Mario Cruz Molina

Expediente 524/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
524/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/05/2022

Partes del expediente

  • Mario Cruz Molina

Actuaciones

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en el auto de archivo se determinó que el presente asunto era susceptible de ser destruible, en términos de la fracción II, del punto "VIGÉSIMO PRIMERO" del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Ahora bien, dado que en el acuerdo inicial se decretó a favor del directo quejoso la suspensión de plano del acto reclamado, ubicándose, a criterio del suscrito, en la hipótesis prevista en el citado punto "VIGÉSIMO PRIMERO", fracción III, del acuerdo antes mencionado; por tanto, las constancias relativas a dicha suspensión son susceptibles de depuración, se hace la anterior aclaración para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintidós.Vista la demanda promovida por *********, por derecho propio, contra actos del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 524/2022-I. Los quejosos señalan como actos reclamados: I. El acuerdo de veintiocho de marzo del presente año, dictado por el Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, en su expediente 634/2021, que recayó a su escrito en el solicitan no tener por ratificado el convenio presentado en autos; y, II. La omisión de acordar su promoción presentada el siete de abril del presente año, a través del cual solicitaron se continuara con el procedimiento. Respecto del primer acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. De los preceptos legales señalados, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 del propio ordenamiento legal, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan relación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo, se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre, invariablemente, en el improrrogable plazo de quince días siguientes. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se indican en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal para promover el juicio de amparo, en relación con algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial, como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. En el caso, del escrito de la demanda se advierte que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el treinta de marzo de dos mil veintidós le fue notificado el auto reclamado. En ese contexto, para determinar la oportunidad en el ejercicio de la acción intentada, debe imperar la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal; en esa virtud, el término para presentar su demanda de amparo contra el acto reclamado, comenzó a transcurrir a partir del día hábil siguiente al en que surtió efectos la notificación de la determinación impugnada; es decir, el uno de abril de dos mil veintidós, y feneció el veintiséis de abril siguiente. Lo anterior, sin contar de dicho cómputo los días dos, tres, nueve, diez, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de abril, todos de dos mil veintidós, por haber sido inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente. Así, la extemporaneidad en el ejercicio de la acción de amparo se hace patente, pues transcurrieron más de quince días desde la fecha siguiente a la que surtió efectos la notificación del acto reclamado, a la presentación de la demanda de amparo (tres de mayo de dos mil veintidós), lo que pone en evidencia que a esa fecha, había fenecido el plazo de quince días que tenía para hacerlo. Por ello, al no encontrarse el acto reclamado materia del presente juicio dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para promover el juicio de amparo, es inconcuso que la demanda origen de este juicio debió presentarse dentro de los quince días siguientes a que se refiere dicho ordenamiento. Es aplicable la jurisprudencia número XXI.2º.P.A.J/32, del Tomo XXXI, Enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación, que es del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." También, es aplicable por analogía la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, página doscientos treinta y cinco, de rubro: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS." En relación al segundo acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 5o., fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos interpretados en sentido contrario. De las citadas normas se desprende que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sobre el caso en particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS"; determinó que a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, ello al tomar en cuenta el periodo máximo que tolera el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo anterior y dado que en el presente asunto no ha trascurrido el plazo cuarenta y cinco días naturales entre la fecha en que debió actuar la autoridad responsable y la fecha en que se presentó la demanda que nos ocupa, máxime que la misma gozo de suspensión de labores los días catorce y quince de abril dedos mil veintidós. Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. No ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en la demanda, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado; por tanto háganse las subsecuentes notificaciones por medio de lista electrónica. Dada la trascendencia de este acuerdo, por única ocasión se comisiona a un actuario adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio de la parte quejosa y le notifique este proveído. Es preciso destacar que para la práctica de la notificación personal, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Asimismo, se destaca al fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional que para realizar las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la ley de la materia. Se tienen por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/ayuda. Hágase del conocimiento de las demás partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y por única ocasión personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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