional. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese, personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Juez Décimo Tercero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 165/2022-II. Ahora, el quejoso reclama la resolución del diecisiete de enero de dos mil veintidós, emitida en el expediente 918/2021, mediante la cual el juez de origen resolvió inoperante el recurso de revocación interpuesto contra el auto del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que declaró confeso al aquí quejoso, por los motivos ahí expuestos, quedando firme este último. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V y 172, fracción V, de la Ley de Amparo. De dichos preceptos se obtiene que el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos que tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una ejecución irreparable, es decir, aquellos que sus consecuencias no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etc.) y que tutela la Constitución General de la República, por medio de los derechos humanos, por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial, dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Lo anterior se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales, evitando que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En ese sentido, el acto que por esta vía se combate constituye una violación procesal, la cual únicamente hasta el dictado de la sentencia, se podrá apreciar si trascendió y afectó al quejoso; e incluso, podrá estar en la posibilidad de reclamarlo hasta el amparo directo que en su caso y oportunidad se llegue a promover en contra de la sentencia que haya resuelto en definitiva el señalado juicio de origen, en caso de que dicha sentencia sea adversa a sus intereses, al así estar establecido en los diversos preceptos 171, primer párrafo y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número IX.1o. J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Materia Común, Novena Época, página 1303, con el siguiente rubro: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Igualmente cobra aplicación la jurisprudencia número Igualmente cobra aplicación la jurisprudencia número VI.2o.C. J/209, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV Octubre de 2001, Materia Civil, Novena Época, página 1060, cuyo título es: "VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO." Por tanto, se desecha la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa, el indicado en la demanda que se acuerda, en virtud de que se encuentra dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional. Ténganse por autorizadas a los profesionistas y personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que si es en amplios términos los primeros deberán contar con el registro correspondiente de su cédula profesional. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese, personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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