Mario Cesar Tapia Avendaño

Expediente 2313/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2313/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
06/12/2019

Partes del expediente

  • Mario Cesar Tapia Avendaño

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    (CITATORIO).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, INCISO B), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: "Téngase por recibido en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo suscrito por el quejoso ***, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de siete de noviembre del año en curso (fojas 10 a 13). Atento a lo anterior, téngase por desahogada las prevenciones hechas al promovente, toda vez que bajo protesta de decir verdad, en cuanto a la primera prevención, el impetrante de amparo precisó que no tiene conocimiento de algún procedimiento de cualquier materia en su contra. En cuanto a la segunda prevención, el quejoso manifestó que no cuenta con el contrato crediticio celebrado con la autoridad responsable. Finalmente, en cuanto a la tercera prevención, el impetrante de amparo adujo que no ha comparecido ante la CONDUCEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), ni tampoco ha instado juicio mercantil. En primer término, cabe señalar que de la lectura integral al escrito de demanda y atento a lo manifestado por el promovente al desahogar la prevención realizada en data siete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 10 a 13), se advierte que la quejosa de manera destacada reclama descuentos directos a nómina salarial de jubilado, además que no ha comparecido ante la CONDUCEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), ni tampoco ha instado juicio mercantil. Ahora, los artículos 112, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo imponen ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Luego, al ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo procede analizar la causa que, en la especie, se estima actualizada. Así, en el caso que se estudia, se estima que el acto reclamado resulta improcedente por actualizarse la causal prevista 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103, fracción I, de la Constitución General de la República, que establecen: De los numerales insertos se advierte que la fracción XXIII del primer artículo referido no establece una causa concreta de improcedencia del juicio constitucional, sino que señala en forma genérica que ésta derivará de la aplicación de uno o varios preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la propia Ley de Amparo. Asimismo, se obtiene que el juicio de control constitucional tiene por objeto dirimir controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de autoridad que los gobernados consideren violatorias de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución General de la República, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo cual, la legislación de la materia define a la autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, como la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otro lado, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos la legislación de amparo establece la posibilidad de señalar a particulares con la calidad de autoridad responsable, siempre que se les reclamen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan actuar creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas derivado de funciones determinadas por una norma general. Bajo ese orden de ideas, es permisible señalar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente por exclusión de los actos de particulares, toda vez que la legislación de amparo establece la procedencia del juicio constitucional contra actos de autoridad y, excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, de manera que afecten derechos fundamentales con motivo de funciones determinadas por una norma general. Ahora, para una debida comprensión de los motivos que actualizan la causa de improcedencia en estudio, resulta indispensable establecer la distinción entre un acto de autoridad del que no lo es, atendiendo a la clasificación de las relaciones jurídicas existentes en el marco jurídico nacional: de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Relaciones de coordinación: entendidas como las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias están previstos en la legislación de los procedimientos ordinarios. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil o laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones de derecho privado es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, o contempladas por la ley. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por la actuación de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, mismas que son reguladas por el derecho público, el que a su vez establece procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, como son -en el ámbito ordinario-, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional, se encuentra el juicio de amparo; relaciones caracterizadas por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, para definir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, es necesario tomar en consideración la distinción de las relaciones jurídicas que se pretenden dirimir mediante su promoción, con el fin de establecer si la que se somete a la jurisdicción de los órganos de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad responsable actúe en un plano de superioridad. En el caso, el impetrante bajo protesta de decir verdad en su capítulo de antecedentes del acto reclamado manifestó: "en el año 2018 adquirí un préstamo económico de la empresa denominada TOTAL CREDIT S.A.P.I. DE C.V.." ".acudí al cajero automático de la institución bancaria BANORTE en esta Ciudad, para retirar mi pensión como jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social la cual es depositada en la cuenta bancaria número 1042263459 en la institución bancaria denominada GRUPO FINANCIERO BANORTE, percatándome que no tenía completo mi pensión, por lo que cheque mi nómina que recibo como jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social." ".que el dinero estaba retenido por órdenes de la empresa denominada TOTAL CREDIT S.A.P.I. DE C.V.." Las cuales devienen en una confesión expresa en términos del numeral 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuyo valor probatorio es pleno, conforme lo dispuesto por el numeral 200 de ese ordenamiento legal, por tratarse de un hecho que le es propio a la solicitante de amparo. Es menester precisar que el quejoso contrajo una relación crediticia con la empresa denominada TOTAL CREDIT, S.A.P.I. DE C.V, y que el descuento que le realizaron a su nómina como jubilado, es en relación a la empresa con la cual adquirió el citado préstamo. Por dicha circunstancia, en el asunto que se examina, la responsable no tiene la calidad de autoridad para los efectos del Juicio de Amparo, pues en todo caso su actuación frente al quejoso se ubica en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho mercantil, en donde aquélla actúa como particular (TOTAL CREDIT, S.A.P.I. DE C.V) y no como autoridad investida de imperio frente al peticionario de derechos fundamentales. Sobre esa premisa, es evidente que el acto que atribuye a las potestades señaladas como responsables, no fue realizado dentro de una relación de supra-subordinación, pues no emana de autoridad investida de imperio sobre un gobernado, sino que, ese acto deriva de una relación mercantil, en términos de los artículos de la fracción XXIV del artículo 75 del Código de Comercio, en relación con los artículos 1o., 2o. y 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. CÓDIGO DE COMERCIO "Art. 75. La ley reputa actos de comercio: XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;" LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO "Articulo 1.- Son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su emisión, expedición, endoso, aval, o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen, son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o trasmisión de títulos de crédito, o se hayan practicado con éstos, se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2o., cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título, y por la ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos, en los demás casos. Las operaciones de crédito que esta ley reglamenta son actos de comercio." "Articulo 2.- Los actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior, se rigen: I.- Por lo dispuesto en esta ley, y en las demás leyes especiales relativas; en su defecto, II.- Por la Legislación Mercantil general; en su defecto, III.- Por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos, IV.- Por el Derecho Común, declarándose aplicable en toda la República, para los fines de esta ley, el Código Civil del Distrito Federal." "Artículo 291.- En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de éste una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen." Por ello, para considerar que los actos reclamados equivalen a los provenientes de autoridad y, por ende, reclamables mediante el juicio constitucional, es necesario que sean unilaterales y estén revestidos de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o mercantil contractual. Además, conforme a la jurisprudencia citada con anterioridad el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación, lo que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Bajo esa línea argumentativa, para que el acto reclamado pueda ser considerado equivalente a los de autoridad, debe reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos, como el que se reclama en un plano de igualdad, que no implica una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele el carácter de autoridad responsable. Por lo que, en el caso concreto al ubicarnos en la hipótesis de relaciones de coordinación, al existir algún incumplimiento o violación a lo pactado entre las partes involucradas estas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. Cabe recalcar que tratándose de las relaciones de coordinación (piénsese en los contratos mercantiles), es común que se pacte la posibilidad de que la parte que se ha visto perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de suministrar las prestaciones y beneficios objeto de la relación jurídica. Esto se debe a que todos los contratos se rigen por la autonomía de la voluntad de las partes; por tanto, los derechos y obligaciones son bilaterales, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de retención de la obligación en favor de la parte afectada mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. En el caso particular, la parte quejosa, se duele del descuento derivado del crédito pactado entre si y TOTAL CREDIT, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. De ahí, que no se actualice una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, ya que tanto la aquí quejosa como la institución crediticia están en un plano de igualdad y bilateralidad, derivado de la celebración del citado acuerdo de voluntades. Por tanto, sus actos no pueden catalogarse de particular equivalente al de autoridad, para los efectos del juicio de amparo; pues emanan de una relación contractual en la esfera del derecho privado, es decir, en un relación de coordinación entre la institución crediticia y la parte quejosa, más no de supra a subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. En ese sentido, es de destacarse que en la especie, la determinación de descontar alguna cuenta bancaria por alguno de los contratantes son actos que provienen de particulares, pero sin las características de los que emiten las autoridades; es decir, no reúne los elementos necesarios para considerarlo equivalente a los actos de autoridad, en términos de la parte final de la fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente. En suma, se concluye que las autoridades señaladas en la demanda de amparo carecen de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5o. de la Ley de Amparo, motivo por el cual no les resulta el carácter de autoridades responsables. En tal virtud, por lesivos que sean los actos reclamados de los derechos del promovente, en el caso, no es en el juicio de amparo donde debe contrarrestar sus efectos, sino ante la autoridad competente para ello; dado que los actos combatidos provienen de la relación mercantil entre el promovente y la institución crediticia. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, éste último en concordancia con el diverso 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la citada ley, se desecha de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a las autoridades señaladas como responsables a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal.

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