Mario Alberto Martínez Montañez
Expediente 53/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 30/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Mario Alberto Martínez Montañez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
El treinta de mayo de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 7162. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la promoción de cuenta signada por la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por la que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, contra la sentencia dictada en el expediente principal del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
- Principal
El cinco de abril de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 4569. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por Salvador Ruiz Coronado, autorizado del quejoso Mario Alberto Martínez Montañez, por la que interpone recurso de revisión; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, téngase interpuesto el recurso de revisión contra del auto de doce de marzo del año que transcurre, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de derechos; distribúyase entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado, así como un tomo de prueba, a fin de que sea substanciado el recurso interpuesto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
- Incidental
El dos de abril de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 4348. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, la promoción de cuenta signada por el quejoso Mario Alberto Martínez Montañez, mediante la cual informa que la autoridad responsable lo ha requerido para que dentro del término de diez días exhiba una garantía económica a efecto de acceder al beneficio de libertad provisional bajo caución, apercibiéndolo que de no hacerlo así, girará orden de reaprehensión en su contra; por tanto, solicita a este órgano jurisdiccional, se le informe si sigue surtiendo efectos la suspensión definitiva que se le concedió en el presente expediente, o en su caso, quedó extinguida con el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en el juicio principal de donde deriva este incidente. En consecuencia, hágase del conocimiento del quejoso de mérito, que lo resuelto en el presente sumario, sigue vigente, hasta en tanto quede firme el proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el citado expediente principal, toda vez que lo determinado en el incidente de suspensión, sigue la suerte del expediente principal. Ahora, por cuanto hace a su solicitud de que se le devuelva la garantía que exhibió mediante billete de depósito, dígase al ocursante que una vez que el referido auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia quede firme, se acordará lo que en derecho corresponda, en cuanto a su devolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
- Principal
El doce de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción con folio 3216 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a doce de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese al sumario el oficio de cuenta, firmado por el juez de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en Concepción del Oro, Zacatecas; al que adjunta copia certificada de la resolución de tres del presente mes y año, en la que dictó auto de formal prisión en contra de Mario Alberto Martínez Montañez, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de abuso de confianza en perjuicio del patrimonio de Manuel Montoya Cárdenas, dentro de los autos de la causa penal 19/2018. Ahora, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del presente juicio de amparo, respecto al acto del que se duele el justiciable, consistente en la orden de aprehensión y su ejecución; ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de derechos concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. La regla general anterior tiene como excepción los casos en que se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ese supuesto solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. Como consecuencia de lo expuesto, en el juicio de amparo en materia penal deben analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 de la Constitución Federal, a la luz de la regla general que establece la mencionada, pues únicamente en tratándose de las violaciones a los artículos 19 y 20 constitucionales puede atenderse a la regla específica relativa a que solo acontece el cambio de situación jurídica con el dictado de la sentencia de primera instancia. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto" En el caso que nos ocupa, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de tres de marzo del año en curso, por la que dictó auto de formal prisión en contra de Mario Alberto Martínez Montañez, por considerarlo probable responsable del delito de abuso de confianza en perjuicio del patrimonio de Manuel Montoya Cárdenas, dentro de los autos de la causa penal 19/2018; documentales a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copia certificada expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades y de las cuales se advierte que el ahora quejoso se encuentra sujeto a procedimiento por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito antes referido. Por tanto, es evidente que el dictado de un auto de formal prisión implica el cambio de situación jurídica respecto de la orden de aprehensión reclamada por el quejoso. En esta instancia constitucional, el quejoso combate la afectación a su libertad personal; sin embargo, la autoridad responsable informó que en tres de marzo de dos mil diecinueve, se resolvió la situación jurídica de Mario Alberto Martínez Montañez, por el delito de abuso de confianza en perjuicio del patrimonio de Manuel Montoya Cárdenas, dentro de los autos de la causa penal 19/2018. Por tanto, al haberse dictado la resolución por la que se resolvió la situación jurídica del quejoso, se insiste, su situación jurídica cambió de tal manera que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensión que ahora reclama, al no poder tener como efecto la posible concesión de amparo la insubsistencia de tal contexto procesal. En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo anterior se obtiene, que al haber ocurrido un cambio de situación jurídica, esto es, le fue resuelta la situación jurídica al quejoso con el dictado del auto de formal prisión de tres de marzo del año en curso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En tales consideraciones, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia en el presente juicio, por lo que se impone necesario sobreseer fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes en consulta. Consecuentemente, se dejan sin efecto las nueve horas con treinta minutos del dos de abril de dos mil diecinueve, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Sin que resulte obstáculo a lo anterior, el hecho de que a la fecha no se haya llevado a cabo el emplazamiento de los terceros interesados José Alberto Favila Triana; así como el de quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil de quien en vida respondiera al nombre de Juan Carlos González Luevano; en razón de que la presente determinación no les causa perjuicio alguno. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
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