Mario Chistóbal Olguín Rojas

Expediente 403/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 30 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
403/2018
Año
2018
Actuaciones
30
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • JUEZ DE CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO PENAL, CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE AZUETA Y MONTES DE OCA, CON RESIDENCIA EN ZIHUATANEJO, GUERRERO (denominación correcta)
  • Mario Chistóbal Olguín Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; tres de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo séptimo denominado "EXPEDIENTES DEPURABLES", artículo 18, fracción I, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Asimismo, en razón de que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado los tres discos compactos derivados de la carpeta judicial C-21/2018, enviados por el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con Jurisdicción y Competencia dentro de su adscripción, en su calidad de Juez Coordinador, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 403/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el tres de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Mario Cristóbal Olguín Rojas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE 1) Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Zihuatanejo, Guerrero,. ACTOS RECLAMADOS ".la resolución de fecha catorce de abril de la presente anualidad, en la que dictó el auto de vinculación a proceso de manera oral y escrita en contra del quejoso en la carpeta judicial C-21/2018 del índice de aquel órgano jurisdiccional instruida en mi contra por el delito de violación equiparada en agravio de C.R.A.E. (menor de edad con identidad reservada), resolución que se dictó en la continuación de la audiencia inicial de la fecha antes indicada de manera oral." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 403/2018, se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Fiscal de la adscripción del juzgado responsable la intervención legal correspondiente y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el tres de octubre del dos mil dieciocho, mientras que el treinta de noviembre siguiente se dictó sentencia. TERCERO. Recurso de revisión y reposición de los autos. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los autos que nos ocupan, lo que por cuestión de turno y materia correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito bajo el Toca de Amparo en Revisión Penal 21/2019, en cuya ejecutoria de doce de diciembre de dos mil diecinueve, ordenó reponer los autos para el efecto de que se le devolvieran al Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con Jurisdicción y Competencia dentro de su adscripción, en su calidad de Juez Coordinador, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, los tres discos compactos relativos a la audiencia inicial derivada de la carpeta judicial C-21/2018, remitidos mediante oficio 190-C/2018, y los remitera debidamente certificados con sello y firma del funcionario que lo realiza, para así estar en posibilidad de realizar el debido estudio de las audiencias ahí contenidas. Así, en acatamiento a lo anterior, por acuerdo de treinta de diciembre del dos mil diecinueve se requirió lo ordenado por la superioridad, lo que se tuvo por desahogado en acuerdo de catorce de enero del año en curso, y una vez que se reanudó el procedimiento en términos del acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso, tuvo verificativo la audiencia constitucional en la fecha y hora que se fijó para tal efecto. C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de un juicio del orden penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- Oportunidad de la demanda. La parte quejosa fue notificada del auto de vinculación a proceso el catorce de abril de dos mil dieciocho, por tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 82 fracción I, inciso a) y último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del diecisiete de abril al ocho de mayo del año en cita, sin contar los días quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de abril y uno, cinco y seis de mayo de dicha anualidad, por ser días inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; de ahí que, si la demanda fue presentada el tres de mayo de dos mil dieciocho, debe estimarse oportuna, pues fue presentada dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO.- Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso Mario Cristóbal Olguín Rojas, como imputado en la carpeta judicial C-21/2018 reclama del Juez responsable el auto de vinculación a proceso emitido en audiencia de catorce de abril de dos mil dieciocho, por el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada (agravada), cometido en agravio del menor de identidad reservada de iniciales C.R.A.E. CUARTO.- Certeza del acto reclamado. El Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con Jurisdicción y Competencia dentro de su adscripción en su calidad de Juez Coordinador, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, al rendir su informe justificado reconoció el acto reclamado; lo que además se corrobora con la copia certificada de la carpeta judicial C-21/2018, la cual contiene entre otras la versión escrita de la audiencia de vinculación a proceso de catorce de abril de dos mil dieciocho, así como de las videograbaciones que en disco versátil digital (DVD) allegó el Juez responsable como apoyo a su informe justificado, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO.- Estudio de fondo del asunto. Las partes legitimadas en el presente juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni oficiosamente se advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación, los cuales de ser procedente, serán suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En ese sentido, la parte quejosa sostiene esencialmente que la resolución sujeta a examen transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos1, 14, 16, 19, 20, apartado "A", fracciones I, V, y apartado "B", fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: a).- La autoridad judicial no resolvió en forma lógica, razonable y libre para constatar que los datos de prueba narrados por la parte acusadora son aptos para dictar auto de vinculación a proceso, ya que la versión del menor agraviado no resulta creíble ni coherente con los demás datos de prueba introducidos, debido a que por las características físicas que pueden apreciarse del registro de audio y video del quejoso, de haberle impuesto cópula al citado menor, le habría ocasionado lesiones traumáticas, de modo que la sola entrevista con dicho ofendido no genera información útil y objetiva para suponer la existencia de un hecho señalado como delito por la ley. Mas aun, en la obtención de dicha entrevista ministerial efectuada con el menor, se transgredió el derecho a la defensa y debido proceso del inculpado en violación a lo dispuesto en los artículos 274 y 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de lo que no se percató la responsable al emitir el auto de vinculación a proceso, ya que dichos ordinales disponen que cuando deban realizarse peritajes a personas sexualmente agredidas o cuando la naturaleza del hecho lo amerite, el órgano investigador debe integrar un equipo interdisciplinario con profesionales capacitados en la atención a víctimas, con el fin de concentrar en una sola sesión las entrevistas que se requieran, así como para la elaboración de los dictámenes respectivos, por lo que al tratarse de actuaciones irreproducibles, la Fiscalía debió notificar a la defensa del imputado para que junto con su defensor y los peritos de su intención, se practicara la entrevista relativa y los dictámenes correspondientes en la etapa de investigación desformalizada conforme a las técnicas apropiadas para la salvaguarda de la víctima, pero con la oportunidad de la adecuada defensa para el quejoso a fin de armar un protocolo de preguntas para realizar la entrevista del menor, la cual debió ser video grabada. Además, el día once de marzo de dos mil dieciocho, cuando el menor ofendido fue entrevistado por la autoridad ministerial, no se aprecia que se hayan empleado técnica alguna, esto es, que fuera video grabada su entrevista con un equipo interdisciplinario, que hiciera creíble lo relatado por aquél, a efecto de que se tenga certeza de que lo aducido por la víctima efectivamente fue emitido por su persona y no por alguien más, de modo que desde que el quejoso fue señalado como imputado, desde ese momento se activó su derecho a una defensa adecuada para las subsecuentes actuaciones de la Fiscalía, lo que no aconteció. Tan es así, que incluso el quejoso compareció ante la autoridad ministerial y sin embargo, desde antes de que esto aconteciera, la Fiscalía ya tenía conocimiento de la imputación que se hacía en su contra, sin que se le respetara su derecho a contradecir las pruebas, ya que en ese momento cuando coincidió con la parte ofendida en las instalaciones del Ministerio Público, el menor agraviado corrió a abrazarlo pero su madre se lo retiró, diciéndole que le iba a pagar por haber manoseado a su hijo por lo que la encargada de la investigación le pidió que se retirara sin que se le comunicara sobre el desahogo de las diligencias antes señaladas. Por otro lado, la entrevista efectuada al menor no resulta coherente ni creíble en relación con el dictamen médico y proctológico que como dato de prueba fue introducido por la Fiscalía, ya que las dos lesiones que indicó el médico legista pudieron haberse provocado por estreñimiento del menor, y de haber tenido coito anal con el miembro viril del imputado, es deducible que se le hubiera provocado un daño considerable en su ano, de modo tal que por ejemplo, su esfínter dejaría de funcionar adecuadamente para retener la materia fecal, y en el caso, en el citado dictamen no se hizo mención que el menor tuviera una lesión provocada por penetración profunda. b).- Aunado a lo anterior, el juez de la causa tampoco tomó en consideración que no podía acreditarse el ilícito en cuestión, porque el tipo especial previsto en el artículo 179, fracción II, del Código Penal del Estado de Guerrero, estipula que se equipara a la violación la introducción por vía anal de cualquier otro instrumento o parte del cuerpo distinta al miembro viril, ya que al rendir su declaración el quejoso negó los hechos imputados, aunado a que se le atribuye precisamente la introducción de su miembro viril vía anal del menor de doce años, de modo que tampoco pudo haber impuesto cópula a la víctima, porque ello sólo acontece entre un hombre y una mujer; de ahí que el hecho imputado no se encuentre previsto como ilícito en el ordinal invocado. Mas aun, la expresión empleada por la víctima para narrar lo sucedido no puede comprenderse, ya que la palabra "repegar", no existe en el lenguaje, insistiendo que la conducta prevista en el artículo 179 del Código Penal del Estado de Guerrero restringe la acción que despliegue el activo varón a la pasivo femenina, de ahí que la mecánica de los hechos imputados no se ubique en el tipo penal aplicando el principio de la exacta aplicación de la ley penal. c).- Por otro lado, el dato de prueba consistente en el dictamen pericial en materia de psicología no reveló que el menor presentara pensamientos recurrentes o catastróficos debido a los hechos que narró como que el activo "le repegaba" su pene en su "colita", sino que el daño emocional proviene de los hechos que ha vivido, por lo que no es idóneo para demostrar que efectivamente ocurrió el ilícito que se atribuye al quejoso; dictamen que se llevó a cabo en una fecha distinta al diverso al dictamen médico y proctológico, lo que -insiste- transgredió lo dispuesto por los artículos 274 y 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior adquiere relevancia porque, como la entrevista del menor y los dictámenes periciales en comento constituyen pruebas fundamentales para emitir el auto de plazo constitucional, el juez de la causa no atendió el método de perspectiva de género, por lo que fue discriminado y le impidió tener igualad procesal con la parte acusadora, pues se otorgó importancia para resolver la circunstancia de que el quejoso era la persona que se encargaba de llevar a la escuela al menor agraviado. d).- Finalmente, la parte quejosa sostiene que el juez de la causa se limitó a anunciar todos los datos de prueba introducidos por la Fiscalía, pero sin fundar ni motivar y mucho menos explicar porque a su consideración resultan suficientes los datos de prueba anunciados, habida cuenta que se amplió el plazo constitucional durante el cual se recabaron los testimonios de personas que daban cuenta de que el quejoso nunca se quedaba a solas con el menor. Luego, una vez establecidos los motivos de disenso, procede ahora a verificar si la el auto de vinculación a proceso se ajustó a los preceptos constitucionales y legales que regulan su emisión. En ese orden de ideas, el artículo el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades". Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en sus artículos 67, fracción IV, 313, 316 y 317, lo siguiente: "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: (.) IV. La de vinculación a proceso (.)". "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De la intelección de los ordinales en comento puede advertirse que los requisitos que deben observarse al dictar un auto de vinculación a proceso, son los siguientes: 1).- Constar por escrito, en el que deben precisarse los datos personales del imputado, los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos previstos en la ley para su emisión; así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. 2).- Que previamente a su dictado se haya formulado imputación, para lo cual también debe observarse lo dispuesto por el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que el imputado esté presente en la audiencia relativa en la que el Fiscal expondrá al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención del imputado en el evento, así como el nombre de su acusador, salvo que el juzgador considere necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley; y que el Juez haya verificado que el imputado conoce sus derechos. 3).- Que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, en la inteligencia de que sobre este tópico debe observarse lo establecido en el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, una vez formulada la imputación, se preguntará al imputado si entendió dicha imputación y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que el imputado desee declarar, la misma deberá efectuarse en los términos previstos por la legislación adjetiva en cita, esto es, en presencia de su defensor, y previa entrevista oportuna y privada con el mismo. 4).- Que el mismo haya sido dictado en la misma audiencia de vinculación a proceso, o bien, dentro de las setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro siguientes, a solicitud del inculpado, previo cuestionamiento que sobre el particular le formule el juez de control. 5).- Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Fiscal, se deriven datos de prueba que establezcan que se ha cometido un delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que se pondera en razón de la existencia de indicios que razonablemente permitan suponerlo así más allá de toda duda razonable. 6).- Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por su parte, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -en la parte que interesa-, se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera se traduce en el hecho de que la responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En apoyo de esta consideración se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país que bajo el número 204, aparece en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Extremos que también deben observarse para verificar la constitucionalidad del acto reclamado, habida cuenta que en el dictado del auto de vinculación a proceso también pueden infringirse los derechos fundamentales diversos a los previstos en el artículo 19 de la Carta Magna. Establecido lo anterior, en lo que corresponde al primero de los requisitos reseñados en el inciso 1) que antecede, se observa que si bien el auto de vinculación a proceso se emitió oralmente en la audiencia relativa, según el registro de audio y video que se adjuntó al informe justificado que rindió el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal, con adscripción, jurisdicción y competencia en el Distrito judicial de Tabares, no menos verídico resulta que se adjuntó copia certificada de la carpeta judicial C-21/2018, en la que obra el auto de vinculación a proceso dictado en contra de Mario Cristóbal Olguín Rojas; resolución en la que consta que se reunieron las cuestiones formales atinentes a que contenga los datos personales del imputado (punto número 2, del apartado denominado "consideraciones"), así como los fundamentos y motivos que se tomaron en consideración para su emisión. Por lo que ve al segundo de los requisitos en cita, se observa del registro de audio y video cuyo valor probatorio pleno quedó precisado en el considerando que antecede, el Fiscal formuló la imputación al quejoso respecto de los hechos que se le atribuye a Mario Cristóbal Olguín Rojas; diligencia en la que estuvo presente el solicitante del amparo, asistido de la defensora pública adscrita al juzgado de la causa. En este punto, del registro audiovisual allegado, puede apreciarse que el Ministerio Público expuso oralmente los hechos que se le atribuyen al imputado, así como los datos de prueba relativos; la calificación jurídica preliminar de los mismos; la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención en el evento, y el nombre de sus acusadores. De igual forma, se destaca el hecho de que, previo a dicha exposición, la juez responsable explicó al imputado de que se trataba de la audiencia de formulación de la imputación, pidiéndole por ende que pusiera atención en su exposición y que cualquier duda la consultara con su defensor, habiéndole preguntado al imputado si había comprendió lo expuesto, a lo que expresamente manifestó que sí. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el tercero de los requisitos que nos ocupan, se advierte que una vez que concluyó en su exposición el Ministerio Público sobre la formulación de la imputación y que se cuestionó al imputado sobre su entendimiento a dichas manifestaciones, el juez responsable hizo saber a Mario Cristóbal Olguín Rojas del derecho que tenía para contestar el cargo que se le formuló si así lo deseaba, o bien, abstenerse de hacerlo, en cuyo caso se le explicó que esa circunstancia no podría ser considerada en su perjuicio. Además, destaca que en la diligencia relativa se le pidió que antes de manifestar si era su deseo o no, contestar al cargo imputado, lo consultara con su defensor, lo que así hizo, para entonces informar al juez responsable que no era su deseo declarar. En torno al cuarto de los requisitos descritos en líneas precedentes, atinente la temporalidad en la que debe emitirse el auto de vinculación a proceso, se le hizo saber al imputado del derecho que tiene para que su situación jurídica se resolviera en el mismo acto de la audiencia, o en su defecto, dentro del plazo de setenta y dos horas; o dentro de la duplicidad de dicho término (ciento cuarenta y cuatro horas), a lo que, previa consulta del imputado con su defensor, señaló el plazo elegido (ciento cuarenta y cuatro horas); temporalidad dentro de la cual se pronunció el auto de vinculación a proceso ya que según consta en los resultandos II y III del auto de vinculación a proceso, la audiencia inicial tuvo lugar a las quince horas del nueve de abril de dos mil dieciocho; fecha que se fijó con motivo de la solicitud que efectuó el Ministerio Público, una vez que el quejoso fue puesto a disposición de la autoridad judicial en esa misma fecha, habiéndose dictado el auto de plazo constitucional el catorce de abril siguiente, esto es, dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas antes referido. En mérito de todo lo anterior, es factible arribar a la conclusión de que el juez responsable sí verificó que el quejoso tuviera conocimiento de los derechos que le asisten con motivo de la calidad y la actuación que le reviste en el juicio penal, habida cuenta que la misma se desarrolló en presencia de aquél y de su defensor. Hasta este momento es factible sostener que se observaron las formalidades que la ley exige para el dictado del auto de vinculación a proceso, por lo que en este momento se procederá a verificar los últimos dos requisitos reseñados en los incisos 5) y 6), que anteceden. Una vez establecido lo anterior, se tiene en consideración que el dictado del auto de vinculación a proceso sólo exige la justificación de la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo en ello, pues la referida resolución solamente tiene como finalidad fijar la materia de lo que deberá ser objeto de investigación -formalizada-, y del eventual juicio. Por ello, su pronunciamiento no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad. Por ende, para verificar si el auto de vinculación a proceso cumple con los lineamientos del artículo 19 constitucional en su texto vigente, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Lo anterior exige que el juez de control examine el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), que integró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En este punto, también es importante señalar que ninguno de los preceptos constitucionales invocados con antelación, se advierte que el legislador hubiera estipulado en favor del imputado, la obligación de la autoridad ministerial de hacerlo comparecer a efecto de que éste en posibilidad de aportar pruebas y formular alegatos, durante la integración de la investigación, en su etapa inicial o desformalizada, como una formalidad esencial del procedimiento, habida cuenta que si bien todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; no puede soslayarse que cuando el acto de autoridad es un auto de vinculación a proceso no se exige la verificación de tal extremo. Por ende, se advierte que la parte quejosa parte de la premisa falsa de que tan pronto la autoridad ministerial tuvo noticia de la acusación que la denunciante hizo en contra de Mario Cristóbal Olguín Rojas, al realizar las investigaciones respectiva, particularmente aquellas que se verificaron sobre el menor de edad agraviado, debió hacerle de su conocimiento tal circunstancia, a efecto de que durante el desahogo de dichas diligencias se observaran las formalidades a que se refieren los artículos 274 y 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues como se dijo, no existe precepto legal alguno que sustente tal afirmación. Mas aun, es importante destacar que en todo caso, la realización de las diligencias que propone, tanto en la etapa de investigación desformalizada como durante el plazo constitucional ampliado, debieron haber sido objeto de autorización previa de la autoridad judicial, a efecto de que se colmaran las formalidades que establecen los invocados ordinales 274 y 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que del registro de audio y video ni de la carpeta judicial se advierta promoción alguna sobre el particular. Por ende, el motivo de disenso propuesto sobre la base de que se infringieron aquellos dispositivos resulta inoperante, máxime que en la realización de diligencias de esa naturaleza debe protegerse el interés superior del menor por sobre cualquier otro derecho que pudiera afectarse, de modo que resulta ineficaz la alegación formulada por la parte quejosa que pretende revelar la ilegalidad de la resolución sujeta a examen a partir de un derecho que no le es propio y que además, no efectuó promoción alguna para que el juez de la causa dilucidara sobre la realización de aquellas diligencias en términos de los invocados ordinales 274 y 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es ilustrativa sobre el particular, la tesis aislada Tesis: XXVII.3o.62 P (10a.) que integró el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1490, del Libro 56, julio de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ENTREVISTA CON UN MENOR VÍCTIMA DE DELITO SEXUAL. PASOS A SEGUIR PARA RECABAR DICHO DATO DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, EN ARAS DE SALVAGUARDAR SU IDENTIDAD, INTEGRIDAD EMOCIONAL Y SU DESARROLLO INTEGRAL, SO PENA DE QUE, DE INCUMPLIRSE, SE EXCLUIRÁ DE OFICIO EN EL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. Del análisis concatenado de los artículos 117, fracción VII, 126, 216, 251, fracción X, 252, fracción VI y 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que en la etapa de investigación del proceso penal acusatorio y oral, se prevé la entrevista con los testigos, la cual, por regla general, no requiere autorización previa del Juez de control, salvo que implique afectación a los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, cuando se trate de un menor víctima de un delito sexual, a fin de salvaguardar su identidad e integridad emocional y, en general, su desarrollo integral, el imputado que requiera una entrevista con éste debe realizar lo siguiente: (i) solicitar autorización previa al Juez de control, por estar en riesgo el desarrollo integral del menor, constitucionalmente protegido; (ii) aprobado por el Juez, el menor no puede ser obligado a entrevistarse con la defensa, por lo que debe existir consentimiento expreso de sus padres, representantes o tutores; asimismo, debe tomarse en cuenta la opinión del menor; (iii) otorgado el consentimiento, la entrevista debe llevarse a cabo con medidas especiales para su protección, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional, para lo cual, deberá contarse, en su caso, con el auxilio de peritos y la asistencia de los padres, representantes o tutor. En ese sentido, si el imputado o su defensa realiza materialmente y de forma autónoma una entrevista directamente con el menor de edad sin haberse realizado previamente los pasos anteriores, no podrá tomarse en cuenta para el auto de vinculación a proceso, ya que constituye una violación a la integridad de la víctima menor de edad. Exclusión que debe realizarse de oficio, sin la necesidad de que sea controvertido por el Ministerio Público, ya que las autoridades están obligadas a velar por el interés superior del menor en todas las etapas procesales, pues ese dato de prueba no sería acorde con los protocolos internacionales y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de las declaraciones de los menores de edad, afectando con ello su desarrollo integral." Por otro la parte, en lo que atañe a la alegación que formula el quejoso en torno a la pretendida atipicidad del hecho que se le atribuye, es importante señalar que si bien es cierto que el artículo 179 del Código Penal del Estado de Guerrero prevé un delito especial y no complementado del diverso de violación, resulta infundado lo que afirma en el sentido de la ley no tipifica la introducción del miembro viril vía anal cuando la víctima es menor de edad del sexo masculino; ello, porque basta imponerse de lo que al efecto establece el artículo 178 de la codificación en cita para advertir que el legislador definió que por cópula se entiende la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Por tanto, si conforme a lo dispuesto por el artículo 179, fracción I, del Código Penal del Estado de Guerrero, se equipara a la violación, la acción de imponer cópula con persona menor de edad o con quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, aun con su consentimiento; es inconcuso que en esa hipótesis no se excluye la circunstancia de que tanto el activo como el pasivo de ese delito -violación equiparada- sean del sexo masculino, pues lo que se pune es la circunstancia de que este último no tenga a su disposición el bien jurídico tutelado. Por tanto, como lo sostuvo el juez responsable, de la intelección de lo dispuesto por los artículos 178 y 179, fracción I, del Código Penal del Estado de Guerrero, que disponen: "Artículo 178. Violación (.) Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal." "Artículo 179. Violación equiparada Se equipara a la violación y se sancionará de ocho a veinte años de prisión y de quinientos a mil días multa a quien: I. Realice cópula con persona menor de doce años de edad o con persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, aun con su consentimiento". Se obtiene que los elementos del injusto en comento para el caso sujeto a consideración, son los siguientes: a).- La realización de cópula por vía anal; y b).- Que dicha cópula se realice sin violencia con persona menor de doce años de edad. Por ende, resulta infundado el concepto de violación reseñado en el inciso b), en el que sostiene la transgresión al texto constitucional con la emisión del auto de vinculación a proceso porque el hecho que se le atribuye no se encuentra previsto en el artículo 179, fracción I, del Código Penal del Estado de Guerrero, que como se dijo, pune la introducción del miembro viril en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal, cuando la víctima es menor de edad, en tanto que lo aducido en dicho apartado de sus conceptos de violación corresponde a la fracción II, del ordinal en cita; porción normativa en la que ni el Ministerio Público o el juez de la causa invocaron al formularle la imputación y emitir la resolución sujeta a examen, respectivamente. En ese contexto, se estima que el auto de vinculación a proceso cumple con los parámetros constitucionales y legales, previstos en el artículo 19 constitucional, 311 al 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se advierte la existencia de la probable participación en los hechos que la ley señala como delito imputado al quejoso, dado que en la audiencia de formulación de la imputación la representación social, hizo del conocimiento del imputado, la formulación de la imputación con base en los datos de prueba y que consisten esencialmente en las entrevistas que se efectuaron al menor de identidad reservada con iniciales C.R.A.E.; de la denunciante y madre del menor Carmela Estrada Vences, así como de la testigo circunstancial y hermana del agraviado Mónica Xiomira Arzeta Estrada; en concatenación con los dictámenes periciales médico proctológico y en materia de psicología, emitidos por los peritos oficiales adscritos a la Fiscalía General del Estado. Datos de prueba respecto de los cuales el juez de control responsable, señaló que se acreditaba el hecho que la ley señala como delito -violación equiparada-, así como que Mario Cristóbal Olguín Rojas probablemente participó en su comisión. Ello, en virtud de que con base fundamental en la entrevista realizada con del menor, a la que se otorgó especial relevancia dado que lo narrado por la víctima revela que los hechos acontecían cuando el imputado y el menor agraviado se encontraban solos, pues cabe recordar que de la exposición de los datos de prueba allegados a la carpeta judicial, quedó de relieve el hecho no controvertido de que la madre del pasivo -Carmela Estrada Vences- por el horario en el que tenía que entrar a trabajar, dejaba a su hijo al cuidado de la también menor y vecina Abigail Olguín, pero ante la imposibilidad de esta última de seguir cuidándolo para asistir a la escuela, desde el mes de enero de dos mil dieciocho Mario Cristóbal Olguín Rojas comenzó a cuidar a la víctima, a quien en esas ocasiones incluso le dejaban la llave del departamento en el que vivía el ofendido, para que lo asistiera y llevara al kínder. Así, la aludida circunstancia, es decir, el hecho de que Mario Cristóbal Olguín Rojas se encontraba al cuidado del menor en cuestión, jamás fue controvertido pues incluso el quejoso al hacer uso de la voz con motivo de su manifestación de declarar en la etapa del término constitucional ampliado, refirió que efectivamente quedó al cuidado de dicho menor, a quien llevaba al kínder y le daba de comer. Por tanto, se aprecia objetivamente correcta la ponderación que hizo el juez de la causa en torno a la idoneidad del dato de prueba relativo a la entrevista del menor de identidad reservada con iniciales C.R.A.E. que identifica a su "papá mayo", como llamaba al imputado, como la persona que cuando lo cuidada, le introducía "su huevito en su colita"; expresiones que en atención a la edad de la víctima, sí resultan creíbles y coherentes en tanto que son propias de una persona de cinco años de edad para describir la acción prevista en el artículo 179, fracción I, del Código Penal del Estado de Guerrero, en la inteligencia de la exacta aplicación de la ley penal no pende de la claridad que hagan la víctima y los testigos sobre los hechos que deponen, sino lo que objetiva y racionalmente puede comprobarse con su dicho. En esa línea de pensamiento, aun y cuando la defensa del inculpado hizo valer la circunstancia de que el quejoso jamás se quedaba solo con el menor, sea en su casa o en la del imputado en las ocasiones en las que quedaba a su cuidado, lo que pretendió acreditar con los testimonios de Favio Aguado Calderón, Abigail Olguín y Yolanda Olguín Rojas, lo cierto es que, como lo indicó el juez de la causa, no contienen una aseveración contundente sobre la anterior circunstancia, aunado a que el juez de control responsable no puede emitir una valoración de fondo en cuanto a los datos de prueba recabados en esa etapa procesal, ya que será en la audiencia de juicio, donde las partes desarrollen con base en las pruebas admitidas su teoría del caso y el juez dé valor a las pruebas admitidas, con base en los principios de inmediación y contradicción entre las partes. Orienta a lo anterior la tesis I.7o.P.83 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino basta con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; luego, si "la oralidad" constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en la audiencia respectiva, fundada y motivadamente, el sentido de sus resoluciones, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la videograbación en la que se registra el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido; de ahí que si éste se reclama en el juicio de amparo indirecto, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; por consiguiente, el ejercicio de ponderación corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación; no así al órgano de control constitucional, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, Materia Común, Página 986) Además, la diversa la tesis XXIII.10 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Materia Penal, Página 2168) Mas aun, del contenido de tales testimonios únicamente se revela la opinión de aquellos que por conocer personalmente al imputado, aseveran que él no pudo haber participado en el hecho delictivo e incluso, de las mencionadas en segundo y tercer lugar, que por lo general no se quedaban a solas Mario Cristóbal Olguín Rojas con el menor de identidad reservada con iniciales C.R.A.E.; sin embargo, tales apreciaciones subjetivas resultan irrelevantes al contrastarse con el resultado de los datos de prueba relativos a los dictámenes periciales que dan cuenta de que la víctima presenta lesiones de coito anal recientes y daño emocional. De igual modo, resulta irrelevante que el menor haya manifestado expresiones propias de su edad para describir el hecho de que la ley señala como delito, ya que lo verdaderamente destacado es el hecho de que las opiniones de los expertos en materia de medicina y psicología, advirtieron en el menor daños tanto físicos como emocionales propios de quien sufre una agresión sexual, lo que -contrario a lo aducido por la parte quejosa- para ser creíble no exige un resultado especifico, como por ejemplo, que hubiere dejado una lesión traumática de tal magnitud tomando en consideración el tamaño del ano de la víctima y el miembro viril del quejoso, o que expresamente se indicara que el menor presenta pensamientos recurrentes o catastróficos debido a los hechos que narró como que el activo "le repegaba" su pene en su "colita", máxime que ni siquiera se alegaron esas argumentaciones. Por ello, se estima desacertado lo aseverado por la parte quejosa en el sentido de que la entrevista efectuada al menor no resulta coherente ni creíble en relación con los dictámenes en materias de medicina y psicología que como dato de prueba fueron introducidos por la Fiscalía, sino que por el contrario, su apreciación concatenada resultan idóneos, suficientes y pertinentes para tener por demostrado el hecho que la ley señala como delito y la probable participación del imputado en su comisión. En otro orden de ideas, no se aprecia que lo resuelto por el juez de la causa haya sido condicionado por el género del imputado a virtud de lo cual hubiere sido discriminado, ya que el hecho de que se identificara al imputado como la persona que cuidaba al menor agraviado sólo adquirió relevancia para otorgar credibilidad a lo narrado por el menor en la entrevista que le realizó la autoridad ministerial, no así para constituir un rol o estereotipo derivado de su género; en tanto sobre el tema de la igualdad procesal durante la substanciación de la audiencia inicial, el registro de audio y video no revela circunstancia alguna a virtud de lo cual se haya infringido. En consecuencia, si se parte de la base de que las entrevistas recabadas por el Ministerio Público que fueron introducidos para formular la acusación a Mario Cristóbal Olguín Rojas en el sentido de que desde el mes de enero de dos mil dieciocho comenzó a cuidar al menor de identidad reservada con iniciales C.R.A.E., por lo que se quedaba a solas, lo que aprovechaba para introducirle su miembro viril vía anal, que la última vez que así lo hizo fue el seis de marzo de ese mismo año, y que sobre la circunstancia relativa a que el imputado estaba al cuidado del menor desde aquella fecha, tanto los datos de prueba relativos a las entrevistas efectuadas a Carmela Estrada Vences, y Mónica Xiomira Arzeta Estrada, como los testimonios recabados durante la audiencia inicial a cargo de Favio Aguado Calderón, Abigail Olguín y Yolanda Olguín Rojas, e incluso el interrogatorio a cargo de la propia denunciante, dan cuenta de que ello; que la entrevista al menor revela tanto la identidad del sujeto activo como la introducción del miembro viril vía anal, lo que se concatena con los datos de prueba relativos a los dictámenes periciales, de ello se sigue que, contrario a lo considerado por el solicitante del amparo, la resolución sujeta a examen se ajusta a los parámetros del texto constitucional y legal destacado. No escapa a la atención de este juzgador la circunstancia de que la Fiscalía al formular la imputación, señaló genéricamente las ocasiones en las que el activo impuso cópula al menor de edad, para únicamente precisar aquella que identificó como la última vez en la que el activo desplegó la conducta típica; sin embargo, dado que no será hasta que concluya la investigación formalizada cuando se precisarán cuáles de esas ocasiones serán objeto de litis en la etapa de juicio, de ahí que no se estime que lo anterior implique una infracción a los derechos fundamentales del quejoso en torno a su adecuada defensa. Por lo expuesto, se estima que en el caso a estudio, se actualizaron los supuestos de los artículos 16 y 19, de la Constitución Federal, 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en la audiencia de vinculación a proceso se expresaron los datos de prueba recabados por la representación social, mismos que resultaron suficientes para acreditar la existencia del hecho con apariencia de delito ya señalado. Por ello, se determina que conforme a la videograbación en la que se registró el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido, el ejercicio de ponderación que realizó la Juez de Control, a quien correspondió tener contacto directo con los datos de prueba, que le fueron anunciados satisface la legalidad hasta donde este órgano de control constitucional le compete apreciar, puesto que fueron idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. En tales condiciones, al no advertirse materia para suplir la queja deficiente, de acuerdo a lo establecido por la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Mario Cristóbal Olguín Rojas, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo reoslvió y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; a doce de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 7410/2020, por medio del cual se reanudó el presente juicio de amparo, dirigido a los Agentes del Ministerio Público adscritos al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, Guadalupe Martínez Abarca, María de Jesús Román Martínez y Rubí Esmeralda Colín Cruz, quienes tienen el carácter de terceros interesados en el presente juicio de amparo; por lo que, en obvio de mayores dilaciones procesales, reexpídase nuevamente el oficio de referencia por el servicio de paquetería denominado "estafeta", a fin de que la citada autoridad se impongan de su contenido. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para este día, como se observa de la certificación de cuenta, se difiere para las QUINCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio dirigido a los Agentes del Ministerio Público Adscritos al Juzgado de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, con sede en Zihuatanejo, por medio del cual se les notificó el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte por el que se reanudó el procedimiento en el presente juicio. Para dar margen a lo anterior, la audiencia programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las QUINCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.

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