Mario Alberto Navarro Ramírez
Expediente 374/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Mario Alberto Navarro Ramírez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a cinco de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, al que se adjunta testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja civil 316/2018-I, lo por el que lo declaró infundado. Acúsese el recibo de estilo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo, ésta quedó firme al haberse declarado infundado el recurso de queja; interpuesto contra dicha determinación. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron las copias certificadas del juicio de amparo 374/2018-II, así como el escrito original de agravios y copia del mismo, materia del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Asimismo, se toma nota de que dicho recurso se admitió y el mismo quedó registrado con el número R.Q.C. 316/2018. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito signado por Miguel Ángel Espinosa Salazar, en su carácter de autorizado en términos amplios del quejoso Mario Alberto Navarro Ramírez, atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, que desechó la demanda de amparo; en ese sentido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo, y en acatamiento al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase el informe con justificación que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto reclamado, sosteniéndose la legalidad del mismo y en apoyo remítase copia certificada de las constancias que conforman el presente sumario constitucional, además del escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, Capital en Turno, así como copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, para la substanciación del recurso que se hace valer, ordenándose. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve , contra actos del Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 374/2018-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama el promovente del amparo: consiste en: La sentencia interlocutoria de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación, interpuesto en contra del auto de dos de agosto del año en curso, dentro del incidente de actualización y liquidación de pensión alimenticia interpuesto en los autos del juicio de divorcio por mutuo consentimiento 1028/2017 del índice del Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial, que confirmó el acuerdo combatido, en el que se le negó la admisión de pruebas por resultar extemporáneas. En tales condiciones, por lo que ve al acto que se reclama descrito con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[.]" En efecto, se dice que en la especie se actualiza la referida hipótesis de improcedencia, porque el acto reclamado que nos ocupa no constituye un acto de imposible reparación, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, ya que conforme a las disposiciones transcritas, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados o convenciones internacionales; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos para afectar a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia o resolución que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer recursos e incluso combatirlos en vía de amparo directo. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que fue taxativo al señalar qué debe entenderse por dicha cuestión jurídica. Ahora bien, en el presente asunto, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación, interpuesto en contra del auto de dos de agosto del año en curso, dentro del incidente de actualización y liquidación de pensión alimenticia interpuesto en los autos del juicio de divorcio por mutuo consentimiento 1028/2017 del índice del Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial, que confirmó el acuerdo en el que se le negó la admisión de las pruebas por resultar extemporáneas. Así, en relación al citado acto reclamado, de los antecedentes que narra el solicitante del amparo en su demanda de garantías se obtiene que mediante auto dictado por el juez de origen el dos de agosto de dos mil dieciocho, negó la admisión de las pruebas ofertadas por el quejoso dentro del incidente señalado; en consecuencia, el quejoso interpuso recurso de revocación para combatir el proveído mencionado, medio de impugnación que fue resuelto el cinco de septiembre siguiente, confirmando el auto recurrido; lo que a su juicio trastoca el orden constitucional en su perjuicio al no haberse admitido los medios convictivos, pues realiza una interpretación errónea del artículo 779 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, que regula el protocolo procesal probatorio dentro de la tramitación de los incidentes. En atención a lo anterior, se deduce que el acto en concreto que reclama el quejoso, en modo alguno puede ser considerado como irreparable, ya que de momento no le produce una afectación de grado superlativo a sus derechos sustantivos de forma directa, sino solo producen afectación procesal; por lo tanto se concluye que las cuestiones relativas a los medios de convicción dentro del incidente de liquidación de pensión no es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, así por regla general, debe ser considera una violación intraprocesal, la cual puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de la resolución que ponga fin al procedimiento incidental tomando en cuenta que el incidente es un procedimiento fuera de juicio cuya resolución final es susceptible de control constitucional. Desde esa óptica, se precisa que las violaciones procesales acontecidas dentro del incidente de actualización y liquidación de pensión alimenticia, deberán ser combatidas por el quejoso hasta el momento en que se impugne la resolución que se llegue a dictar en dicho procedimiento. Cabe precisar que, ya es una situación definida por disposición legal y por criterio jurisprudencial, que el desechamiento de pruebas dentro de un juicio no produce violaciones irreparables, sino que sólo produce efectos intraprocesales, susceptible de ser reparado en la sentencia respectiva que se llegue a dictar, por tanto, la misma razón rige respecto al desechamiento de pruebas que se suscite en el trámite de un incidente. De acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente resulta ser similar al procedimiento de un proceso. El proceso que con frecuencia es confundido con los vocablos juicio, litigio o procedimiento, es el conjunto de actos jurídicos realizados por las partes, los terceros, los auxiliares de justicia y el juzgador, con motivo del ejercicio de la acción, cuyo fin es la sentencia. Por su parte, con la palabra incidente, se designa a los procedimientos que se siguen dentro de un proceso para resolver una cuestión accesoria al litigio principal, a través de una resolución que generalmente se le denomina interlocutoria. De ahí que las instituciones juicio e incidente, coinciden en que previo a un procedimiento deben decidir una cuestión planteada, por tanto, generalmente sus respectivos procedimientos igualmente coinciden con los siguientes aspectos: 1. Se inician con un escrito (demanda y demanda incidental, respectivamente). 2. Se otorga el derecho de formular contestación de la contraparte. 3. Se admite la etapa probatoria y de alegatos. 4. Culmina con una resolución (sentencia e interlocutoria, según sea el caso). 5. Admite la procedencia de recursos ordinarios. 6. Existen plazos para hacer valer derechos procesales. Luego, si el procedimiento de un proceso como el de un incidente, en su generalidad son similares, sobre todo, respecto de la etapa probatoria, entonces, si para el proceso se considera como una violación procesal el desechamiento de pruebas porque es susceptible de repararse en la sentencia definitiva, igual razón rige para el desechamiento de pruebas decretado en el procedimiento de un incidente, porque con esa violación únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales, sólo que dentro del incidente mismo, en atención a que de igual forma es susceptible de ser subsanada si la interlocutoria que resuelve la cuestión incidental le resulta favorable a los intereses del oferente de la prueba. De lo expuesto se deriva un elemento toral para considerar que el desechamiento de pruebas decretado dentro de un incidente, no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que sólo produce efectos intraprocesales por las razones apuntadas. En el mismo campo de la similitud existente entre el procedimiento del juicio y el procedimiento de un incidente, el momento para reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y otro, debe ser el mismo, es decir, en el momento en que se combate la resolución respectiva que pone fin al proceso o al incidente (sentencia definitiva o resolución interlocutoria) a través del juicio de amparo. Sólo que la diferencia se encuentra en la vía en que deba promoverse el juicio de garantías para uno y otro caso, porque si se trata de una sentencia definitiva, en el caso del proceso, el desechamiento de pruebas debe invocarse como violación al procedimiento en la demanda de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia de mérito, por así establecerlo textualmente la Ley de Amparo en sus artículos 158, 159 y 161, según quedo precisado en párrafos anteriores. En cambio, cuando se trata de una resolución interlocutoria que decide un incidente susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, el desechamiento de pruebas deberá invocarse como violación al procedimiento incidental en la demanda de garantías que se interponga en contra de la referida interlocutoria. Proporciona sustento a lo anterior la jurisprudencia 38/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 5 "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." Igualmente, resulta aplicable la Jurisprudencia VI.2o.C. J/24 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito, Materia Civil, consultable en la página 1777, Tomo III, Septiembre de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 201506, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. SU ADMISIÓN O DESECHAMIENTO ES IMPUGNABLE EN RECLAMACIÓN, A EFECTO DE PREPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL RESPECTIVA EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).El artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en vigor desde el 1 de enero de 2005, establece que la reclamación es el medio de impugnación que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento; por tanto, la admisión o el desechamiento de pruebas debe impugnarse por medio de dicho recurso, al tratarse de un auto que no pone fin al procedimiento ya que, de no hacerse así, la violación procesal respectiva deberá estimarse consentida y no podrá someterse a examen en el juicio de amparo directo que, en su caso, se promueva, por no haberse preparado la acción constitucional, en términos de los artículos 161 de la Ley de Amparo abrogada y 171 de la vigente." Así como la diversa, la Tesis Aislada 1a. XLIII/2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia(s): Constitucional, Civil, consultable en la página: 258, Tomo XII, Diciembre de 2000, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente, Registro: 190597. "PRUEBAS EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL. LOS ARTÍCULOS 291 Y 298 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE PREVÉN SU DESECHAMIENTO, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Del análisis de lo dispuesto en los mencionados preceptos legales, se infiere que dentro del procedimiento ordinario civil, en ningún caso se admitirán las pruebas que se ofrezcan sin expresar con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas y las razones por las que el oferente estima que demostrarán sus afirmaciones. Ahora bien, la circunstancia de que en el citado código no se instrumente un procedimiento de prevención para aplicar en los casos en que se ofrezcan pruebas sin cumplir con tales requisitos, no viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal. Ello es así, porque, por un lado, los referidos artículos 291 y 298 conceden la oportunidad a las partes de ofrecer, aportar y rendir las pruebas que estimen pertinentes, cumpliendo así con las formalidades esenciales del procedimiento que exige el texto constitucional para el debido respeto de la garantía de referencia, sin que el procedimiento especial de prevención señalado sea exigencia para el respeto de dichas formalidades; y por el otro, las partes desde que se abre el juicio a prueba, no sólo conocen las exigencias bajo las cuales habrán de ofrecer sus pruebas, sino también la sanción que se les aplicará en caso de no cumplir con aquéllas. Esto es, los requisitos que condicionan el ofrecimiento de pruebas no restringen la capacidad probatoria de las partes en el juicio ordinario civil, pues no privan al gobernado de la oportunidad de su aportación, sino que únicamente lo constriñen a cumplir una obligación que constituye una formalidad más del procedimiento. Además, se justifica la disposición contenida en el citado artículo 298 que concede facultades al juzgador para desechar las pruebas que no reúnan los requisitos establecidos en el diverso artículo 291, sin necesidad de prevenir al promovente para que aclare las omisiones en que haya incurrido, porque tal disposición tiene el evidente propósito de evitar que el procedimiento civil se prolongue de manera injustificada, más allá de los términos previstos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, cumpliendo de esta manera con el imperativo contenido en el artículo 17 constitucional, en el sentido de que la impartición de justicia debe ser expedita." En consecuencia, es válido concluir que el acto que en concreto reclama, no impacta de manera negativa dentro de los derechos sustantivos del solicitante de protección de la Justicia Federal, sino que constituye una afectación dentro del procedimiento del incidente de origen; la cual no es susceptible de momento para combatirse mediante el juicio constitucional. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Boulevard México Laredo sur número 1024 B Altos entre las avenidas Fray Andrés de Olmos y Primera del Fraccionamiento Lomas Poniente de esta Ciudad, Ciudad Valles, San Luis Potosí. Del mismo modo, se tiene como sus autorizados en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que mencionan, toda vez que sí cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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