Mario de Leon Quiroga y Otros.

Expediente 212/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
212/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/12/2021

Partes del expediente

  • Mario de Leon Quiroga y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, la comunicación del secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Atento a su contenido, se tiene por recibidas las copias certificadas del juicio de amparo XX, copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja XXXXX, de su registro. Acúsese recibo. Al resolver el recurso de queja interpuesto, el referido tribunal resolvió: ".PRIMERO: Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNDO: Se confirma el auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, en el juicio de amparo indirecto 212/2021. TERCERO. Se desecha la demanda de amparo promovida por XXXXXXX, contra actos y autoridades señaladas en el resultando primero de esta ejecutoria. CUARTO. La presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos precisados en el último considerando de este fallo; asimismo se ordena glosar la constancia de captura de sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. SIC" Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, respecto a las copias certificadas que se formó para la tramitación del recurso, al resultar innecesaria su conservación, sin que sea necesario glosar al mismo las copias, de las cuales, se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.

  2. Principal

    MESA 6.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual acusa recibo del oficio 10414/2021; asimismo, informa que admitió el recurso interpuesto por la parte quejosa, quedando registrado como recurso de queja 80/2021 de su índice. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    MESA 6.- Vista la diligencia de notificación personal practicada al representante común de la parte quejosa Mario de León Quiroga, realizada el veintiuno de mayo de la anualidad, por el actuario de la adscripción, en la que Mario de León Quiroga, en su carácter de representante común, interpuso RECURSO DE QUEJA contra el auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la constancia de notificación que contiene la interposición del recurso de queja; copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja para la substanciación dicho medio de impugnación. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la ley en la materia, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, puesto que dicho medio de impugnación fue interpuesto contra el auto que desechó la demanda de amparo y por ende, en este estadio procesal no se advierte parte vinculada a la litis constitucional. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social No. 15, "CPS-CHIAPAS", y este se encuentra en Villa Comaltitlán, Chiapas; es decir, fuera de la residencia de este Juzgado pero dentro de esta jurisdicción, en términos del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal que el actuario adscrito a este juzgado debe trasladarse a dicho centro penitenciario para la notificación de este auto; debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx.

  4. Principal

    MESA 8.- Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Mario de León Quiroga...contra actos de la Directora General y el Comité Técnico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 15 con ubicación en Villa Comaltitlán. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 212/2021. DESECHAMIENTO Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece:...De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo manifiesto significa claro o evidente, mientras que indubitable, cierto, seguro, que no puede dudarse...Analizada la demanda de amparo, este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, pues, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra versan:..En ese precepto legal se encuentra contenido uno de los principios rectores del juicio constitucional que es el de definitividad, conforme al cual, solamente serán impugnables en la vía de amparo, aquellos actos en contra de los cuales no proceda algún recurso o medio de impugnación, a través del cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. En primer lugar, es conveniente señalar que en la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, ya se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; por lo tanto, se encuentra en vigor desde el diecisiete de junio de dicho año. También no hay que perder de vista que la fracción II, del artículo 1º de la ley de ejecución, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva ley creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión, de allí que los internos tengan la posibilidad de instar cualquier de esos procedimientos para la resolución de controversias que se susciten durante la privación de la libertad. Por su parte el artículo 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación señala en general a todas las personas privadas de la libertad que incluye tanto a los internos por prisión preventiva como a los que están compurgando una pena o medida de seguridad. Esto significa que la ley incluye expresamente a todas las personas privadas de la liberad sin importar el estado procesal en que se encuentren. Bajo ese contexto, por tratarse el acto reclamado de situaciones relacionadas con la reclusión del quejoso, le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se afirma lo anterior, dado que la actuación reclamada se clasifica dentro de las condiciones de internamiento previstas en los artículos 30 al 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las que desde luego se relacionan con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran los previstos por el artículo 9 de la citada legislación. Ahora bien, por su parte los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo; los numerales 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos y finalmente, el artículo 9, relativo a los derechos de las personas privadas de la liberad, y 74, 76, 77 y 78, referentes a los servicios de atención médica, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Del contenido de dichos numerales se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: a. Cuestiones relativas a la salud (artículo 9, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); b. Alimentación nutritiva (artículo 9, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal); c. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (artículo 9, fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal); d. Recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal (artículo 9, fracción VI de la Ley Nacional de Ejecución Penal); e. Recibir suministro de artículos de aseo diario necesarios (artículo 9, fracción VII dela Ley Nacional de Ejecución Penal); f. Acceder al régimen de visitas (artículo 9, fracción VIII de la Ley Nacional de Ejecución Penal); g. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); h. Que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica (artículo 9, fracción X de la Ley Nacional de Ejecución Penal); i. Participación en la integración de un plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario (artículo 9, fracción XI de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Lo acabado de relatar, claramente revela la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, que vulneran sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambió de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, vestimenta, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución o bien, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En el caso que de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Nacional, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la propia autoridad judicial. Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, CONTEMPLA LAS PETICIONES RELATIVAS A CASOS URGENTES, como los son, las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, como pudiera ser a consideración de este Juzgado Federal cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno, como lo es, la de atención médica a algún padecimiento delicado, y, finalmente, los atinentes a la libertad, como sería un cambio de módulo, donde la citada Ley establece que en tratándose de los casos urgentes la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. En el caso, Mario de León Quiroga...reclamaron lo siguiente:...En ese orden, en la especie no se aprecia que los aquí quejosos, hayan agotado el recurso previsto en el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado; ya que sólo a través de ese medio de impugnación es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a su petición, situación de la que se duelen en esta vía constitucional. En esas condiciones, al no agotarse el medio de defensa que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, se incumple con el principio de definitividad de que se trata, actualizándose la causa de improcedencia transcrita; por tanto, con fundamento en lo contemplado en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Mario de León Quiroga...Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 11,549 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano