Mario Alberto Sosa Y Lugo

Expediente 1000/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1000/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Mario Alberto Sosa Y Lugo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, del que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la definitiva; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el original y el duplicado del incidente de suspensión, son destruibles, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el presente expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda, diversos documentos; por tanto, con fundamento en el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo antes referido, prevéngase a la parte promovente para que acuda a este órgano con identificación oficial, a fin de recoger los documentos que anexó a su demanda de amparo de mérito; en el entendido que de no hacerlo, dentro el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, serán destruidos junto con el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Visto, para resolver el presente juicio de garantías número II-1000/2021 promovido por MARIO ALBERTO SOSA Y LUGO y MARÍA TERESA AVILÉS Y ARROYO, contra el acto que reclaman a la Presidente Municipal de Telchac, Puerto, y otras autoridades, por violación al artículo 14 Constitucional; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el tres de junio del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que MARIO ALBERTO SOSA Y LUGO y MARÍA TERESA AVILÉS Y ARROYO, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclaman al Presidente Municipal de Telchac, Puerto, y otras autoridades. SEGUNDO.- ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de siete de junio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, 61, fracción XVIII, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto actos cuya ejecución tiene lugar en esta entidad federativa, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, visible en la página 32, que en su rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". Así como la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Así, se estima que los quejosos reclaman de las autoridades señaladas como responsables, los actos consistentes en: - Las diversas omisiones en el ámbito de sus respectivas competencias, con motivo de los trabajos de construcción que se realizan frente al predio número ochenta y dos, de la calle diecinueve del Municipio del Telchac Puerto Yucatán, del que se ostentan propietarios los promoventes de amparo, al aducir que corresponde a espacios de la vía pública. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados niegan la existencia del acto que se les reclaman, sin que exista prueba en contrario de parte del directo impetrante que desvirtúe tales negativas. Lo anterior es así, pues las autoridades, en términos coincidentes, refirieron que no existe omisión que pueda atribuírseles en virtud de que los trabajos de construcción a que hace referencia la parte quejosa, se realizan en un predio particular, el cual constituye propiedad privada, y los cuales se realizan al amparo de los permisos municipales correspondientes de uso de suelo de veinte de agosto de dos mil veinte y de construcción, en los cuales se detallan las causas de revocación del permiso y cuyo cumplimiento se ha constatado en las visitas físicas realizadas por la autoridad; manifestaciones que además acreditó con las copias certificadas de los documentos descritos y con la de la cédula catastral del predio donde se realizan los trabajos de construcción a nombre de Itzell Alejandra Casillas Garibay, expedida por la Directora del Catastro Municipal. Aunado a lo anterior, las autoridades destacaron que la obra en cuestión no se encuentra realizando la vía pública, en algún bien de uso común o en zona marítimo federal, negando categóricamente también la obstaculización a la vialidad con motivo de esa obra en construcción. Ahora bien, dicha negativa de las autoridades no se logra desvirtuar con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, pues de ellas solo se logra acreditar su carácter de avecindados de la localidad del Telchac Puerto, Yucatán. Y si bien ofreció una serie de impresiones fotográficas que muestran ciertos trabajos de construcción, con ellas no es posible desvirtuar las manifestaciones de la autoridad o acreditar la afectación aducida, para estar en condiciones de conceder el amparo, toda vez que no es posible identificar que el lugar que aparece en ellas corresponde al aducido, que dicho polígono se trata de una zona púbica, así como tampoco la temporalidad de lo que revelan tales fotografías. Por ende, procede sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Apoya lo anterior la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. " Por lo expuesto y considerado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E : ÚNICO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por MARIO ALBERTO SOSA Y LUGO y MARÍA TERESA AVILÉS Y ARROYO, contra el acto que reclama al PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN y otras autoridades, por los motivos expuestos en el tercer considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de ellos se advierte que se encuentra transcurriendo el término para que quede firme el acuerdo de veintiuno de septiembre del presente año; por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración, las DIEZ HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa MARIO ALBERTO SOSA Y LUGO, mediante escrito presentado el once de junio del año en curso, ofreció la prueba de inspección judicial en la construcción que se está llevando a cabo -a su dicho-, en la vía pública ubicada en la calle diecinueve del Municipio de Telchac Puerto, Yucatán, enfrente del predio número ochenta y dos; probanza cuya admisión se proveer, hasta en tanto obraran los informes justificados de las autoridades responsables.Así, en virtud de que las autoridades responsables han rendido ya sus informes justificados, con lo que se encuentra debidamente integrada la litis constitucional, se procede a proveer en relación a la citada prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa. En ese sentido, del análisis del objeto de la prueba de referencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente es desecharla, por resultar inidónea. En efecto, el quejoso acudió a esta instancia constitucional reclamando de las autoridades señaladas como responsables, medularmente, el consentimiento en las labores de construcción que se encuentran realizando en espacios que constituyen vía pública de la localidad de Telchac, Puerto y que se localizan en el frente del predio de su propiedad, así como la omisión de otorgarle garantía de audiencia respecto de dichos trabajos de construcción. El quejoso, a través del aludido medio de prueba, según se advierte del escrito de su ofrecimiento, pretende acreditar la construcción que se está realizando en la calle frente a su predio en la vía pública, por rebasar los límites, así como sobre la zona federal marítimo terrestre. Sin embargo, la prueba resulta inidónea toda vez que las cuestiones sobre las cuales pretende que el fedatario de la adscripción de fe, no son susceptibles de apreciarse a simple vista y únicamente a través de sus sentidos. Lo anterior, en virtud de que si bien el actuario puede hacer constar los trabajos de construcción que perciba a simple vista en el lugar de desahogo de la diligencia, ello sería insuficiente para demostrar que aquéllos se llevan a cabo de una zona considerada como vía pública o incluso como zona federal marítimo terrestre, en virtud de que para ello se requiere otro tipo de probanza. Esto es, no basta la sola apreciación o medición que pueda realizar el fedatario para constatar lo pretendido por el oferente de la prueba, en la medida en que las franjas que corresponden a áreas de dominio público o que corresponden a la zona federal marítimo terrestre, requieren datos adicionales a la simple observación que pueda realizar, tales como, a maneja ejemplificativa, disposiciones normativas, catastrales, sistemas de medición exactos y con conocimientos especiales, etc. En mérito de lo cual, si lo pretendido con el ofrecimiento de la referida inspección era acreditar que la construcción reclamada se realiza en un área de dominio público, resulta clara la falta de idoneidad para su propósito, en concepto de esta resolutora. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 41/2001, sustentada por el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Abril de 2001, visible a página 157, de la Novena Época, consultable con los datos siguientes: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Finalmente, en mérito de lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión al oferente del citado medio de prueba, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nuevas hora y fecha para su celebración, las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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