Mario Alberto Martínez Villarreal
Expediente 629/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Mario Alberto Martínez Villarreal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTOP POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del ocho al veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, sin contar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de septiembre actual, por ser sábados y domingos así como catorce, quince y dieciséis de este propio mes por haberse declarado inhábiles; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el veinticinco de agosto último, dentro del juicio de amparo número 629/2016-1 Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Si existen documentos por devolver a las autoridades responsables. No fue exhibido billete de depósito en el incidente de suspensión relativo. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha la Secretaria da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del presente sumario el veinticinco de agosto del año en curso, por la que se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En razón de que la sentencia antes mencionada no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal si es susceptible de DEPURACIÓN, en razón de que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, y el original del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Familiar de Fresnillo, Zacatecas, las constancias que adjuntó a su informe justificado consistentes en copia certificada del juicio de divorcio voluntario 333/2014, en dos tomos y del cuadernillo incidental de liquidación de pensiones alimenticias atrasadas, adeudadas y no pagadas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. FabiMtz."
- Principal
El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del ocho al veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, sin contar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de septiembre actual, por ser sábados y domingos así como catorce, quince y dieciséis de este propio mes por haberse declarado inhábiles; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el veinticinco de agosto último, dentro del juicio de amparo número 629/2016-1 Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Si existen documentos por devolver a las autoridades responsables. No fue exhibido billete de depósito en el incidente de suspensión relativo. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha la Secretaria da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del presente sumario el veinticinco de agosto del año en curso, por la que se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En razón de que la sentencia antes mencionada no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal si es susceptible de DEPURACIÓN, en razón de que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, y el original del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Familiar de Fresnillo, Zacatecas, las constancias que adjuntó a su informe justificado consistentes en copia certificada del juicio de divorcio voluntario 333/2014, en dos tomos y del cuadernillo incidental de liquidación de pensiones alimenticias atrasadas, adeudadas y no pagadas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. FabiMtz*.
- Principal
En treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con el oficio registrado con el número 15173 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Visto el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que remite el juicio de amparo 629/2016-1, el cual quedó registrado en el citado órgano jurisdiccional como cuaderno de antecedentes 362/2016-I; en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el veinticinco de agosto del año en curso, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; un disco compacto en el que se contiene dicho fallo y tres legajos de pruebas. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia certificada de la indicada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFIQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Bjm.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA IRMA JOSEFINA PIÑA JAIME, REPRESENTANTE LEGAL DE LOS MENORES DIEGO ALBERTO, BRAULIO ANDRÉS Y LENNIN JAIRO, TODOS DE APELLIDOS MARTÍNEZ PIÑA, TANTO EL AUTO DICTADO EN FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con el oficio registrado con el número 15173 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Visto el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que remite el juicio de amparo 629/2016-1, el cual quedó registrado en el citado órgano jurisdiccional como cuaderno de antecedentes 362/2016-I; en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el veinticinco de agosto del año en curso, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; un disco compacto en el que se contiene dicho fallo y tres legajos de pruebas. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia certificada de la indicada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFIQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Bjm." SENTENCIA DE 25 DE AGOSTO DE 2016. VISTOS los autos relativos al juicio de amparo 629/2016, promovido por Mario Alberto Martínez Villareal contra un acto de la Juez Segunda Familiar del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Mario Alberto Martínez Villareal solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto reclamado que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, en proveído de veintiocho de abril de dos mil dieciséis radicó la demanda de amparo bajo el expediente 629/2016 de su índice; la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación; tuvo como tercero interesada a Irma Josefina Piña Jaime, en su carácter de representante de los menores Diego Alberto, Braulio Andrés y Lennin Jairo, todos de apellidos Martínez Piña, y señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró el veintisiete de junio de dos mil dieciséis. TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la indicada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas. CUARTO. Envío de expediente. La Secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo 629/2016 de su estadística a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis se avocó al conocimiento del aludido juicio de amparo, lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 362/2016 y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que esa Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama un acto de una autoridad ubicada en la jurisdicción del Juzgado Federal auxiliado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda en relación con el informe justificado, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que el acto impugnado es el siguiente: De la Juez Segunda Familiar del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, se reclama: ? La interlocutoria de once de abril de dos mil dieciséis relativa al incidente de liquidación de pensiones alimenticias devengadas y no pagadas promovido por Irma Josefina Piña Jaime, en representación de sus menores hijos Diego Alberto, Braulio Andrés y Lennin Jairo, todos de apellidos Martínez Piña, en la etapa de ejecución del juicio especial de divorcio voluntario 333/2014. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Segunda Familiar del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, en virtud de que así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 22 del juicio de amparo); además, dicha certeza se corrobora con las constancias que allegó dicha autoridad del juicio especial de divorcio voluntario 333/2014 y las relativas al incidente de liquidación de pensiones alimenticias, que se tienen a la vista para resolver; documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, página ciento cincuenta y tres, de epígrafe y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. En virtud de que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todos los supuestos de inejercitabilidad que hipotéticamente prevé tal precepto. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de mil novecientos noventa y uno, página sesenta, cuyos rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Los conceptos de violación si bien no se transcriben se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, visible en la página ochocientos treinta, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El quejoso aduce que la resolución reclamada transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados por los preceptos 14 y 16 de la Carta Magna, en virtud de que -en su criterio- no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento y el acto impugnado no está fundado ni motivado. Manifiesta que en el expediente incidental no obra constancia alguna que demuestre que se cambió la cuenta en la que se había determinado que se depositarían las pensiones alimenticias, por una diversa, sino que son meras suposiciones de la responsable; además que, asegura, él cubrió la totalidad del monto correspondiente a ese concepto, en tanto que se lo entregaba de forma personal a la madre de sus hijos e inclusive a los propios menores, por lo que -afirma- no adeuda cantidad alguna relativa al pago de alimentos a que fue condenado. Los conceptos de violación antes reseñados son infundados. A efecto de evidenciar lo anterior, en principio, resulta oportuno precisar que el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esta norma constitucional tiene, así, una función doble: por una parte establece el derecho del debido proceso, en la forma de un conjunto de formalidades esenciales del procedimiento y, por otro lado, consagra determinados bienes constitucionales, cuya tutela se pretende alcanzar mediante dicho debido proceso, a saber: libertad, propiedades, posesiones o derechos. Cabe destacar que las formalidades esenciales han sido entendidas como aquéllas necesarias para garantizar la defensa adecuada antes de un acto privativo y que, como se ha determinado por el Máximo Tribunal del País, de manera genérica se traduce en los siguientes requisitos: a) La notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y de desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar; y, d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Así, para la plena satisfacción del derecho humano de audiencia basta que la norma que rige el procedimiento en concreto o juicio que se lleve a cabo cumpla con los aspectos mencionados. De esa manera lo ha sostenido el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, materia constitucional, común, página ciento treinta y tres, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Asimismo, da sustento a lo anterior la tesis 1a. IV/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, enero de dos mil catorce, Tomo II, Décima Época, materia constitucional, página mil ciento doce, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha sido un elemento de interpretación constante y progresiva en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un recuento de sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos vertientes: 1) la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, puede observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función jurisdiccional para reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, las propiedades, y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo." Cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho al debido proceso contiene un núcleo duro que debe observarse de manera inexcusable en todo el procedimiento jurisdiccional, que se garantiza a través del cumplimiento de las señaladas formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra el derecho fundamental de audiencia, lo cual permite que los gobernados ejerzan el derecho a contar con una defensa adecuada previo a que mediante un acto de autoridad se modifique su esfera jurídica en forma definitiva, que puede implicar la privación de la libertad, propiedad, posesiones o derechos. Así, el Alto Tribunal sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento constituyen el mínimo de garantías que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, cuyo cumplimiento es una obligación impuesta a las autoridades. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, materia constitucional, página trescientos noventa y seis, que reza: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que al caso interesa prescribe que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ese derecho fundamental de seguridad jurídica relativo a la legalidad -fundamentación y motivación- que todo acto de molestia debe contener para su emisión contemplado por la citada norma tiene que entenderse como la obligación de que todo acto de autoridad para que pueda incidir en la esfera jurídica del gobernado debe preceder de un mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en el que se exprese el precepto legal en el que se funda, así como las razones especiales o las causas inmediatas por las cuales la autoridad lo emite, debiendo existir además entre ellos una relación e ilación lógica. Resulta aplicable la jurisprudencia 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Séptima Época, 1917-2000, materia común, página ciento setenta y seis, cuyos rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Precisado lo anterior y para efecto de demostrar lo infundado de los conceptos de violación es preciso destacar que la presente controversia constitucional surge del juicio de divorcio voluntario 333/2014, instado por el aquí quejoso y su entonces cónyuge, el que culminó por sentencia definitiva dictada el dieciocho de junio de dos mil catorce, la cual causó estado el tres de julio siguiente. Derivado del contradictorio natural, Irma Josefina Piña Jaime en representación de sus menores hijos presentó incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas contra Mario Alberto Martínez Villareal y seguida la instancia por su cauce legal, el once de abril de dos mil dieciséis se dictó la interlocutoria correspondiente por la que se condenó al aquí quejoso a pagar en favor de sus descendientes treinta y cinco mil ochocientos noventa y nueve pesos con dieciséis centavos, en relación con las pensiones alimentarias vencidas y no pagadas del periodo comprendido de noviembre de dos mil catorce a octubre de dos mil quince. De lo anterior se colige que sí se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, en tanto que al ser parte accionante del contradictorio de origen, el aquí inconforme en todo momento tuvo oportunidad de ejercer actos de defensa previamente al dictado de la sentencia definitiva, en donde se decretó la disolución del vínculo matrimonial que lo unía con Irma Josefina Piña Jaime; de ahí que al ser el incidente de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas materialmente una extensión del juicio natural en el que el aquí inconforme se ostenta como parte es claro que no se irrespetaron sus derechos fundamentales consagrados por el precepto 14 de la Constitución Federal, como erróneamente lo pretende hacer notar. Aunado a que, como se puede advertir de las constancias que integran el incidente materia de impugnación, la totalidad de los proveídos emitidos por la autoridad responsable fueron notificados de manera personal al solicitante del amparo (sin prejuzgar sobre su legalidad en tanto que no constituyen motivo de reclamo), esto es, desde el acuerdo de admisión, el ofrecimiento de documentales a cargo de la actora incidental, así como el auto que citó a las partes a oír sentencia interlocutoria. En ese tenor, se considera que no asiste la razón al peticionario de la protección federal, puesto que la autoridad responsable sí le otorgó oportunidad de defensa previamente al dictado de la resolución reclamada, lo que evidencia que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento que consagra el numeral 14 del Pacto Federal. Del mismo modo se tiene que es infundado el argumento en que el quejoso se duele de una falta de fundamentación y de motivación de la resolución reclamada, pues basta la sola lectura de dicho fallo para evidenciar que la responsable sí cumplió con el aludido requisito formal inmerso en el arábigo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efectivamente, al pronunciar la interlocutoria de once de abril de dos mil dieciséis, la Juez primiinstancial citó como fundamento los numerales 335, 337 y 713 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas al estimar procedente la vía incidental para la resolución del conflicto. Así, para considerar que la demandada acreditó los elementos de su acción consistentes en el fundamento jurídico que justifica la obligación del demandado al pago de alimentos y el periodo de incumplimiento de ese deber a favor del acreedor, la Juez valoró el convenio que fue presentado en el juicio natural, en el que se estableció, específicamente en la segunda cláusula, que "Mario Alberto Martínez Villareal aportará de manera mensual la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) para la manutención de sus hijos. Cantidad que será depositada los días primero de cada mes en la cuenta número 4152312410663246 del banco BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, a nombre de la C. Irma Josefina Piña Jaime."; documental a la que otorgó pleno valor, en términos de los cardinales 283, fracción VIII, 323, fracción IV, y 325, todos de la codificación adjetiva civil para el Estado, con la que consideró que se justificaba la obligación recaída a cargo del reo incidental. En cuanto al segundo elemento consistente en la falta de pago de las cantidades correspondientes por concepto de alimentos del periodo comprendido de noviembre de dos mil catorce a octubre de dos mil quince, la Juzgadora lo estimó acreditado con la planilla de liquidación que al efecto presentó la actora incidental, confrontada con los estados de cuenta aportados por aquélla al sumario que reflejaron los movimientos de la cuenta bancaria marcada como 2625080339 de la institución BBVA Bancomer a nombre de Irma Josefina Piña Jaime; medios de convicción que valoró de acuerdo con lo establecido por el precepto 324 del código procedimental civil de Zacatecas, al estimar que no fueron impugnadas ni redargüidas de falsedad, de donde se podía desprender -en su criterio- que el demandado incidental cumplió parcialmente con su obligación de proporcionar alimentos. Por tales razones fue que la responsable, con base en los artículos invocados y de conformidad con los motivos expuestos, consideró que debía condenarse al demandado incidental al pago de treinta y cinco mil ochocientos noventa y nueve pesos con dieciséis centavos, en relación con los alimentos adeudados del tiempo comprendido de noviembre de dos mil catorce a octubre de dos mil quince. Lo anterior permite establecer que la autoridad responsable sí fundó su actuar, aunado a que expuso las razones, los motivos y las circunstancias que tuvo en cuenta para decretar la condena por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas materia de análisis en el juicio que nos ocupa, lo que conlleva a establecer que, adverso a lo argumentado por la parte quejosa, el acto reclamado sí cumple con la exigencia que prevé el numeral 16 de la Ley Fundamental. En ese contexto, son infundados los argumentos en los que se acusa a la Juez responsable de inobservar el principio de legalidad que consagra el precepto constitucional en estudio, en cuanto a que no se colmaron los requisitos formales de fundamentación y de motivación en los aspectos que se han destacado. Con base en lo expuesto se tiene que resulta infundado el motivo de inconformidad en el que el quejoso asegura que no obra constancia que demuestre que se cambió, por propia voluntad de las partes, la cuenta bancaria convenida en autos (4152312410663246) por otra respecto de la cual fue exhibido un estado de cuenta por la accionante (2625080339), sino que -en su opinión- tales eventos fueron meras suposiciones a cargo de la responsable; ello pues, adverso a su dicho, ese hecho se hizo del conocimiento a la Juez por parte de la actora incidental, lo cual fue acordado el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, proveído que se notificó personalmente al demandado el diecisiete de marzo siguiente, sin que al efecto hiciera manifestación alguna en su contra; por tanto, contrario a lo que refiere el solicitante del amparo, en autos sí quedó demostrado que existió un pacto de voluntades para hacer el cambio de la cuenta de depósito de pensiones alimenticias, fundamentalmente porque no hubo oposición de su intención no obstante que tuvo conocimiento de ese suceso en los términos planteados por su contraparte. Finalmente, es ineficaz el argumento en el que el inconforme sostiene que en autos quedó acreditado que no adeuda cantidad alguna por concepto de alimentos, ya que esos montos los entregó personalmente a su ex cónyuge e, inclusive, a sus menores hijos; ello partiendo de la base de que el evento a que se refiere el peticionario de la protección federal no se evidenció en el sumario incidental que nos ocupa, sino que se trata de meras afirmaciones sin sustento ni justificación alguna, sobre todo porque en aquella instancia no se ofreció elemento de prueba alguno por el que se pretendiera demostrar tal extremo; de ahí lo ineficaz de su alegato. Consecuentemente, al resultar infundados e ineficaces los conceptos de violación y al no estar en alguna de las hipótesis en las que la queja deficiente deba suplirse lo procedente es negar el amparo y la protección solicitados. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mario Alberto Martínez Villareal contra el acto que reclama de la Juez Segunda Familiar del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, de acuerdo con los motivos expuestos en el sexto considerando de esta sentencia. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 362/2016 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, asistido de Silvana María D'Amico Toscano, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este Juzgado. Doy fe. En esta misma fecha, mediante el oficio 878/2016 se devolvieron los autos al Juzgado de origen. Conste. SMDT/rrs
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