Mario Alberto Navarro Ramirez

Expediente 419/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 25 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
419/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Mario Alberto Navarro Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que la parte y la tercero interesada, se inconformaran en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho auto, ha quedado firme para todos los efectos legales. Por otra parte, tomando en consideración que por auto de seis de agosto del presente año, se tuvo por recibido el oficio por el cual la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí acusó de recibo el envío de las constancias que integran el toca 679/2018 de su índice, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. En ese sentido, se estima que el presente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa -ampara-, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo en cita, se estima que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que deberá conservarse por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, la sentencia que puso fin al juicio y el acuerdo del archivo. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, como en los autos del incidente de suspensión se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva; el original del incidente de suspensión es DESTRUIBLE de conformidad con el punto 7.1.1, numeral 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judicial resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos del inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes -SISE-. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante el licenciado Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese para que obren como corresponda el oficio de cuenta y anexos signado por la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal y Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el ocho de los corriente, informa que mediante oficio remitido el nueve de septiembre del presente año exhibió la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno en el toca de queja 679/2019 de su índice y sus constancias de notificación, lo anterior, toda vez que ya se tuvo por cumplimentado dicho requerimiento a través del proveído de diez de septiembre del presente año. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de diez de septiembre del presente año, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que hayan desahogado la vista, en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta conveniente precisar que, en el presente sumario el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la que se concedió a la parte quejosa Mario Alberto Navarro Ramírez, el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí: "1) Deje insubsistente la sentencia interlocutoria reclamada de ocho de octubre de dos mil veinte, pronunciada en el Toca 679/2018, formado con motivo del recurso de queja interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Primero de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el que se dirimió el incidente de actualización y liquidación de pensiones alimenticias en el juicio de divorcio por mutuo consentimiento, promovido por Mónica Isabel Castillo Olivo y Mario Alberto Navarro Ramírez, en el expediente 1208/2017 de la estadística del Juez mencionado; y 2) Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, analice el planteamiento del quejoso respecto a la oportunidad de las pruebas que ofreció en la contienda incidental y verifique si tiene todos los elementos suficientes para poder pronunciarse sobre el fondo del asunto atendiendo a los preceptos 974 bis y 974 ter de la legislación adjetiva civil o si requiere ordenar la reposición del procedimiento para que por medio del juez de primera instancia se alleguen los medios necesarios para resolver respecto al incidente de actualización y liquidación de pensiones alimenticias, y hecho lo anterior, que resuelva en consecuencia lo que en derecho corresponda. Mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se declaró que la sentencia de mérito había causado ejecutoria. En ese sentido, resulta importante destacar que mediante oficios recibidos el catorce de julio, nueve y diez de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, remitió copia certificada de las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector en estudio de las cuales, destacan: Acuerdo de doce de julio de dos mil veintiuno, por el que determinó, dejar insubsistente la resolución reclamada de ocho de octubre de dos mil veinte en el Toca 679/2018, formado con motivo del recurso de queja interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Primero de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el que se dirimió el incidente de actualización y liquidación de pensiones alimenticias en el juicio de divorcio por mutuo consentimiento, promovido por Mónica Isabel Castillo Olivo y Mario Alberto Navarro Ramírez, en el expediente 1208/2017 de la estadística del Juez mencionado, asimismo, requirió a este órgano jurisdiccional las constancias originales del toca 679/2018, para encontrase en probidad de resolver la ejecutoria de mérito. El seis de los corrientes, dictó la sentencia correspondiente en la que se determinó lo siguiente: En el Considerando Tercero, señaló que los argumentos de Mario Alberto Navarro Ramírez, parte quejosa en el presente juicio, resultaban fundados, ello aplicando la suplencia de la queja deficiente, aunado a que, no obstante de haberse ofrecido la pruebas respectivas de forma extemporánea, al tratarse de una contienda incidental de alimentos en la que existen menores, el juez de primera instancia debió de considerar necesario contar con el material probatorio necesario, pues se advierten violaciones procesales que trascienden en el resultado del fallo que se dicte en cuanto al fondo del asunto. En el Considerando Sexto, indicó que los agravios formulados por el quejoso de amparo, eran parcialmente fundados, ello, aplicando la suplencia de la queja y en protección el interés superior de los menores de edad de identidad reservada, y por tanto suficientes para reponer el procedimiento, por los motivos y fundamentos en el expuestos. Del Considerando Séptimo de advierten los efectos del fallo dictado, en los que sustancialmente determinó que al considerarse que no se contaban con elementos suficientes para pronunciarse en cuanto al fondo del asuntos, y ordenó la reposición del procedimiento para que el Juez Primigenio recabe de oficio pruebas dentro del incidente multicitado, mediante el protocolo ahí establecido. Finalmente de los puntos resolutivos del fallo de mérito se destaca lo siguiente: se resolvió dejar insubsistente la sentencia de ocho de octubre de dos mil veinte, ordenó la reposición del procedimientos por los motivo ya expuestos. En razón de lo anterior, este órgano de control constitucional considera que se colman los efectos de la ejecutoria de amparo descritos con antelación, pues la responsable dejó insubsistente la resolución reclamada de ocho de octubre de dos mil veinte en el Toca 679/2018 y en su lugar dictó otra, en la cual, analizó la oportunidad de la pruebas ofrecidas por el quejoso en la contienda incidental de mérito, verificando si se cuenta o no con elementos suficientes para poder pronunciarse sobre el fondo del asunto y, con base en ello, determinó reponer el procedimiento a fin de allegarse de los medios de prueba necesarios para resolver el incidente de actualización y liquidación de pensiones alimenticias, en los términos precisados en la resolución que se analizó. Por lo tanto, de acuerdo con el segundo párrafo, del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia; ya que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos establecidos de la ejecutoria de amparo, sin cambiar, modificar o limitar los efectos del amparo concedido a la quejosa, en tanto que, se insiste, dicha autoridad realizó las actuaciones correspondientes. Conforme a lo anterior, es claro que la autoridad responsable encargada del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, siguió los efectos de la concesión del amparo, que se traducen en los puntos que han quedado precisados con anterioridad, sin existir un defecto o exceso en la misma; por lo tanto, se declara que la ejecutoria emitida en el presente asunto SE ENCUENTRA CUMPLIDA, en términos de lo dispuesto en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 120/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 774, con número de registro 2005227, que dice: "INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes -SISE-. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante la licenciada Selene Vázquez Sánchez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA ESTA DETERMINACIÓN AL QUEJOSO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese para que obren como corresponda el oficio de cuenta y anexos signado por la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal y Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el ocho de los corriente, informa que mediante oficio remitido el nueve de septiembre del presente año exhibió la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno en el toca de queja 679/2019 de su índice y sus constancias de notificación, lo anterior, toda vez que ya se tuvo por cumplimentado dicho requerimiento a través del proveído de diez de septiembre del presente año. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de diez de septiembre del presente año, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que hayan desahogado la vista, en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta conveniente precisar que, en el presente sumario el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la que se concedió a la parte quejosa Mario Alberto Navarro Ramírez, el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí: "1) Deje insubsistente la sentencia interlocutoria reclamada de ocho de octubre de dos mil veinte, pronunciada en el Toca 679/2018, formado con motivo del recurso de queja interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Primero de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el que se dirimió el incidente de actualización y liquidación de pensiones alimenticias en el juicio de divorcio por mutuo consentimiento, promovido por Mónica Isabel Castillo Olivo y Mario Alberto Navarro Ramírez, en el expediente 1208/2017 de la estadística del Juez mencionado; y 2) Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, analice el planteamiento del quejoso respecto a la oportunidad de las pruebas que ofreció en la contienda incidental y verifique si tiene todos los elementos suficientes para poder pronunciarse sobre el fondo del asunto atendiendo a los preceptos 974 bis y 974 ter de la legislación adjetiva civil o si requiere ordenar la reposición del procedimiento para que por medio del juez de primera instancia se alleguen los medios necesarios para resolver respecto al incidente de actualización y liquidación de pensiones alimenticias, y hecho lo anterior, que resuelva en consecuencia lo que en derecho corresponda. Mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se declaró que la sentencia de mérito había causado ejecutoria. En ese sentido, resulta importante destacar que mediante oficios recibidos el catorce de julio, nueve y diez de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, remitió copia certificada de las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector en estudio de las cuales, destacan: Acuerdo de doce de julio de dos mil veintiuno, por el que determinó, dejar insubsistente la resolución reclamada de ocho de octubre de dos mil veinte en el Toca 679/2018, formado con motivo del recurso de queja interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Primero de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el que se dirimió el incidente de actualización y liquidación de pensiones alimenticias en el juicio de divorcio por mutuo consentimiento, promovido por Mónica Isabel Castillo Olivo y Mario Alberto Navarro Ramírez, en el expediente 1208/2017 de la estadística del Juez mencionado, asimismo, requirió a este órgano jurisdiccional las constancias originales del toca 679/2018, para encontrase en probidad de resolver la ejecutoria de mérito. El seis de los corrientes, dictó la sentencia correspondiente en la que se determinó lo siguiente: En el Considerando Tercero, señaló que los argumentos de Mario Alberto Navarro Ramírez, parte quejosa en el presente juicio, resultaban fundados, ello aplicando la suplencia de la queja deficiente, aunado a que, no obstante de haberse ofrecido la pruebas respectivas de forma extemporánea, al tratarse de una contienda incidental de alimentos en la que existen menores, el juez de primera instancia debió de considerar necesario contar con el material probatorio necesario, pues se advierten violaciones procesales que trascienden en el resultado del fallo que se dicte en cuanto al fondo del asunto. En el Considerando Sexto, indicó que los agravios formulados por el quejoso de amparo, eran parcialmente fundados, ello, aplicando la suplencia de la queja y en protección el interés superior de los menores de edad de identidad reservada, y por tanto suficientes para reponer el procedimiento, por los motivos y fundamentos en el expuestos. Del Considerando Séptimo de advierten los efectos del fallo dictado, en los que sustancialmente determinó que al considerarse que no se contaban con elementos suficientes para pronunciarse en cuanto al fondo del asuntos, y ordenó la reposición del procedimiento para que el Juez Primigenio recabe de oficio pruebas dentro del incidente multicitado, mediante el protocolo ahí establecido. Finalmente de los puntos resolutivos del fallo de mérito se destaca lo siguiente: se resolvió dejar insubsistente la sentencia de ocho de octubre de dos mil veinte, ordenó la reposición del procedimientos por los motivo ya expuestos. En razón de lo anterior, este órgano de control constitucional considera que se colman los efectos de la ejecutoria de amparo descritos con antelación, pues la responsable dejó insubsistente la resolución reclamada de ocho de octubre de dos mil veinte en el Toca 679/2018 y en su lugar dictó otra, en la cual, analizó la oportunidad de la pruebas ofrecidas por el quejoso en la contienda incidental de mérito, verificando si se cuenta o no con elementos suficientes para poder pronunciarse sobre el fondo del asunto y, con base en ello, determinó reponer el procedimiento a fin de allegarse de los medios de prueba necesarios para resolver el incidente de actualización y liquidación de pensiones alimenticias, en los términos precisados en la resolución que se analizó. Por lo tanto, de acuerdo con el segundo párrafo, del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia; ya que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos establecidos de la ejecutoria de amparo, sin cambiar, modificar o limitar los efectos del amparo concedido a la quejosa, en tanto que, se insiste, dicha autoridad realizó las actuaciones correspondientes. Conforme a lo anterior, es claro que la autoridad responsable encargada del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, siguió los efectos de la concesión del amparo, que se traducen en los puntos que han quedado precisados con anterioridad, sin existir un defecto o exceso en la misma; por lo tanto, se declara que la ejecutoria emitida en el presente asunto SE ENCUENTRA CUMPLIDA, en términos de lo dispuesto en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 120/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 774, con número de registro 2005227, que dice: "INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes -SISE-. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante la licenciada Selene Vázquez Sánchez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese para que obren como corresponda el oficio de cuenta y anexos signado por la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal y Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el ocho de los corriente, informa que mediante oficio remitido el nueve de septiembre del presente año exhibió la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno en el toca de queja 679/2019 de su índice y sus constancias de notificación, lo anterior, toda vez que ya se tuvo por cumplimentado dicho requerimiento a través del proveído de diez de septiembre del presente año. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante la licenciada Selene Vázquez Sánchez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

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