Mario Alberto Pool Canché

Expediente 96/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
96/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Mario Alberto Pool Canché

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto, para resolver el presente juicio de amparo 96/2023-VI, promovido por ********************contra los actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán. R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada electrónicamente el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, la cual por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que ********************solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. Por auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; asimismo, se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se emplazó a la parte tercero interesada; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número de la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse en el presente asunto un acto emitido por una autoridad en materia laboral, cuya ejecución tiene lugar en esta entidad federativa, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente los actos reclamados, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De manera que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: El acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 879/2018, en el que se ordenó dejar insubsistente lo relativo a las pruebas desahogadas en dicho expediente, con excepción de una prueba confesional y ordenó nuevamente su preparación. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, al rendir su informe justificado respecto de la demanda inicial aceptó la existencia de mismo, refiriendo que el acto reclamado fue dictado conforme a derecho. Por tanto, esas propias manifestaciones ponen de manifiesto la existencia del acto que por esta vía se reclama. Máxime que, de las constancias del juicio de origen 879/2018, que al tratarse de documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo; por tanto, se aprecia que en el juicio laboral de origen, el nueve de enero de dos mil veintitrés, se dictó el acuerdo reclamado; motivo por el cual, se tiene por existente el acto que se atribuye a la responsable. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este juzgado advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de imposible reparación. Para una mejor comprensión de la causal de improcedencia que se invoca, es necesario analizar el contenido de los preceptos mencionados, los cuales dicen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De los artículos anteriores se desprende que, el juicio de amparo es improcedente cuando esa improcedencia resulte de alguna disposición prevista en la Constitución general o en la Ley de Amparo. Por su parte, el segundo de los preceptos contempla que, el juicio de amparo procede contra actos en juicio que sean de imposible reparación, entendidos estos como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución general y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Bajo tal óptica jurídica, la determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos invocados, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce. Es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado. Así, los actos tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente los derechos fundamentales de la parte quejosa, que tutela la Constitución general, ya que esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparables no tocan por sí los derechos fundamentales de las personas, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Sobre este tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, consideró que, para calificar un acto como irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, las consecuencias de esos actos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 879/2018, en el que se ordenó dejar insubsistente lo acordado en dicho expediente respecto a las pruebas desahogadas con excepción de una prueba confesional y ordenó nuevamente su preparación. Como contexto de lo anterior, de las constancias que obran en el expediente se advierte de manera concreta que el catorce de diciembre de dos mil dieciocho los hoy quejosos interpusieron demanda laboral contra la Fiscalía General del Estado alegando despido injustificado. El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda bajo el número 879/2018 y se señalaron las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del nueve de abril de ese mismo año, para la audiencia de conciliación, de demanda y excepciones, pruebas, alegatos y resolución; llegada esa fecha debido a una falla técnica se reprogramó la misma para el tres de mayo de dos mil dieciocho a las diez horas. El tres de mayo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la referida audiencia en la que la parte actora (hoy quejosos) ratificaron su demanda y la parte demandada Fiscalía General del Estado, contestó la misma y ofreció sus pruebas, las cuales fueron reservadas por la autoridad responsable para el momento procesal oportuno, consecuentemente se suspendió la audiencia señalándose para su continuación el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve a las diez horas con treinta minutos; llegada la fecha se tuvo a las partes por ratificadas de sus pruebas ofrecidas y por hechas sus respectivas objeciones y se cerró el periodo probatorio reservándose la autoridad responsable proveer al respecto. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se proveyó respecto de las probanzas ofrecidas en el procedimiento de origen señalándose fecha y hora para el desahogo de las confesionales anunciadas por ambas partes. El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la Fiscalía General del Estado interponiendo incidente de sustitución patronal por lo cual se señaló el nueve de diciembre de dos mil veintiuno para llevar a cabo la respectiva audiencia de sustitución patronal. El dieciocho de marzo de dos mil veintidós la autoridad responsable respecto del incidente de sustitución patronal planteado resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Ha procedido el presente incidente de sustitución patronal interpuesto por la parte demandada Fiscalía General del Estado, por conducto de su apoderada legal por las razones y motivos ya indicados, debiendo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, continuar con la secuela legal correspondiente en el presente asunto, por los motivos ya señalados. SEGUNDO. - Atento el estado procesal que guarda el presente procedimiento, y toda vez que se encuentra pendientes diversas pruebas cuyos desahogos se ordenaron en el acuerdo dictado por esta autoridad con fecha dieciséis de junio del año dos mil veintiuno, se señalan las siguientes fechas y horas: ." Así, para el desahogo de las pruebas confesionales se señalaron diversas fechas de abril de dos mil veintidós, asimismo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, interpuso juicio de amparo contra la resolución de dieciocho de marzo de ese mismo año, del cual conoció este Juzgado bajo el número 963/2022; lo cual constituye un hecho notorio para la suscrita. Por lo que de manera paralela se llevó a cabo el desahogo de las referidas confesionales, (teniendo como patrón a la Fiscalía General del Estado) así como el procedimiento de amparo instado por el sustituto patrón. En fecha veintiocho de julio de dos mil veintidós se resolvió el amparo citado en favor de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución combatida de dieciocho de marzo de dos mil veintidós y se prescindiera de tener como patrón sustituto a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El ocho de agosto de dos mil veintidós, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito la autoridad responsable resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- No ha procedido el presente INCIDENTE DE SUSTITUCIÓN PATRONAL interpuesto por la parte demandada Fiscalía General del Estado, por las razones y motivos ya indicados en el análisis complementario. SEGUNDO.- Atento a lo anterior, en su oportunidad y una vez que se tenga por cumplimentada y cause ejecutoria la sentencia que se trata, continúese la secuela legal del presente juicio. En vista de lo anterior, se deja insusbsitente la fecha señalada para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de C.C. ZAIRE ALEJANDRA CAB DIAZ, JORGE IZQUIERDO HERRERA Y RICARDO CRUZ CAMPOS, fijada para el día VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS, lo cual se hace constar para todos los efectos legales a que haya lugar. ." Por lo que, en cumplimiento a la anterior resolución se dictó el acuerdo que ahora se combate de nueve de enero de dos mil veintitrés, en el cual ordenó reponer el procedimiento y señaló nuevas fecha y hora para el desahogo de las pruebas confesionales originalmente ofrecidas para llevarse a cabo con la Fiscalía General del Estado como patrón y parte demandada. Asimismo, de las constancias que fueron remitidas anexas al informe justificado se advierte que en el juicio laboral citado no se ha emitido el laudo, pues como se ha dicho y se señala del propio informe, en auto de nueve de enero de dos mil veintitrés se señaló fecha y hora para el desahogo de diversas probanzas por lo que aún se encuentra en la etapa de desahogo probatorio. Con base en lo anterior, no se advierte la existencia de alguna violación a los derechos sustantivos de la parte quejosa. Se dice lo anterior porque si bien la autoridad responsable teniendo como patrón a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción desahogó las confesionales y testimoniales ofrecidas por la parte actora y demandada y con motivo de la resolución de ocho de agosto de dos mil veintidós, donde declara improcedente la sustitución ordenó su nuevo desahogo a efecto de respetar la garantía de audiencia de la Fiscalía General del Estado, ello no implica una violación procesal a derechos sustantivos, pues como se ha dicho la autoridad responsable no ha dado el valor probatorio respectivo a dichas probanzas, lo cual en el momento procesal oportuno podrían ser en favor o en desventaja de cualquiera de las partes por lo que en el momento que la autoridad responsable analice las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio de origen se verá reflejado hasta el dictado del fallo. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. En otras palabras, el acto reclamado consistente en el nuevo desahogo de confesionales desahogadas con una distinta parte, no produce una afectación material e inmediata a derechos sustantivos, pues las supuestas violaciones cometidas por la autoridad responsable son de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo es decir el dictado del laudo y aun suponiendo sin conceder que así fuera podrá hacerlas valer en amparo directo que en su caso se intente en contra del laudo que ponga fin al procedimiento de origen, de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.". De la transcripción anterior se advierte que el juicio de amparo directo procede, entre otros, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, por violaciones que se comentan en esas determinaciones, o bien, durante el procedimiento que afecten la defensa de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo. En consecuencia, si el acto reclamado no representa una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino únicamente a derechos de carácter procesal, es claro que no se surte el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, esta decisión no deja a la parte quejosa en estado de indefensión, pues de considerar que el acuerdo que señala como acto reclamado le causa un perjuicio que trascendió al sentido del laudo en el procedimiento de origen, puede hacerlo valer a través del juicio de amparo directo que se promueva, en su caso, contra la determinación que ponga fin al juicio laboral. Sustenta lo anterior la Tesis con número de registro 210061, del Semanario Judicial de la Federación de la Octava Época, Tomo CIV, Noviembre de 1994 página 511 que a la letra dice: PRUEBAS DE LA CONTRAPARTE. SU ILEGAL DESAHOGO ES RECLAMABLE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN AMPARO DIRECTO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 159 fracción III de la Ley de Amparo, es violación procesal reclamable en amparo directo el que no se reciban las pruebas que el quejoso haya ofrecido legalmente o el que no se le reciban conforme a la ley; y la diversa fracción XI del precepto de referencia considera violaciones procesales reclamables en amparo directo aquéllas que guarden analogía con las primeras diez fracciones, por lo que si el acto reclamado se hace consistir en el ilegal desahogo de las pruebas de la contraparte tal violación procesal debe impugnarse en amparo directo, pues qué mayor analogía cuando se reciben las pruebas de la quejosa o no se reciben conforme a la ley (fracción III) que la hipótesis en que se reciben las pruebas ofrecidas por la contraparte estimándose tal cosa contraria a la ley. Al presente asunto resulta aplicable la tesis de la Décima Época, con número de registro digital 2013298, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación visible a página 1519 que es de texto y rubro siguientes: PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE LA PATRONAL. LA CALIFICACIÓN DE LAS POSICIONES PUEDE CONTROVERTIRSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO PRINCIPAL O ADHESIVO. Del artículo 790, fracciones II y V, de la Ley Federal del Trabajo, se extrae que las posiciones formuladas en una prueba confesional deben concretarse a los hechos controvertidos y la Junta tiene obligación de calificarlas de legales en la audiencia correspondiente; en ese sentido, si se considera que las posiciones fueron incorrectamente calificadas al referirse a hechos que no se encuentran controvertidos, porque al contestarse la demanda ya habían sido aceptados, es claro que esa calificación resulta incorrecta, y así pudiere alegarse como violación procesal en un juicio de amparo directo principal o adhesivo, con las formalidades de ley; de modo que si esa infracción se declara fundada, debe tener por efecto que en el nuevo laudo se reste eficacia probatoria a la prueba confesional, en virtud de no haber nacido a la vida jurídica, por lo que no puede tomarse en consideración para calificar el ofrecimiento de trabajo. Ello es así, pues la parte quejosa podría obtener sentencia favorable en el contradictorio de origen, ya que, según sus antecedentes, puede advertirse que el juicio subyacente se encuentra en trámite, por lo cual, ante la posibilidad de un fallo en favor de sus intereses, quedarían reparadas las posibles violaciones que se cometieran a causa de lo acordado el nueve de enero de dos mil veintitrés. De ahí que se considere que el acto reclamado sólo implica violaciones formales reparables en la sentencia que llegue a dictarse en el precitado juicio de origen, pues, en todo caso, será hasta el momento en que la Junta responsable realice el ejercicio de ponderación y estudio al momento de aprobar el proyecto de laudo que las violaciones alegadas al debido proceso por la parte quejosa pudieran materializarse y transcender a su esfera jurídica. Por lo que en este momento no es posible analizar y mucho menos asegurar que la reposición reclamada efectivamente trascienda más alla de la afectación a derechos adjetivos y con motivo de ello es que el presente juicio resulte improcedente. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia con número de registro digital 205651, de la Octava Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Agosto de 1992 visible a página 11 de rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************contra los actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario con quien actúa, el día de hoy veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    MESA VI. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad de Mérida, con anexos que adjunta; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la autoridad de mérito acompañó a su informe de cuenta, consistente en copia certificada del juicio laboral ********************, de su índice; fórmese un cuaderno auxiliar con las referidas constancias, el cual no estará escaneado ni formará parte del expediente electrónico, pero estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado, lo anterior, de conformidad con el artículo 22 último párrafo y el diverso 23 ambos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado el siete de noviembre de dos mil veintidós, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    MESA VI PRIMERO. SE NIEGA a Mario Alberto Pool Canche y Carlos Alfredo Yah Caballero, la suspensión definitiva del acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad de Mérida, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. SE CONCEDE a Mario Alberto Pool Canche y Carlos Alfredo Yah Caballero, la suspensión definitiva del acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad de Mérida, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por Eileen Odett Olivera Huitzil, quien se ostenta apoderada de Mario Alberto Pool Canche y Carlos Alfredo Yah Caballero, contra el acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad. Al efecto, se acuerda: fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 96/2023-VI. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, téngase por reconocido el carácter con que se ostenta la promovente, en términos de la copia digital de la audiencia de ocho de abril de dos mil veintidós, celebrada en autos del expediente laboral 879/2018, la cual adjuntó a su escrito de cuenta; de la que se aprecia que tiene reconocida dicha personalidad ante la autoridad responsable. Sin que obste lo anterior, que con apoyo en lo dispuesto en el numeral 3°, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se pueda solicitar a la parte promovente la exhibición del documento en copia certificada antes señalado, en caso de que este órgano jurisdiccional lo considere necesario. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se le hará llegar vía electrónica copia de la demanda. En tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, la que deberá rendir privilegiando los medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado. Apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso las constancias de mérito completas y legibles, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberá rendirlo privilegiando la modalidad electrónica. Se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=4servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021, del índice de este Juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios en el citado correo electrónico. Ahora bien, de conformidad con el multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el acuerdo general citado así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Se exhorta a las partes para que de conformidad con el artículo 52 Bis y 263 fracción II último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa del propio Consejo modificado el siete de noviembre de dos mi veintidós, se privilegie el uso del expediente electrónico con el afán de apoyar el impulso tecnológico para un mejor acceso a la justicia. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjunta a su ocurso de cuenta, las que se admiten y desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Ahora, en cuanto al Fiscalía General del Estado de Yucatán, se estima que le recae el carácter de tercero interesado, por lo que con fundamento el artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia, gírese atento oficio para efectos de hacerle saber la admisión de la demanda que nos ocupa, al que se adjuntará copia simple de ella e indíquesele que con tal carácter puede comparecer a juicio si a sus intereses conviniere, y comunicándole la fecha y hora de la celebración de la audiencia constitucional precisada en párrafos anteriores. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo; como sus autorizados a las personas que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente. Ahora, toda vez que consta en la certificación de cuenta que los usuarios "MELISSACEH", "Eileen", "grisel-iveth", "victoriaruz" y "LPR24", que proporciona la parte quejosa, se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad la solicitud del promovente, y se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa y sus autorizados, a través de los citados usuarios, por lo que podrá promover en el mismo con su nombre de usuario. En el propio tenor, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que existe solicitud expresa del referido quejoso, para recibir notificaciones vía electrónica; en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo de propio Consejo, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones personales inherentes a este asunto por medio de los citados usuarios. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Por otro lado, téngase por hecha la manifestación de la parte quejosa de que está anuente a que aparezcan sus datos personales al publicarse la sentencia ejecutoriada del presente juicio de amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8, 13, fracción IV, 18, 19 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, publicando en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; asimismo, se les hace saber a las partes que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. En diverso orden, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con copia de la demanda que se recepciona. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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