Mario Augusto Guzmán Salas

Expediente 122/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
122/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
07/04/2017

Partes del expediente

  • Mario Augusto Guzmán Salas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que este órgano jurisdiccional le envió por incompetencia el juicio de amparo 122/2017; asimismo, informa que se aceptó la competencia planteada y asume jurisdicción para conocer del asunto. En tales condiciones, y dado que no existe actuación alguna por cumplimentar, remítase el presente cuaderno de antecedentes al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Finalmente, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, DEL AUTO DE veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, QUE DICE: "... Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveídos de veintisiete de febrero y ocho de marzo de dos mil diecisiete, se recibieron los informes justificados del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares de esta ciudad, en sustitución del Juez Noveno de la misma instancia y materia (señalado como autoridad responsable), y del Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero de esta localidad, quienes como apoyo a estos remitieron copias certificadas de la causa penal 133/2015-I y del toca penal II-164/2016, respectivamente; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso Mario Augusto Guzmán Salas, reclama en el presente juicio: 1. Del Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, el auto de veintinueve de septiembre de dos mil quince, por la que se negó la orden de aprehensión en favor de Anita Berdeja Hernández, por el delito de fraude en agravio de Mario Augusto Guzmán Salas, dentro de la causa penal 133-1/2015, porque no se acreditaron los elementos del cuerpo del delito; y 2. De la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, la resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada dentro del Toca Penal II-164/2016, por la cual revocó la referida negativa de orden de aprehensión y determinó sobreseer el procedimiento en la citada causa penal 133/2015-I, en favor de Anita Berdeja Hernández, por prescripción de la acción punitiva y, como consecuencia, decretó la libertad absoluta de la indiciada de referencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con el acto precisado en el punto uno se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La anterior disposición establece la imposibilidad de analizar en el juicio de garantías, un acto que ha cesado en sus efectos, hipótesis que se actualiza principalmente en dos supuestos, primero, cuando el acto controvertido constitucionalmente se ha destruido de manera total e indubitable mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener por efecto que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa, como si el acto primigenio no hubiese existido; y segundo, se concreta en el caso de que el acto destacado como reclamado es sustituido procesalmente mediante diversa actuación, también posterior, emitida de oficio por la autoridad responsable, o bien, con motivo de la interposición y respectiva resolución de un medio de defensa ordinario, sea por ésta o por su superior jerárquico, aún y cuando en cualquiera de estos dos casos, los efectos del acto primigenio no sean destruidos; por ejemplo, cuando la resolución del medio de defensa hecho valer confirma la primera resolución impugnada, pues la actuación primaria cesa en sus efectos al quedar sustituida procesalmente por la posterior, no obstante subsista la afectación o violación que se alegue, solo que ésta tiene lugar, ya no con la primigenia determinación, sino con la segunda que, como se ha expuesto, la sustituye, siendo ésta la que debe ser controvertida a través de los medios de impugnación, ordinarios u extraordinarios, de los que pudiese hacer valer el agraviado, no así la primera que ha cesado en sus efectos. Precisado lo anterior, de las constancias remitidas por las autoridades responsables valoradas con anterioridad, tenemos que respecto del auto de veintinueve de septiembre de dos mil quince, dictada en la causa penal 133/2015-I, por la cual se negó la orden de aprehensión en favor de Anita Berdeja Hernández, por el delito de fraude en agravio de Mario Augusto Guzmán Salas, dicho agraviado, así como el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Juzgado responsable interpusieron recurso de apelación en su contra (foja 89), resuelto por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en la cual determinó revocar la negativa de orden de aprehensión y sobreseer el procedimiento en la citada causa penal 133/2015-I, en favor de Anita Berdeja Hernández, por prescripción de la acción punitiva y, como consecuencia, decretó la libertad absoluta de la indiciada de referencia (fojas 93 a 116). En ese sentido, el acto que se atiende cesó en sus efectos, pues quedó sustituido procesalmente por la diversa resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada al resolver el recurso de apelación, que implicó su estudio, dado que la presunta violación de garantías que se hace valer en esta instancia constitucional, en todo supuesto, ya no la origina la resolución primigenia, sino la emitida en segundo término. Sirve de apoyo la tesis I.3o.C.769 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable a página 1492, tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Consecuentemente, al sobrevenir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia respecto del acto reclamado al Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, consistente en el auto de veintinueve de septiembre de dos mil quince, por la que se negó la orden de aprehensión en favor de Anita Berdeja Hernández, por el delito de fraude en agravio de Mario Augusto Guzmán Salas, dentro de la causa penal 133-1/2015, porque no se acreditaron los elementos del cuerpo del delito; acorde con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. Luego, en relación con el acto precisado en el punto dos consistente en la resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada dentro del Toca Penal II-164/2016, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, mediante la cual revocó la negativa de orden de aprehensión dictada por el Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en la causa penal 133/2015-I, y determinó sobreseer el procedimiento en el citado expediente penal, en favor de Anita Berdeja Hernández, por prescripción de la acción punitiva y, como consecuencia, decretó la libertad absoluta de la indiciada de referencia, se considera que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, carece de competencia legal para resolver el presente asunto y se surte en favor del Tribunal Colegiado en Turno, en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad y puerto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo siguiente: Los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos que deben conocer del mismo, se encuentran plasmados en el artículo 107, fracciones V, y VI de la Constitución Federal, en relación a los numerales 170 y 176 de la Ley de Amparo que refieren: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) VI.- En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." De los numerales antes transcritos se advierte que el juicio de amparo directo, es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y procede, entre otros, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, y se promoverá ante el Tribunal Colegiado que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Efectivamente, en el asunto que se analiza, se considera que la resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero en el Toca Penal II-164/2016, en la que revocó la negativa de orden de aprehensión dictada por el Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares en la causa penal 133/2015-I, y determinó sobreseer el procedimiento en el citado expediente penal, en favor de Anita Berdeja Hernández, por prescripción de la acción punitiva y, como consecuencia, decretó la libertad absoluta de la indiciada de referencia, constituye una resolución que sin decidir el fondo de la cuestión debatida, puso fin al juicio a que alude el numeral 170 de la Ley de Amparo, ya que no tiene como efecto que el órgano investigador y persecutor de los delitos aporte nuevos datos y perfeccione la indagatoria, por el contrario, hay pronunciamiento expreso en el sentido de que hubo prescripción de la acción punitiva, se declaró el sobreseimiento del procedimiento, con la consecuente libertad absoluta de la indiciada; ello significa que no podrá reanudarse el proceso penal, esto es, ha quedado culminado. El artículo 107, fracción V, constitucional, en su primer párrafo, establece en términos generales que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se pedirá ante el Tribunal Colegiado de Circuito, es decir, dispone la procedencia de esa vía para reclamar la legalidad de los fallos judiciales que sin decidir el fondo sustancial dan por concluido el juicio; asimismo, el normativo 176, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, congruente con lo anterior, refiere que el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea por violaciones cometidas durante el procedimiento o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, lo cual incuestionablemente indica que se alude al amparo directo, pues este dispositivo legal se refiere en forma genérica a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Lo anterior conlleva a determinar, que la resolución reclamada a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debe ser analizado en vía de amparo directo, por ser, se insiste, de aquellas que sin decidir el fondo del asunto, dan por concluido el juicio, lo cual conduce a establecer que este Juzgado Federal, carece de competencia legal para resolver a su respecto y su actuación se debe limitar a este pronunciamiento y, ordenar el envío del asunto al Tribunal Colegiado en Turno, en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad. Es aplicable en este supuesto la Jurisprudencia número 1a./J. 60/2015 (10a.), que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1525 del Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que en su literalidad impone: "AMPARO DIRECTO CONTRA LOS AUTOS QUE SE REFIERAN A LA LIBERTAD DEL IMPUTADO. CUANDO LO PROMUEVE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, SÓLO PROCEDE SI DECRETAN LA LIBERTAD ABSOLUTA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO). La porción normativa referida, al prever que, en materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán impugnarse por medio del juicio de amparo directo por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de la propia ley, más que una diferencia en las reglas de procedencia del amparo directo o un supuesto de excepcionalidad a su principio base de definitividad, constituye un reconocimiento legal de la legitimación activa de las víctimas y los ofendidos de un delito para objetar los autos referidos a la libertad del inculpado, que debe de guardar una lógica y sistematicidad con el resto de las normas que regulan el ámbito de procedencia del juicio de amparo directo. Así, dado que este medio de control procede únicamente contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, el auto de libertad impugnable a través del mismo por las víctimas u ofendidos del delito sólo puede ser el que cumpla con esas características, como lo es el auto que decreta la libertad absoluta del inculpado y no el que lo haga con restricciones de ley, según precedentes de esta Suprema Corte cuyas consideraciones no se han visto trastocadas con la emisión de la Ley de Amparo vigente (en específico el criterio reflejado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/2007; (1) consecuentemente, en relación con el resto de las resoluciones de término constitucional derivadas de la consignación de una persona ante autoridad jurisdiccional, la vía procedente, en su caso y si se cumplen los requisitos correspondientes, sería el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, bajo la premisa de que para efectos de la procedencia del juicio de amparo que corresponda, será necesario agotar por parte de las víctimas u ofendidos los recursos ordinarios que puedan modificar o revocar dichos autos de libertad, siempre y cuando la legislación adjetiva aplicable les haya otorgado legitimación para interponer el respectivo medio de impugnación." Asimismo, es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia número 1a./J. 40/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 459, del Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS). De los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el numeral 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. En ese sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la determinación que deja firme el sobreseimiento de la causa penal, contra la cual no procede algún medio de impugnación, adquiere el estatus de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, como lo previenen los artículos 304, 275 y 523 Bis, de los Códigos de Procedimientos Penales, Federal, y de los Estados de México y de Chiapas, respectivamente -que regulan el sistema penal anterior a la reforma de 18 de junio de 2008-, por lo que constituye una resolución que pone fin al proceso penal iniciado a partir de que el juez radicó la averiguación previa pues sus efectos necesariamente dan por concluido el juicio sin resolverlo en el fondo, ya que no decide sobre la existencia del delito o la responsabilidad del inculpado pero culmina en definitiva la tramitación del proceso penal, lo que permite determinar que en su contra procede el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito." Por tanto, remítanse los autos originales del presente asunto y sus dos tomos de pruebas, así como el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para que a su vez lo remita al Tribunal Colegido en Turno, a fin de que se proceda según corresponda de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Amparo; por ende, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ANITA BERDEJA HERNANDEZ, DEL AUTO DE veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, QUE DICE: "... Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveídos de veintisiete de febrero y ocho de marzo de dos mil diecisiete, se recibieron los informes justificados del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares de esta ciudad, en sustitución del Juez Noveno de la misma instancia y materia (señalado como autoridad responsable), y del Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero de esta localidad, quienes como apoyo a estos remitieron copias certificadas de la causa penal 133/2015-I y del toca penal II-164/2016, respectivamente; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso Mario Augusto Guzmán Salas, reclama en el presente juicio: 1. Del Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, el auto de veintinueve de septiembre de dos mil quince, por la que se negó la orden de aprehensión en favor de Anita Berdeja Hernández, por el delito de fraude en agravio de Mario Augusto Guzmán Salas, dentro de la causa penal 133-1/2015, porque no se acreditaron los elementos del cuerpo del delito; y 2. De la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, la resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada dentro del Toca Penal II-164/2016, por la cual revocó la referida negativa de orden de aprehensión y determinó sobreseer el procedimiento en la citada causa penal 133/2015-I, en favor de Anita Berdeja Hernández, por prescripción de la acción punitiva y, como consecuencia, decretó la libertad absoluta de la indiciada de referencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con el acto precisado en el punto uno se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La anterior disposición establece la imposibilidad de analizar en el juicio de garantías, un acto que ha cesado en sus efectos, hipótesis que se actualiza principalmente en dos supuestos, primero, cuando el acto controvertido constitucionalmente se ha destruido de manera total e indubitable mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener por efecto que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa, como si el acto primigenio no hubiese existido; y segundo, se concreta en el caso de que el acto destacado como reclamado es sustituido procesalmente mediante diversa actuación, también posterior, emitida de oficio por la autoridad responsable, o bien, con motivo de la interposición y respectiva resolución de un medio de defensa ordinario, sea por ésta o por su superior jerárquico, aún y cuando en cualquiera de estos dos casos, los efectos del acto primigenio no sean destruidos; por ejemplo, cuando la resolución del medio de defensa hecho valer confirma la primera resolución impugnada, pues la actuación primaria cesa en sus efectos al quedar sustituida procesalmente por la posterior, no obstante subsista la afectación o violación que se alegue, solo que ésta tiene lugar, ya no con la primigenia determinación, sino con la segunda que, como se ha expuesto, la sustituye, siendo ésta la que debe ser controvertida a través de los medios de impugnación, ordinarios u extraordinarios, de los que pudiese hacer valer el agraviado, no así la primera que ha cesado en sus efectos. Precisado lo anterior, de las constancias remitidas por las autoridades responsables valoradas con anterioridad, tenemos que respecto del auto de veintinueve de septiembre de dos mil quince, dictada en la causa penal 133/2015-I, por la cual se negó la orden de aprehensión en favor de Anita Berdeja Hernández, por el delito de fraude en agravio de Mario Augusto Guzmán Salas, dicho agraviado, así como el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Juzgado responsable interpusieron recurso de apelación en su contra (foja 89), resuelto por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en la cual determinó revocar la negativa de orden de aprehensión y sobreseer el procedimiento en la citada causa penal 133/2015-I, en favor de Anita Berdeja Hernández, por prescripción de la acción punitiva y, como consecuencia, decretó la libertad absoluta de la indiciada de referencia (fojas 93 a 116). En ese sentido, el acto que se atiende cesó en sus efectos, pues quedó sustituido procesalmente por la diversa resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada al resolver el recurso de apelación, que implicó su estudio, dado que la presunta violación de garantías que se hace valer en esta instancia constitucional, en todo supuesto, ya no la origina la resolución primigenia, sino la emitida en segundo término. Sirve de apoyo la tesis I.3o.C.769 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable a página 1492, tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Consecuentemente, al sobrevenir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia respecto del acto reclamado al Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, consistente en el auto de veintinueve de septiembre de dos mil quince, por la que se negó la orden de aprehensión en favor de Anita Berdeja Hernández, por el delito de fraude en agravio de Mario Augusto Guzmán Salas, dentro de la causa penal 133-1/2015, porque no se acreditaron los elementos del cuerpo del delito; acorde con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. Luego, en relación con el acto precisado en el punto dos consistente en la resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada dentro del Toca Penal II-164/2016, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, mediante la cual revocó la negativa de orden de aprehensión dictada por el Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en la causa penal 133/2015-I, y determinó sobreseer el procedimiento en el citado expediente penal, en favor de Anita Berdeja Hernández, por prescripción de la acción punitiva y, como consecuencia, decretó la libertad absoluta de la indiciada de referencia, se considera que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, carece de competencia legal para resolver el presente asunto y se surte en favor del Tribunal Colegiado en Turno, en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad y puerto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo siguiente: Los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos que deben conocer del mismo, se encuentran plasmados en el artículo 107, fracciones V, y VI de la Constitución Federal, en relación a los numerales 170 y 176 de la Ley de Amparo que refieren: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) VI.- En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." De los numerales antes transcritos se advierte que el juicio de amparo directo, es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y procede, entre otros, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, y se promoverá ante el Tribunal Colegiado que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Efectivamente, en el asunto que se analiza, se considera que la resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero en el Toca Penal II-164/2016, en la que revocó la negativa de orden de aprehensión dictada por el Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares en la causa penal 133/2015-I, y determinó sobreseer el procedimiento en el citado expediente penal, en favor de Anita Berdeja Hernández, por prescripción de la acción punitiva y, como consecuencia, decretó la libertad absoluta de la indiciada de referencia, constituye una resolución que sin decidir el fondo de la cuestión debatida, puso fin al juicio a que alude el numeral 170 de la Ley de Amparo, ya que no tiene como efecto que el órgano investigador y persecutor de los delitos aporte nuevos datos y perfeccione la indagatoria, por el contrario, hay pronunciamiento expreso en el sentido de que hubo prescripción de la acción punitiva, se declaró el sobreseimiento del procedimiento, con la consecuente libertad absoluta de la indiciada; ello significa que no podrá reanudarse el proceso penal, esto es, ha quedado culminado. El artículo 107, fracción V, constitucional, en su primer párrafo, establece en términos generales que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se pedirá ante el Tribunal Colegiado de Circuito, es decir, dispone la procedencia de esa vía para reclamar la legalidad de los fallos judiciales que sin decidir el fondo sustancial dan por concluido el juicio; asimismo, el normativo 176, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, congruente con lo anterior, refiere que el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea por violaciones cometidas durante el procedimiento o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, lo cual incuestionablemente indica que se alude al amparo directo, pues este dispositivo legal se refiere en forma genérica a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Lo anterior conlleva a determinar, que la resolución reclamada a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debe ser analizado en vía de amparo directo, por ser, se insiste, de aquellas que sin decidir el fondo del asunto, dan por concluido el juicio, lo cual conduce a establecer que este Juzgado Federal, carece de competencia legal para resolver a su respecto y su actuación se debe limitar a este pronunciamiento y, ordenar el envío del asunto al Tribunal Colegiado en Turno, en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad. Es aplicable en este supuesto la Jurisprudencia número 1a./J. 60/2015 (10a.), que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1525 del Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que en su literalidad impone: "AMPARO DIRECTO CONTRA LOS AUTOS QUE SE REFIERAN A LA LIBERTAD DEL IMPUTADO. CUANDO LO PROMUEVE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, SÓLO PROCEDE SI DECRETAN LA LIBERTAD ABSOLUTA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO). La porción normativa referida, al prever que, en materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán impugnarse por medio del juicio de amparo directo por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de la propia ley, más que una diferencia en las reglas de procedencia del amparo directo o un supuesto de excepcionalidad a su principio base de definitividad, constituye un reconocimiento legal de la legitimación activa de las víctimas y los ofendidos de un delito para objetar los autos referidos a la libertad del inculpado, que debe de guardar una lógica y sistematicidad con el resto de las normas que regulan el ámbito de procedencia del juicio de amparo directo. Así, dado que este medio de control procede únicamente contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, el auto de libertad impugnable a través del mismo por las víctimas u ofendidos del delito sólo puede ser el que cumpla con esas características, como lo es el auto que decreta la libertad absoluta del inculpado y no el que lo haga con restricciones de ley, según precedentes de esta Suprema Corte cuyas consideraciones no se han visto trastocadas con la emisión de la Ley de Amparo vigente (en específico el criterio reflejado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/2007; (1) consecuentemente, en relación con el resto de las resoluciones de término constitucional derivadas de la consignación de una persona ante autoridad jurisdiccional, la vía procedente, en su caso y si se cumplen los requisitos correspondientes, sería el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, bajo la premisa de que para efectos de la procedencia del juicio de amparo que corresponda, será necesario agotar por parte de las víctimas u ofendidos los recursos ordinarios que puedan modificar o revocar dichos autos de libertad, siempre y cuando la legislación adjetiva aplicable les haya otorgado legitimación para interponer el respectivo medio de impugnación." Asimismo, es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia número 1a./J. 40/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 459, del Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS). De los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el numeral 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. En ese sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la determinación que deja firme el sobreseimiento de la causa penal, contra la cual no procede algún medio de impugnación, adquiere el estatus de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, como lo previenen los artículos 304, 275 y 523 Bis, de los Códigos de Procedimientos Penales, Federal, y de los Estados de México y de Chiapas, respectivamente -que regulan el sistema penal anterior a la reforma de 18 de junio de 2008-, por lo que constituye una resolución que pone fin al proceso penal iniciado a partir de que el juez radicó la averiguación previa pues sus efectos necesariamente dan por concluido el juicio sin resolverlo en el fondo, ya que no decide sobre la existencia del delito o la responsabilidad del inculpado pero culmina en definitiva la tramitación del proceso penal, lo que permite determinar que en su contra procede el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito." Por tanto, remítanse los autos originales del presente asunto y sus dos tomos de pruebas, así como el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para que a su vez lo remita al Tribunal Colegido en Turno, a fin de que se proceda según corresponda de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Amparo; por ende, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de ocho de marzo del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado del Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero de esta ciudad, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la citada audiencia señalada para este día, como se observa de la certificación de cuenta, y se fijan las TRECE HORAS DEL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Emilio Hernández Abadicio, autorizado del quejoso; en atención a su contenido, se tienen por formuladas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo; con ello, dése cuenta en la citada audiencia constitucional. Notifíquese.

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