Mario Ávila Gutiérrez
Expediente 772/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 772/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mario Ávila Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la suscrita Marcela Cortez Ruíz, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA:********************Que el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir el auto que desechó la demanda de amparo, transcurrió del dieciséis al veintitrés de noviembre del año en curso, sin que lo hubiera hecho, toda vez que notificado personalmente el catorce de noviembre del año actual.********************Que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente.********************Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe.********************CUENTA. Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés.********************1. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta y en virtud de que no fue impugnado el auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO.********************2. ORDEN DE ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada.********************Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, ES CONSERVABLE.********************De conformidad con el artículo 17, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, y previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, transfiérase el cuaderno en que se actúa, debiendo remitir dentro de los treinta días siguientes constancia documental de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 26 del acuerdo normativo.********************Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
- Principal
En diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo recibidos físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrados bajo el folio 14650. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.********************SIN MAYOR TRÁMITE. Visto lo de cuenta, intégrese a los autos sin mayor trámite el oficio signado por la Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, lo anterior, toda vez que dicho oficio ya fue recibido electrónicamente y proveído en auto de catorce de noviembre pasado.********************Cúmplase.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
- Principal
En catorce de noviembre de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: Que en el correo institucional de este órgano jurisdiccional 6jdo11cto@correo.gob.mx, se recibió un oficio y anexo, los cuales quedaron registrados bajo el folio 14321, con lo anterior, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de noviembre de dos mil veintitrés.********************SE RECIBE DESPACHO. Agréguese a los autos el oficio y anexo, signados por la Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 413/2023 (número de orden 776/2023), por los motivos insertos en el oficio de cuenta, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, dese de baja y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno correspondiente.********************Sin que sea el caso acusar recibo, toda vez que no fue solicitado expresamente; y sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que como se desprende de la diligencia y del auto de nueve y diez de noviembre del año en curso, respectivamente, el quejoso directo fue localizado por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
- Principal
En diez de noviembre de dos mil veintitrés, la suscrita Marcela Cortez Ruíz, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA:********************Que Miguel Ángel Álvarez Cruz y Omar Moreno Munguía, cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que lo acredita como licenciado en Derecho.********************Que en el correo institucional de este órgano jurisdiccional 6jdo11cto@correo.gob.mx, se recibieron tres oficios y anexos los cuales quedaron registrados bajo los folios 14115, 14129 y 14160.********************Lo que se hace consta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.********************Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de noviembre de dos mil veintitrés.********************1. INFORMES A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Incorpórense a los autos los oficios signados por las autoridades responsables Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la región Zamora, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Sahuayo y Coordinador del Sistema Penitenciario, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, rindiendo informe a la suspensión del plano y al efecto anexan diversas constancias con las que acredita su actuar, con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente.********************2. ACTA DE RATIFICACIÓN. En otro orden, del acta de notificación personal que suscribe la actuaria encargada del asunto en data nueve de los corrientes, se desprende que el quejoso MARIO ÁVILA GUTIÉRREZ, en el acto de la diligencia en comento, manifestó lo siguiente:********************"Que si está de acuerdo y que sí ratifica el contenido de la demanda de garantías, que no ha sido objeto de maltratos, palos, azotes, tortura física y psicológica, pero que desea ser regresado al centro penitenciario de Sahuayo, Michoacán y firma".********************2.1. QUEJOSO DESAHOGA REQUERIMIENTO. Por lo tanto, en atención a lo anterior, se tiene al quejoso desahogando el requerimiento hecho en proveído de nueve de noviembre pasado, pues al efecto ratifica la demanda presentada a su favor por Miguel Ángel Álvarez Cruz.********************3. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida:********************EXAMEN DE LA DEMANDA Y PRECISIÓN DE ACTO RECLAMADO: Previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, cabe destacar que el quejoso hace consistir los actos reclamados en:********************La orden de traslado involuntario del Centro Penitenciario de Sahuayo, Michoacán de Ocampo a otro Centro Penitenciario.********************El desconocimiento del paradero de MARIO ÁVILA GUTIÉRREZ.********************3.1. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Y DESECHAMIENTO. A fin de acordar lo conducente en relación con la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece:********************"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano".********************Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.********************Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61, de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual.********************Cobra aplicación, la jurisprudencia 75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 77, del tomo 68, agosto de 1993, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto:********************"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes".********************a) ORDEN DE TRASLADO A OTRO CENTRO PENITENCIARIO.********************De la demanda de amparo, se obtiene que, respecto al acto reclamado precisado en este apartado, la misma deviene improcedente lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo.********************Dicho numeral dispone que, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éstos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo.********************La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene cuatro excepciones contemplado en el aludido artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, exclusivamente los siguientes supuestos:********************1) Cuando el acto reclamado carece de fundamentación.********************2) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución.********************3) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia.********************4) Que la suspensión tenga los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional.********************Como se observa, previo al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario.********************Sobre el tema, es menester enfatizar que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal.********************El conjunto de esas reformas, puso de manifiesto que la facultad de administrar las prisiones correspondería al Poder Ejecutivo, y confiriendo al Poder Judicial la potestad de ejecutar lo juzgado, a través de la creación de la figura de los "jueces de ejecución de sentencias".********************Entonces, correspondía a las autoridades judiciales en materia penal, en especial a los jueces de ejecución, tanto en el ámbito federal como local, asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se podían producir dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución podía adoptar la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen.********************Es conveniente señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes.********************Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor-, de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización.********************Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación.********************Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa.********************En el caso, el quejoso reclamó la orden de traslado del Centro Penitenciario de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, a un diverso Centro Penitenciario.********************Ahora bien, existen dos medios de defensas legales, a través de los cuales, dependiendo del actuar de dichas autoridades jurisdiccionales, podrán ser empleadas según sea el caso.********************En el primer supuesto, una vez que se ha notificado del traslado del recluso, el Juez de Control o de Ejecución, cuenta con cuarenta y ocho horas, para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, la cual podrá ser combatida a través del recurso de apelación, contemplado en el numeral 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por el que un tribunal de alzada revisará la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada.********************En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III y último párrafo, de dicha la Ley Nacional, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado.********************Ahora, el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, la firma o huella digital y que de acuerdo con dicha pretensión, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto.********************Asimismo, el segundo párrafo, del numeral 124 de dicha Ley, precisa que de no atenderse de inmediato aquellos casos urgentes de medidas disciplinarias y de violación a derechos, como ocurre cuando se trata de una restricción adicional a la libertad de los internos de algún centro penitenciario, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, por lo que el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva, pues de no hacerlo así, podría dejar sin materia el medio de defensa legal intentado.********************De manera que, lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cumple con las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.********************Ahora, la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento administrativo contemplado en la Ley de Ejecución Penal, en donde además existe un medio ordinario de defensa, con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte, puede ser combatida.********************b) EL DESCONOCIMIENTO Y/O PARADERO DE MARIO ÁVILA GUTIÉRREZ. ********************Respecto al acto reclamado en estudio, se tiene que si bien es cierto el promovente manifestó que desconocía el paradero del quejoso directo ya que lo habían sacado del Centro Penitenciario de Sahuayo, Michoacán, donde se encontraba recluido, que nadie sabía a dónde lo habían enviado y, por tanto, tenían temor fundado de que le pudieran hacer algo, manifestaciones de las cuáles a fin de garantizar la máxima protección a sus derechos humanos, se concedió la suspensión de plano en favor del quejoso directo, a fin de que las autoridades responsables cesaran cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional; también es cierto que, el desconocimiento del paradero del sentenciado derivó de la orden de traslado urgente excepcional al Centro Penitenciario de Uruapan , Michoacán de Ocampo de seis de noviembre del año en curso, derivado de la solicitud realizada por el Director del Centro Penitenciario de Sahuayo, Michoacán con número de oficio CSEPMO/CPS/845/2023, con base en lo determinado por el Comité Técnico de dicho centro penitenciario en sesión extraordinaria de esa misma fecha, como se advierte del acta que para acreditar lo anterior remite la responsable de referencia. ********************De lo anterior, resulta inconcuso que el quejoso no se encuentra desaparecido o incomunicado, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Máxime que, del acta de notificación del nueve de noviembre del año en curso, suscrito por la actuaria de la adscripción se advierte que, al constituirse en legal y debida forma en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad y solicitar la presencia de Mario Avila Gutiérrez, el mismo fue localizado, ratificó la demanda de amparo promovida en su favor y manifestó que no había sido objeto de malos tratos, palos, azotes, tortura física o psicológica, pero que desea ser regresado al Centro Penitenciario de Sahuayo, Michoacán, firmando autógrafamente el acta de referencia. ********************En esas condiciones, contrario a lo afirmado por el quejoso, de las constancias remitidas por las responsables, así como de la diligencia practicada por la actuaria de la adscripción, no se desprende que el quejoso se encontrara desaparecido o que haya sido víctima de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y, al hacerse derivar dichos actos del traslado urgente excepcional, del que como se advirtió en el apartado que antecede, resulta necesario que el quejoso agote el principio de definitiva, ********************En consecuencia, al haberse actualizado una causa manifiesta de improcedencia, respecto de la orden de traslado urgente excepcional, de la que derivó el desconocimiento del paradero del quejoso, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Mario Ávila Gutiérrez, respecto de éste último.********************Finalmente, se dejan sin efectos las providencias decretadas en su favor en el proveído de ocho de octubre del año en curso.********************Hágase la anotación correspondiente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************Lo anterior, comuníquese a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes.********************4. AUTORIZADOS. Toda vez que el quejoso ratificó la demanda de amparo, téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Álvarez Cruz y Omar Moreno Munguía, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito que los autoriza para ejercer la profesión de licenciados en derecho.********************Notifíquese; personalmente a la parte quejosa en el lugar que guarda reclusión y por oficio a las autoridades responsables.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
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