Mario Alejandro Lanza Arreola
Expediente 753/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mario Alejandro Lanza Arreola
Actuaciones
- Principal
En veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 15115. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO. Incorpórese a los autos el oficio signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, del que se desprende que dicho tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso, por conducto de su autorizado ********************, en contra del proveído de seis de noviembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo, registrándolo con el número ********************/2023, de su estadística. De lo que se toma conocimiento para el efecto legal conducente.
- Principal
En dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con una boleta de turno, registrada bajo el folio 14573. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE BOLETA DE TURNO. Incorpórese al sumario, la boleta de turno procedente de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, de la cual se desprende que el recurso de queja hecho valer en el presente asunto, fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en dicha especialidad. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
- Principal
En trece de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un escrito, registrado bajo el folio 14215. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de noviembre de dos mil veintitrés. RECURSO DE QUEJA. Téngase por recibido el escrito suscrito por el autorizado en términos amplios del quejoso Mario Alejandro Lanza Arreola, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de seis de noviembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo. SE RINDE INFORME. Atento a lo anterior con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado sobre la materia de queja comunicando al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito de Michoacán de Ocampo en turno, con sede en Morelia, que es cierto el acto recurrido, toda vez que en el citado proveído se desechó la demanda de amparo promovida por Mario Alejandro Lanza Arreola, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Sin que sea el caso proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes de la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente juicio, el auto recurrido consiste en el que desechó la demanda de garantías, por lo que no existen más partes en el juicio. SE ORDENA REMITIR EXPEDIENTE. En mérito de lo anterior y en obvio de mayores dilaciones procesales, remítase el juicio en que se actúa, así como original y copia del escrito de expresión de agravios VÍA ESTAFETA, a la Superioridad, para lo que tenga a bien determinar. Asimismo, de no tener inconveniente alguno, remita el acuse de recibo respectivo; para el efecto legal conducente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Infórmese al tribunal de alzada que se encuentra disponible el expediente electrónico, a fin de que proceda a realizar su vinculación correspondiente, y pueda realizar su consulta; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Principal
En seis de noviembre de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: que Ignacio Fabián Acevedo Pérez, Yasmin Viridiana Vélez Molina, Omar Hernández Martínez y Mayte Velázquez Reyes, cuentan con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que los acredita como licenciados en derecho. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con una demanda de amparo y anexo, presentada físicamente en el buzón judicial de los juzgados de distrito con sede en esta ciudad, la cual fue turnada a este órgano jurisdiccional y registrada bajo el folio 13680. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de noviembre de dos mil veintitrés. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo y su anexo, promovida por Mario Alejandro Lanza Arreola, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro electrónico correspondiente bajo el juicio de amparo número 753/2023. DESECHAMIENTO. Ahora, a efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. En el caso, el quejoso, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la autoridad que enseguida se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Lo es el JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL de este distrito judicial de Uruapan, Michoacán, con domicilio en Paseo Lázaro Cárdenas número 2001, Colonia la Joyita, Código Postal 60170. IV.- ACTO RECLAMADO.- El acuerdo de fecha 10 de octubre del año 2023, dictado por el Juez Tercero de lo Civil de Uruapan, la Lic. Maria Soledad Vallejo García dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil con número de registro 599/2023 donde son partes el de la voz en cuanto a demandado y la Señora SOLEDAD CAMARENA VEGA en cuanto actora, dicho auto niega la admisión del recurso del medio de apelación en contra del auto de fecha 26 de septiembre de la presente anualidad, dejando en estado de indefensión y negándose el acceso a la justicia del de la voz y aun debido proceso" CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Una vez examinada la demanda, se considera que, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia contemplada en el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, así como el 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues el acto reclamado en modo alguno afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causal de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de dicho ordenamiento. Lo anterior, implica que los supuestos regulados por el normativo en comento, no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que, existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causales de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo, que así lo establezca. Ahora, el artículo 107, fracción V, del ordenamiento en mención, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". El precepto citado prevé la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de un juicio cuando éstos sean de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de un procedimiento de esa naturaleza tengan una ejecución reparable con el dictado de la resolución definitiva. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales obtiene resolución favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara que fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del juicio deben ser combatidas al momento de impugnar la sentencia definitiva dictada en dicho sumario, siempre y cuando por virtud de ésta quede sin defensa el quejoso, trascendiendo tal violación al resultado de la resolución, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Lo anterior, significa que las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impidan o afecten, en forma actual, el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. De esa interpretación, se deducen las dos condiciones que el legislador secundario dispuso, para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, derivados del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo. Mientras que la segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados dentro de un juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, no serán impugnables en vía de amparo indirecto. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la jurisprudencia 24/92, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así como, en la jurisprudencia 37/2014, del Pleno citado, visible en la página 39, del libro 7, junio de 2014, tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006589, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivossino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Igualmente, es ilustrativa la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, consultable en la página 1902, del libro 29, abril de 2016, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011338, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución". En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se negó la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra del diverso de veintiséis de septiembre del mismo año, en el que la autoridad responsable desechó la prueba pericial ofrecida en virtud de que no relacionó dicha probanza con los hechos controvertidos, dentro del juicio ejecutivo mercantil 599/2023, promovido por Soledad Camarena Vega, en contra del aquí quejoso. Determinación que no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos del quejoso tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino que se trata de un acto procesal emitido dentro de un juicio ejecutivo mercantil. Esto es así, pues si bien el desechamiento o la falta de desahogo de pruebas en dichos juicios en principio podría traer como consecuencia el dictado de una sentencia adversa a quien ello le afecta, empero, esa circunstancia de suyo no ocasiona un acto de imposible reparación porque el interesado podría impugnar la infracción de que se trata a través del juicio de amparo directo que en su caso promueva en contra de tal determinación, pues bien sería factible que obtuviera el dictado de una sentencia favorable a sus intereses. De tal manera, que al no contener el auto reclamado la orden de afectar de forma directa e inmediata algún derecho sustantivo, se considera improcedente el amparo. Se sostiene lo anterior, ya que dicha determinación únicamente negó la admisión del recurso de apelación interpuesto, sin que ello implique que con la falta de desahogo de dicha probanza, se le vaya a dictar sentencia desfavorable, pues no prejuzga sobre la procedencia de sus pretensiones, de tal suerte que la posible violación que destaca el quejoso no le irroga, de momento, un perjuicio en su esfera jurídica que afecte algún derecho sustantivo. Por tanto, es dable establecer que, se trata de cuestiones procesales que no afectan derechos sustantivos de la parte impetrante, por lo que, de ninguna manera constituyen actos cuya ejecución sea de imposible reparación, pues podrán subsanarse al dictarse la sentencia definitiva, o bien, reclamarse como agravio ante la segunda instancia correspondiente; en su caso, se podrá reclamar como violación procesal en el juicio de amparo directo que, se promueva contra dicho fallo definitivo de segunda instancia. Es así, pues sólo producen efectos procesales dentro del procedimiento, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que llegue a pronunciarse en el juicio natural, en caso de serle favorable al afectado, y en el supuesto de no ser así, el mismo estará en aptitud de impugnar la violación procesal a través del recurso ordinario, o en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia de segundo grado, en el caso de que ésta también le sea desfavorable. De ahí que, el acto reclamado se trata de una violación intraprocesal, supuesto en el cual no es procedente el amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, a contrario sensu y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una simple afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, sin afectar al quejoso en grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia o laudo favorable. Sirve de apoyo la tesis clave P. L. VII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, Página 9, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo la tesis clave I.13º.A.3K, que este tribunal comparte, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, marzo de 2001, página 1742, del rubro y texto siguientes: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: 'Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.'. Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." En ese sentido, es evidente que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ignacio Fabián Acevedo Pérez, Yasmin Viridiana Vélez Molina, Omar Hernández Martínez y Mayte Velázquez Reyes, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que los acredita como licenciados en derecho. USUARIO. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario respectivo para que registre al usuario "OMAR HERGURABOGADOS", a efecto de que tenga acceso al expediente electrónico y se le practiquen notificaciones en la misma forma. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
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